AUTO CONSTITUCIONAL No.373/99
Expediente No.: 99-00451-01-RAC
Materia: AMPARO CONSTITUCIONAL
Distrito: Oruro
Partes: Raúl Gamarra Céspedes contra el Presidente y Vocales de la Corte Superior del Distrito de La Paz, Rafael Barrero Martínez, Alberto Antonio Maldonado Maldonado, Héctor Escobar Anaya, Nelly de la Cruz Palomeque, Jaime Catacora Linares, Jesús Rada Chávez, Marlene Terán de Millán Enrique Gonzales Careaga, Carlos Jaime Villarroel Ferrer, Gerardo Tórrez Antezana, Antonio Portillo Flores, Dora Villarroel de Lira, Jorge Torrico Arguedas, Alfredo Chavez Pérez, Sergio Ergueta Murillo, Wilfredo Cossio Aguilar, Alfonso Palazuelos Peñarrieta, Victor Hugo Ocampo Vila, Carmen Aliaga Alarcón y Jenny Villanueva
Lugar y Fecha: Sucre, 3 de diciembre de 1999 Magistrada Relatora: Dra. Elizabeth I. de Salinas
VISTOS: En revisión, la resolución de fjs. 9 de obrados, pronunciada por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito de Justicia de Oruro, los antecedentes arrimados al expediente; y
CONSIDERANDO: Que, el recurrente, Juez Primero de Partido en lo Civil del Distrito de La Paz, indica que los señores Presidente y Vocales de la Corte Superior del Distrito de La Paz, reunidos en Sala Plena, pretenden destituirlo de su cargo, sin previo proceso y sin tener facultades para ello, “habiendo llegado al extremo de nombrar una suplencia pretendiendo que su cargo se encuentre en acefalía”, situación que viola los más elementales derechos y garantías.
Que, conforme demostrará en audiencia, habiendo sido objeto de presiones indebidas él se precipitó a presentar renuncia a su cargo, ante la precitada Corte, la cual debió remitir la misma a la Corte Suprema de Justicia para su consideración, toda vez que al tenor del Art. 14 de la Ley de Organización Judicial, el Supremo Tribunal es el competente para conocer su renuncia. Continúa afirmando que, no obstante lo anterior, haciendo abuso de autoridad y de flagrante arbitrariedad, arrogándose atribuciones que no le competen, la Corte se apresuró en aceptar la renuncia presentada y que posteriormente cuando hizo conocer el retiro de su renuncia y pidió que se le instaure un proceso disciplinario por las denuncias en su contra ante la autoridad competente, el Sr. Presidente de la Excma. Corte Suprema de Justicia en su condición de Presidente del Consejo de la Judicatura; anunciando asimismo que haría uso del Recurso Directo de Nulidad contra la ilegal aceptación de la renuncia presentada, para lo cual pidió fotocopias legalizadas, la Corte recurrida no sólo se mantuvo en la ilegalidad cometida, sino que nuevamente conculcó sus derechos al negarle las fotocopias legalizadas. Que, las autoridades recurridas, en lugar de velar por el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos y garantías y la primacía de la Constitución Política del Estado, hicieron lo contrario, pues conculcaron sus derechos y garantías. Asimismo han violado los Arts. 16, 31 y 116 parágrafo V y VI de la Constitución Política del Estado, 1, 4, 13.numeral III punto 1; numeral V punto 1,32,42 y sgtes. y 53 de la Ley del Consejo de la Judicatura y 24 de la Ley de Organización Judicial, viciando de nulidad su actuación en la aceptación de su renuncia. Finalmente pide se declare procedente el recurso planteado y se disponga su restitución en el cargo de Juez Primero de Partido en lo Civil.
Que, instalada la audiencia pública en fecha 5 de noviembre de 1999, cuya acta cursa a fjs. 9 de obrados, el Tribunal de Amparo luego de verificar que la orden instruida no había sido devuelta y ante la inasistencia de las partes, mediante resolución de la misma fecha, declaró DESIERTA la demanda del recurso planteado.
.
CONSIDERANDO: Que, el Tribunal del Amparo, para el señalamiento de la audiencia pública del recurso, debió aplicar el Art. 146 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece los plazos de la distancia, dado que la demanda fue interpuesta en un distrito distinto al del domicilio de las autoridades recurridas, situación que correspondía ser prevista por el Tribunal del recurso, ya que las normas procesales son de estricta e ineludible aplicación, según lo prescribe el Art. 90 del ya citado Código, pues si bien el Art. 101 de la Ley 1836 establece:”... La audiencia se realizará indefectiblemente y no podrá ser suspendida por la incomparecencia del recurrido o del Ministerio Público...”, este precepto legal se debe cumplir cuando existe plena certeza de que el trámite del recurso se ha cumplido estrictamente. En el caso presente existe duda acerca de la citación a los recurridos y no se ha observado el referido plazo de la distancia. En consecuencia, el Tribunal en vez de declarar desierta la demanda planteada debió verificar la citación a los recurridos y declarar la procedencia o improcedencia del recurso, según corresponda a la compulsa de obrados.
Que, en el aspecto formal la resolución venida en revisión no se ajusta a las previsiones formales. Asimismo los plazos establecidos en los Arts. 100 y 102-V de la Ley 1836 no han sido cumplidos por el Tribunal de Amparo.
POR TANTO: El Tribunal Constitucional en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los artículos 19-IV y 120 7ª de la Constitución Política del estado y 102-V de la Ley 1836, ANULA obrados hasta el estado de citación legal a los recurridos.
Se recomienda al Tribunal del Recurso dictar resolución de acuerdo a las formalidades legales establecidas. Igualmente se instruye guardar los plazos previstos en el trámite aplicado para el presente recurso, dejando constancia que en caso de reincidencia se procederá de acuerdo a lo previsto en el Art. 103 de la Ley del Tribunal Constitucional.
Regístrese y hágase saber
No interviene el Magistrado Willman Durán Ribera, por encontrarse en viaje
oficial.
Dr. Pablo Dermizaky Peredo Dr. René Baldivieso Guzmán
PRESIDENTE MAGISTRADO
Dra. Elizabeth I. de Salinas Dr. Hugo de la Rocha Navarro
MAGISTRADA DECANO