SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2285/2010-R
Fecha: 19-Nov-2010
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2285/2010-R
Sucre, 19 de noviembre de 2010
Expediente: 2008-18737-38-RHC
Distrito: Cochabamba
Magistrado Relator: Dr. Abigael Burgoa Ordóñez
En revisión la Resolución 044/2008 de 24 de octubre, cursante de fs. 82 a 84 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, interpuesto por Luis Fernando Boris Flores Orellana en representación sin mandato de Freddy Fiorilo Plaza y Sergio Giadalla Asbún Yacir contra Teresa Maritza Arana Aracena, Jueza Primera del Trabajo y Seguridad Social del mismo Distrito Judicial, alegando la vulneración de los derechos de sus representados a la dignidad, a la libertad de locomoción y de ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, citando al efecto los arts. 6.II y 7 inc. g) de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido del recurso
La parte recurrente, mediante memorial de recurso de hábeas corpus, presentado el 21 de octubre de 2008 y asignado a la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, cursante de fs. 34, expone los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan el recurso
Indica que el 2 de mayo de 2008, Jimmy Erick Camacho Villazón interpuso una demanda de pago de beneficios sociales y otros derechos, contra la empresa Sistemas de Computación e Informática Gerencial Ltda. “SISTECO” Ltda., representado por Sergio Gidalla Asbún Yacir, Freddy Fiorilo Plaza y Oscar Orlando Bakir Handal, solicitando la aplicación de medidas precautorias de arraigo contra los personeros de la empresa demandada; la autoridad recurrida mediante decreto de 9 de mayo de 2008, sin fundamento legal dispuso, la notificación a migraciones para el arraigo de los representantes de la empresa ya citada; el 4 de septiembre del mismo año, el representante solicito a la autoridad recurrida se digne ordenar el desarraigo de sus representados, argumentado que el arraigo es una medida restrictiva de la libertad, solo es admisible en materia penal, por lo que pidió dejar sin efecto el mencionado arraigo, la autoridad recurrida se negó a dejar sin efecto el acto ilegal y se limitó a decretar traslado a la otra parte, quienes se opusieron al desarraigo con argumentos carentes de sustento legal, lamentablemente la juzgadora, por Auto de 27 de septiembre de 2008, declaro no ha lugar al desarraigo de Sergio Giadalla Arbún Yacir y Freddy Fiorilo Plaza, haciendo mención a adecuar la petición a la disposición contenida en el art. 176.II del Código de Procedimiento Civil (CPC), relativo a la sustitución o cambio de medida precautoria, cuartando flagrantemente la libertad y el derecho de locomoción que legítimamente les asiste, han visto ilegalmente restringido su sagrado derecho de salir libremente del territorio nacional, mencionando varias sentencias entre ellas la Sentencia Constitucional 0168/2006-R de 13 de febrero, adjunta pruebas que constatan la flagrante violación de libertad, piden declarar procedente el recurso, ordenando a la autoridad recurrida en el día levante el arraigo impuesto a sus representados.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El recurrente, alega la vulneración de los derechos de sus representados a la dignidad, a la libertad de locomoción y de ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, citando al efecto los arts. 6.II y 7 inc. g) de la CPEabrg.
I.1.3. Autoridad recurrida y petitorio
La autoridad recurrida es Teresa Maritza Arana Aracena, Jueza Primera del Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de Cochabamba, en el petitorio solicita que se declare procedente el recurso, disponiendo se levante la medida precautoria de arraigo impuesta a sus representados.
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
Efectuada la audiencia pública el 14 de octubre de 2008, según consta en el acta cursante de fs. 129 a 130 vta., de obrados, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso
El recurrente, se ratifica íntegramente en su memorial de recurso de hábeas corpus.
I.2.2. Informe de la autoridad recurrida
Notificada legalmente con el recurso de hábeas corpus, la autoridad recurrida, presentó informe escrito señalando lo que sigue: En la sustanciación del trámite judicial por Beneficios Sociales instaurado por Jimmy Erick Camacho Villazon contra la empresa sistemas de computación e informática gerencial “SISTECO” Ltda., representada por Sergio Giadalla Asbun Yacir, Freddy Fiorilo Plaza y Oscar Orlando Backir Handal, que motivo el recurso de hábeas corpus, no se vulnero derecho constitucional alguno; mi persona como autoridad judicial a cargo del Juzgado Primero de Partido de Trabajo y Seguridad Social, atenta a mis deberes jurisdiccionales y en estricto apego a las previsiones procesales contenidas en los arts. 1 y 90 del CPC, aplicable en materias laboral por la expresa permisión contenida en el art. 250 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y fundamentalmente de lo previsto en el art. 100, que prevé expresamente “Antes de formalizarse la demanda o durante la sustanciación del proceso, pueden pedir las medidas precautorias y de seguridad siguientes; a) anotación preventiva… f) arraigo”, dispuse la orden judicial inherente a la notificación a migraciones para que proceda al arraigo de los representantes legales de la empresa “SISTECO” Ltda., ahora recurrentes, sus autoridades podrán corrobora que los administradores de justicia tenemos la obligación de asegurar el cumplimiento de una obligación, que pudiera generar la sentencia, advertido que fue este Tribunal por el demandante que la empresa “SISTECO” Ltda, procedía a la disposición de sus bienes, este tribunal por la actitud asumida por la parte demandada se vio obligada a sostener la medida precautoria de arraigo, y que en ningún momento esta autoridad se empecinó en mantener la medida precautoria, bajo el amparo previsto en los art. 170 y 176 del CPC, por equidad y principio de igualdad de las partes ante la ley, se optó por la sustitución de la medida precautoria de arraigo por otra medida precautoria, reconocida por nuestra economía procesal laboral determinación que no fue oída; Los recurrentes en forma respectiva plantearon la excepción de impersoneria, y que dicha excepción fue rechazada por el juzgado a mi cargo por auto de 9 de agosto de 2008, Resolución que fue apelada y radicada ante la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia, asimismo, la empresa demandada planteo incidente de nulidad de obrados el 10 de septiembre de 2008, resuelto mediante auto de 16 de septiembre del mismo año, Resolución que no fue apelada, ni se objeto el arraigo, las Sentencias Constitucionales expuesta por el recurrente se adecuan al apremio por cobro de deudas o a la etapa procesal de ejecución de sentencia y no así al arraigo en su consideración como medida precautoria; la SC 0168/2006-R de 13 de febrero, citada por el recurrente prevé “…la ley de abolición y apremio corporal por obligaciones patrimoniales ha proscrito toda medida restrictiva de libertad para el cobro de obligaciones o deudas, constituyendo una especie de las mismas el arraigo y sin bien en materia familiar, laboral y de seguridad social existen excepciones está solo alcanza a la medida de apremio y a la de arraigo…”, el momento procesal para el cual rige la precitada sentencia constitucional cuando indica “…Para el cobro de obligaciones o deudas…”, es decir, se cobra o coacciona el cumplimiento de una obligación cuando la autoridad competentes establece o declara la misma, esto es cuando la vía jurisdiccional efectúa su pronunciamiento en sentencia para el caso de acciones laborales para que el trabajador cobre sus beneficios sociales, consecuentemente la Sentencia Constitucional no previene con referencia al arraigo como medida precautoria en la instancia inicial de un proceso.
I.2.3. Resolución
Mediante Resolución 044/2008 de 24 de octubre, cursante a fs. 82 a 84 vta., la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, declaró procedente el recurso planteado.
En tal sentido dicho Tribunal fundamento su decisión en los siguientes puntos: 1) El art. 100 del CPT expresa textualmente “capitulo IV de las Medidas Precautorias y de Seguridad”, antes de formalizarse la demanda o durante la sustanciación del proceso puede pedirse el arraigo, la jurisprudencia constitucional, vinculante por imperio del art. 4 y 44 de la LTC expresada en la SC 168/06 de 13 de febrero, ilustra lo siguiente: “En los casos de obligaciones de naturaleza patrimonial el cumplimiento forzoso de las mismas podrá hacerse efectivo únicamente sobre el patrimonio del o de los sujetos responsables. (LOJ) art. 12 (apremio en materia de seguridad social y sentencias laborales). Igual tratamiento que en el artículo anterior, merece el apremio previsto en el CPT y las leyes de Seguridad Social” (sic), la jurisprudencia glosada en cuanto al arraigo propiamente dicho expresa, “ El arraigo en materia penal es una medida restrictiva de la libertad, por la que se aplica al probable autor de un hecho delictivo, en los supuestos en que haya peligro de fuga , la prohibición de salir del país o del ámbito del territorio art. 240.3 del Código de Procedimiento Penal; 2) El demandante Jimmy Erick Camacho Villazón, considerando que “SISTECO” Ltda. no tiene bienes muebles ni inmuebles, solicita a la Jueza, ordene el arraigo de los ahora recurrentes, a lo que la juzgadora solicita se señala la nacionalidad de las personas que se pretende su arraigo, subsanado, ordena lo solicitado, de Sergio Gadalla Asbun Yacir, Oscar Orlando Bakir y Freddy Fiorilo Plaza, ante la solicitud de desarraigo, la recurrida indica que dicha medida, solo puede ser levantada, por su caducidad o porque la parte demandada y afectada con la medida precautoria cumpla su obligación, por lo que indica no ha lugar, curiosamente en otras procesos similares, no ordeno el arraigo; y, 3) En mérito a lo señalado, se concluye que la Jueza no ha analizado el pedido de arraigo conforme lo señala la jurisprudencia constitucional mencionada a este respecto, es decir, no ha interpretado el art. 100 del CPT de manera integral en relación a la Ley 1602 de 15 de diciembre de 1994, además que la orden de arraigo debería estar debidamente fundamentada.
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
Debido a la ausencia de quórum necesario, las causas pendientes de resolución por parte del Tribunal Constitucional, quedaron en espera hasta la designación de nuevos Magistrados.
En virtud a la designación de las nuevas autoridades, por Acuerdo Jurisdiccional 001/2010 de 8 de marzo, se dispuso el reinicio de los cómputos. En consecuencia, se sorteó el expediente el 26 de octubre del año en curso, razón por la cual, la Resolución dictada se encuentra dentro de plazo.
II. CONCLUSIONES
II.1. Cursa memorial de 2 de mayo de 2008, suscrito por Jimmy Erick Camacho Villazón, dirigido al Juzgado de Turno de Trabajo y Seguridad Social, demandando el pago de sueldos devengados y beneficios sociales, contra la empresa Sistemas de Computación e Informática Gerencial “SISTECO” Ltda., representado por Sergio Giadalla Asbún YacirFreddy Fiorilo Plaza y Oscar Orlando Backir Nadal (fs. 2 a 4 vta.).
II.2. Se encuentra la admisión de la demanda de 6 de mayo de 2008, interpuesta por Jimmy Erick Camacho Villazón, contra la empresa “SISTECO” Ltda. suscrita por Teresa Maritza Arana Aracena, Jueza de Partido Primero del Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de Cochabamba, señalando en el otrosí 1. “Con carácter previo con la finalidad de cumplir requisitos que son exigidos por Migración, se dispone que la parte actora ponga en conocimiento de este Tribunal la nacionalidad de las personas que se pretenden su arraigo” (fs. 5).
II.3. Por proveído de 9 de mayo de 2008, suscrito por Teresa Maritza Arana Aracena Jueza de Partido Primero del Trabajo y Seguridad Social, disponiendo la notificación a migraciones a objeto de que proceda al arraigo de Sergio Giadalla Asbun Yacir, Oscar Orlando Backir Handal y Freddy Fiorilo Plaza (fs. 6).
II.4. Cursa el memorial de 19 de septiembre de 2008, suscrito por Luis Fernando Boris Flores Orellana, en representación de la empresa “SISTECO” Ltda., con Testimonio de Poder 357/2008 de 4 de septiembre, otorgado por los representantes de la empresa, dirigido a la Jueza Primera del Trabajo y Seguridad Social, apersonándose, dentro la demanda interpuesto por Jimmy Erick Camacho Villazón, por cobro de sueldos devengados y beneficios sociales (fs. 7 a 8).
II.5. Por memorial de 19 de septiembre de 2008, suscrito por Luis Fernando Boris Flores Orellana en representación de la empresa “SISTECO” Ltda., dirigido a la Jueza Primera del Trabajo y Seguridad Social, solicitando el desarraigo (fs. 10).
II.6. Cursa el proveído de 20 de septiembre de 2008, suscrita por Teresa Maritza Arana Aracena, Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social disponiendo traslado a la parte demandante (fs. 11 vta.).
II.7. Por el auto de 27 de septiembre de 2008, suscrito por Teresa Maritza Arana Aracena, Jueza Primera del Trabajo y Seguridad Social, disponiendo no ha lugar e improbada la solicitud de desarraigo (fs. 13 y vta.).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
Para conocer y resolver en revisión la Resolución 044/2008 de 24 de octubre, por el Tribunal de garantías que conoció la presente causa de naturaleza constitucional, previamente es importante determinar con claridad el objeto y la causa de este recurso ahora denominado acción de habeas corpus, razón por la cual, se tiene que en la especie, el objeto de la tutela pedida es el resguardo de los derechos, en el presente caso el derecho a la libertad de locomoción, se establece que la causa de la petición de tutela, se circunscribe de la negativa de parte de la autoridad recurrida a ordenar el desarraigo del los representantes de la empresa “SISTECO” Ltda.
III.1. Consideraciones sobre la aplicación de la Constitución Política del Estado vigente
Como el presente recurso fue presentado y resuelto por el Tribunal de hábeas corpus en vigencia de la Ley Fundamental abrogada, es pertinente determinar, antes de analizar la Resolución venida en revisión, qué norma constitucional se aplicará.
En ese sentido, conforme a los fundamentos desarrollados en la SC 0006/2010-R de 6 de abril, partiendo del principio pro hómine, contenido en los arts. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 13.IV y 256 de la Constitución vigente, el juzgador debe aplicar aquellas normas que resulten más favorables para la persona, su libertad y derechos, así como interpretar esas normas en sentido más amplio.
En similar sentido, de acuerdo al principio de interpretación progresiva de la norma, entre varios entendimientos posibles, debe optarse por aquél que limite en menor medida el derecho o garantía que se denuncia como vulnerado, es decir, se debe elegir la interpretación más extensiva en cuanto al reconocimiento de derechos y una interpretación más restringida cuando se establezcan límites al ejercicio de los mismos.
Conforme a dichos principios, siendo, por regla general, más garantista la Ley Fundamental vigente, es natural aplicarla; empero, en cada caso concreto, se realizará el análisis de las normas constitucionales para dar preferencia a aquellas que resulten más favorable para el recurrente, actual accionante.
III.2. Armonización de términos procesales-constitucionales
Siendo aplicable al caso concreto la Constitución vigente y los demás compartimentos del bloque de constitucionalidad, es imperante previamente aclarar la terminología procesal-constitucional a ser utilizada; al respecto, la Constitución abrogada en el art. 18, norma el “recurso de hábeas corpus”. De manera más amplia y garantista los arts. 125 al 127 de la Constitución Política del Estado vigente (CPE) reglamentan la llamada “acción de libertad”, sin que en esencia esta nueva norma altere el “núcleo esencial” de este mecanismo procesal, sino por el contrario, se aumenta su radio de protección al derecho a la vida.
En mérito a lo expuesto, se puede establecer que una diferencia entre ambas normas no se refiere al núcleo esencial de protección de esta garantía de defensa, sino mas bien la diferencia radica en la dimensión procesal de ambos; es decir, que con la Constitución abrogada este era considerado un recurso, en cambio, con la Constitución vigente, este mecanismo es una acción.
El cambio en cuanto a la dimensión procesal de esta garantía, tiene incidencia directa en la terminología a utilizarse en cuanto a las partes procesales involucradas en las causas a ser resueltas, en ese contexto, la norma constitucional abrogada denominaba a las partes intervinientes recurrente (s) y autoridad (es) recurrida (s), terminología que en la nueva dimensión procesal de esta garantía debe cambiar.
Lo precedentemente expuesto, denota la necesidad de uniformar la terminología aplicable a las causas pendientes de resolución en el marco del mandato inserto en los arts. 4 y 6 de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, denominada Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público, por tal razón, es pertinente señalar que en virtud a la nueva dimensión procesal de esta garantía, deben adecuarse los términos a la Constitución vigente, motivo por el cual, la parte que hubo activado la tutela en vigencia de la anterior Constitución y cuya causa será resuelta por el Tribunal Constitucional en el marco del art. 4 de la Ley 003, deberá ser denominada “accionante”, aclarando su carácter inicial de recurrente. Por su parte, la autoridad contra la cual se activó este mecanismo procesal-constitucional, deberá ser denominada “autoridad demandada”, términos que se enmarcan a la nueva dimensión procesal de la acción de libertad.
Es imperante establecer también que en caso de ordenarse la tutela, se deberá utilizar el término “conceder la tutela”; en contrario sensu, en caso de no concurrir los supuestos pertinentes para su otorgación, el juez o tribunal de garantías deberá “denegar la tutela”. Por su parte, el Tribunal Constitucional, deberá aprobar o revocar la decisión del juez o tribunal a quo, terminología que en el marco de la aplicación de la Constitución vigente debe ser utilizada por todos los tribunales y jueces, así lo han entendido las SSCC 0008/2010-R y 0101/2010-R, entre otras.
III.3. Procedencia del arraigo en materia laboral
El Código Procesal del Trabajo, en su Capítulo Cuarto referido a las medidas precautorias y de seguridad, prescribe en el art. 100 que: “Antes de formalizarse la demanda o durante la sustanciación del proceso, pueden pedirse las medidas precautorias y de seguridad siguientes:
a) Anotación preventiva;
b) Embargo preventivo;
c) Secuestro;
d) Intervención judicial;
e) Inhibición general de bienes;
f) Arraigo”.
A su vez el art. 102 del mismo cuerpo de leyes, establece el arraigo dentro de una jurisdicción al señalar:
“También podrán precautelarse los derechos del trabajador mediante el arraigo del demandado dentro de la jurisdicción de su domicilio, cuando se tenga temor de su alejamiento o huida y hasta que constituya garantía suficiente”.
Conforme a la normativa citada, en materia laboral, el arraigo constituye una medida precautoria y de seguridad que garantiza al trabajador el pago de sus beneficios sociales o alguna obligación emergente de una relación laboral, y si bien es una medida restrictiva de la libertad de locomoción de quien en su condición de demandado es impelido judicialmente a pagar obligaciones patrimoniales, sin embargo esta restricción se encuentra establecida por ley; toda vez que la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales de 15 de diciembre de 1994, como su nombre lo indica ha abolido el apremio corporal para el cobro de obligaciones patrimoniales; empero también ha establecido las excepciones para las materias familiar y social previstas por sus arts. 11 y 12; indicando esta última norma que el apremio podrá ser ordenado al estar previsto por el Código Procesal del Trabajo y las leyes relativas a la Seguridad Social; por lo cual siendo el arraigo una medida menos gravosa y que como se dijo, constituye una garantía para el trabajador, en consideración a que los derechos sociales tienen prioridad en su pago y no pueden ser diferidos, siendo por ello su imposición procedente, lo que constituye una reconducción de la línea jurisprudencial, anterior a la SC 0823/2001-R de 14 de agosto.
III.4. El caso en examen
El accionante alega que dentro del proceso laboral sobre cobro sueldos devengados y beneficios sociales, instaurada contra la empresa Minera “SISTECO” Ltda., la Jueza Primera del Trabajo y Seguridad Social de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, a solicitud del demandante, dispuso el arraigo de sus representados ante la Dirección de Migración, circunstancia por la cual solicitaron el desarraigo, argumentado que se le violó el derecho a la libertad de locomoción, solicitud que fue rechazada por la autoridad jurisdiccional demandada quien fundamentó su rechazo, únicamente puede ser levantada por su caducidad o porque la parte demandada, y afectada con la medida precautoria cumple su obligación; asimismo, señalo que, por información del actor dentro de la demanda social la empresa demandada transfirió sus bienes.
Al respecto como se refirió en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo, que conforme a los arts. 100 y 102 del CPT, que prevén el arraigo en materias familiar y social, lo que guarda armonía con la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales que establece las excepciones en materia familiar y social, respecto a la procedencia del apremio corporal, siendo por ello viable la imposición del arraigo en materia laboral por constituir una medida precautoria y de seguridad para el trabajador que le garantiza el efectivo pago de sus beneficios sociales u otra obligación emergente de una relación laboral, toda vez que puede ser ordenado por la autoridad jurisdiccional en cumplimiento de las normas legales citadas precedentemente, entendimiento que constituye la reconducción de la línea jurisprudencial anterior a la SC 823/2001-R de 14 de agosto, a partir de la cual solo el arraigo podía ser ordenado en materia penal, criterio que queda superado en consideración que en materia laboral los derechos sociales tienen prioridad en su pago y no pueden ser diferidos; en ese entendido en el caso de autos, la medida de arraigo impuesta a los accionantes es legal, lo que evidencia que la autoridad demandada actuó correctamente y de acuerdo a ley, sin que haya vulnerado el derecho a la libertad de locomoción invocado por el accionante, determinando se deniegue la tutela solicitada.
En consecuencia, la situación planteada no se encuentra dentro de las previsiones del art. 125 de la CPE, por lo que el Tribunal de garantías, al declarar procedente la acción tutelar, no efectuó una correcta compulsa de los antecedentes procesales ni dio correcta aplicación al citado precepto constitucional.
Por tanto
El Tribunal Constitucional, en virtud a la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 4 y 6 de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, denominada Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público; 7 inc. 8) y 93 de la LTC, en revisión, resuelve REVOCAR con el fundamento precedente, la Resolución 044/2008 de 24 de octubre, cursante de fs. 82 a 84 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba; y, en consecuencia, DENIEGA la tutela solicitada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.
No interviene el Magistrado, Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés, por no haber conocido el asunto.
Fdo. Dr. Juan Lanchipa Ponce
PRESIDENTE
Fdo. Dr. Abigael Burgoa Ordóñez
DECANO
Fdo. Dr. Ernesto Félix Mur
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños
MAGISTRADA