SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0139/2011-R
Fecha: 21-Feb-2011
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0139/2011-R
Sucre, 21 de febrero de 2011
Expediente: 2009-19657-40-AL
Distrito: Santa Cruz
Magistrado Relator: Dr. Abigael Burgoa Ordóñez
En revisión la Resolución pronunciada dentro de la acción de libertad, interpuesta por Nelson Zambrana Heredia en representación sin mandato de Líder Muñoz Zabala y Luis Antonio Peláez Pérez contra Lucio Hinojosa Quinteros, Fiscal de Materia y Héctor Lluyto, funcionario policial
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la acción
I.1.1. Hechos que la motivan
Por memorial presentado el 10 de marzo de 2009, cursante de fs. 11 a 13 vta., el accionante manifiesta que a denuncia del señor Alberto Anglarill, por la supuesta comisión de los delitos de avasallamiento de domicilio, incendio y otros, sus representados, el 7 de febrero del mismo año, se apersonaron al Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal, instancia en la cual se emitió el Auto de 12 de febrero del indicado año, que dejó sin efecto la declaratoria de rebeldía. En la misma fecha se modificó y se amplió la imputación formal, fijándose fecha de audiencia de medida cautelar para el 4 de marzo de 2009.
Asimismo, se notificó a la Fiscal de Materia demandado con el "Auto de 20 de febrero del 2009, el mismo que dejó sin efecto la declaratoria de rebeldía, el acta de presentación y la audiencia de medida cautelar" (sic); por otra parte, el Fiscal de Materia, Lucio Hinojosa Quinteros, libró una orden de aprehensión contra sus representados, sin tomar en cuenta la orden del Juez Primero de Instrucción en lo Penal, en tal sentido, el 27 de febrero del mismo año, mediante memorial, solicitó a dicho Juez, la cesación de la persecución ilegal e indebida, por parte del Fiscal de Materia, Lucio Hinojosa Quinteros como director funcional de la investigación y el cabo Héctor Lluyto y otros.
I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
El accionante considera que sus representados se encuentran indebidamente perseguidos por lo que estima como vulnerados sus derechos a la "seguridad jurídica", a la libertad de locomoción, a la defensa y a la garantía del debido proceso, citando al efecto los art. 21, 22, 23, 109 y 110 de la Constitución Política de Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se declare "procedente" la presente acción, asimismo se ordene el cese de la persecución ilegal e indebida de sus representados y se imponga una indemnización por el daño causado a sus derechos, conforme prevé el art. 113 de la CPE.
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
Celebrada la audiencia pública el 11 de marzo de 2009, según consta en el acta cursante de fs. 30 y vta. de obrados, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
El abogado accionante por sus representados, en audiencia ratificó íntegramente los términos expuestos en su demanda.
I.2.2. Informe de la autoridad y funcionario demandado
Las autoridades demandadas no estuvieron presentes en la audiencia, ni hicieron llegar el informe escrito correspondiente, pese a su legal citación (fs. 29).
I.2.3. Resolución
La Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 33 de 11 de marzo de 2009, cursante a fs. 31 y vta., declaró "improcedente" la acción de libertad en base a los siguientes fundamentos: 1) Antes de acudir a la vía constitucional, previamente la parte accionante debió agotar las vías legales; y, 2) El accionante debió tomar en cuenta la naturaleza subsidiaria del "recurso" de acción de libertad, desnaturalizándola por el contrario, no agotaron los recursos ordinarios previstos por ley antes de interponer la presente acción.
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
Dada la carga procesal, mediante Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, se ampliaron las facultades otorgadas a este Tribunal mediante la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, de Necesidad de Transición a los Nuevos entes del Órgano Judicial y Ministerio Público, a objeto de conocer y resolver las acciones de defensa de derechos fundamentales presentadas a partir del 7 de febrero de 2009, es decir bajo el nuevo orden constitucional; por que, mediante Acuerdo Jurisdiccional 001/2011 de 11 de enero del año en curso, se procedió a la reanudación del sorteo de causas.
II. CONCLUSIONES
De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Mediante memorial de 7 de febrero de 2009, dirigido al Juez Primero de Instrucción en lo Penal en suplencia legal de su similar Sexto, el accionante Luis Antonio Peláez Pérez, solicitó se deje sin efecto el Auto de declaratoria de rebeldía (fs. 2).
II.2. Por decreto de 12 de febrero de 2009, el Juez Primero Instrucción en lo Penal, señaló audiencia para considerar la aplicación de medidas cautelares (fs. 5).
II.3. Por acta de presentación voluntaria de 12 de febrero de 2009, que cursa en obrados, a fs.6, se establece que uno de los representados del accionante (Luis Antonio Peláez Pérez) de forma voluntaria se sometió a la investigación con el fin de coadyuvar en la misma.
III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO
El accionante considera que sus representados se encuentran indebidamente perseguidos por lo que estima como vulnerados sus derechos a la "seguridad jurídica, a la libertad de locomoción, a la defensa y a la garantía del debido proceso, puesto que a pesar de su presentación voluntaria, la autoridad demandada ordenó su aprehensión y libró los mandamientos correspondientes.
En consecuencia corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
III.1. De la finalidad y los alcances de la acción de libertad
Teniendo en cuenta que los accionantes denunciaron lesión al debido proceso, cabe señalar que, la acción de libertad ha sido instituida por el art. 125 de la CPE, como una acción tutelar que tiene por finalidad la protección de los derechos a la vida y a la libertad cuando la persona creyera estar ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad, o considere que su vida está en peligro.
La jurisprudencia desarrollada por este Tribunal, estableció a través de la SC 0011/2010-R de 6 de abril, que: "La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE".
En ese entendido, la Constitución Política del Estado vigente es más amplia en cuanto a su ámbito de protección, pues se extiende al derecho a la vida, la libertad física o personal, el debido proceso, en lo que se refiere al procesamiento indebido y la libertad de locomoción, ésta última dada la íntima relación que existe con el derecho a la libertad física, según la interpretación extensiva realizada por la SC 0023/2010-R de 13 de abril.
Ahora bien, con relación a los alcances de protección que brinda la acción de libertad, la SC 0199/2010-R de 24 de mayo, aclaró sus alcances en el siguiente sentido: "No obstante, la naturaleza de esta acción tutelar, al constituirse en un mecanismo de protección contra las lesiones al derecho a la libertad, y medio eficaz e inmediato reparador de ese derecho; empero la existencia de esta garantía constitucional, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus, actualmente acción de libertad; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida (negrillas añadidas).
III.2. Respecto a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
La SC 0008/2010-R de 6 de abril, ha establecido que: "…el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, empero para ello, previamente se deben agotar los mecanismos de protección específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, operando la acción de libertad solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas".
Por lo mencionado, la jurisprudencia constitucional dentro de la citada SC 0008/2010-R de 6 de abril, entre otras, al respecto señaló "…que en caso de existir norma expresa que prevea mecanismos intra-procesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional, aspecto que se encuentra enmarcado en los mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
Por otra parte, la SC 0080/2010-R de 3 mayo, dentro de los aspectos que deben ser tomados en cuenta para no ingresar al análisis de fondo de la acción de libertad, fijó tres supuestos, con la finalidad de resolver la presente acción, se desarrollará simplemente el primer supuesto, mismo que está referido a que: "Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación" (las negrillas nos pertenecen).
En ese sentido este Tribunal Constitucional a través de la SC 1040/2010-R de 23 de agosto, señaló que: "…ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad por parte del Fiscal o de la Policía, la o el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional, debe en principio denunciar todos los actos restrictivos de su libertad ante el juez cautelar, aún si el fiscal no hubiera dado aviso del inicio de la investigación dentro de las veinticuatro horas como es su obligación de acuerdo con lo prescrito en la parte in fine del art. 298 del CPP, toda vez que, el juez de instrucción es el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación y específicamente, de los actos del Ministerio Público y de los funcionarios policiales, conforme prescriben los arts. 54. inc. 1) y 279 del CPP" (las negrillas nos corresponden).
III.3. El caso en análisis
De la lectura de la acción de libertad y de la revisión a los antecedentes procesales que cursan en obrados, se evidencia que los representados por el accionante, no demostraron haber acudido previamente ante el juez instructor en lo penal de turno, en base a lo establecido por los arts. 54 inc.1) y 279 del Código de Procedimiento Penal, puesto que el juez instructor en lo penal de turno, es el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación y específicamente, de los actos del Ministerio Público y de los funcionarios policiales.
En consecuencia, el accionante, al haber acudido directamente a la presente acción tutelar desconoció la jurisprudencia relativa a la aplicación excepcional de la subsidiariedad en la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo, razón por la cual, este Tribunal no puede ingresar a un análisis de fondo de la acción planteada, siendo por ello aplicable la jurisprudencia constitucional relativa a la subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad.
Por lo precedentemente señalado, el Tribunal de garantías, al haber declarado "improcedente" la acción de libertad, aunque la terminología correcta era la denegatoria, ha efectuado una adecuada compulsa de los antecedentes procesales y aplicado debidamente los alcances de esta acción tutelar.
POR TANTO
El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confiere el art. 3 de la Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, que modifica el art. 4.I de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, en revisión, resuelve: APROBAR la Resolución 33 de 11 de abril de 2009, cursante a fs. 31 y vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz; y en consecuencia, sin ingresar al análisis de fondo, DENEGAR la tutela solicitada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.
Fdo. Dr. Juan Lanchipa Ponce
MAGISTRADO
Fdo. Dr. Abigael Burgoa Ordóñez
DECANO
Fdo. Dr. Ernesto Félix Mur
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés
MAGISTRADO