SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1398/2016-S3

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1398/2016-S3

Sucre, 5 de diciembre de 2016

SALA TERCERA

Magistrada Relatora:  Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

Acción de amparo constitucional

Expediente:                 16677-2016-34-AAC

Departamento:           Cochabamba

En revisión la Resolución de 21 de septiembre de 2016, cursante de fs. 135 a 142 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Teresa Velasco Veliz y María Jeanette Vargas Alborta de Carvallo contra Marvell José María Leyes Justiniano, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de septiembre de 2016, cursante de fs. 49 a 56 vta., las accionantes manifestaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

María Teresa Velasco Veliz y María Jeanette Vargas Alborta de Carvallo, ingresaron a trabajar al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, la primera por examen de competencia al cargo de Abogada del 1 de agosto de 2005 a el 7 de igual mes de 2015, y la segunda a través de varios contratos a plazo fijo en el cargo de Trabajadora Social del Departamento de Género Generacional dependiente de la referida institución, desde el 3 de abril de 1998 hasta el 7 de agosto de 2015, fecha en la que ambas fueron despedidas sin causa justificada, de forma intempestiva y sin proceso administrativo interno, motivo por el cual interpusieron recursos administrativos conforme prevé la Ley de Procedimiento Administrativo; sin embargo, los mismos fueron negados, por lo que acudieron a la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social del citado departamento, instancia que luego de haber constatado las vulneraciones alegadas, emitió la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 174/2016 de 22 de junio de -reincorporación-, disponiendo que el Alcalde de dicho ente municipal -ahora demandado-, proceda a su reincorporación en el plazo de tres días hábiles improrrogables, a partir de su notificación; empero, transcurrido el plazo la parte empleadora incurrió en la omisión ilegal e indebida, previa verificación del informe elaborado por la Inspectora de Trabajo de la respectiva Jefatura al no dar cumplimiento al instructivo de Conminatoria, desconociendo sus derechos y garantías constitucionales.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Las accionantes consideran como lesionados sus derechos a la estabilidad laboral, al trabajo, a la remuneración y a la “continuidad de sus medios de subsistencia”; citando al efecto los arts. 46.I.2 y II inc. 2); 48.II; 49.III; 51.VI; y, 54.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Su reincorporación inmediata a sus fuentes laborales a los mismos cargos que ocupaban al momento de su despido injustificado; b) El pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales a la fecha de su reincorporación; y, c) Se determine la existencia de responsabilidad de la autoridad demandada, y se reparen los daños y perjuicios ocasionados.

 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

 

Celebrada la audiencia pública el 21 de septiembre de 2016, según consta el acta cursante de fs. 133 a 134, presentes la parte accionante como la autoridad demandada y ausente el tercer interesado, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante ratificó los términos expuestos en su memorial de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Andrés Mauricio Cortez Cueto y Rimer Ángel Céspedes Hinojosa, en representación legal de Marvell José María Leyes Justiniano, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, mediante informe de 21 de septiembre de 2016, cursante de fs. 113 a 116 vta., y en audiencia, manifestaron que: 1) La presente acción tutelar no cumple con los requisitos y condiciones de admisión, por lo que no debió ser admitida; adicionalmente existen causales de improcedencia al concurrir hechos controvertidos respecto a las instancias tomadas por las accionantes, dado que el 7 de agosto de 2015, las mismas recibieron carta de agradecimiento de servicios, acudiendo a las vías establecidas por el Estatuto del Funcionario Público, en la que se tramitaron y resolvieron los recursos de revocatoria y jerárquico interpuestos por estas; 2) Las ahora accionantes acudieron erróneamente ante la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Cochabamba, a fin de precautelar sus derechos supuestamente vulnerados por dicho ente municipal, dado que son servidoras públicas que no se encuentran sujetas al régimen de la Ley General de Trabajo, sino al Estatuto del Funcionario Público; 3) Por otro lado, el Jefe de la respectiva Jefatura Departamental de Trabajo no tenía competencia para conocer asuntos administrativos municipales de servidoras que se encuentran bajo el régimen del Estatuto del Funcionario Público y menos aún para conminar a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) a reincorporar a las accionantes; 4) No pueden solicitar el pago de haberes devengados, puesto que no corresponde al Tribunal de garantías dirimir esos hechos controvertidos; 5) La acción de amparo constitucional es improcedente por incumplir con el plazo establecido para su interposición, considerando también que venció el término para pedir la reincorporación de las hoy accionantes, ya que una vez que tuvieron conocimiento de la nota de agradecimiento de servicios, impugnaron la misma mediante los recursos de revocatoria y jerárquico, que fue resuelto a través de la Resolución Ejecutiva de 27 de enero de 2016, notificada a las partes el 3 de febrero de igual año, por lo que el cómputo del plazo de los seis meses para plantear esta acción de defensa corre desde ese momento; no obstante, en el caso las nombradas presentaron esta acción tutelar recién el 15 de septiembre del indicado año, incumpliendo lo previsto por el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo); 6) Con relación al supuesto despido injustificado e ilegal, las ahora accionantes consideran que las notas de agradecimiento de servicios no especifican de manera clara y concreta en qué etapa o de qué manera las “Resoluciones Ejecutivas” de 27 de enero del mencionado año, que resolvieron los recursos jerárquicos interpuestos por éstas, vulnerando sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; 7) Las “Resoluciones Ejecutivas” fueron pronunciadas con la debida fundamentación y motivación que corresponde, conforme a los estándares mínimos previstos por los Tratados y Convenios internacionales, con los que fueron notificadas el 3 de febrero de 2016, que no mereció recurso o impugnación alguna; 8) Las hoy accionantes no son funcionarias de carrera, dado que no cumplieron las exigencias legales para ser consideradas como tales, sino son servidoras públicas provisionales, aspecto que ya fue dilucidado en la Resolución de recurso jerárquico de 27 de enero de igual año, que hace referencia a las características en las que accedieron a los cargos y fueron promocionadas verticalmente, y no acorde a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal; es decir, fueron libremente designadas por la MAE de ese entonces, no encontrándose bajo la protección de lo previsto por el art. 7.II del Estatuto del Funcionario Público (EFP), razón por la que la estabilidad laboral no alcanza a las nombradas; 9) Las ahora accionantes no impugnaron la Resolución Ejecutiva citada supra, ya que si hubieran observado las trasgresiones correspondientes en el referido fallo, la acción de amparo constitucional debió ser interpuesta sobre dicho acto administrativo y no como pretenden ahora, equivocando el camino al considerar y solicitar una Conminatoria de reincorporación que no corresponde; sin embargo, presentaron “en el mes de abril” ante la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Cochabamba, su solicitud de reincorporación cuando están bajo el régimen del Estatuto del Funcionario Público; 10) El mencionado ente municipal dio cumplimiento a la normativa vigente y tramitó correctamente el proceso administrativo interno contra las ahora accionantes, determinando el agradecimiento de servicios, considerando como una prerrogativa no encontrarse institucionalizadas; y, 11) La Ley 321 de 18 de diciembre de 2012, es clara al señalar quienes serán incorporados a la Ley General del Trabajo; además que los arts. 3 y 10 del Decreto Supremo (DS) “286” indican que la Conminatoria es un año después de la resolución, y se tuviera que pagar un año.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Cesar Vladimir Villarroel Franco, Jefe Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Cochabamba, por memorial presentado el 19 de septiembre de 2016, cursante de fs. 64 a 66 vta., sostuvo que sus actuaciones se adecuaron a la normativa laboral vigente conforme al art. 10.I y III del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, modificado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010, y que cualquier cuestionamiento a las Resoluciones pronunciadas por el mismo y en particular a la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 174/2016, no corresponde ser dilucidado en este caso, toda vez que la Conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución, por lo que lo determinado en la citada Conminatoria deberá ser acatado por el empleador entre tanto se definan los derechos controvertidos en la vía judicial, dado el carácter provisional de la disposición; consecuentemente, independientemente de la impugnación en la vía judicial, la decisión de reincorporación de la Conminatoria debe ser cumplida inmediatamente, ante la negativa del empleador de acatar dicha Conminatoria, se abre la posibilidad que el trabajador acuda directamente a la vía constitucional a través de la acción de amparo constitucional, sin que pueda aplicarse el principio de subsidiariedad.

I.2.4. Resolución

La Jueza Pública de Familia Decimocuarta de la Capital del departamento de Cochabamba, por Resolución de 21 de septiembre de 2016, cursante de fs. 135 a 142 vta., concedió la tutela solicitada, de manera provisional, disponiendo que el ahora demandado de cumplimiento a la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 174/2016 de reincorporación, bajo los siguientes fundamentos: i) María Jeanette Vargas Alborta de Carvallo fue contratada como Profesional 1 del Departamento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; por su parte, María Teresa Velasco Velis fue contratada como Profesional 1 del Departamento de Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), ambas dependientes de la Dirección de Género Generacional y Familia del Gobierno Autónomo Municipal del citado departamento, siendo despedidas sin ninguna explicación ni justificativo alguno el 7 de agosto de 2015, mediante Memorandos 891 y 885, motivo por el cual acudieron a la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Cochabamba, instancia que emitió la Conminatoria citada precedentemente, la cual no fue cumplida por el ahora demandado haciendo caso omiso; ii) Respecto a la controversia de que si las accionantes eran o no funcionarias de carrera, las mismas gozarían de estabilidad laboral por haber trabajado una diecisiete y la otra once años, aspectos que deben ser dilucidados por el Juez laboral; sin embargo, el derecho de impugnación contra la orden de reincorporación a través del procedimiento administrativo o judicial no impide la suspensión de la ejecución de dicha Conminatoria, debiendo ser acatado por el empleador entre tanto se definan los derechos controvertidos en la vía judicial o administrativa, conforme a los principios de protección a los trabajadores, de primacía de relación laboral y de continuidad y estabilidad laboral; iii) El núcleo de la problemática para señalar si gozan o no de la protección de la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Cochabamba, se encuentra en que si son o no las ahora accionantes funcionarias de carrera con estabilidad laboral, y mientras esto se resuelva en la instancia correspondiente, se debe reconocer los mecanismos utilizados por las mismas para hacer valer sus derechos constitucionales referente a su reincorporación a sus fuentes laborales; en ese sentido, estarían dentro el plazo para interponer la presente acción constitucional; y, iv) Los Memorandos emitidos no indican las razones de los despidos, ya que dicho acto lesiona el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, a recibir una remuneración y a la continuidad a los medios de subsistencia, que deben ser garantizados y protegidos, conforme el art. 48.I y II de la CPE, el cual prevé que las disposiciones sociales se interpretaran y aplicaran bajo los principios de protección de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; por lo que, “…ve conveniente otorgar la tutela impetrada de manera provisional” (sic).

En la vía de enmienda y complementación, la parte accionante por memorial presentado el 21 de septiembre de 2016, cursante a fs. 147 y vta., pidió que la Jueza de garantías se pronuncie con relación al pago de sueldos devengados que también fueron objeto de demanda de esta acción tutelar que se encuentra dispuesto en la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 174/2016; mediante Auto de 22 de igual mes y año, la mencionada Jueza refirió que que habiéndose dispuesto el cumplimiento de la Conminatoria de reincorporación, debe ser cumplida no solo referente a dicho aspecto, sino también al pago de salarios devengados, la restitución de los seguros de largo y corto plazo y “…demás consideraciones expuestas en la misma…” (sic), debiendo efectuarse la Conminatoria en toda su magnitud.

Asimismo, el ahora demandado a través de sus representantes legales solicitó aclaración, enmienda y complementación, por escrito presentado el 23 de septiembre de 2016, cursante de fs. 153 a 154, en sentido que no corresponde a esa instancia pronunciarse sobre los sueldos devengados, ya que al ser añadido a la Resolución de amparo constitucional, se lesiona la garantía del debido proceso en su elemento al derecho a la defensa, dado que en audiencia no se tocó el tema; por lo que, mediante Auto de esa fecha, la Jueza de garantías aclaró que el Auto de 22 del mismo mes y año, no fue modificando la Resolución, sino se subsanó una omisión (fs. 155).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.  A través de Memorando 891 de 7 de agosto de 2015, la Secretaría de Desarrollo Humano Igualdad de Oportunidades MPL del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, agradeció los servicios de María Jeanette Vargas Alborta de Carvallo -hoy accionante-, que ocupaba el cargo de Profesional 1 del Departamento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia dependiente de la Dirección de Género Generacional y Familia (fs. 2).

II.1.1. Por memorial presentado el 11 de agosto de 2015, la ahora accionante interpuso recurso de revocatoria contra el Memorando citado supra (fs. 8 y vta.).

II.1.2. Mediante Resolución de recurso de revocatoria de 8 de septiembre de 2015, la referida Secretaría confirmó en su integridad el tenor del Memorando 891, alegando que la accionante no goza de estabilidad laboral a tiempo de su agradecimiento de servicios al no ser parte de la carrera administrativa (fs. 9 a 11).

II.1.3. A través de escrito presentado el 22 de septiembre de 2015, la hoy accionante planteó recurso jerárquico contra la Resolución de revocatoria mencionada precedentemente (fs. 19 a 21), impugnación que fue resuelta por Marvell José María Leyes Justiniano, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba -ahora demandado-, mediante Resolución Ejecutiva de recurso jerárquico de 27 de enero de 2016, a través del cual confirmó la Resolución de 8 de septiembre de 2015; y en consecuencia, ratificó el Memorando 891 (fs. 22 a 25).

II.2.  Mediante Memorando 885 de 7 de agosto de 2015, la Secretaria de Desarrollo Humano Igualdad de Oportunidades MPL del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, agradeció los servicios de María Teresa Velasco Veliz -hoy coaccionante-, que ocupaba el cargo de Profesional 1 del Departamento del SLIM dependiente de la Dirección de Género Generacional y Familia (fs. 3).

 

II.2.1. Por memorial presentado el 11 de agosto de 2015, la ahora coaccionante formuló recurso de revocatoria contra el Memorando referido supra (fs. 4 y vta.).

II.2.2. A través de Resolución de recurso de revocatoria de 8 de septiembre de 2015, la mencionada Secretaria, confirmó en su integridad el tenor del Memorando 835, indicado que la coaccionante no gozaba de estabilidad laboral a tiempo de su agradecimiento de servicios al no ser parte de la carrera administrativa (fs. 5 a 7).

II.2.3. Cursa escrito presentado el 22 de septiembre de 2015, por el cual la coaccionante, interpuso recurso jerárquico contra la Resolución citada supra (fs. 12 a 14); el mismo que fue resuelto por Resolución Ejecutiva de recurso jerárquico de 27 de enero de 2016, a través del cual el hoy demandado, confirmó la Resolución de 8 de septiembre de 2015; y en consecuencia, ratificó el Memorando 835 (fs. 15 a 18).

II.3.  Mediante Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 174/2016 de 22 de junio, el Jefe Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Cochabamba, conminó a la autoridad hoy demandada, a reincorporar a las accionante, en el último cargo que desempeñaban antes del despido, más el pago de los salarios devengados “…como si no hubiese dejado de trabajar ni un solo día…” (sic), así como también se les restituya el seguro a corto y largo plazo (fs. 29 a 34 vta.).

II.4.  Consta informe MTEPS/JDTCBBA/INF. 1442/16 de 19 de julio, emitido por la Inspectora de Trabajo de la referida Jefatura, en la que se verificó que la parte empleadora no dio cumplimiento al instructivo de Conminatoria.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la estabilidad laboral, al trabajo, a la remuneración y a la “continuidad de sus medios de subsistencia”; toda vez que, fueron despedidas de manera ilegal y arbitraria, ante lo cual acudieron ante la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Cochabamba, a efecto de solicitar que se respeten sus derechos, instancia que emitió la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 174/2016, disponiendo la reincorporación a su fuente laboral al mismo puesto que ocupaban al momento de la entrega del Memorando de agradecimiento de servicios, determinación administrativa que no obstante de haber sido notificada a la autoridad demandada, no fue cumplida.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Jurisprudencia reiteradora sobre los presupuestos que hacen inejecutable las conminatorias de reincorporación laboral                 

          Al respecto, la SCP 0168/2015-S3 de 6 de marzo, estableció que: “…este Tribunal en problemáticas relacionadas con el cumplimiento de conminatorias de reincorporación ha sido uniforme en señalar que no le corresponde a esta jurisdicción analizar y pronunciarse respecto a la legalidad o no del despido, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permite llegar a verdades históricas materiales, ni tampoco es su función reemplazar a la judicatura laboral; por ello, la tutela que se otorga en estos escenarios es transitoria, pues la labor esencial de este Tribunal Constitucional Plurinacional, en estos casos, es la protección del núcleo esencial del derecho al trabajo al evidenciar la renuencia del empleador al cumplimiento de la orden de reincorporación, caso en el que se habilita la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional, a menos que se evidencie que en la tramitación del proceso administrativo existan violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción disponga la ejecución”.

          Posteriormente, la SCP 1051/2015-S3 de 3 de diciembre, concluyó que: “En consecuencia, del entendimiento precedente, se concluye que el alcance del procedimiento establecido en el DS 495, se limita a que esta jurisdicción verifique el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación y en su caso determine que las mismas se cumplan. Empero, de verificarse en esta instancia constitucional, que dicha conminatoria adolece de irregularidades en el procedimiento seguido ante la Jefatura del Trabajo, Empleo y Previsión Social o que a la misma no se aplica la normativa u omite uno de los elementos constitutivos del debido proceso como garantía jurisdiccional; en ese caso, el Tribunal Constitucional Plurinacional se verá imposibilitado de disponer se cumpla la conminatoria, ante la evidencia de su inejecutabilidad” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

Las accionantes consideran que se desconocieron sus derechos a la estabilidad laboral, al trabajo, a la remuneración y a la “continuidad de sus medios de subsistencia”, por cuanto desempeñando sus funciones en el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, les agradecieron sus servicios, a través de Memorandos de despido, sin que exista un proceso previo o una causa justificable, dando lugar a que el despido sea ilegal, por lo que acudieron a la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Cochabamba, instancia que emitió la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 174/2016 de 22 de junio, disponiendo su inmediata restitución a sus fuentes laborales; sin embargo, la misma no fue cumplida desconociendo sus derechos sociales y laborales.

 

          De acuerdo al problema jurídico planteado en la presente acción tutelar, cabe señalar que si bien desde el entendimiento asumido en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, se dio mayor preeminencia a la vigencia plena del principio protector y de la estabilidad laboral, destinado a hacer cumplir las Conminatorias de reincorporación laboral; no obstante, ese razonamiento no implica un impedimento de poder verificar si la Conminatoria que se solicita a través de esta acción de amparo constitucional sea cumplida, por cuanto se encuentra dentro de los parámetros del debido proceso, relacionada a la vinculatoriedad de la normativa aplicable al caso; situación que de concurrir daría lugar a que la Conminatoria de reincorporación se torne inejecutable. En ese contexto, del análisis y la lectura de la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 174/2016, pronunciada por la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Cochabamba, instancia que dispuso la reincorporación de las ahora accionantes en el último cargo que desempeñaban más el pago de sus salarios devengados y la restitución de derechos laborales y sociales, se advierte que los fundamentos de dicha Resolución carecen de una debida motivación y congruencia, por cuanto, no justifica por qué se aplicó a funcionarios municipales la Ley General del Trabajo y no así el Estatuto del Funcionario Público y otras normas conexas que rigen a el sector público como es el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; por otro lado, igualmente se evidencia que la Conminatoria no hizo referencia alguna a la Ley 321, la cual prevé que los trabajadores asalariados permanentes que cumplan funciones en servicios manuales y técnico operativos administrativos, en todos los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento, así como en El Alto del Departamento de La Paz, gozarán de los derechos y beneficios previstos en la Ley General del Trabajo y sus normas complementarias; norma que, exceptuó de dicha protección a todos los servidores públicos que ejerzan sus funciones a consecuencia de haber sido electos, o que estén ocupando el cargo a través de una designación directa; encontrándose también dentro de esta exclusión los servidores que ocupen cargos directivos, Secretarías generales y ejecutivas, Jefaturas, Asesorías y profesionales. Es así que en el caso que los servidores que cumplan funciones en los Gobiernos Autónomos en capitales de Departamento, y no se encuentren dentro de las exclusiones referidas, sus derechos laborales deberán sujetarse a las normas de la Ley General del Trabajo en todo lo que les corresponda, como ser los derechos a la estabilidad laboral, y otros derechos sociales, no pudiendo prescindirse de sus servicios sin previo proceso.

          En el caso concreto, María Jeanette Vargas Alborta de Carvallo ocupaba el cargo de Profesional 1 del Departamento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y, María Teresa Velasco Veliz, el cargo de Profesional 1 del Departamento del SLIM, ambos dependientes de la Dirección de Género Generacional y Familia del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, por lo que dicho aspecto debió haber sido considerado por la autoridad laboral, más aún si la Ley 321, es clara al señalar qué clase de funcionarios municipales gozarán de protección y estabilidad laboral conforme a la Ley General del Trabajo, y cuáles no, lo cual debió explicarse en la citada Conminatoria de reincorporación, más aún si se advierte que las dos funcionarias ocupaban cargos de “Profesional 1”, encontrándose una expresa prohibición de aplicación de la Ley General del Trabajo. Así ya se pronunció esta Sala en la SCP 0563/2016-S3 de 16 de mayo, al sostener que: “El art. 1.I de la Ley 321, (…) ‘incorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a las trabajadores y los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento y de El Alto de La Paz, quienes gozaran de los derechos y beneficios que la Ley General del Trabajo y sus normas complementarias confieren, a partir de la promulgación de la presente Ley, sin carácter retroactivo’. La referida Ley, permite concluir que los servidores municipales de capitales de departamento y de El Alto, gozan de todos los derechos y beneficios que reconoce la Ley General del Trabajo, excepto las servidoras públicas y los servidores públicos electos y de libre nombramiento, así como los que ocupen cargos de Dirección, Secretarías Generales y Ejecutivas, Jefaturas, Asesoría y Profesional, de acuerdo a lo establecido en el art. 1.II de dicha Ley”.

          Consecuentemente, la Conminatoria de reincorporación que ahora se pretende hacer cumplir a través de la presente acción tutelar, carece de sustento legal y normativo, inobservándose con ello los elementos del debido proceso referidos a la motivación, congruencia y fundamentación, como exigen la doctrina y jurisprudencia emitida por este Tribuna, que tiene carácter vinculante y obligatorio. En razón a ello y al haberse advertido la presencia de presupuestos para la inejecutabilidad de la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 174/2016 pronunciada por el Jefe Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Cochabamba, corresponde denegar la tutela planteada. 

En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, aunque de manera provisional, no actuó correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 21 de septiembre de 2016, cursante de fs. 135 a 142 vta., pronunciada por la Jueza Pública de Familia Decimocuarta de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Ruddy José Flores Monterrey MAGISTRADO Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez MAGISTRADA