SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0502/2018-S4

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0502/2018-S4

Sucre, 5 de septiembre de 2018

Sala Cuarta Especializada

Magistrado Relator:    René Yván Espada Navía

Acción de amparo constitucional

Expediente:                 23206-2018-47-AAC

Departamento:            La Paz

En revisión la Resolución 008/2018 de 21 de marzo, cursante de fs. 218 a 226 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ronald Eduardo Villaverde Argani contra Zulma Susam Cárdenas Tarquino, Administradora Regional de la Caja de Salud de la Banca Privada de La Paz.

I.            ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 8 de marzo de 2018, cursante de fs. 154 a 166 vta., y el de subsanación de 16 del mismo mes y año (fs. 181 a 189 vta.), el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Promovió la presente acción tutelar después de haber sostenido una relación laboral con la Caja de Salud de la Banca Privada de La Paz, entidad en la que prestó sus servicios desde diciembre de 2009, como Asistente de Recursos Humanos, para posteriormente ocupar el cargo de Encargado de Recursos Humanos de la Clínica de la referida Caja de Salud; cargo que posteriormente pasó a denominarse Analista de Recursos Humanos de dicha entidad, habiendo desempeñado sus funciones de forma continua hasta el 11 de abril de 2017, fecha en la cual de forma intempestiva, injustificada e ilegal, procedieron con la finalización unilateral de la relación laboral, con el pretexto de que el trabajador administró de forma inadecuada los procesos de selección de personal y demostró descuido en el ejercicio de las tareas que le fueron asignadas; sin señalar causal legal para su despido, menos aún haber instaurado un proceso sumario previo, en contra suya.

Agregó que, ante el evidente acto de arbitrariedad, en defensa de sus derechos y las garantías constitucionales que le asisten, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de La Paz, instancia que luego de los trámites previos, de citación y audiencia, emitió la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S.495/RAAM/007/2017 de 9 de agosto, mediante la cual, ordenó a la Caja de Salud de la Banca Privada de La Paz, que proceda a la reincorporación inmediata a su fuente laboral, al mismo cargo de Analista de Recursos Humanos que ejercía antes de ser despedido, con el consecuente pago de los salarios devengados y demás derechos sociales; en atención a que los argumentos de su retiro intempestivo consignado en el Memorándum CITE: LP-RH-M-134-2017 de 11 de abril, no están consignados en los arts. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 del Decreto Reglamentario de la referida Ley General del Trabajo (DRLGT), ni se aplicó la normativa prevista para el procesamiento, que establece el Reglamento Interno de Trabajo Caja de Salud de la Banca Privada.

Manifestó que la autoridad demandada, pese a haber sido notificada con la referida Resolución, hasta la fecha de interposición de la presente acción, no cumplió con la conminatoria emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de La Paz, menos aún, con el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que le corresponden. Al contrario, interpuso recurso de revocatoria contra la citada determinación; la misma que fue confirmada mediante Resolución Administrativa (RA) 307-17 de 10 de octubre; y posteriormente, recurso jerárquico ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia que desestimó la solicitud, confirmándose la Conminatoria impugnada.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante, denunció como lesionados sus derechos al trabajo, a la remuneración justa, a la seguridad social y a la estabilidad y continuidad laboral; citando al efecto los arts. 45.I, 46.I y II y 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la restitución de sus derechos vulnerados, ordenando a la entidad demandada que proceda de inmediato a su reincorporación, al mismo puesto que ocupaba a momento de ser despedido como Analista de Recursos Humanos de la Clínica de la Caja de Salud de la Banca Privada de La Paz; se proceda a la cancelación de los salarios devengados y demás derechos sociales que le correspondan; asimismo a su afiliación en los entes gestores de salud y pensiones.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 21 de marzo de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 216 a 217 vta., presentes la parte accionante, así como el representante legal de la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó los argumentos de la acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

 
Zulma Susam Cárdenas Tarquino, Administradora Regional de la Caja de Salud de la Banca Privada de La Paz, a través de su representante en audiencia, manifestó que la entidad a su cargo es una institución descentralizada bajo tuición del Ministerio de Salud, y como tal, construyó una Clínica en la zona de obrajes de La Paz, la misma que requiere para su funcionamiento, personal médico y paramédico estrictamente evaluado para su ingreso, puesto que de ello, depende la calidad del servicio que brindará a la población asegurada; con ese objetivo, la entidad optó por contratar los servicios del Ronald Eduardo Villaverde Argani       –ahora accionante–; sin embargo, se observó dejadez y desorden en el desempeño de su funciones, por lo que mereció reiteradas llamadas de atención mediante memorándums; empero, no se verificó ningún cambió en su actitud negligente, quien contrató personal sin respetar los procesos en curso, no procedió con la apertura de sobres de algunos postulantes y contrató sin autorización a personal eventual cada tres meses para cubrir los cargos acéfalos; ante estas prácticas desleales que ocasionaron el deterioro de la imagen institucional, además de daño económico, se determinó su despido mediante Memorándum CITE LP-RH-M-134-2017 de 11 de abril, que fue debidamente comunicado; haciendo notar que los memorándums emitidos anteriormente en su contra, no fueron impugnados administrativamente al interior de la Caja de Salud de la Banca Privada de La Paz, sino que por el contrario, se presentó reclamo directamente ante la Jefatura del Trabajo, Empleo y Previsión Social de la Paz, y ante la negativa de la entidad de proceder a la reincorporación, interpuso la presente acción de amparo constitucional, lesionando el art. 8.1 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece que el trabajador que considere injustificada la conclusión de su relación laboral, tendrá el derecho de acudir ante un organismo neutral o un árbitro.

Refirió que el accionante no demostró los supuestos hechos o actos vulneratorios cometidos en su contra por la entidad a la que representa; y que, con su pretensión intenta  convertir al Tribunal de garantías en un juzgado ordinario, sin tomar en cuenta que la interposición de un recurso de revocatoria contra la Conminatoria emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de La Paz, no suspende su cumplimiento inmediato, potestad que no fue exigida por el impetrante de tutela.

Consideró que el trabajador fue desvinculado de su fuente laboral por razones valederas, por cuanto incumplió con lo estipulado en los arts. 16 inc. e) de la LGT; y, 9 del DRLGT, es decir, por incumplimiento total o parcial del contrato de trabajo o del Reglamento Interno de Trabajo de la entidad demandada; por lo que recibió varios memorándums de llamada de atención, cuyas copias fueron remitidas al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y a la Jefatura Departamental del ramo, instancias que incumplieron el principio de verdad material, al no haber valorado adecuadamente las pruebas aportadas al momento de emitir las conminatoria de reincorporación, de revocatoria y jerárquica respectivamente.

Por último, señala que no se cumplió con el requisito de inmediatez para la interposición de la presente acción de defensa, en razón de que en materia laboral es permitido que el trabajador solicite su reincorporación por la vía administrativa ante dicha jefatura; y toda vez que existe una conminatoria de reincorporación que ordena la reincorporación, se considera la misma como el fin de la vía administrativa, cuyo plazo feneció el 28 de febrero de 2018; habiendo interpuesto la acción de defensa, fuera del término estipulado por ley; por lo que, solicitan se deniegue la tutela impetrada, con costas.

I.2.3. Resolución

La Jueza Pública de Familia Tercera del departamento de La Paz, constituido en Jueza de garantías, mediante Resolución 008/2018 de 21 de marzo, cursante de fs. 218 a 226 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo la inmediata reincorporación del accionante a su fuente laboral, con el mismo nivel salarial, más el pago de salarios devengados y demás derechos laborales y sociales reconocidos por ley; bajo los siguientes fundamentos: a) Toda persona tiene derecho al trabajo y empleo digno con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna; b) El principio de estabilidad laboral denominado también como principio de la continuidad de la relación laboral, otorga al trabajador la confianza al permitirle un salario para la satisfacción de sus necesidades familiares, al mismo tiempo beneficia al empleador porque contribuye al mayor rendimiento como resultado de su experiencia laboral; c) De acuerdo a lo establecido en el art. 48.II de la CPE, las normas laborales se interpretarán y se aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y los trabajadores como principal fuerza de la sociedad, de primacía de la relación laboral, de la continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación  y de inversión de la prueba en favor del trabajador; d) Por mandato constitucional, todas las bolivianas y bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social; y, f) El incumplimiento de la Conminatoria por parte del empleador habilita al trabajador para acudir a la vía constitucional, prescindiendo de la judicatura laboral, la cual permanece expedita para el empleador, en caso de no estar de acuerdo con el contenido de la Conminatoria emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente:

II.1.  Mediante la certificación de 10 de abril de 2017, emitida por la Jefatura de Recursos Humanos de la Caja de Salud de la Banca Privada de La Paz, se acredita el inicio de la relación laboral de Ronald Eduardo Villaverde Argani con dicha entidad, desde el 16 de diciembre de 2009 (fs. 3).

II.2.  Por Memorándum de Agradecimiento de Servicios CITE: LP-RH-M-134-2017 de 11 de abril, se comunica a Ronald Eduardo Villaverde Argani, la finalización de la relación laboral con la referida Caja de Salud de la Banca Privada de La Paz (fs. 4).

II.3.  A través de la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 495/RAAM 007/2017 de  9 de agosto, la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de La Paz, se ordena a la Caja de Salud de la Banca Privada de La Paz, a la reincorporación inmediata de Ronald Eduardo Villaverde Argani, a su fuente laboral (fs. 5 a 8).

II.4.  Mediante RA 307-17 de 10 de octubre de 2017, la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de La Paz, confirmó la Conminatoria impugnada y rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la Caja de Salud de la Banca Privada de La Paz –entidad ahora demandada– (fs. 49 a 53).

II.5.  Por Resolución jerárquica de 15 de enero de 2018, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, desestimó el recurso jerárquico interpuesto por la Caja de Salud de la Banca Privada de La Paz contra la  citada RA 307-17 (fs. 54 a 55).

II.6.  A través de Informe J.D.T.L.P.-RAAM-V-146/2018 de 19 de febrero, emitido por Severina Hernández Condori, Inspectora de la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de La Paz, hace conocer que la Caja de Salud de la Banca Privada de La Paz, pese a haber sido legalmente notificada, no dio cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 495/RAAM 007/2017 de 9 de agosto (fs. 58 a 59).

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la remuneración justa, a la seguridad social y a la estabilidad y continuidad laboral, toda vez que, la Caja de Salud de la Banca Privada de La Paz, donde prestaba sus servicios como Analista de Recursos Humanos, luego de haber prescindido ilegalmente de sus servicios, luego no dio cumplimiento a la Conminatoria de reincorporación laboral emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de La Paz, dentro de la denuncia de despido injustificado interpuesta ante dicha instancia, que determinó su reincorporación al mismo puesto que ocupaba al momento de ser despedido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que le correspondan.

En consecuencia, en revisión, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  Sobre los principios de estabilidad y continuidad laboral, inherentes al derecho al trabajo y al empleo

           Conforme a lo prescrito por los arts. 46, 48 y 49 de la CPE, toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.

           Asimismo, la normativa vigente determina, que toda persona tiene derecho a una fuente laboral estable, debiendo el Estado boliviano, proteger su ejercicio en todas sus formas, así como la estabilidad laboral, quedando prohibido el despido injustificado y toda forma de acoso laboral.

           En ese entendimiento, las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, las que deben interpretarse y aplicarse bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba, resultando que los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores, no pueden renunciarse y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.

           En cuanto a los principios de continuidad y estabilidad laboral, inherentes al ejercicio del derecho al trabajo y al empleo, la SCP 0015/2018-S4, de 23 de febrero, estableció: “…que los citados principios, implican el mantenimiento de la relación laboral por un periodo de tiempo indefinido, asegurando al trabajador y a su familia, su subsistencia a través de la estabilidad económica, lo que en los hechos también incide positivamente en el empleador, debido a que éste contaría con personal experimentado, por la permanencia continua del trabajador, en el área laboral donde desempeña sus labores; sin embargo, aun reconociéndose como trascendental la estabilidad de la relación laboral y su continuidad, la misma, no necesariamente implica la inamovilidad laboral, por cuanto, conforme a ley, existen causas de despido o retiro, enmarcadas en el principio protector al trabajador, que dan lugar a la terminación de la relación laboral, las que deben ser observadas y debidamente justificadas por el empleador, de modo tal que la desvinculación laboral no constituya vulneración del derecho al trabajo; y, también existen situaciones especiales inherentes a cada trabajador (mujer embarazada o progenitor con hijos menores a un año y personas con discapacidad), que provocan una protección reforzada a su estabilidad y continuidad laboral, provocando su inamovilidad…”.

         

           En base este entendimiento, corresponde desarrollar la jurisprudencia acorde con el principio protector y los más altos niveles de favorabilidad que beneficien al trabajador, como lo exige la normativa laboral vigente.

III.2.  Reconducción de la línea jurisprudencial en cuanto al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, aplicando el estándar más alto

           El Tribunal Constitucional Plurinacional, a tiempo de resolver las acciones de amparo constitucional en las que se denunció de manera reiterativa el  incumplimiento de las conminatorias emitidas en instancias administrativas laboral, en el marco de los DDSS 28699 de 1 de mayo de 2006 y su modificatorio, 0495 de 1 de mayo de 2010, en inobservancia de la vinculatoriedad de dicha determinación, por parte de los empleadores, con frecuente vulneración del derecho al trabajo y al empleo; pronunció distintos entendimientos, en los que reguló los alcances de la acción de amparo constitucional a efectos de tutelar el referido derecho, ampliando el espectro de protección (sentadoras de línea), complementando los razonamientos (modulación de línea) o, transformando los criterios de protección, ya sea restringiendo o ampliándolos (cambio o mutación de línea), demostrando disparidad de posturas, cuya aplicación en mayor o menor medida, fueron variando de Sala en Sala de este Tribunal; por lo que, se determinó reconducir la línea jurisprudencial, en atención al estándar más alto de protección de derechos, luego de un análisis integral de la línea jurisprudencial desarrollada, determinando el criterio en vigor sobre la temática.

En consecuencia, a través de la citada SCP 0015/2018-S4 se instituyó lo siguiente:

“III.2. De la aplicación del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional

Sobre la temática referida, este Tribunal Constitucional, considerando que las sentencias constitucionales establecen diferentes razonamientos a tiempo de resolver los casos concretos, en el marco de una dinámica cambiante y evolutiva que procura garantizar la efectiva tutela de los derechos y garantías constitucionales, estableció que el análisis de la jurisprudencia constitucional debe observar dicha dinámica; es decir, se debe verificar el desarrollo de la jurisprudencia, identificando las sentencias confirmadoras o reiteradoras de línea, sentencias mutadoras o cambiadoras de línea y sentencias reconductoras de línea, con la finalidad de señalar el razonamiento vigente. Ahora bien, encontrándose el Juez en dicha tarea, la jurisprudencia constitucional, previó algunos presupuestos ante los cuales dicha autoridad podría encontrarse antes de aplicar determinado razonamiento jurisprudencial, estableciendo que, en caso de encontrarse ante dos sentencias antagónicas o, que no siéndolo, contengan criterios progresivos, observe el estándar más alto de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Este entendimiento, se encuentra plasmado en la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, de la siguiente manera: ‛Nos referimos, con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, para resaltar aquélla o aquéllas decisiones del Tribunal Constitucional que hubieran resuelto un problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional, es a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá en aquél que resulte de dicha comparación.

Sobre el análisis dinámico de la jurisprudencia constitucional a través de las líneas jurisprudenciales, se tiene la SCP 0846/2012 de 20 de agosto, que estableció: «No es suficiente la identificación del precedente constitucional, a través del análisis estático de la jurisprudencia, se debe analizar la jurisprudencia constitucional también a través de un análisis dinámico, es decir, se debe apreciar de manera sistemática el desarrollo de la jurisprudencia, para ubicar el precedente constitucional en vigor en la línea jurisprudencial.

Las líneas jurisprudenciales, son la técnica para hacer el análisis dinámico de la jurisprudencia constitucional. Son las respuestas o soluciones que la jurisprudencia ha dado a determinado problema jurídico, está conformada por un conjunto de sentencias que abordaron determinada temática.

La jurisprudencia constitucional al ser en esencia evolutiva, se van modulando, ya sea extendiendo, o en su caso, restringiendo sus alcances, de ahí que es preciso hacer un recorrido entre las sentencias básicas o creadoras de líneas, sentencias moduladoras de líneas, sentencias confirmadoras o reiteradoras de línea, sentencias mutadoras o cambiadoras de línea y sentencias reconductoras de línea, porque sólo  con este análisis dinámico de las sentencias que conforman la línea jurisprudencia se identifica el precedente constitucional en vigor».

En este sentido, el uso del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional al menos tiene dos consecuencias prácticas:

i)         Provoca que un juez o tribunal en caso de contar con dos sentencias constitucionales contradictorias elija de acuerdo a las particularidades de cada caso el entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales que llega a ser el estándar más alto.

ii)        Asimismo, de existir diversos entendimientos jurisprudenciales no antagónicos sino progresivos los mismos deben armonizarse para la resolución más adecuada del caso en atención a los derechos fundamentales obteniéndose vía integración de jurisprudencia el estándar más alto.

Este entendimiento tiene su fundamento en lo establecido por los       arts. 13.IV y 256 de la CPE, que configuran la obligación de interpretación más favorable en materia de Derechos Humanos, teniendo como parámetros las cláusulas de interpretación contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales sobre la materia, entre ellas, el principio pro homine, que establece que el juzgador debe aplicar aquellas normas y criterios de interpretación que resulten más favorables al respeto y goce de los derechos constitucionales de las personas′.

III.3.         De la identificación del estándar más alto, en cuanto al cumplimiento obligatorio de las conminatorias de reincorporación laboral. Reconducción de línea

Cuando la problemática se centra en la denuncia de incumplimiento, de parte del empleador, de la conminatoria de reincorporación laboral, es necesario establecer los alcances de la acción de amparo constitucional debiéndose hacerse referencia, en primer lugar, a la normativa constitucional dedicada a los derechos laborales.

De acuerdo al art. 46.I.2 de la CPE, toda persona tiene derecho, a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias; asimismo, el art. 48. I y II, establece que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio y se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador; y, el 49.III, que el Estado protegerá la estabilidad laboral, prohibiéndose el despido injustificado y toda forma de acoso laboral.

En mérito al descrito marco constitucional, a través del DS 0495 de 1 de mayo de 2010, se modificó el art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, referido a los beneficios sociales y a la reincorporación, el que a su vez, sufrió una modificación luego de un control de constitucionalidad efectuado por este Tribunal, a través de la SCP 0591/2012 de 20 de julio, resultando la redacción de dicho artículo, de este modo: ‘I. Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación.

II. Cuando el trabajador opte por los beneficios sociales, el empleador está obligado a cancelar los mismos además de los beneficios y otros derechos que le corresponda, en el tiempo y condiciones señaladas en el artículo séptimo de la presente ley.

III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo.

IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución.

V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral’.

Ahora bien, con la finalidad de efectuar una adecuada interpretación de la norma descrita, con especial énfasis en los mecanismos de defensa con los que cuenta el trabajador en caso de restricción o supresión de su derecho al trabajo, por la imposibilidad de retornar a su fuente laboral por negativa del empleador de obedecer o ejecutar la conminatoria de reincorporación, emitida por la Jefatura del Trabajo, resulta primordial revisar los fundamentos esgrimidos, en primer lugar, por la SCP 038/2012 de 4 de mayo, en la que, previa determinación de que la trabajadora o al trabajador pueden solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, se estima la misma como el fin de la vía administrativa, cuyo incumplimiento por parte del empleador, abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, en mérito a la facultad reconocida al trabajador en los DDSS 28699 y 0495; emitió el siguiente razonamiento: ‘…el accionante acudió ante la Dirección Departamental del Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, la misma que emitió la conminatoria de reincorporación de 24 de enero de 2012, para que la Universidad Autónoma del Beni reincorpore al accionante, lo cual fue incumplido, situación que, de acuerdo a lo expresado en los fundamentos precedentes y, fundamentalmente, porque de acuerdo con lo previsto por el art. 48.II de la CPE, las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador, resulta imperativo aplicar, interpretar y pronunciarse favorablemente respecto los derechos laborales que pudieran ser vulnerados, más aun cuando la parte demandada incumplió la conminatoria de reincorporación emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social’.

Este razonamiento, fue reiterado y ampliamente desarrollado en la        SCP 0177/2012 de 14 de mayo, que estableció: ‘III.2.2. La estabilidad laboral en el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de junio de 1982

 

Este instrumento de carácter internacional, considerando los graves problemas que se plantean en esta esfera como efecto de las dificultades económicas que tiene cada Estado, norma el tema de manera general comprendiendo en sus alcances a todas las ramas de la actividad económica y a todas las personas empleadas; en su art. 4, establece que: ‘No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio’.

El Convenio en su art. 5, considera que no son causa justificada para la conclusión de la relación laboral: ‘La afiliación sindical, la representación de los trabajadores, las quejas o reclamos ante la autoridad administrativa del trabajo. También, las referidas a la raza, el color, el sexo, el estado civil, la religión, la opinión política y las responsabilidades familiares, vinculadas estas últimas con el embarazo, la maternidad’.

Por otra parte este Convenio en su art. 8, establece el derecho del trabajador a recurrir ante la autoridad competente cuando considere que la terminación de su relación de trabajo es injustificada. En este caso según el art. 10: ‘Si los organismos encargados de la verificación llegan a la conclusión de que la terminación es arbitraria e intempestiva, el Convenio prevé conforme a la legislación y la práctica nacional la anulación de la terminación, o sea, la readmisión del trabajador, o el pago de una indemnización adecuada’.

Del desarrollo normativo precedente, podemos concluir que a partir de la nueva visión de un Estado Social de Derecho; la estructura normativa en sus diferentes ámbitos está dirigida en lo fundamental a proteger a las trabajadoras y trabajadores del país contra el despedido arbitrario del empleador sin que medie circunstancias atribuidas a su conducta o desempeño laboral, que de acuerdo a nuestra legislación se las denomina causas legales de retiro, prevaleciendo el principio de la continuidad de la relación laboral, viabilizando la reincorporación de la trabajadora o trabajador a su fuente de trabajo o el pago de una indemnización, conforme nuestra legislación vigente. Es decir, entre la estabilidad absoluta y la estabilidad relativa. La primera entendida como el derecho del trabajador a reincorporarse a su fuente de trabajo cuando éste fue objeto de un despido intempestivo y sin una causa legal justificada y la segunda, como el derecho del trabajador a ser indemnizado por la ruptura injustificada de la relación laboral. A este objeto se crea un procedimiento administrativo sumarísimo otorgándole facultades al Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, para establecer si el retiro es justificado o no para luego proceder a una conminatoria de reincorporación y finalmente recurrir a la jurisdicción constitucional en caso de resistencia del empleador a su observancia, medida adoptada con el fin de garantizar el cumplimiento inmediato de un acto administrativo a través de la jurisdiccional constitucional cuyos fallos están revestidos por esta característica.

III.3. El carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional tiene su excepción, en razón a la necesidad de protección inmediata que requieren algunos derechos constitucionales

Como se puntualizó precedentemente la acción de amparo constitucional por su naturaleza, está revestida de los principios de subsidiariedad e inmediatez, cuyo cumplimiento son requisitos insoslayables para su viabilidad; empero, el extinto Tribunal Constitucional en su frondosa jurisprudencia ha establecido excepciones a esta regla, determinando que en algunos casos puede prescindirse de este principio, dada la naturaleza de los derechos invocados, a la naturaleza de la cuestión planteada y la necesidad de una protección inmediata. Con relación a la protección inmediata en atención a los derechos vulnerados, la SC 0143/2010-R de 17 de mayo, precisó: ‘La norma prevista por el art. 94 de la LTC y la jurisprudencia constitucional, establecen la subsidiariedad del amparo constitucional, cuya naturaleza subsidiaria está reconocida por la actual acción de amparo constitucional, conforme prevé el art. 129 de la CPE, al disponer que la acción de tutela se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, configurándose su carácter subsidiario. Sin embargo, la subsidiariedad de esta acción tutelar no puede ser invocada y menos aún aplicada en el presente caso, que reviste un carácter excepcional en razón de los derechos invocados y la naturaleza de la cuestión planteada de inmediata y urgente protección…’.

En base a este entendimiento, la estabilidad laboral es un derecho constitucional cuya vulneración afecta a otros derechos elementales, a este efecto consideramos que se debe abstraer el principio de subsidiariedad en aquellos casos en que una trabajadora o un trabajador demande la reincorporación a su fuente trabajo ante un despido sin causa legal justificada; con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto de que estas entidades una vez establecido el retiro injustificado conmine al empleador a la reincorporación inmediata en los términos previstos por el DS 0495, y ante su incumplimiento se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional. Entendimiento asumido en virtud a que en estos casos no sólo se halla involucrado el derecho al trabajo, sino otros derechos elementales como la subsistencia y a la vida misma de la persona, ya que cuando se afecta el derecho al trabajo a través de una despido injustificado, no sólo se afecta a la persona individual, sino a todo el grupo familiar que depende de un trabajador o trabajadora por cuanto implícitamente se atenta contra la subsistencia de sus hijos o dependientes, de ahí que el derecho al trabajo constituye uno de los principales derechos humanos.

Sin embargo, a efecto de consolidar la protección de la estabilidad laboral que rige en el Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de la vigencia de la Constitución, se hace necesaria la modulación sobre el tema: En consecuencia, aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar los siguientes supuestos:

1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas.

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada.

3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral′ (Reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0633/2014 de 25 de marzo, 0330/2015-S3 de 27 de marzo, 0190/2015-S1 de 26 de febrero, 1224/2016-S2 de 22 de noviembre y 560/2017-S3 de 19 de junio, entre otras).

        

En ese entendido, se advierte que la jurisprudencia constitucional expuesta, en mérito a la Norma Fundamental, disposiciones legales aplicables a materia laboral y a los principios de estabilidad laboral, continuidad de dicha relación y de protección del trabajador, estableció que el derecho al trabajo, en circunstancias de un despido injustificado, debe protegerse de manera inmediata y ausente de rigorismos procesales ordinarios, por lo que se reconoció a las Jefaturas Departamentales del Trabajo la facultad de tramitar y resolver la denuncia de despido ilegal o indebido del trabajador, pronunciando, en caso de verificar la veracidad de la denuncia, la conminatoria de reincorporación, determinación que de no ser cumplida u obedecida por el empleador, aquél tiene la vía ordinaria a su alcances para buscar la restitución de su derecho o, del amparo constitucional, precisamente por el carácter sumarísimo de ésta acción tutelar y porque la reticencia del empleador, no solamente incide negativamente en el trabajador, como persona individual, sino también en todo su entorno familiar, por constituir su trabajo en una fuente de subsistencia de él y de sus dependientes; en consecuencia, corresponde su tutela inmediata para el efectivo cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral.

Efectuando una modulación del razonamiento previsto en la SCP 0177/2012 citada, previa descripción de la normativa constitucional y legal aplicable, además de la descripción del trámite de la solicitud de reincorporación, previsto en el art. 2 de la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010, la        SCP 2355/2012 de 22 de noviembre, estableció: ‘De lo anterior, se extrae que ante una destitución intempestiva e injustificada de una trabajadora o un trabajador, las Jefaturas Departamentales de Trabajo, luego de imprimir el trámite del DS 0495, deben emitir la correspondiente conminatoria de reincorporación pudiendo la parte procesal plantear amparo constitucional para su cumplimiento, pese a ello, debe entenderse que la justicia constitucional no puede hacer cumplir una conminatoria cuando la misma carece de fundamentación alguna, ello debido a que:

En virtud al concepto de «Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario…» (las negrillas nos corresponden) (art. 1 de la CPE) y por la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, las decisiones incluidas las laborales, deben explicar las razones para la determinación pues ello además permite resguardar el principio de interdicción de la arbitrariedad;

Bajo el entendido de que las SSCCPP 0138/2012 y 0177/2012, obligan a la justicia constitucional a efectivizar conminatorias laborales de reincorporación del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social sin atender a su contenido, al menos deben desarrollar las razones que fundamentan la conminatoria y por supuesto una conminatoria clara, es decir, no resulta lógico que la justicia constitucional ejecute una resolución que no respeta estándares del debido proceso, pues en ciertos casos implicaría inclusive consagrar la violación de derechos;

Si bien la justicia constitucional en atención a las SSCCPP 0138/2012 y 0177/2012, debe otorgar tutela transitoria disponiendo la reincorporación provisoria de la o el trabajador no puede hacerlo si la orden no cuenta con los mínimos elementales que la hagan efectiva, lo contrario resultaría inejecutable, debiendo en su caso, previamente subsanarse en la vía administrativa previamente a que la justicia constitucional disponga su ejecución’.

La referida Sentencia Constitucional, ingresando al análisis del caso concreto, verificó que la conminatoria emanada de la Jefatura Departamental del Trabajo, no cumplía con el deber de fundamentación, debido a que no especificaba las razones por las que consideraba la existencia de un despido injustificado y porque no detalló las razones por las que dispuso la reincorporación de cincuenta y nueve trabajadores y trabajadoras, sin particularizar la situación de cada una y cada uno de ellos respecto a si todos se encontraban en la misma situación, a cuyo efecto denegó la tutela solicitada, revocando la tutela concedida por el Tribunal de garantías, aclarando además, que: ‘…la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no debe interpretarse en el sentido de la existencia o no de una relación laboral, ni puede utilizarse para determinar el cumplimiento o no de la resolución del Tribunal de garantías en su debido momento, sino provoca dos alternativas a seguir: a) Acudan a la Jefatura del Trabajo a efectos de que el vicio observado, es decir, la falta de fundamentación respecto a la situación de cada uno de ellos sea determinada y exista una conminatoria clara en lo referente a su ejecución ello porque la deficiente fundamentación de la conminatoria no es imputable a los representados quienes al verse beneficiados no podían impugnar la misma conforme se desprende de la SCP 0591/2012 de 20 de julio; y, b) Que los representados acudan a la vía laboral en cuyo caso la conminatoria de reincorporación podrá considerarse en el marco del resto de acervo probatorio para alcanzar la verdad material aspecto que no puede producirse en la justicia constitucional a través del amparo constitucional que no cuenta con una etapa probatoria amplia′ (Reiterada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1413/2013 de 16 de agosto, 0860/2014 de 8 de mayo y 0644/2017-S3 de 30 de junio, entre otras).

Razonamiento del que se puede extractar que la verificación del incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral de parte del empleador se supeditó a la fundamentación clara que debía contener la conminatoria, la que en caso de no cumplir con dicho elemento del debido proceso, imposibilitaba que la jurisdicción constitucional garantice su cumplimiento, situación ante la cual el trabajador debía acudir a la Jefatura del Trabajo para que, la falta de fundamentación en la conminatoria sea subsanada; o, a la vía judicial laboral, para efectivizar la restitución del derecho al trabajo, en mérito al acervo probatorio para alcanzar la verdad material, no correspondiendo esta facultad a la jurisdicción constitucional.

Por otro lado y con una posición totalmente contraria a los razonamientos jurisprudenciales expuestos, la SCP 0900/2013 de 20 de junio, con relación a la denuncia de lesión de derechos a la estabilidad laboral, al debido proceso y a la ‛seguridad jurídica’, por el incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral pronunciada por despido intempestivo, en favor de los accionantes; estableció primero, que ante la convocatoria pública emitida por la Universidad para los cargos que ostentaban los accionantes; éstos de manera voluntaria, se sometieron a dicho proceso, aspecto que implicó que hayan aceptado la posibilidad de ser o no seleccionados como docentes para las materias que dictaban; en consecuencia, consintieron el supuesto acto lesivo, a través de un acto concreto de voluntad, el haberse sometido ’voluntariamente‘ a un proceso o convocatoria pública para poder ser seleccionados como docentes de las materias de derecho las cuales anteriormente dictaban, aspecto por el cual, determinó denegar la tutela; después, pronunció, el siguiente razonamiento jurisprudencial, constitutivo de un cambio de la línea desarrollada en la SCP 0177/2012, con el siguiente razonamiento: ‘La amplia jurisprudencia constitucional, determinó la obligatoriedad de los empleadores de acatar la resolución emanada por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, que ordenen la reincorporación de las y los trabajadores. Así, la 0177/2012 de 14 de mayo, señaló: «…En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea…

(…) la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada».

En tal sentido se puede establecer con claridad que ante el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, el trabajador, podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a fin de perseguir se restituya su derecho al trabajo supuestamente vulnerado. Empero, cabe referir que el Tribunal Constitucional Plurinacional, no es una instancia más dentro del proceso administrativo laboral iniciado ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo, si bien, dichas instituciones pretenden precautelar los derechos de los trabajadores a la estabilidad laboral, empero, al emitirse una resolución que conmine la reincorporación, ello no debe significar que de manera inmediata, la jurisdicción constitucional, haga cumplir la misma tal cual se refirió, como si fuera una instancia más, que ordene la automática reincorporación del trabajador a su fuente laboral, en su caso, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la revisión de los procesos puestos en su conocimiento, debe hacer una valoración integral de todos los datos del proceso, los hechos y los supuestos derechos vulnerados, y después de ello, haciendo prevalecer la ‘verdad material’ sobre la verdad formal, emitirá un criterio, mediante una decisión justa y armónica con los principios, valores, derechos y garantías, contenidos en el texto Constitucional y en la ley, normas en la cual, el Tribunal debe circunscribir sus decisiones. Aspecto concordante con el art. 2.I de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) (Ley vigente en su primera parte), que señala: ‘La justicia constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y tiene la finalidad de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales’.

De lo señalado, se establece que la sola conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente laboral por parte de las Jefaturas Departamentales de Trabajo, no provoca que, este Tribunal deba conceder la tutela y ordenar su cumplimiento, en su caso, se hará una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados’ (Este razonamiento fue reiterado, ingresando al fondo de los hechos y circunstancias que dieron lugar a la conminatoria de reincorporación, en las SSCCPP 1034/2014 de 9 de junio, 0014/2016 de 4 de enero, 0631/2016-S2 de 30 de mayo, 0971/2016-S2 de 7 de octubre, 1020/2016-S1 de 21 de octubre, 1214/2017-S1 de 17 de noviembre, entre otras).

En el razonamiento desglosado, en el que se hizo una modulación expresa de la SCP 0177/2012, se estableció la necesaria verificación de la legalidad o ilegalidad del pronunciamiento de la conminatoria; es decir, si los datos, hechos y circunstancias que dieron lugar a la denuncia de despido injustificado del trabajador, ameritaban que el Jefe Departamental de Trabajo, ordene su reincorporación laboral; jurisprudencia que no obstante haber sido reiterada y asumida en distintas Sentencia Constitucionales Plurinacionales, sufrió una modulación expresa a través de la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, en el que se entendió, que: ‘De lo señalado, se evidencia que si bien existe un mandato normativo expreso para que la jurisdicción constitucional haga cumplir los mandatos de reincorporación, en atención a la naturaleza del derecho al trabajo en el Estado Social de Derecho, la tutela constitucional no puede emitirse a ciegas cual si la conminatoria por sí misma fuere ya un instrumento que obliga a esta instancia constitucional a brindar una tutela constitucional. Puesto que no debe perderse de vista que la naturaleza de la jurisdicción constitucional dista mucho del ejercicio de funciones de policía, de ahí que para concederse una tutela constitucional debe analizarse en cada caso la pertinencia de la conminatoria, al efecto, cabe establecer que a esta instancia constitucional no le compete ingresar al fondo de las problemáticas laborales que se le presentan, pues no es sustitutiva de la jurisdicción laboral ni mucho menos tiene la amplitud probatoria conducente a por sí misma para arribar a una verdad material; sin embargo, tampoco puede pretenderse la ejecutoria de conminatorias que emergen de procesos administrativos desarrollados al margen de la razonabilidad de un debido proceso.

Por todo ello, mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales, lo que implica una modulación de la SCP 0900/2013 de 20 de junio’ (Entendimiento reiterado en las SSCCPP 0510/2015-S1 de 22 de mayo, 1245/2015-S3 de 9 de diciembre, 1179/2015-S3 de 16 de noviembre, 0276/2016-S1 de 10 de marzo, 1212/2016-S2 de 22 de noviembre y 1057/2017-S3 de 13 de octubre, entre otras).

El razonamiento expuesto, reconoce inicialmente que la jurisdicción constitucional está impedida de conocer el fondo de los casos que originaron la emisión de la conminatoria de reincorporación laboral, abriendo la posibilidad, más adelante, de verificar si en la tramitación del proceso administrativo se lesionaron derechos fundamentales, específicamente del debido proceso, a cuyo efecto, en las problemáticas resueltas en mérito a dicho razonamiento, se analizaron los fundamentos de la conminatoria, verificando, sobre todo, la claridad en los fundamentos de dicha determinación.

En ese contexto jurisprudencial, antes de identificar el estándar más alto de protección del derecho fundamental al trabajo, estrechamente vinculado a los principios de estabilidad laboral y continuidad de dicha relación, constitucionalmente reconocidos y protegidos, es preciso tener presente que los citados principios, implican el mantenimiento de la relación laboral por un periodo de tiempo indefinido, asegurando al trabajador y a su familia, su subsistencia a través de la estabilidad económica, lo que en los hechos también incide positivamente en el empleador, debido a que éste contaría con personal experimentado, por la permanencia continua del trabajador, en el área laboral donde desempeña sus labores; sin embargo, aún reconociéndose como trascendental la estabilidad de la relación laboral y su continuidad, la misma, no necesariamente implica la inamovilidad laboral, por cuanto, conforme a ley, existen causas de despido o retiro, enmarcadas en el principio protector al trabajador, que dan lugar a la terminación de la relación laboral, las que deben ser observadas y debidamente justificadas por el empleador, de modo tal que la desvinculación laboral no constituya vulneración del derecho al trabajo; y, también existen situaciones especiales inherentes a cada trabajador (mujer embarazada o progenitor con hijos menores a un año y personas con discapacidad), que provocan una protección reforzada a su estabilidad y continuidad laboral, provocando su inamovilidad -segundo supuesto que no será analizado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional-.

 

Consiguientemente, resulta primordial recordar que la Norma Fundamental, se sustenta y promueve los principios ético-morales de la sociedad plural, entre los que se encuentra el ‘sumaq qamaña‛, cuya garantía de efectivización se constituye en uno de los fines y funciones esenciales del Estado, conjuntamente los demás principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados por la Constitución, consideración que fue abordad en la SCP 1917/2012 de 12 de octubre, que se cita simplemente a modo de pedagogía constitucional, al resultar útil el razonamiento que esgrimió con relación a la naturaleza del referido principio ético-moral, que entendió en dos ámbitos socioeconómicos diferentes, uno que responde a la cosmovisión originaria ancestral de los pueblos y naciones originarias, donde la vida es entendida de un modo integral como una relación e interacción permanente y recíproca de los seres vivientes en la tierra y en el cosmos, donde la vida se realiza en comunidad entre todos los seres existentes, en una relación de respeto recíproco, complementario y equilibrado de las acciones emprendidas en consideración de todos; y, otro, en el que la concepción del vivir bien no depende de la voluntad de unos o de otros como tampoco de la concesión premiosa y automática de la naturaleza, sino de todos los factores existentes en el planeta tierra, es por ello que los seres humanos en su actividad transformadora sobre la naturaleza actúan con responsabilidad y agradecimiento permanente hacia la misma, porque ella es en última instancia la proveedora de productos alimenticios y de energías vitales para la vida como el fuego, el aire y el agua, todas esas condiciones hacen posible el vivir bien.

Con ese preámbulo, el referido pronunciamiento constitucional, estableció que: ‘…el vivir bien, dentro de un estado capitalista solamente puede ser posible cuando el Estado y sus instituciones, trabajen decididamente en el diseño de políticas públicas orientadas a la plasmación real del vivir bien y su implementación se lleve acabo en distintos ámbitos, uno de los cuales es la administración de justicia, donde se debe plasmar este objetivo supremo de la sociedad plural que se pretende construir con el Estado Plurinacional.

En ese marco de razonamiento, las relaciones laborales, se desarrollan dentro de los paradigmas occidentales, donde por un lado está el empleador como el que tiene la potestad de comprar la mano de obra y decidir el despedido del trabajador de su fuente de trabajo, de ese modo se merma la realización y concreción real de este principio rector y base de la sociedad plural que es la de alcanzar el vivir bien para todos; por cuanto, se priva de lo indispensable para el sustento de la vida, no solamente del trabajador individualmente considerado, sino también de su familia, por ello es que el constituyente otorgó y rodeó de mayores garantías a los derechos laborales y sociales para que la vida en su calidad de valor supremo no esté supeditada a la voluntad y capricho de los empleadores públicos o privados. Desde ese punto de vista, es justo y absolutamente necesario amparar a los trabajadores que se encuentren en situaciones de despido injustificado’”.

Luego de la amplia descripción de los cambios de entendimiento asumidos en la jurisprudencia constitucional, en la que se efectuó una análisis integral y comparativo de dichos razonamientos, teniendo presente la doctrina del estándar más alto de protección de derecho contenido en aquélla, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, concluyó que:

“Conforme a ello y considerando el desarrollo jurisprudencial constitucional, sobre la protección del derecho al trabajo, a través del cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, emitida en área administrativa, es posible concluir que la efectiva materialización del derecho al trabajo, en observancia de los principios de estabilidad y continuidad laboral; y, de protección, constituye el entendimiento que, en observancia de la modificación introducida por el DS 0495 a su similar 28699, otorga la posibilidad al trabajador de acudir a la jurisdicción constitucional, antes de la activación de la vía jurisdiccional ordinaria y la culminación del procedimiento administrativo, con el objeto de lograr la tutela de su derecho al trabajo, ante el incumplimiento, de parte del empleador, de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo, en el entendido de que el legislador, en mérito a la importancia del derecho fundamental citado, cuyo respeto implica no sólo un bienestar individual del trabajador, sino del de todo su entorno familiar, asumió que las acciones constitucionales -acción de amparo constitucional para este tipo de problemáticas- constituyen el medio eficaz e inmediato para materializar el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral.

Es así, que no es posible concebir que en la tarea de verificar una denuncia de incumplimiento de la conminatoria, lesivo del derecho al trabajo, se conciba al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia de ejecución de decisiones administrativas o como un órgano de policía, encargado de hacer cumplir las mismas, sino como un garante del ejercicio del derecho fundamental en cuestión, asumiéndose que en el marco del principio protector del trabajador, la instancia laboral administrativa, actuó conforme al marco constitucional y legal previsto para viabilizar el retiro o despido de un trabajador, encontrándose imposibilitada ésta jurisdicción de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, ameritaban tal determinación, debido a que eso corresponde a la jurisdicción ordinaria que contiene una etapa amplia de producción de prueba y potestad de valorar la misma, posibilidad que está al alcance del empleador en caso de disentir con la decisión de la instancia administración laboral, lo que de ningún modo le posibilita incumplir la determinación de reincorporación; en contrario, éste Tribunal tiene atribuciones limitadas estrictamente a verificar el respeto de los derechos fundamentales o garantías constitucionales; en consecuencia, corresponde reconducir el razonamiento jurisprudencial desarrollado sobre esta problemática, volviendo a sumir el previsto en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, con la finalidad de otorgar una pronta e idónea protección del derecho al trabajo”.

III.3.  Análisis del caso concreto

           En el caso que se examina, la problemática planteada radica en la negativa de la Administradora Regional de la Caja de Salud de la Banca Privada de La Paz, Zulma Susam Cárdenas Tarquino, de dar cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S.495/RAAM 007/2017, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de La Paz, a través de la cual, se dispuso que dicha autoridad, reincorpore en sus funciones a Ronald Eduardo Villaverde Argani; incumplimiento que persiste hasta la realización de la audiencia de la presente acción de amparo constitucional; pese a que, en reiteradas oportunidades se solicitó a la autoridad administrativa de la Caja de Salud de la Banca Privada de La Paz, que cumpla con la orden de reincorporación efectiva a su puesto de trabajo, aspecto que no fue observado, conforme se advierte de lo señalado en el Informe J.D.T.L.P.-RAAM-V-146/2018 emitido por la Inspectora de la Jefatura de Trabajo, Empleo y Previsión Social de La Paz.

A objeto de resolver la problemática planteada por el impetrante de tutela, corresponde aplicar la línea jurisprudencial desarrollada en la               SCP 0015/2018-S4, que asume la jurisprudencia contemplada en la      SCP 0177/2012 de 14 de mayo, la cual establece que con el objetivo de resguardar al trabajador ante despidos intempestivos y sin causa legal justificada, se creó un procedimiento administrativo sumarísimo, otorgándole facultades al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a fin de determinar si el retiro se justifica o no; para que de acuerdo a ello, se proceda a una conminatoria de reincorporación y finalmente recurrir a la instancia constitucional, en caso de resistencia por parte del empleador a su cumplimiento, medida adoptada con el fin de garantizar la ejecución inmediata de un acto administrativo a través de la jurisdicción constitucional.

Se aclara sin embargo, que la indicada protección no implica que la jurisdicción constitucional se constituya en una instancia más dedicada a la ejecución de decisiones administrativas; ni se la atribuya a este Tribunal, funciones coercitivas para el cumplimiento de las mismas; sino se constituye en un mecanismo inmediato para el restablecimiento de los derechos fundamentales al trabajo, a un empleo digno y a la estabilidad laboral, a través de la materialización efectiva del cumplimiento de la orden de restitución del trabajador a su fuente laboral, con el consecuente pago de sus salarios devengados y otros derechos sociales que le correspondan; tomando en cuenta que el empleador, mantiene la vía expedita en el ámbito administrativo  o jurisdiccional para demostrar una posible ilegalidad de la Conminatoria de reincorporación, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de La Paz.

Es así que, ingresando al análisis de la especie, se advierte que la autoridad demandada, Zulma Susam Cárdenas Tarquino, en su condición de Administradora Regional de la Caja de Salud de la Banca Privada de La Paz, pese a haber sido legalmente notificada con la referida Conminatoria, se resistió a dar cumplimiento a la misma; y en lugar de ello, interpuso los recursos de revocatoria ante la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de La Paz, que ratificó su decisión, mereciendo la interposición de recurso jerárquico ante el Ministerio del mismo ramo, que desestimó el citado recurso, manteniendo firme y subsistente la Resolución de revocatoria impugnada.

En consecuencia, la persistencia en la actitud de la mencionada autoridad, de incumplir la decisión de la instancia laboral, obligó al accionante, a interponer la presente acción de amparo constitucional, solicitando el cumplimiento de la Conminatoria emitida en su favor, y por ende su restitución al cargo que ocupaba al momento de ser despedido, por considerar que se vulneraron sus derechos al trabajo, al salario, a la seguridad social y a la estabilidad laboral; resultando como consecuencia de todo lo argüido precedentemente, que la presente acción de defensa se adecúa al diseño de los derechos susceptibles de ser protegidos en la vía constitucional, por cuanto la tutela en examen surge únicamente con la finalidad de que se ordene el cumplimiento de la citada Conminatoria, en el ámbito de una protección de carácter provisional y extraordinaria, pues como se expresó, se salvan los resultados de fondo del caso, a la culminación del procedimiento administrativo o judicial.

Por mandato del art. 10.III. del DS 28699, modificado por los parágrafos IV y V del DS 0495, la conminatoria, a partir de su notificación se convierte en vinculante en su cumplimiento, la misma que, no obstante de ser susceptible de impugnaciones posteriores en la vía administrativa o judicial, es de ineludible cumplimiento por la autoridad demandada.

De acuerdo con los fundamentos jurídicos desarrollados precedentemente, a partir de la concepción del nuevo Estado Social de Derecho, los principios de favorabilidad y aplicando el estándar más alto; se determina que la estabilidad laboral constituye un derecho reconocido por la Constitución Política del Estado, por lo tanto, de aplicación directa e inmediata, conforme establece el art. 109.I de la misma Norma Suprema, lo que implica que en el marco del derecho al trabajo que tiene toda persona, que asegura su subsistencia y la de sus dependientes, al Estado le corresponde adoptar una serie de políticas sociales; así como, medidas de orden legislativo, administrativo y jurisdiccional, destinadas a garantizar un trabajo estable, protegiendo a los trabajadores de un despido arbitrario por parte del empleador, sin que medien circunstancias atribuidas a su conducta o desempeño laboral resueltas bajo normas expresas en proceso administrativo interno; de acuerdo a lo que estipula el art. 49.III de la Ley Fundamental, cuando expresamente previene que el Estado protegerá la estabilidad laboral, prohibiendo el despido injustificado y toda forma de acoso laboral; conforme se tiene desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Por lo expuesto, se advierte que resulta evidente la inobservancia del carácter vinculante del cumplimiento de la Conminatoria emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de La Paz, por parte de la autoridad demandada, por cuanto se resistió a cumplir la misma, a pesar de haber tenido pleno conocimiento de dicha decisión, conforme se infiere del Informe J.D.T.L.P.-RAAM-V-146/2018, emitido por la Inspectora Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de La Paz.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 008/2018 de 21 de marzo, cursante de fs. 218 a 226 vta., pronunciada  por la Jueza Pública de Familia Tercera del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada proceda a la reincorporación inmediata de Ronald Eduardo Villaverde Argani, al mismo puesto de trabajo que desempeñaba al momento de su desvinculación laboral, así como al pago de los salarios devengados y otros derechos sociales que le corresponda, conforme a los términos establecidos en la  Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 495/RAAM/ 007/2017 de 9 de agosto, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de La Paz.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO