SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0002/2020-S3

Sucre, 18 de febrero de 2020

SALA TERCERA

Magistrado Relator:      Dr. Petronilo Flores Condori

Acción de libertad

Expediente:                   30540-2019-62-AL

Departamento:               Potosí

En revisión la Resolución 01/2019 de 21 de agosto, cursante de fs. 18 vta. a 22; pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Senón Quispe Mamani contra Weimar Luis Marcel Paz Pérez, Fiscal de Materia y Judith Copa Moya, Funcionaria Policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

  El accionante por memorial presentado el 20 agosto de 2019, cursante de fs. 1 a 6, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 19 de “noviembre” de 2019 -lo correcto es agosto-, después de consumir bebidas alcohólicas con sus compañeros de trabajo; se dirigió a su casa, donde su esposa se percató de su estado de ebriedad y lo increpó, situación que derivó en una discusión. Después de recuperar del estado en el que se encontraba buscó a su esposa, y ante esa situación, su cuñada le informó que la misma sufrió una descompensación por su estado de gravidez -embarazo- por lo que se dirigió al Hospital Cubano Boliviano, donde le indicaron que su esposa, así como su hijo, estaban con buen estado de salud.

Al promediar las 21:30 horas, fue aprehendido por la funcionaria policial, Judith Copa Moya -hoy codemandada-, por existir una denuncia en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, siendo trasladado a dependencias de la (FELCV).

Se encuentra detenido, y a pesar de que sus familiares fueron a recabar información ante la Fiscalía Departamental de Potosí y a la Plataforma de Atención al Público e Informaciones dependiente del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, los funcionarios de esas reparticiones manifestaron que no existía causa penal, y menos una orden de aprehensión en su contra, de igual manera en los juzgados de instrucción penal no fue radicado ningún informe de inicio de una acción penal.

Se procedió a su aprehensión sin que su persona haya sido sorprendida en flagrancia cometiendo un hecho delictivo; además, de que no existió orden emanada de autoridad competente para su aprehensión.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; citando al efecto los arts. 23 y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se ordene su inmediata libertad, en tanto se promueva la acción penal en su contra; b) Se anule las actuaciones investigativas realizadas sin control jurisdiccional; y, c) Se condene a los demandados a la reparación de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 21 de agosto de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 15 a 18, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Retiro de la acción

El abogado del accionante en audiencia manifestó que retira la acción de libertad, en virtud a que su defendido se encuentra “libre”.

 

I.2.2. Informes del Representante del Ministerio Público y funcionaria

policial demandados

Weimar Luis Marcel Paz Pérez, Fiscal de Materia, en audiencia, manifestó que: 1) Se inició un “proceso penal de oficio” contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; 2) Ante el Ministerio Público se presentó un informe de la funcionaria policial, Belsy Flores, quien dio a conocer un hecho de violencia intrafamiliar suscitado a las 20:45 horas; 3) Consta en el cuaderno de investigación el formulario especial de la Policía Boliviana Nacional, que el accionante fue aprehendido conforme lo establecen los arts. 227 y 230 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 4) La “Policia” al conocer ese hecho procedió a la persecución del accionante, para ponerlo a disposición de la autoridad judicial en calidad de aprehendido; en coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; 5) El accionante indicó que no se emitió ningún mandamiento de aprehensión; 6) El 19 de agosto de 2019, a las 23:30 horas, luego de tres horas fue comunicado el informe de la “policía” al representante del Ministerio Público, que tiene un plazo de veinticuatro horas para poner en conocimiento del juez cautelar de turno para el control jurisdiccional e iniciar la investigación preliminar, promover la imputación formal o remitir a disposición del referido Juez a efectos de que disponga la libertad del aprehendido; 7) El Ministerio Público dentro de la etapa preliminar de la investigación debe recabar los elementos de convicción, de acuerdo al art. 233.1 del CPP, para establecer la participación o autoría del aprehendido. En el presente caso, por los insuficientes indicios se vieron imposibilitados de realizar un requerimiento de imputación formal, en previsión a los arts. 301 y 302 del CPP. El 20 del indicado mes y año, a “horas 20” se comunicó el inicio de investigación, dentro de las veinticuatro horas, a la autoridad jurisdiccional que dispuso la libertad del aprehendido; 8) La víctima solicitó conciliación y la emisión de una nueva resolución conforme dispone el art. 304 del citado cuerpo normativo; y, 9) No se anexó prueba alguna al memorial de demanda que demuestre la vulneración del derecho a la libertad; finalmente, solicitó se rechace la acción de libertad promovida por el accionante.

Judith Copa Moya, Funcionaria Policial de la FELCV, en audiencia, señaló lo siguiente: i) El 19 de “julio” -lo correcto es agosto- de 2019 se encontraba de servicio y ante la denuncia de la Coordinadora de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia sobre un caso de violencia familiar o doméstica en el Hospital Cubano Boliviano, tomó contacto con la víctima que se encontraba internada con trabajo de parto, refiriendo que su esposo en estado de ebriedad la agredió; ii) El médico que atendió el caso, informó que la nombrada ingresó a las 19:45 horas con un politraumatismo lo que condujo a que el parto se adelantara; y, iii) A las 21:30 horas, se hizo presente el hoy accionante, para conocer el estado de salud de su esposa, momento en el que fue aprehendido y conducido a oficinas de la FELCV.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 01/2019 de 21 de agosto, cursante de fs. 18 vta. a 22, dispuso el “rechazo” de la acción de libertad, bajo los siguientes fundamentos: a) Se evidencia que, ante la denuncia de la Coordinadora de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, la funcionaria policial ahora codemandada, aprehendió al accionante el 19 de agosto de 2019 a las 20:45 horas, para luego a las 23:30 horas, informar al representante del Ministerio Público, quien dentro de las veinticuatro horas conforme dispone el art. 226 del CPP, puso a conocimiento del Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del referido departamento la situación del aprehendido; por lo que, en virtud a que se contó con pocos elementos dentro de la investigación, se ordenó la libertad del accionante, hecho que hizo notar su abogado en audiencia; b) De la revisión de antecedentes se tiene que se cumplió con los plazos procesales previstos en los arts. 227 y 230 del CPP; y, c) Se determinó la inexistencia de vulneración de su derecho a la libertad, debido a que actualmente el accionante se encuentra gozando de dicho derecho.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Consta la acción de libertad, presentada por Senón Quispe Mamani -hoy accionante- el 20 de agosto de 2019, admitida en la citada fecha, señalando audiencia para el 21 de igual mes y año, con lo que fueron notificadas las partes en la misma fecha (fs. 1 a 6).

II.2.  Cursa Acta de audiencia pública de acción de libertad realizada el 21 de agosto de 2019, en el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, en la que se evidencia que la funcionaria policial codemandada comunicó al Ministerio Público la aprehensión del accionante a las 23:30 horas; es decir, dentro de las tres horas a partir de su detención (21:45), el representante del Ministerio Público a su vez dentro de las veinticuatro horas, puso a disposición del  Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del referido departamento, quien  dispuso su libertad, motivo por el que su abogado en  audiencia retiró de manera verbal la acción de libertad (fs. 15 a 18).

                  III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, en razón a que se procedió a su aprehensión de manera ilegal, sin el mandamiento correspondiente ni previo inicio de investigación en su contra.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1.  El control jurisdiccional de la investigación dentro de un proceso penal

           La SCP 0999/2017-S1, de 11 de septiembre, aplicando la norma procesal sobre el control jurisdiccional dentro del proceso penal y recogiendo los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional, al respecto, estableció que: “El art. 54.1 del CPP, señala que los jueces de instrucción penal serán competentes para el control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en el mismo ordenamiento legal. Asimismo, el art. 279 del mismo Código establece que el Ministerio Público y la Policía Nacional actuaran siempre bajo control jurisdiccional y que los fiscales no podrán realizar actos jurisdiccionales ni los jueces actos de investigación que comprometan su probidad.

          

           Este Tribunal, a través de la jurisprudencia constitucional estableció: ‘…ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa’ así lo entendió la SC 0054/2010-R de 27 de abril.

           En ese mismo sentido, la SC 0943/2011-R de 22 de junio indicó: ‘…es necesario precisar que esta acción de defensa, no puede ser desnaturalizada en su propósito, evitando que se convierta en un medio paralelo con la jurisdicción ordinaria; criterio que fue asimilado por la jurisprudencia emitida por este Tribunal cuando citando a los arts. 54.1 y 279 del CPP, advirtió que el Juez de Instrucción en lo Penal dentro de la etapa investigativa, es la autoridad encargada del control jurisdiccional de la investigación, así como de los actos del Ministerio Público y los funcionarios policiales, determinando que toda persona que considere la existencia de una acción u omisión que lesione su derecho a la libertad dentro de dicha etapa, debe inexcusablemente con carácter previo a acudir a este medio de defensa efectuar sus reclamos ante el Juez cautelar para que dentro de un plazo razonable éste se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de su arresto o aprehensión, ordenando lo que en derecho corresponda, y en caso de persistir la supuesta lesión, recién activar la presente acción de libertad como medio de defensa’” .

III.2.   Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, en razón a que se procedió a su aprehensión de manera ilegal, sin el mandamiento correspondiente ni previo inicio de investigación en su contra.

           El Tribunal de garantías, dispuso de manera correcta llevar a cabo la audiencia pública de acción de libertad, no obstante del retiro de la misma, conforme a lo establecido en la SCP 1090/2012 de 5 de septiembre, que señala que: “…se evidencia que el Juez de garantías, obró de manera correcta al continuar con el conocimiento de la causa y celebrar la audiencia; por cuanto, el desistimiento se planteó cuando la presente acción de libertad había sido admitida y señalada la audiencia, así como citada la demandada, ante lo cual no podía considerarse el desistimiento, más aún si conforme a la modulación efectuada por la SCP 0103/2012, la única oportunidad procesal para poder retirar o desistir la acción de libertad, es antes de fijado el día y hora de la audiencia pública…” (las negrillas nos corresponden).

           Tal entendimiento resulta aplicable al caso concreto, por lo que corresponde analizar la presente acción de libertad.

Ahora bien, de la revisión del Acta de audiencia referida en las Conclusiones II.1. y II.2., de lo vertido por el representante del Ministerio Público, por la funcionaria policial  -ahora demandados- y por el Tribunal de garantías, quien tuvo acceso al cuaderno de investigación; se  tiene que el accionante el 19 de agosto de 2019, en estado de ebriedad presuntamente agredió físicamente a su esposa, que se encontraba en estado de embarazo de treinta y seis semanas; por lo que tuvo que acudir al Hospital Cubano Boliviano y, a consecuencia de dicha agresión, nació su hijo en el citado nosocomio. Ante esa situación, los médicos del indicado Hospital informaron ese hecho a la Coordinadora de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de Potosí, quien presentó la respectiva denuncia ante la FELCV. La funcionaria policial -ahora codemandada- procedió a la aprehensión del accionante a las 20:45 horas, y mediante informe se comunicó al Ministerio Público a las 23:30 horas, autoridad que en el plazo de veinticuatro horas; es decir,  el 20 de igual mes y año a las 20 horas se puso a disposición del Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del referido departamento, para que se defina su situación jurídica, previos los actuados investigativos preliminares, y en virtud a la inexistencia de elementos probatorios que lleven a una imputación, se ordenó su inmediata libertad.

Conforme a lo advertido por el representante del Ministerio Público se evidencia que existió control jurisdiccional, tal cual señala el art. 279 del CPP; consiguientemente, la jurisdicción constitucional, no puede desconocer la facultad conferida por el legislador al juez cautelar en el marco de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

  De lo expuesto, se tiene que el accionante no acudió ante el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí, ante quien pudo exponer los motivos que ahora denuncia en la presente acción de defensa, activando los mecanismos ordinarios de protección que el Código de Procedimiento Penal prevé y que resulten eficaces, idóneos y oportunos a la pretensión del accionante en lugar de acudir directamente a la jurisdicción constitucional mediante la acción de libertad, que se activa únicamente cuando dichos medios no resultaren efectivos y persista la lesión al derecho a la libertad al no haberlo hecho, no se abre el ámbito de protección de esta acción tutelar, razón por la cual, en aplicación de la subsidiariedad excepcional de la presente acción de libertad, corresponde denegar la tutela solicitada.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al determinar el “rechazo” de esta acción tutelar, aunque utilizando terminología equivocada, obró correctamente.

POR TANTO

  El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CORRESPONDE A LA SCP 0002/2020-S3 (viene de la pág. 6).

1°    CONFIRMAR la Resolución 01/2019 de 21 de agosto, cursante de fs. 18 vta. a 22; pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

2°    Exhortar a Eldy Duarte Rocabado, Presidente y Cimar Álvarez Wáyar, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí a que en posteriores resoluciones eviten incurrir en error al utilizar la terminología “rechazo”, siendo lo apropiado denegar la tutela.

        Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA