SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0872/2021-S4
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0872/2021-S4

Fecha: 17-Nov-2021

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0872/2021-S4

Sucre, 17 de noviembre de 2021

SALA CUARTA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:    René Yván Espada Navía

Acción de libertad

Expediente:                 37397-2021-75-AL

Departamento:            Santa Cruz

En revisión la Resolución 52/20 de 24 de noviembre de 2020, cursante de fs. 189 a 192 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Tolay en representación sin mandato de Bruno Fernando Limpias Lottersberger contra Olvis Egüez Oliva, José Antonio Revilla Martínez, Esteban Miranda Terán, Marco Ernesto Jaimes Molina, Carlos Alberto Egüez Añez y Ricardo Torres Echalar, Magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

I.    ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de octubre de 2020, cursante de fs. 1; y, 11 a 13; el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante Auto Supremo 61/2019 de 27 de marzo, pronunciado por los Magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia –ahora demandados–, se dispuso su detención preventiva con fines de extradición, por el plazo máximo de noventa días; es así, que en cumplimiento del referido Auto Supremo, Ana Gloria Rojas Flores, Jueza de Instrucción Penal Décima del departamento de Santa Cruz, expidió el respectivo Mandamiento de Detención Preventiva el 27 de junio de 2019, misma que fue ejecutado el 3 de julio de igual año, siendo conducido al Centro Penitenciario “Palmasola” de Santa Cruz; habiéndose cumplido los noventa días dispuestos el 3 de octubre del mismo año, y transcurrido más de doce meses y veintitrés días desde su detención preventiva.

En tales antecedentes, estando vencido dicho plazo, en aplicación del art. 14.3 de la Convención Interamericana Sobre Extradición, solicitó a la referida Jueza, el inmediato cese de su detención preventiva, siendo negada su pretensión el 8 de junio de 2020, y confirmado dicha decisión por Walter Pérez Lora, Presidente y Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; resoluciones que fueron pronunciadas previa a la interposición de dos anteriores acciones de libertad.

Finalmente, interpuso una tercera acción de defensa, misma que recayó en la Sala Penal Tercera del referido Tribunal Departamental, constituida en Tribunal de garantías, presidido por Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la citada Sala; misma que le fue denegada la tutela impetrada, debido a que la señalada Jueza de Instrucción (Ana Gloria Rojas Flores), no hubiera informado al Tribunal Supremo de Justicia sobre la ejecución del Auto Supremo 61/2019; por lo que, no se podría ordenar al mismo que disponga su inmediata libertad.

En tales antecedentes a solicitud suya y previa orden de la mencionada Jueza de Instrucción, el Secretario de dicho Juzgado, se constituyó ante el Tribunal Supremo de Justicia a objeto de informar la ejecución del Auto Supremo 61/2019, dejando una copia legalizada del expediente; y, a solicitud del referido Tribunal Supremo se envió el expediente original; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de libertad, los Magistrados demandados, no se pronunciaron sobre su situación jurídica.

Asimismo, manifestó que se encuentran vulnerados sus derechos a la vida y a la salud, al estar hacinado en el Centro Penitenciario “Palmasola” de Santa Cruz, donde existen casos de COVID-19 y fallecidos por el referido virus; y, aclarando no haber cometido ningún delito en Bolivia.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció estar indebidamente detenido, lesionando sus derechos a la libertad, a la vida y a la salud; citando al efecto lo previsto por los arts. 15.I, 18.I, 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 14.3 de la Convención Interamericana Sobre Extradición.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que los Magistrados demandados, dispongan su libertad de manera inmediata, por ser ilegal su detención.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 24 de noviembre de 2020, según consta en el acta cursante de fs. 186 a 188 vta., presente el solicitante de tutela asistido por su abogado y ausentes las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su abogado en audiencia, ratificó íntegramente en su demanda de acción de libertad y ampliándola, señaló que: La detención preventiva con fines de extradición fue dispuesta con base al Tratado de Extradición de 24 de abril de 1990, suscrito entre España y Bolivia; habiendo transcurrido hasta el 22 de agosto de 2020, casi dos años desde su detención en el Centro Penitenciario “Palmasola” de Santa Cruz, conforme se tiene del informe evacuado por el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Décimo del departamento de Santa Cruz, sin que el Tribunal Supremo de Justicia ni el estado Español, se hubieran pronunciado respecto a su situación jurídica; pese a que, ya se informó a los Magistrados demandados, que se hubiera ejecutado el mandamiento de detención, conforme dispuso una anterior acción de libertad; siendo que, el derecho a la libertad solo puede ser restringido en los límites que señala la ley; y, se encuentra vencido el plazo de noventa días que refiere el Auto Supremo 61/2019, conforme a lo previsto por el art. 24.5 y 6 del referido Tratado.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Olvis Egüez Oliva, José Antonio Revilla Martínez, Esteban Miranda Terán, Marco Ernesto Jaimes Molina, Carlos Alberto Egüez Añez y Ricardo Torres Echalar, Magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, no se presentaron en la audiencia de consideración de esta acción de defensa ni remitieron informe escrito alguno, advirtiéndose que se puso en conocimiento a los referidos Magistrados, vía WhatsApp por la oficial de diligencias, como consta a fs. 193.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Décima Cuarta del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 52/20 de 24 de noviembre de 2020, cursante de fs. 189 a 192 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas a partir de su legal notificación, las autoridades demandadas, definan la situación jurídica del accionante; y, denegó la tutela impetrada, en relación a la solicitud de concesión de libertad; bajo los siguientes fundamentos: a) Cursa en el Juzgado de Instrucción Penal Décimo del departamento de Santa Cruz, a cargo de Ana Gloria Rojas Flores, oficio de 21 de mayo de 2019; por el cual, el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, remite a dicho despacho judicial, el Auto Supremo 61/2019, que dispone la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano extranjero Bruno Fernando Limpias Lottersberger –hoy impetrante de tutela–, señalando un plazo máximo de noventa días; cursando asimismo, Oficio 2146/2019 de 14 de noviembre; por el cual, la referida Jueza de Instrucción, hiso conocer al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que en varias oportunidades se informó al Tribunal Supremo de Justicia y a la Embajada de España, que el accionante se encuentra detenido preventivamente con fines de extradición, y que se encuentra el plazo vencido, solicitando se pronuncien al respecto; asimismo cursa a “fojas 103” Auto de 6 de marzo de 2020; por el que, la señalada Jueza de Instrucción, instruyó que por secretaría de su Juzgado, se oficie al Tribunal Supremo de Justicia haciendo una relación de comunicaciones anteriores y se manifieste sobre la situación del detenido que ha cumplido el término de dicha medida y sea en el día; y, b) De la revisión de los señalados antecedentes, se tiene que la detención del impetrante de tutela, se hizo efectiva el “27 de junio de 2019”, y las autoridades demandadas tuvieron conocimiento de la ejecución de dicha detención y del plazo vencido; y, hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa, se ha sobrepasado el plazo de noventa días sin que las autoridades demandadas se hubiesen manifestado al respecto, evidenciando ello vulneración del derecho a la libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.  Por Auto Supremo 61/2019 de 27 de marzo, pronunciado por José Antonio Revilla Martínez, Esteban Miranda Terán, Marco Ernesto Jaimes Molina, Carlos Alberto Egüez Añez y Ricardo Torres Echalar, Magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia –ahora demandados–, se dispuso la detención preventiva con fines de extradición de Bruno Fernando Limpias Lottersberger –hoy accionante–, por el plazo máximo de noventa días (fs. 3 a 4).

II.2.  Consta Mandamiento de Detención Preventiva con Fines de Extradición a España de 27 de junio de 2019, contra el impetrante de tutela, librada por Ana Gloria Rojas Flores, Jueza de Instrucción Penal Décima del departamento de Santa Cruz, ordenado al Director del Centro Penitenciario “Palmasola” de Santa Cruz, en cumplimiento del Auto Supremo 61/2019 (fs. 5).

II.3.  Cursa Certificación de 22 de agosto de 2019, pronunciada por Julio César Daza Espada, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Décimo del referido departamento, estableciendo que el 3 de julio de 2019, se procedió a la detención preventiva con fines de extradición del solicitante de tutela (fs. 6).

II.4.  A través de Oficio 2146/2019 de 14 de noviembre, la Jueza de Instrucción Penal Décima de dicho departamento, hizo conocer a Efraín Cruz Limachi, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que en reiteradas oportunidades se han enviado oficios tanto al Tribunal Supremo de Justicia como a la Embajada de España, respecto a la detención preventiva del hoy impetrante de tutela, que se encuentra vencido el plazo máximo de noventa días, y se pronuncien al respecto (fs. 7).

II.5.  Mediante memorial presentado el 11 de mayo de 2020, por Bruno Fernando Limpias Lottersberger, ante la Jueza de Instrucción Penal Décima del mismo departamento, solicitó cesación a la detención preventiva con fines de extradición, indicando que se encontraría detenido preventivamente por más de los noventa días que señaló el Auto Supremo 61/2019, y que debe ser puesto en libertad de manera inmediata; asimismo, se hallaría en riesgo su salud, ya que al estar detenido en un Centro Penitenciario donde existe gran aglomeración de personas, pueden ser contagiado con el COVID-19 (fs. 8 y vta.).

II.6.  Cursa decreto de 15 de octubre de 2020, pronunciado dentro del trámite de detención preventiva con fines de extradición del accionante; por el cual, la Jueza de Instrucción Penal Décima del departamento de Santa Cruz, dispuso se remitan actuados originales al Tribunal Supremo de Justicia (fs. 10 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, alega estar indebidamente detenido, lesionando sus derechos a la libertad, a la vida y a la salud; puesto que, los Magistrados demandados no se pronunciaron sobre su situación jurídica; pese a que, la Jueza de Instrucción Penal Décima del departamento de Santa Cruz, les informó de la ejecución de su detención preventiva con fines de extradición dispuesta por Auto Supremo 61/2019, y que se encuentra vencido el plazo de noventa días que dispone dicho fallo; asimismo, se encuentra en peligro su vida y su salud al encontrarse en riesgo de contraer el COVID-19, por el hacinamiento en que se encuentra.

En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre la privación de libertad a través de la medida de detención preventiva con fines de extradición. Competencia

La SCP 0317/2020-S4 de 29 de julio, al respecto precisó que: “Conforme al Código de Procedimiento Penal, la extradición se regirá por las Convenciones y tratados internacionales vigentes y subsidiariamente por las normas de dicho cuerpo normativo o por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable, previéndose igualmente los presupuestos de procedencia, improcedencia y ejecución diferida de la citada medida.

El órgano competente para decidir sobre la procedencia de los pedidos de extradición, conforme al art. 154 del citado Código, es la Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia, en sujeción a las siguientes facultades.

1) Ordenar la detención preventiva del extraditable por un plazo máximo de seis meses siempre que se acredite la existencia de una sentencia condenatoria o resolución judicial de detención;

2) Ordenar la detención provisional del extraditable por un plazo máximo de noventa días cuando no se hayan presentado todos los documentos exigidos para la procedencia de la extradición; y,

3) Disponer la entrega al Estado requirente, de todo o parte de los bienes muebles instrumentos del delito, incautados o secuestrados al extraditable’ (sic).

Asimismo, cuando se trata de la extradición activa, el procedimiento penal establece que la solicitud de extradición debe ser decretada por el juez o tribunal del proceso, a petición del fiscal o del querellante, cuando exista imputación formal del delito y, también de oficio, cuando exista sentencia condenatoria (art. 156 del CPP).

En la extradición pasiva, que es la solicitada por un Estado requirente al Estado boliviano, debe presentarse al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, acompañada de la identificación más precisa de la persona extraditable, de los datos que contribuyan a determinar el lugar en el que se encuentre y del texto autenticado de la disposición legal que tipifica el delito, debiendo acompañarse la documentación exigida de una traducción oficial al idioma español, entre otros requisitos, también determinados en la norma procesal penal (art. 157 del adjetivo penal).

Radicada la solicitud de extradición en el Tribunal Supremo de Justicia, los antecedentes se remitirán a conocimiento de la Fiscalía General del Estado, a objeto de que, en el plazo de diez días, requiera sobre su procedencia o improcedencia. Recibido el requerimiento fiscal, el Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los veinte días siguientes, resolverá concediendo o negando la extradición solicitada (art. 158 del CPP); en concordancia con las referidas normas jurídicas, el art. 38.2 de la LOJ, establece como una de las atribuciones de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, la de conocer, resolver y solicitar en única instancia los procesos de extradición.

En este marco, se tiene que dentro de las facultades del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, se encuentra la de valorar la solicitud de extradición, debiendo al efecto emitir el Auto Supremo a efectos de declarar la detención preventiva con fines de extradición de la persona reclamada, si fuere pertinente; luego, con la finalidad de materializar el objeto de dicha determinación, corresponde ordene al Tribunal Departamental de Justicia respectivo que, a través del juzgado en materia penal de su dependencia, se emita el mandamiento de detención preventiva con fines de extradición. El juzgado en materia penal, una vez detenido el extraditable, comunicará tales extremos al Tribunal Departamental de Justicia respectivo, para que dicha información sea remitida al Tribunal Supremo de Justicia.

En mérito a lo expuesto, es posible concluir que ante la solicitud del Estado requirente para extraditar al sindicado formalmente por la probable comisión de un delito, dentro de los márgenes establecidos en los tratados y convenios internacionales de cooperación suscritos entre Estados, le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia determinar su procedencia, así como la imposición de medidas preventivas encaminadas a asegurar el éxito de la extradición, entre ellas la privación de libertad del extraditable; y, como efecto de ello, valorar y decidir sobre la concurrencia de los presupuestos del cese de dicha medida extrema”(las negrillas fueron añadidas).

III.2. Sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada

Respecto a esta temática, la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, refiriéndose al habeas corpus hoy acción de libertad, estableció que tiene carácter excepcionalmente subsidiario “...en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado…”; puesto que, el ordenamiento jurídico no “…puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional.

A su turno, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, sobre la base de la Constitución vigente, estableció que la acción de libertad se configura “…como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos…”; añadiendo dicho fallo constitucional, que “…en caso de existir norma expresa que prevea mecanismos intra-procesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional, aspecto que se encuentra enmarcado en los mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

En ese marco, esta última Sentencia Constitucional efectuando una modulación a la anterior, estableció subreglas para determinar la existencia de medios efectivos y oportunos de defensa de los derechos que se encuentran bajo la protección de la acción de libertad, entre las cuales se encuentra la siguiente:

I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, a través de su representante sin mandato, alega estar indebidamente detenido, en lesión de sus derechos a la libertad, a la vida y a la salud; puesto que, los Magistrados demandados no se pronunciaron sobre su situación jurídica; pese a que, la Jueza de Instrucción Penal Décima del departamento de Santa Cruz, les informó de la ejecución de su detención preventiva con fines de extradición dispuesta por Auto Supremo 61/2019, y que se encuentra vencido el plazo de noventa días que dispone dicho fallo; asimismo, se encuentra en peligro su vida y su salud al encontrarse en riesgo de contraer el COVID-19, por el hacinamiento en que se encuentra.

De los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que los Magistrados ahora demandados, de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en atención a la solicitud de detención provisional con fines de extradición de Bruno Fernando Limpias Lottersberger –hoy accionante–, por parte de la Embajada de España, emitieron el Auto Supremo 61/2019, disponiendo la señalada medida por el plazo máximo de noventa días (Conclusión II.1); habiendo la Jueza de Instrucción Penal Décima del departamento de Santa Cruz, expedido el Mandamiento de Detención Preventiva con Fines de Extradición a España de 27 de junio de 2019 (Conclusión II.2); y, ejecutado el mismo el 3 de julio del señalado año (Conclusión II.3); encontrándose el impetrante de tutela privado de su libertad en el Centro Penitenciario “Palmasola” de Santa Cruz. Asimismo, se tiene que mediante Oficio 2146/2019 de 14 de noviembre, la referida Jueza de Instrucción, hizo conocer al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que hubiera enviado oficios al Tribunal Supremo de Justicia y la Embajada de España, en relación a la detención preventiva con fines de extradición del solicitante de tutela y que se encuentra vencido el plazo máximo de noventa días; habiendo dispuesto posteriormente, por decreto de 15 de octubre de 2020, se remitan originales de lo obrado al Tribunal Supremo de Justicia (Conclusiones II.4 y II.6).

En tales antecedentes, se tiene que; si bien, el impetrante de tutela, reclama que se encuentra detenido preventivamente con fines de extradición, más allá de los noventa días dispuestos por el Auto Supremo 61/2019, y que los Magistrados demandados no se pronuncian sobre su situación jurídica disponiendo su libertad, pese a conocer por intermedio del mencionado Juzgado de Instrucción, que se ejecutó el señalado Mandamiento y se encuentra vencido el plazo establecido para su detención preventiva; sin embargo, de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que la solicitud de cesación a su detención preventiva con fines de extradición incoada por memorial de 11 de marzo de 2020, fue dirigida a la Jueza de Instrucción Penal Décima del mismo departamento y no consta que al cumplimiento del plazo de noventa días establecido en el indicado Auto Supremo, hubiera solicitado a las autoridades hoy demandadas la cesación de su detención preventiva con fines de extradición, siendo que son dichas autoridades quienes tienen competencia para valorar y decidir sobre la concurrencia de los presupuestos del cese de dicha medida extrema, conforme se tiene del procedimiento descrito en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional.

Asimismo, si bien, consta que la citada Jueza de Instrucción, por decreto de 15 de octubre de 2020, dispuso que se remitan actuados originales de lo actuado en relación a la señalada detención preventiva con fines de extradición al Tribunal Supremo de Justicia; sin embargo, al momento de la interposición de la acción de libertad que se revisa, no se advierte con elemento probatorio alguno que se hubiera remitido y menos recepcionado dichos actuados por los ahora demandados, lo mismo acontece con la alegación de que con anterioridades se hubiesen puesto en conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia.

En ese sentido, en el presente caso, no se advierte que el impetrante de tutela hubiera agotado la vía procedimental a objeto de solicitar la cesación de su detención preventiva con fines de extradición, incurriendo en inobservancia de la subsidiariedad excepcional, al no haber agotado los mecanismos intra-procesales efectivos y oportunos en defensa de sus derechos fundamentales, previamente a acudir a la tutela constitucional, conforme se tiene de la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; correspondiendo denegar la tutela impetrada, sin ingresar al fondo de la problemática planteada.

Finalmente, respecto a la denuncia de vulneración de sus derechos a la vida y a la salud, el accionante señaló que por efecto de la pandemia por el COVID-19, tales derechos se encontrarían en peligro debido a encontrarse detenido preventivamente con fines de extradición debido al hacinamiento en que se encuentra; sin embargo, ello no necesariamente constituye un riesgo al derecho a la vida, tomando en cuenta además que los privados de libertad tienen acceso a las atenciones médicas que requieran dentro del recinto penitenciario en el que se encuentran recluidos, y en el presente caso no se advierte, existencia de un peligro efectivo y para el caso de necesitar atención médica tiene la posibilidad de solicitar a la autoridad jurisdiccional competente el permiso médico necesario; aspecto que inviabiliza la concesión de la tutela solicitada, al no ser evidente que su vida se encuentre en riesgo.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró parcialmente de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 52/20 de 24 de noviembre de 2020, cursante de fs. 189 a 192 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Cuarta del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

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