SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0877/2021-S4

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante Resolución Fiscal de 16 de noviembre de 2017, el Ministerio Público rechazó la denuncia y querella interpuestas por Rogelio Chávez Pérez y Oswaldo Chávez Pérez, contra Concepción Chávez Salvatierra, José Paz Hurtado, Lilibeth Paz Chávez, Vivian Kelly Paz Chávez y Guadalupe Paz Chávez, por los delitos de asociación delictuosa y engaño a personas incapaces, al amparo de los arts. 301.3 y 304.3 del CPP (fs. 10 a 14).

II.2. A través del memorial presentado el 23 de enero de 2018, Rogelio Chávez Pérez y Oswaldo Chávez Pérez, objetaron la Resolución de Rechazo de 16 de noviembre de 2017 (fs. 15 a 20).

II.3. Por Resolución Fiscal Departamental MSP OR-201/19 de 22 de marzo de 2019, Mirael Salguero Palma, entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz, revocó la Resolución Fiscal de Rechazo de denuncia y querella de “07 de mayo de 2019” (sic), disponiendo “ (…) proseguir con la investigación Y AGOTAR LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DENTRO DE UN PLAZO PRUDENTE DEBIENDO REALIZAR LAS DILIGENCIAS SUGERIDAS SIN PERJUICIO DE REALIZAR CUANTA DILIGENCIA ESTIME CONVENINTE PARA EL ESCLARECIMIENTO DEL HECHO”, notificada el 12 de febrero de 2020 (fs. 21 a 34).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Las accionantes denuncian lesión del debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación, congruencia, seguridad jurídica y legalidad; toda vez que, la Resolución Jerárquica que revocó la Resolución de rechazo de denuncia, de manera oficiosa resolvió una objeción carente de argumentos e identificación de agravios y analizó las pruebas a favor de los denunciantes, incumpliendo la previsión de los arts. 396.3 y 398 del CPP.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela pretendida.

III.1. El debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones. Jurisprudencia reiterada

La SCP 0314/2019-S4 de 5 de junio, con relación a la naturaleza jurídica del debido proceso y sus elementos referidos a la motivación, fundamentación, congruencia y la correcta valoración de las pruebas, señaló que: “En el ámbito de los instrumentos normativos de orden internacional, los arts. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), reconocen y garantizan el debido proceso, de cuya interpretación se desprenden sus elementos configuradores, entre ellos la motivación, fundamentación, congruencia de las resoluciones y la correcta valoración de las pruebas.

En cuanto a la naturaleza jurídica del debido proceso, la jurisprudencia constitucional emanada de esta jurisdicción, analizó desde su triple dimensión; así, la SCP 0486/2010-R de 5 de julio, declaró que: ´La Constitución Política del Estado, en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía; es decir, está reconocido por la misma Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, un principio procesal y una garantía de la administración de justicia…´.

La motivación y fundamentación de las resoluciones, constituyen elementos estructurantes del debido proceso y se erigen en condiciones de validez de toda resolución judicial o administrativa, pues su observancia exige a la autoridad establecer las razones y motivos que guiaron para tomar una decisión, en la medida que no solo los destinatarios de la determinación conozcan y comprendan las razones por las que una autoridad resolvió la controversia, sino que, en aras de democratizar la justicia, el soberano también asuma conocimiento de las razones y motivos que indujeron a la autoridad a asumir la decisión. En este entendido, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre y reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio, declaró que: ´La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas. Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, entre otras´.

Otro elemento integrador del debido proceso es la congruencia de las resoluciones y su observancia compele a la autoridad jurisdiccional o administrativa emitir pronunciamientos que guarden una estricta correspondencia entre la petición de las partes y la decisión a emitirse; asimismo, exige que al interior de una misma resolución exista una clara secuencia argumentativa entre las consideraciones y la decisión propiamente dicha.

´(…)

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia´.

(…)

´…la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público. Jurisprudencia reiterada

En cuanto a la obligación de que los requerimientos y resoluciones emitidas por los fiscales de materia y superiores jerárquicos contengan una adecuada fundamentación, se encuentra instituida en los arts. 57 y 65 de la LOMP; y, 73 del CPP.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0726/2018-S1 de 9 de noviembre, citando la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, sostiene que: “…cabe señalar que toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver.

Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance abarca únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado…”(las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

Las accionantes denuncian lesión del debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación, congruencia, seguridad jurídica y legalidad; toda vez que, la Resolución Jerárquica que revocó la Resolución de rechazo de denuncia, de manera oficiosa resolvió una objeción carente de argumentos e identificación de agravios y analizó las pruebas a favor de los denunciantes, incumpliendo la previsión de los arts. 396.3 y 398 del CPP.

De la revisión de antecedentes se observa que, dentro del proceso penal seguido por Rogelio Chávez Pérez y Oswaldo Chávez Pérez contra las impetrantes de tutela y otros, por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa y engaño a personas incapaces, se tiene que el Ministerio Público mediante Resolución de Rechazo de 16 de noviembre de 2017, resolvió rechazar la denuncia interpuesta contra los denunciados –hoy solicitantes de tutela– (Conclusión II.1); determinación que fue objetada por los querellantes –hoy terceros interesados– (Conclusión II.2), mereciendo la Resolución Jerárquica MSP OR-201/19 de 22 de noviembre de 2019, emitida por Mirael Salguero Palma, entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz, a través de la cual determinó revocar la señalada Resolución de Rechazo, disponiendo en consecuencia, proseguir con la investigación; misma que recién les fue notificada el 13 de marzo de 2020, dando lugar a la interposición de la acción de amparo constitucional (Conclusión II.3).

De acuerdo a los antecedentes, se advierte que en el memorial de objeción a la Resolución de Rechazo de denuncia, luego de realizar una relación de los hechos denunciados e identificar cada uno de los elementos de convicción existentes, la parte accionante reclamó los siguientes agravios: i) De la revisión de los actuados del cuaderno de investigación evidencian que existen diligencias preliminares pendientes de realizarse, y la prueba que cursa, crea mayores elementos de convicción de que los denunciados son autores de los delitos por los que se les sindica; mucho más, tomando en cuenta que mediante Sentencia de 28 de noviembre de 2017, emitida por la Jueza Pública de Familia Décima Quinta del departamento de Santa Cruz, declaró interdicto a su padre Rogelio Chávez Añez; y, ii) Por las actuaciones cursantes en el cuaderno de investigación se tiene plenamente demostrado que los denunciados adecuaron su conducta a los delitos previstos en los arts. 132 y 342 del CP.

La impugnación descrita fue resuelta por Resolución Jerárquica MSP OR-201/19, que determinó revocar la Resolución de Rechazo de “07 de mayo de 2019” (sic), con base en los siguientes fundamentos: a) La Resolución de rechazo hizo una relación de los hechos denunciados y una transcripción de los antecedentes del caso; no realizó fundamentación probatoria de hecho y derecho, tampoco hizo un análisis del tipo penal y doctrina legal aplicable, no existe fundamentación jurídica y concluyó que la investigación no aportó suficientes elementos de convicción para poder sustentar una imputación; b) La Resolución de Rechazo fue objetada por los denunciantes, incurriendo en la misma situación de realizar una mera transcripción pormenorizada de los hechos denunciados y de los elementos recolectados; no observan los puntos de hecho y derecho que no se han tomado en cuenta; solicitando se revoque la resolución de rechazo y se continúe con las investigaciones; c) Realizado el estudio de los elementos probatorios cursantes en el cuaderno de investigación, advirtió que esos aspectos no fueron valorados por la Fiscal de Materia a tiempo de emitir la Resolución de Rechazo. El principio de exhaustividad y la debida diligencia obligan al Ministerio Público a ser proactivo y lograr acumular todos los elementos de convicción que permitan tomar una decisión debidamente fundamentada, no pudiendo basar las resoluciones en la propia inactividad del Ministerio Público, al emitir una resolución amparada en la falta de elementos suficientes en contra de todos los denunciados; d) En el caso presente es evidente que cursan indicios suficientes de la existencia de los hechos y la presunta participación de los sindicados; sin embargo, no se aplicaron los principios de oportunidad y celeridad previstos en el art. 5 num.2 y 7 de la LOMP, en su dirección funcional objetiva para subsumir los hechos denunciados e investigados al tipo penal descrito en la norma sustantiva penal; en procura del cumplimiento del debido proceso, en favor de las víctimas y su derecho de acceso a la justicia pronta, oportuna eficaz y transparente, sustentando la persecución penal y el ejercicio del ius puniendi del Estado y la participación de la víctima, determinado por el art. 6 del CPP; e) En la investigación no se dio cumplimiento a los lineamientos procesales previstos en el art. 16 del citado Código, que establece que “La acción penal pública será ejercida por la Fiscalía, en todos los delitos perseguibles de oficio, sin perjuicio de la participación que este Código reconoce a la víctima. La acción penal pública será ejercida a instancia de parte solo en aquellos casos previstos expresamente en este Código” (sic); f) El Rechazo de la denuncia es el resultado de toda investigación realizada, debiendo considerar al respecto lo establecido en la SCP 1303/2010-R de 13 de septiembre, que sostuvo que el fiscal, previo análisis de las actuaciones policiales, podrá emitir una resolución de rechazo compatible con dichos principios, únicamente en la medida en que los órganos de la persecución penal –Ministerio Público y Policía– ejercitaron las actuaciones necesarias conducentes para la investigación de los hechos y no obstante del despliegue realizado, no se pudo individualizar al o los imputados, o las pruebas encontradas no aportaron los elementos suficientes para fundar la acusación, o lo que es lo mismo, la resolución de rechazo no podrá ser validada cuando la misma se funde en la propia inactividad del Ministerio Público y exista una total negligencia en la dirección funcional de la investigación por los órganos encargados de la persecución penal, como es en el presente caso; g) El Fiscal de Materia, no determinó la valoración a cada documento arrimado en el cuaderno procesal, para determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, o asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada; h) A pesar de exponer los elementos descriptivos claros de los aspectos fácticos pertinentes, no consideró como pruebas de indicios; i) No determinó el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas; j) Se tiene que el rechazo carece de fundamentación jurídico legal, haciendo referencia que la investigación no fue aportada con elementos suficientes para la acusación, que si bien van correlacionados al hecho deben ser investigados y no aseverar como se hizo en la resolución de rechazo, siendo incongruente, vulnerando el debido proceso; k) De la revisión de los elementos recolectados en la investigación, los mismos dan indicios de la existencia de los hechos delictivos denunciados y la probable participación de los denunciados en el mismo, tal como se puede apreciar por la valoración integral de los elementos indiciarios de prueba; l) A momento de presentar la denuncia se puso en evidencia la probable comisión de un hecho delictivo puesto a conocimiento del director funcional de la investigación; sin embargo, de toda la documentación colectada durante la investigación, se debe realizar un análisis minucioso para poder establecer con certeza, qué es lo que se puede demostrar con esos elementos, pues estos permitirán apreciar con mayor exactitud si concurren o no los elementos constitutivos de cada uno de los delitos denunciados y de esta manera poder determinar cuáles son los hechos delictivos a los que ha adecuado su conducta el denunciado; m) La Autoridad Fiscal debe realizar los actos de investigación tendientes a corroborar la participación de sindicado, con el fin de hacer prevalecer y garantizar los derechos de las presuntas víctimas; n) Existen actos de investigación pendientes de realizar, entre ellos requerir de manera prioritaria la declaración informativa de Vivian Kelly Paz Chávez; disponer de manera inmediata los actuados de investigación necesarios y pertinentes que permitan reforzar los elementos colectados en el desarrollo de la investigación; verificar si existen otras personas que podrían aportar más información sobre los hechos que se investigan y realizar una valoración conjunta, tal como se consideró al momento de disponer la complementación de las diligencias; emitir directrices al investigador destinadas a recabar mayor información sobre los hechos ocurridos, así como requerimientos fiscales que puedan facilitar la obtención de otros datos más y su oportuna valoración destinados al esclarecimiento de lo sucedido; verificar y en su caso reclamar la entrega de los documentos y entrevistas que fueron recabadas por el investigador asignado al caso y proceder a su valoración integral; cumplir con las actuaciones procesales necesarias que sean conducentes a la averiguación de la verdad histórica de los hechos; y, ñ) Una vez ejecutadas las diferentes diligencias de investigación, el director funcional de la investigación deberá ajustar su resolución conclusiva a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, debiendo la misma colegir y compulsarse con la información obtenida en el transcurso de las investigaciones a los efectos de no generar violación de los derechos y garantías constitucionales de los sujetos procesales y siempre obrando en el marco de los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Ministerio Público, prevaleciendo siempre el principio de objetividad.

De la contrastación de los agravios expuestos por los querellantes, motivos de la objeción, y los fundamentos de la Resolución Jerárquica MSP OR-201/19, se advierte que la autoridad fiscal ahora demandada fundamentó y motivó debidamente su decisión de revocar la Resolución de Rechazo objetada, identificándola con otra fecha errónea, siendo lo correcto de 16 de noviembre de 2017, explicando las razones de su determinación, respondiendo de forma puntual a los argumentos expuestos por el denunciante así se advierte que se fundamentó en su objeción (la existencia de elementos de convicción suficientes para acreditar los hechos y la participación de los sindicados; que la resolución de rechazo no podrá ser ratificada cuando la misma se funde en la propia inactividad del Ministerio Público y exista una total negligencia en la dirección funcional de la investigación por los órganos encargados de la persecución penal; que los Fiscales de materia no determinaron el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto hecho inserto en la norma aplicable y la valoración de las pruebas aportadas; asimismo, existen actos investigativos pendientes de realizar, entre ellos requerir de manera prioritaria la declaración informativa de Vivian Kelly Paz Chávez, emitir requerimientos fiscales que puedan facilitar la obtención de otros datos más y su oportuna valoración destinados al esclarecimiento de lo sucedido, reclamar la entrega de los documentos y entrevistas que fueron recabadas por el investigador asignado al caso y proceder a su valoración integral; en ese entendido, la decisión asumida por la referida autoridad fiscal fue suficiente y debidamente motivada y coherente tal como exige la jurisprudencia desarrollada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; toda vez que, el fallo fue claro, preciso y lo suficientemente contundente; es decir, que la autoridad demandada respondió los agravios logrando identificar cada uno de los elementos de convicción cursantes en el cuaderno de investigaciones, para luego concluir que correspondía revocar el rechazo, afirmando que el Ministerio Público no podía basar sus resoluciones en su propia inactividad y que de la revisión del cuaderno de investigación, había advertido que existían indicios suficientes que demostraban los hechos y la probable participación de los sindicados, además de la necesidad de efectuar mayores diligencias investigativas que puedan sustentar un requerimiento conclusivo; sin que ello implique incurrir en un pronunciamiento incongruente; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada.

En cuanto a la fecha de la resolución de rechazo consignada en la parte resolutiva de la Resolución Jerárquica MSP OR-201/19, se advierte un error de forma; puesto que se identificó de manera errónea a la resolución objetada como de ”7 de mayo de 2019”, cuando lo correcto es 16 de noviembre de 2017; empero, dicho error no afecta ni cambia el contenido de fondo de la mencionada Resolución Jerárquica ni lo decidido, pues de lo contrario la parte accionante de manera inmediata a su notificación con ella, hubiere pedido la correspondiente enmienda de ese dato, lo que no ocurrió en el presente caso; por lo señalado, se deniega la tutela solicitada.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.