SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0943/2021-S4

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0943/2021-S4

Sucre, 29 de noviembre de 2021

SALA CUARTA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:    René Yván Espada Navía

Acción Popular

Expediente:                 40863-2021-82-AP

Departamento:           Cochabamba

En revisión la Resolución 001/2021 de 25 de mayo, cursante de fs. 170 a 175, pronunciada dentro de la acción Popular interpuesta por Ademar Rodrigo Franco Lacato, Ejecutivo del Centro de Estudiantes Facultativo; y, Romer Calderón Fernández, Delegado Representante ante el Consejo Facultativo ambos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) contra Julio Medina Gamboa, Presidente del Honorable Consejo Universitario y Rector de la misma Universidad.

I.  ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de mayo de 2021, cursante de fs. 23 a 28 vta., los accionantes, expusieron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El Honorable Consejo Facultativo de Ciencias Jurídicas y Políticas consultó al Centro de Estudiantes quién sería su delegado ante dicho Consejo, en cumplimiento de lo previsto por el art 123 inc. d) del Estatuto Orgánico de la UMSS; por lo que, dicha instancia estudiantil que seguía en ejercicio de sus funciones desde su última elección, en mérito a la Resolución 1/2020, a través de su Primer Ejecutivo Ademar Rodrigo Franco Lacato, nominó a Romer Calderón Fernández para ser el nuevo representante.

Presentada la solicitud de acreditación respectiva ante el Consejo Facultativo, ésta fue en principio observada y ulteriormente aceptada sin mayor sugerencia ni impugnación, tras la intervención de varios Consejeros quienes acertadamente indicaron que el referido Consejo Facultativo, no tiene competencia para deliberar o revisar asuntos gremiales y se limita a verificar el art. 129 de la UMSS.

No obstante de ello, de forma posterior a lo referido, aceptaron y conocieron en primera instancia un reclamo presentado por un Consejero con derecho a voz y voto, por lo que para resolver, requirieron un informe del Asesor Legal de la Universidad, en el que se señaló que debe ser la Federación Universitaria Local (FUL) la que debe definir quién es el representante del Centro de Estudiantes facultativo ante el “consejo Facultativo de Derecho” (sic). Informe que vulnera el principio de competencia, pues no existe norma alguna que avale a las instancias de gobierno de la Universidad, para que puedan regular y establecer cuestiones que convengan a los gremios.

 Luego, desoyendo los alegatos presentados por la Facultad de Derecho a través de su Decano y Consejero Docente, el Honorable Consejo Universitario decidió crear un Comité Ad Hoc para conocer y resolver este asunto, instancia que tampoco está establecida ni regulada por la normativa universitaria; al contrario, los arts. 40 y 45 del Estatuto de la UMSS disponen que debe existir un comité jurídico que es el único competente para interpretar la misma.

Dicho Comité Ad Hoc, emitió un informe que sugirió la nulidad de todos los actos emitidos por el Consejo Facultativo durante prácticamente toda su existencia (gestión 2021), poniendo en riesgo actos trascendentales para el funcionamiento académico de “nuestra facultad” (sic), como el ingreso a cursos de verano, la aprobación de carga horario o el calendario académico; cuestiones que fueron reclamadas debidamente en la sesión realizada el 15 de abril de 2021, y que se resolvieron convalidando lo dispuesto por el Comité Ad Hoc.

Por lo que, en la siguiente reunión de Consejo Universitario, se impugnó nuevamente lo referido y se denunció que no hubo notificación con las resoluciones asumidas en la sesión de 15 de abril de 2021, peticionando que se decida en base a derecho y que se reencauce procedimiento; noción que fue rechazada, pese a la prueba documental emitida por la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), que establece que es el Primer Ejecutivo de cada Centro de Estudiantes quien debe nombrar al representante de dicha instancia; lo que comprueba que “mi acreditación” (sic) fue completamente legal. Sin embargo de ello, “el correspondiente consejo omite dicha prueba” (sic) y se inhibe de resolver lo peticionado alegando que ya se emitió una resolución en la fecha señalada.

Así, comunican la existencia de la Resolución 26/21 de 15 de abril de 2021, que no se pronunció sobre los términos de nulidad “puesto sobre la mesa por la comisión ad hoc” (sic), pero sí desconocen “nuestra acreditación” (sic) estableciendo que será el universitario Johnny Orellana −anterior representante del Centro de Estudiantes Facultativo− el único que mantiene esa calidad, y ordenando que “dicho consejo” (sic) realice una nueva deliberación de todos los actos con la participación del mencionado estudiante, sumándose luego la emisión de la Resolución 27/21 de 27 de abril del mismo año, que refrenda lo dispuesto en la Resolución 26/21. 

Todos estos hechos, son consecuencia de un enfoque político de personas que tienen intereses específicos de índole económica para mantener una representación gremial sumisa; “mientras que yo en una nueva gestión no podré ejercer mi rol de fiscalización” (sic), no obstante de contar con el respaldo de la dirigencia estudiantil nacional, como se determinó inclusive por la Federación Universitaria Local; por lo que, resulta incomprensible que el Honorable Consejo Universitario, asuma competencia ilegal para revisar una acreditación y determinar su ilegalidad alegando eufemismos jurídicos inaplicables.

Y no obstante de ser evidentemente ilegales las actuaciones referidas, el Consejo Universitario y sus autoridades, se rehúsan a considerar cualquier reclamo, alegando la inexistencia de los recursos de revocatoria y jerárquico que permitan la modificación a las resoluciones que emitieron.

Por lo que activan la jurisdicción constitucional, habiendo agotado la vía administrativa interna, para solicitar la tutela a sus derechos políticos, particularmente a “elegir un representante del gremio estudiantil de la facultad ante el H. Consejo Facultativo” (sic), que está reconocido expresamente por el derecho universitario en los arts. 4 y 9 del Estatuto de la UMSS, que hacen evidente que “la democracia es un derecho tutelado por la acción popular” (sic); por lo que, adoptando tal condición, el derecho al sufragio, como un derecho colectivo, se encuentra dentro del ámbito de tutela que pretenden, como fuera entendido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1808/2012, 0843/2012, 2028/2013 y 0176/2012.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos políticos, citando al efecto los arts. 26 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene al Consejo Universitario de la UMSS anular las Resoluciones 26/21 y 27/21, además de respetar la acreditación gremial emitida por el Ejecutivo del Centro de Estudiantes Facultativo –Ademar Rodrigo Franco Lacato− a favor de Romer Calderón Fernández –ahora impetrantes de tutela−, “dando por bien hechas (…) las actuaciones del H. Consejo Facultativo que reconocieron en aplicación jurídica estricta al representante” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Realizada la audiencia pública el 25 de mayo de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 167 a 169 vta., presentes los solicitantes de tutela así como la autoridad universitaria demandada –ambas partes asistidas por sus abogados−; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado se ratificaron en el tenor íntegro de su demanda; y en la réplica a los informes presentados por el Rector de la UMSS hoy demandado, así como del tercero interesado, ratificaron que el Consejo Universitario ejecuta acciones de intromisión en la elección del representante al Consejo Facultativo, que recae precisamente en la persona del ahora impetrante de tutela Romer Calderón Fernández, y que fue impuesta por el co accionante Ademar Rodrigo Franco Lacato, bajo normativa interna que sólo podría ser observada y dilucidada por la FUL o la CUB, ya que el Consejo Universitario no tiene competencia alguna parara deliberar sobre la veracidad, legalidad, ilegalidad, validez y equidad o no de una representación acreditada por un gremio estudiantil.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Julio Medina Gamboa, Presidente del Honorable Consejo Universitario y Rector de la misma UMSS, a través de sus abogados apoderados, ostentando el poder de representación 17/2021 (fs. 36 a 39 vta.), presentó el memorial de 25 de mayo de 2021, cursante de fs. 154 a 159, y en audiencia, señaló que: a) La acción popular no cumplió con los requisitos de procedencia exigidos por la jurisprudencia constitucional, que acrediten grave amenaza de violación de los derechos e intereses colectivos. Tal es así, que por nota de 28 de abril de 2021 remitida a la máxima instancia que aglutina a las Federaciones Universitarias Locales dentro del Sistema de la Universidad Pública de Bolivia, se solicitó aclarar y certificar si es evidente que el primer ejecutivo del centro de estudiantes puede elegir a su representante directo ante el Consejo Facultativo; la misma que fue respondida mediante nota CUB CITE 45/2021, que es contundente al señalar que la o el estudiante que ejerza la Secretaría o sea Primer Ejecutivo o Primera Ejecutiva, tiene facultad de acreditar delegados ante el Consejo Facultativo, únicamente en suplencia o cuando el titular electo se encuentre impedido; por lo tanto, la acreditación de Romer Calderón Fernández no correspondía; b) De otro lado, consta la nota Cite FUL/242/2021 de 20 de mayo, por la cual, la FUL ratifica la posición de la CUB respecto a la voluntad de los estudiantes mediante voto, que debe ser respetada y garantizada; por lo que, ningún ejecutivo u otra autoridad tiene la potestad, derecho o atribución de desconocer el sufragio, siendo atribución del Comité del centro de estudiantes, el elegir a un representante al ente que estuviera acéfalo por cualquier motivo, siendo ese un caso extremo. En coherencia con ello, se tiene la papeleta de sufragio de las elecciones FUL-UMSS 2020-2022 que acredita a Jhonny Orellana Terrazas como titular del gremio estudiantil delegado al Honorable Consejo Facultativo, y no así, el ahora solicitante de tutela Romer Calderón Fernández, quien además fue electo como delegado a la Federación Universitaria Local; por lo cual, no puede cumplir una doble función, como se acredita del Certificado de 12 de febrero de 2021, expedido por el Secretario de la FUL; y, c) Asimismo, cabe mencionar que se suscribió un acuerdo el 20 de abril de 2021, entre el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y otros Decanos de Facultades de la UMSS, que en su numeral 4 determinan que por existir conflicto, se deja en suspenso la representación gremial del sector estudiantil, hasta conocer la decisión del Consejo Universitario y de no existir la misma, hasta que se realicen nuevas elecciones para el centro de estudiantes.

Todo lo que da cuenta que no hubo vulneración alguna a los derechos políticos de los accionantes, además de que las actuaciones del Honorable Consejo Universitario, se sucedieron en el marco de sus atribuciones y lo preceptuado en los arts. 39.23 del Estatuto Orgánico de la UMSS.

Finalmente, si bien los impetrantes de tutela indican como vulnerado su derecho político al “sufragio”, de la relación de hechos es evidente que éste fue invocado en su dimensión individual y no así colectiva, ya que se acusa que no pudo concurrir a la conformación de un órgano de poder universitario en su condición de elegible o candidato; por lo que, ameritaba plantear una acción de amparo constitucional, y no así, la popular.

En la dúplica, la autoridad universitaria demandada se ratificó en el tenor de su informe, reiterando que no hubo intromisión alguna del Consejo Universitario. Añadiendo que el accionante Ademar Rodrigo Franco Lacato no es estudiante universitario, sino un abogado ya graduado, por lo cual, no podría presentarse en tal condición a efecto de cuestionar procedimientos de la UMSS.

I.2.3. Intervención del Tercero interesado

Omar Morales Delgadillo, Decano y Presidente del Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS, mediante memorial de 25 de mayo de 2021, cursante de fs. 161 a 162, se apersonó a esta acción tutelar, adhiriéndose en sus argumentos, a los hechos relatados por los solicitantes de tutela.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 001/2021 de 25 de mayo, cursante de fs. 170 a 175 vta., denegó la tutela solicitada, con el fundamento que la problemática planteada no corresponde ser analizada mediante la acción popular, ya que los accionantes alegan la vulneración de sus derechos políticos “en su vertiente del derecho al sufragio” (sic), el mismo que se encuentra dentro de los derechos individuales, como fue reiteradamente establecido en la jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1018/2011-R, 1974/2011-R, entre otras; a más de ello, los impetrantes de tutela no acreditaron una amenaza grave de violación que pueda llevar a reconducir su demanda a una de amparo constitucional.

II.  CONCLUSIONES

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De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.    Cursa la Resolución 26/21 de 15 de abril de 2021, mediante la cual, en el Honorable Consejo Universitario, se resolvió en su Artículo Primero, disponer se reconozcan los derechos del estudiante Jhonny Orellana Terrazas y se lo restituya como representante del Centro de Estudiantes al Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS (fs. 20).

II.2.      A través de la Resolución 27/21 de 22 de abril de 2021, en el Honorable Consejo Universitario ratificó los alcances de la Resolución 26/21, que dispuso tanto el reconocimiento de los derechos del estudiante Jhonny Orellana Terrazas y su restitución como representante al Honorable Consejo Facultativo de la UMSS (fs. 22).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes alegan la vulneración de sus derechos políticos por parte del Presidente del Honorable Consejo Universitario y Rector de la UMSS, quien a través de las Resoluciones 26/21 y 27/21, desconoció la potestad de Ademar Rodrigo Franco Lacato, como Ejecutivo del Centro de Estudiantes Facultativo, de nominar a Romer Calderón Fernández, como Delegado Representante ante el Consejo Facultativo; lo que impide a este último, acceder a los órganos de poder de la Universidad referida y ejercer tareas de fiscalización. 

En consecuencia, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.

III.1.    Naturaleza jurídica de la acción popular y ámbito de tutela. Jurisprudencia reiterada

La Constitución Política del Estado, en su acápite de las acciones de defensa, instituye la acción popular, como mecanismo procesal de protección de los derechos e intereses colectivos; así, el art. 135 de la CPE, declara que: “La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución”.

En armonía con la norma constitucional precedentemente referida, el art. 68 del Código Procesal Constitucional (CPCo), señala: “(OBJETO). La Acción Popular tiene por objeto garantizar los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, espacio, seguridad y salubridad pública, medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Constitución Política del Estado, cuando ellos por acto u omisión de las autoridades o de personas naturales o jurídicas son violados o amenazados”.

En virtud a los preceptos normativos precedentemente glosados, la jurisdicción constitucional estableció un amplio entendimiento respecto a la naturaleza jurídica y objeto de la acción popular. En este entendido, según se refiere en la SCP 1018/2011-R de 22 de junio, la acción popular se caracteriza por una triple finalidad: “1) Preventiva, evitando que una amenaza lesione los derechos e intereses bajo su protección; 2) Suspensiva, por cuanto tiene como efecto hacer cesar el acto lesivo a los derechos e intereses tutelado en la acción; y, 3) Restitutoria, al restablecer el goce de los derechos colectivos afectados a su estado anterior”.

Sobre la naturaleza jurídica de la acción popular, la SCP 0240/2015-S1 de 26 de febrero, señaló que; “…esta acción de defensa se constituye en un medio procesal idóneo y efectivo para la protección exclusivamente de los derechos e intereses colectivos, no amparando otros derechos y garantías constitucionales como los individuales, económicos, sociales y culturales, que encuentran tutela en otras acciones de defensa, previstas por nuestra Ley Fundamental, como las acciones de amparo constitucional, de libertad o de protección de privacidad (...).

Entre sus características, se destaca que su interposición es viable –de acuerdo al art. 136.I de la CPE– durante el tiempo que subsista la vulneración o amenaza a los derechos e intereses colectivos; no resultando necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir. Norma que define su diferencia con la acción de amparo constitucional, eminentemente subsidiaria; al contrario, la acción popular es un proceso principal y directo, posibilitando su planteamiento sin necesidad de agotar previamente otros medios ordinarios en defensa de los derechos invocados, al no estar configurada sobre la base del principio mencionado. Es también una acción imprescriptible, al permitir su formulación durante el tiempo que persiste la vulneración o amenaza, lo que implica que el derecho de accionar no se pierde por el transcurso del tiempo, siendo la única condición que esté latente la condición para su interposición; diferenciándose del mismo modo en este aspecto con relación a la acción de amparo constitucional, que establece como plazo de caducidad de seis meses”.

Acorde a su naturaleza jurídica, el ámbito de tutela de la acción tutelar se encuentra definido por el citado art. 135 de la Ley Fundamental, respecto al cual, la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0176/2012 de 14 de mayo, señaló: “Los derechos e intereses colectivos protegidos a través de la acción popular, conforme señala el art. 135 de la CPE, se encuentran relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Ley Fundamental.

De la interpretación teleológica, gramatical (art. 196.II de la CPE) y sistemática (art. 6.II de la LTCP), que facultan a este Tribunal, de las normas referidas, puede extraerse que la acción popular otorga protección a lo siguiente:

a) Los derechos e intereses colectivos objeto de protección constitucional explícita por la acción popular son: el patrimonio, el espacio, la seguridad, la salubridad pública y el medio ambiente referidos expresamente por los arts. 135 de la CPE y 94 de la LTCP.

En este sentido, el concepto de derecho colectivo latu sensu incorpora e implica a los derechos colectivos propiamente tales y a los derechos difusos, así la SC 1018/2011-R de 22 de junio, sostuvo que: ‘Como se ha señalado la Constitución Política del Estado sostiene que la acción popular procede contra actos u omisiones que amenacen violar o violen derechos e intereses colectivos, sin hacer referencia a los intereses difusos; sin embargo dicha norma debe ser interpretada sistemáticamente y, en ese sentido, debe tenerse en cuenta que el mismo art. 135 de la CPE, hace referencia, como derechos e intereses protegidos, al patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, los cuales, con base en la distinción efectuada en el punto anterior, son específicamente considerados difusos y no así colectivos.

Consiguientemente, a partir de una interpretación sistemática del art. 135 de la CPE, se debe concluir que la acción popular protege, además de derechos e intereses colectivos, derechos e intereses difusos -ambos contenidos bajo el nomen iuris 'Derechos Colectivos’.

En el marco del mismo fallo esta diferenciación llega a adquirir una gran importancia en cuanto a la legitimación activa, así se sostuvo que: ‘…la acción popular puede ser presentada por cualquier persona cuando se alegue lesión a derechos o intereses difusos; legitimación amplia que se justifica por la naturaleza de dichos derechos resguardados por la acción popular, que debe su nombre precisamente a esa característica; sin embargo, debe aclararse que cuando a través de esta acción se pretenda la tutela de derechos o intereses colectivos, en mérito a que la titularidad de los mismos corresponde a un grupo o colectividad, la acción deberá ser presentada por cualquier persona perteneciente a dicha colectividad o, por otra a su nombre, sin necesidad de mandato…’.

Respecto a la diferenciación entre derechos o intereses colectivos, difusos e individuales homogéneos, se tiene que:

‘i) Derechos o intereses colectivos en sentido estricto, correspondientes a un colectivo identificado o identificable como son por ejemplo las naciones y pueblos indígena originario campesinos (art. 30.II de la CPE), cuyos componentes están organizados y mantienen relaciones orgánicas entre sí.

ii) Derechos o intereses difusos, que corresponden a una pluralidad de personas que no pueden determinarse, lo que puede suceder por ejemplo cuando la distribución de un medicamento dañado amenaza a todo potencial usuario. Asimismo, por la naturaleza de estas circunstancias no existe la posibilidad de concebir que la pluralidad de sujetos estén organizados mediante mecanismos de coordinación de voluntades y menos que tengan una relación orgánica entre sí;

iii) Derechos o intereses individuales homogéneos -que en el marco de la SC 1018/2011-R de 22 de junio, se denominan intereses de grupo-, corresponden a un conjunto de personas que accidentalmente se encuentran en una misma situación cuyos componentes individualmente cuentan con derechos subjetivos por un ‘origen común’ siendo sus acciones procesales divisibles, pero que en virtud al principio de economía procesal se pueden tratar de forma colectiva, aspecto que sucede por ejemplo cuando un producto defectuoso provocó daños en la salud de varios individuos, en dichos casos los afectados buscarán el resarcimiento, pero para no iniciar sucesivas demandas civiles en detrimento a la administración de justicia pueden resolverse en una misma sentencia.

En ese sentido, se puede colegir que los derechos o intereses colectivos en sentido estricto y los derechos o intereses difusos que en esencia son transindividuales e indivisibles y necesariamente requieren una solución unitaria y uniforme, son tutelables por la acción popular, mientras que los derechos o intereses individuales homogéneos al tratarse de derechos subjetivos donde se busca el resarcimiento no se tutelan a través de la acción popular, puesto que en el derecho comparado se protegen por las acciones de grupo (Colombia) donde la sentencia determinará diferentes grados de afectación y de reparación económica’.

b) Otros derechos de similar naturaleza; es decir, de carácter colectivo o difuso -diferentes a los explícitamente enunciados- contenidos en normas que integren en bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE) o incluso en normas legales de características similares a los referidos e indispensables para el vivir bien, en su carácter colectivo, lo que concuerda con el concepto de progresividad que rige a los derechos, como sucede con el derecho al agua, que se constituye en un derecho autónomo y con eficacia directa que en su dimensión colectiva como derecho difuso y colectivo, encuentra protección por la acción popular.

c) Otros derechos incluso subjetivos por estar relacionados o vinculados con los derechos expresamente referidos por el art. 135 de la CPE o con los implícitos referidos por la cláusula abierta contenida en la misma norma constitucional en virtud al principio de interrelación de los derechos fundamentales contenido en el art. 13.I de la CPE, que instrumentalicen o hagan efectivos a los mismos.

Dicho razonamiento encuentra mayor sentido si se considera el principio de indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos previstos en el art. 13.I de la CPE y la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, que reafirma que todos los derechos son indivisibles, interrelacionados e interdependientes, que no se constituyen en estancos separados los unos de otros sino necesarios en su globalidad para alcanzar un bienestar común y el vivir bien, esto implica que la restricción al núcleo esencial de un derecho pueda afectar negativamente a los demás.

Ello mismo provoca reconocer el fenómeno de la conexidad, así si bien el legislador constituyente, diferenció la acción de amparo constitucional para la tutela de derechos subjetivos y la acción popular para la protección de los derechos e intereses colectivos, es posible que una misma causa, afecte tanto a derechos subjetivos como a derechos colectivos; de forma que, la tutela del derecho subjetivo mediante el amparo constitucional eventualmente e indirectamente puede alcanzar a la tutela del derecho colectivo y la tutela que otorga la acción popular puede incluir a derechos subjetivos” (las negrillas nos corresponden).

III.2.    Sobre el derecho al sufragio. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP  0085/2012  de  16  de  abril, señala lo siguiente: “...dentro del contenido esencial o núcleo del derecho al sufragio se encuentran dos elementos esenciales: i) El derecho al sufragio activo, es decir el derecho a elegir; y, ii) El derecho al sufragio pasivo, es decir el derecho a ser elegido. Asimismo, de acuerdo al último compartimento del bloque de constitucionalidad conformado por principios y valores de rango constitucional, se establece que a la luz del principio de razonabilidad, se encuentran también insertos en el contenido esencial de este derecho los valores de justicia e igualdad” (las negrillas son nuestras).

Ahora bien, en cuanto al sufragio pasivo, es decir, al derecho a ser elegido, la jurisprudencia constitucional es uniforme en referir que se trata de un derecho individual cuyo contenido esencial es la condición de elegibilidad; así, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0085/2012, 0677/2014, 0473/2016-S3, 0838/2018-S4, entre muchas otras, destacaron que: “...de acuerdo a la teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales, en virtud de  la cual los  alcances de  los  elementos  que  configuran  el núcleo duro de estos  derechos  no  puede  ser  alterado,  limitado  ni  restringido,  se  colige  que establecer  el  presupuesto  de  'elegibilidad',  para  no  atentar  contra  los  valores  de justicia  e  igualdad  y  por  tanto  para  no  afectar  el  principio  de  razonabilidad, cualquier  interpretación  de  requisitos  o  condiciones  impuestas  para  este  efecto, debe ser siempre extensiva, favorable y de acuerdo a los arts. 13.IV y 256 de la Constitución,  concordantes  con  el  29  de  la  Convención  Americana  de  Derechos Humanos, disposiciones del bloque de constitucionalidad que plasman el principio de  favorabilidad para  la  interpretación de derechos fundamentales y que  además aseguran  la  constitucionalización  e  irradiación  de  la  Constitución  axiomática  y dogmático-garantista.

En  el  marco  de  lo  señalado,  debe  establecerse  además  que  la  afectación  al derecho  al  sufragio  en  su  contenido  esencial, ya  sea  en  el  ámbito  público  o privado, debe ser tutelado por la garantía jurisdiccional del amparo constitucional disciplinada  por  el  art.  128  de  la  CPE,  como  medio  idóneo  para  su  defensa, aspecto que asegurará de manera eficaz el cumplimiento del mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos” (las negrillas son nuestras) (SCP 0085/2012).

De donde se establece con total claridad que el derecho al sufragio pasivo, es decir, el derecho a ser elegido, es de titularidad individual, puesto que los actos desplegados para su ejercicio se realizan única y exclusivamente por voluntad de la persona interesada en ser elegida, surtiendo efectos también para sí misma.

III.3.    Análisis del caso concreto

Ademar Rodrigo Franco Lacato –accionante−, aduciendo ser  Ejecutivo del Centro de Estudiantes Facultativo de la UMSS, señala que por dicha condición y en mérito a la normativa interna de la referida Universidad, tiene facultad para nominar a Romer Calderón Fernández –coaccionante− como Delegado Representante ante el Consejo Facultativo; sin embargo de ello, desconociendo la referida potestad de “elegir” y “ser elegido” −a la que los impetrantes atribuyen calidad de derecho colectivo−, alegan la vulneración de sus derechos políticos, pues a través de las Resoluciones del Consejo Universitario 26/21 y 27/21, la autoridad demandada –Rector y Presidente de la referida instancia de gobierno de la UMSS−, dispuso reconocer a otro estudiante como representante del Centro de Estudiantes al Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la misma Universidad.

Es por ello que activan la jurisdicción constitucional, peticionando la nulidad de las referidas Resoluciones del Consejo Universitario y que se  respeten tanto la facultad del impetrante de tutela Ademar Rodrigo Franco Lacato para nominar al Delegado Representante ante el Consejo Facultativo y acreditarlo como tal; como del coaccionante Romer Calderón Fernández, para asumir dicho cargo.

Planteada así la problemática, es menester referir en principio lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, respecto al ámbito de tutela de la acción popular, que contempla la protección sobre derechos e intereses colectivos y derechos e intereses difusos -ambos contenidos bajo el nomen iuris “Derechos Colectivos”; dentro de los cuales, por interpretación de este Órgano de control de constitucionalidad ampliamente expuesto en el Fundamento Jurídico III.2, no se encuentra el derecho al sufragio pasivo (es decir, el derecho a ser elegido), pues por su naturaleza jurídica es de contenido individual y por lo tanto, su resguardo puede pretenderse a través de la acción de amparo constitucional.

En consecuencia, es plenamente evidente que la pretensión expuesta por los solicitantes de tutela no se encuentra dentro del ámbito de protección de esta garantía de defensa. Ya que de un lado, pretenden equiparar la supuesta potestad que tendría Ademar Rodrigo Franco Lacato (como Ejecutivo del Centro de Estudiantes Facultativo) de designar al delegado representante ante el Consejo Facultativo, como un derecho a elegir, argumentando por ello, que tendría una dimensión colectiva; sin embargo, de la relación fáctica de su demanda, se enfatiza y de manera reiterada, que la autoridad demandada, a través de las Resoluciones del Consejo Universitario 26/21 y 27/21, desconoció dicha potestad, e inmiscuyéndose en el gremio universitario, designó a otro universitario en el indicado cargo; aseveraciones que no hacen más que ratificar que el objeto de tutela peticionado por los impetrantes, se encuentra fuera del ámbito de protección de esta acción popular, ya que recae sobre la pretensión de que en sede constitucional se reconozca una atribución que el Ejecutivo del Centro de Estudiantes Facultativo dice ostentar, más no así, incide sobre algún interés o derecho de carácter colectivo.

Y, de otro lado, a través de la presente acción tutelar que se analiza, se argumenta la presunta vulneración del derecho a ser elegido del que sería titular el coaccionante Romer Calderón Fernández, a quien la autoridad universitaria hoy demandada, al emitir las Resoluciones del Consejo Universitario 26/21 y 27/21, le estuviera restringiendo la posibilidad de conformar el gobierno universitario y ejercer tareas de fiscalización; derecho invocado que, conforme se esbozó en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, encuentra tutela bajo la acción de amparo constitucional.

Razones que hacen evidente que la demanda planteada por los solicitantes de tutela resulta improcedente, ameritando denegarse la tutela, por no corresponder al ámbito de protección de la acción popular.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 001/2021 de 25 de mayo, cursante de fs. 170 a 175, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.