SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0944/2021-S3
Fecha: 22-Nov-2021
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0944/2021-S3
Sucre, 22 de noviembre de 2021
SALA TERCERA
Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori
Acción de amparo constitucional
Expediente: 38083-2021-77-AAC
Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución AAC-005/2021 de 12 de enero, cursante de fs. 529 a 532 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marco Antonio Moruno Crespo contra María Cristina Díaz Sosa, Edwin Aguayo Arando y Olvis Egüez Oliva, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante por memoriales presentados el 3, 10 y 18 de diciembre de 2020, cursantes de fs. 352 a 358 vta., 362 a 363 y 371 a 373, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido mediante querella interpuesta por Jorge Iván Reyes Ortiz Mercado -hoy tercero interesado- contra su persona, por la presunta comisión del delito de cheque en descubierto, el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante decreto de 26 de abril de 2013, dispuso la radicatoria del proceso y convocó a audiencia de conciliación. Frente a esa determinación formuló un incidente de nulidad de obrados, que fue resuelto por Auto de 14 de mayo de igual año, declarando procedente en parte dicho incidente y anulando obrados, fijando nuevamente la radicatoria del proceso y emplazando a otra audiencia de conciliación que se desarrolló sin su presencia y en la que se llamó a juicio oral, sin permitirle objetar la querella conforme a derecho. Es por ello, que presento recurso de apelación -incidental- contra el referido Auto, el cual fue concedido por decreto de 12 de junio de ese año, ordenándose la remisión de actuaciones ante el Tribunal de alzada.
Una vez remitidas esas actuaciones, el Juez de la causa prosiguió con la tramitación del proceso y sin esperar la resolución del recurso de apelación incidental planteada, desarrolló audiencia de juicio oral que concluyó con la emisión de la Sentencia -39/2014 de 3 de diciembre- declarándolo autor de la comisión del delito de cheque en descubierto y condenándolo a la pena privativa de libertad de tres años y dos meses. Apelada de manera restringida esa determinación, fue resuelta por Auto de Vista de 17 de febrero de 2016, que anuló totalmente la referida Sentencia, ordenando la reposición del “…juicio por otro juez de Sentencia…” (sic). Contra ese fallo, el hoy tercero interesado interpuso recurso de casación, pronunciándose el Auto Supremo (AS) 207/2017-RRC de 21 de marzo, que dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido, ordenando que el Tribunal de alzada dicte un nuevo Auto de Vista.
En cumplimiento al AS 207/2017-RRC, se pronunció un nuevo Auto de Vista el 30 de junio de 2017, que declaró improcedente su recurso de apelación restringida, confirmando la Sentencia 39/2014. Fallo contra el cual recurrió en casación y que derivó en la emisión del AS 358/2018-RRC de 5 de junio, que dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido, siendo uno de sus argumentos que el Tribunal de alzada -Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba- no resolvió fundadamente su recurso de apelación incidental planteado contra el Auto de 14 de mayo de 2013, aspecto que constituía un defecto absoluto e inconvalidable, conforme lo establecido en el art. 169.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Una vez devueltos los antecedentes, el Tribunal de alzada, pronunció un nuevo Auto de Vista el 21 de febrero de 2019, el cual dando cumplimiento a lo dispuesto en el AS 358/2018-RRC, pretendió resolver sin tener competencia para ello el recurso de apelación incidental que interpuso contra el Auto de 14 de mayo de 2013, manifestando que la falta de resolución de ese recurso no importaría nulidad de obrados, al no expresarse agravios sobre el legítimo derecho a la defensa; asimismo, se refirió a los otros puntos observados en el recurso de apelación restringida y confirmó la Sentencia 39/2014. Contra el Auto de Vista de 21 de febrero de 2019 formuló recurso de casación, que fue remitido al Tribunal Supremo de Justicia el 22 de marzo de igual año.
La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista “110/2019” de 9 de mayo de 2019, declarando procedente el recurso de apelación incidental planteado contra el Auto de 14 de mayo de 2013, y anuló obrados hasta fs. “6” inclusive del expediente. El 12 de agosto de 2019, su persona hizo conocer a los Magistrados ahora accionados la existencia de dos resoluciones emitidas por diferentes Salas del referido Tribunal que resolvieron un mismo recurso de apelación incidental y que al haber un conflicto de competencias entre esas Salas se estaba vulnerando la garantía de ser juzgado dentro de un debido proceso y a no ser procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. Frente a esa “denuncia” el Magistrado hoy coaccionado emitió el decreto de 14 de igual mes y año, ordenando a la citada Sala Penal, poner en su conocimiento la “Resolución 110/2019” -Auto de Vista de 9 de mayo de 2019-; posteriormente, sin esperar una respuesta y dejando pendiente el informe -solicitado-, los Magistrados ahora coaccionados pronunciaron el AS 851/2019-RRC de 17 de septiembre, declarando infundado su recurso de casación presentado -contra el Auto de Vista de 21 de febrero de 2019-.
El “30 de septiembre de 2020”, el Presidente de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, elevó el informe solicitado por los Magistrados hoy coaccionados, manifestando que efectivamente emitieron el Auto de Vista de 9 de mayo de 2019 resolviendo el recurso de apelación incidental -que interpuso- y acompañó una copia de ese fallo; al respecto, la Magistrada ahora accionada pronunció el decreto de 2 de octubre de 2020, señalando que la competencia del Tribunal Supremo de Justicia concluyó, arrimando el informe remitido a sus antecedentes.
Los Magistrados hoy coaccionados, al pronunciar el AS 851/2019-RRC, dejaron pendiente el informe solicitado a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, vulnerando la garantía del debido proceso, más aún si se toma en cuenta que esa última Sala mediante Auto de Vista de 9 de mayo de 2019 anuló obrados. Además, incumplieron lo establecido por el art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) sobre la revisión de oficio de las actuaciones procesales, ya que de cumplir esa obligación, hubieran advertido que en la tramitación del proceso penal fue privado por el Juez de primera instancia -de ejercer- el derecho a la defensa, al no poder objetar la querella interpuesta contra su persona. Así también, al dejar en suspenso el informe requerido y emitir -directamente- el AS 851/2019-RRC, incurrieron en una incongruencia omisiva con relación a la llamada de atención realizada al Tribunal de alzada en el AS 358/2018-RRC, haciendo referencia a lo expuesto en el AS 272/2013-RRC de 17 de octubre; tampoco fundamentaron su fallo conforme lo prescribe el art. 124 del CPP, en cuanto a porque se omitió la espera de ese informe, el cual efectivamente llegó cuando los Magistrados ahora accionados concluyeron supuestamente su competencia.
El AS 851/2019-RRC, vulneró la garantía de no ser juzgado ni condenado dos veces por el mismo hecho; puesto que su recurso de apelación incidental planteado contra el Auto de 14 de mayo de 2013, fue “juzgado” y resuelto dos veces y por dos “Tribunales de justicia” completamente diferentes. Uno en virtud al AS 358/2018-RRC, que sin corroborar si esa apelación incidental fue remitida al Tribunal de alzada, ordenó a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, atender el mismo, emitiéndose el Auto de Vista de 21 de febrero de 2019. Y otro, resuelto por la Sala Penal Cuarta del referido Tribunal, que pronunció el Auto de Vista de 9 de mayo de igual año. La situación descrita lo deja en estado de incertidumbre e indefensión, al no saber cuál es la resolución que tiene el valor y eficacia jurídica y a qué atenerse, lo que además vulneró el principio de impugnación.
Hasta la emisión del AS 851/2019-RRC, no existía ninguna -otra- resolución dictada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -con relación al Auto de 14 de mayo de 2013-; por lo que resultó extraño que se haga mención a un nuevo Auto de Vista emitido en atención a la Resolución 041/2020 de 9 de septiembre -que resolvió una acción de amparo constitucional interpuesta por el hoy tercero interesado, contra los Vocales de la referida Sala Penal Cuarta-, siendo que el mismo no fue aludido en la presente acción tutelar y no forma parte del expediente del proceso seguido contra su persona, siendo sugestivo que la Sala Constitucional ordene la presentación de dicho Auto de Vista que tendría que ser ignorado. En ese sentido, resulta incomprensible la exigencia de adjuntar el señalado Auto de Vista pronunciado el 26 de octubre de 2020 y notificado a su persona el 26 de noviembre del mismo año, con fecha posterior a la emisión del AS 851/2019-RRC.
I.1.2. Derecho, garantía y principio supuestamente vulnerados
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, a la garantía de no ser juzgado -procesado ni condenado- dos veces -más de una vez- por el mismo hecho; y, al principio de impugnación; citando al efecto los arts. 115, 117, 120.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se disponga la nulidad del AS 851/2019-RRC de 17 de septiembre, pronunciado por los Magistrados ahora coaccionados; y, b) Se pronuncie un nuevo Auto Supremo cumpliendo de manera efectiva la obligación impuesta por el art. 17 de la LOJ, revisando de oficio el proceso y velando por el cumplimiento de los derechos y garantías previstos en los arts. 115, 117 y 120 de la CPE, en resguardo de los principios de transparencia, probidad, legalidad, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes, conforme lo establecen los arts. 179 y 180 de la Norma Suprema, y posteriormente declaren fundado el recurso de casación interpuesto por su persona el 15 de marzo de 2019.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia virtual el 12 de enero de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 526 a 528, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestó que: 1) Ante el informe elevado por el Presidente de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justica de Cochabamba, los Magistrados ahora accionados manifestaron que ya no tenían competencia al emitir el AS 851/2019-RRC; sin embargo, en el informe adjuntado -dentro de esta acción tutelar- refieren que no se agotó la instancia ordinaria al no interponer recurso de reposición. En ese sentido, como podrían presentar dicho recurso si es que ese alto Tribunal de Justicia perdió competencia con el pronunciamiento del citado Auto Supremo; 2) La mencionada Sala Penal Cuarta, dictó un nuevo Auto de Vista siguiendo los lineamientos de la acción de amparo constitucional formulada por el hoy tercero interesado, en la cual, su persona manifestó que esa acción de defensa fue instaurada con argumentos falaces, al señalar que se extraviaron los antecedentes del proceso y que existía retardación de justicia al encontrarse paralizado el proceso, cuando en los hechos, el legajo procesal estaba pendiente de una resolución de casación; lo que demostró falta de lealtad procesal del ahora tercero interesado, quien al momento de formular su acción tutelar no puso en conocimiento -esa situación- a la Sala Constitucional, que coincidentemente es la misma que lleva a cabo la presente acción de amparo constitucional; 3) El hoy tercero interesado hizo incurrir en error a la Sala Constitucional, ya que el proceso se hallaba concluido, en razón a resolverse un recurso de casación y tenía la calidad de cosa juzgada, por lo que no era posible que se efectúe esa acción de defensa; asimismo, se emitió un nuevo Auto de Vista por la referida Sala Penal Cuarta; y, 4) El proceso penal seguido contra su persona se tramitó de forma caótica; puesto que de manera sospechosa se extraviaron los antecedentes en el “Tribunal” de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, como expresó el ahora tercero interesado, e incluso indicó que no lograba obtener fotocopias del mismo, siendo que era de su conocimiento que todos los antecedentes se encontraban en la ciudad de Sucre, sede del Tribunal Supremo de Justicia.
I.2.2. Informe de las autoridades accionadas
María Cristina Díaz Sosa, actual Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 12 de enero de 2021, cursante de fs. 520 a 522, manifestó lo siguiente: i) Conformó la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en forma posterior a la emisión del AS 851/2019-RRC objeto de la presente acción tutelar. En ese sentido, la determinación que se emita será de su conocimiento y en su caso de cumplimiento por los Magistrados que actualmente integran esa Sala Penal; ii) Los Magistrados ahora coaccionados, pronunciaron el referido Auto Supremo que declaró infundado el recurso de casación interpuesto por “…el querellante Jorge Iván Reyes Ortiz Mercado…” (sic), manteniendo subsistente el Auto de Vista de 21 de febrero de 2019, que dispuso la improcedencia del recurso de apelación y confirmó la Sentencia 39/2014. Ese Auto de Vista fue dictado en cumplimiento del AS 358/2018-RRC, que declaró fundado el recurso de casación planteado por el accionante y dejó sin efecto el Auto de Vista 42/2017 de 30 de junio; iii) El AS 851/2019-RRC, se encuentra motivado y fundamentado, por lo que no se vulneró el derecho al debido proceso por falta de fundamentación, como refiere el accionante, y se dio cumplimiento a lo establecido por el art. 124 del CPP; iv) En cuanto a la denuncia de falta de fundamentación del Auto de Vista de 21 de febrero de 2019, se tiene que el AS 851/2019-RRC indicó que por la naturaleza del recurso de casación, los precedentes alegados no resultaban aplicables al Auto de Vista de 21 de febrero de 2019, al no contener problemáticas similares; v) Sobre la denuncia relacionada con la falta de especificación de las pruebas que no fueron valoradas o que fueron defectuosamente valoradas, el citado Auto Supremo concluyó que no se vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de valoración razonable de la prueba, sino que el Tribunal de alzada atendió ese reclamo adecuando su acto a la doctrina legal aplicable contenida en el AS 214 de 28 de marzo de 2007, -cuyo razonamiento- no aconteció en el caso concreto y por ello se consideró infundado el recurso de casación; vi) No resulta evidente la denuncia de falta de fundamentación y motivación, sobre los motivos casacionales vinculados al Auto de Vista de 21 de febrero de 2019 y que fue objeto de análisis en el AS 851/2019-RRC; vii) Al no haber conformado la Sala que pronunció el Auto Supremo hoy impugnado, no puede emitir un informe sobre la supuesta vulneración de la garantía de que un mismo hecho no puede ser juzgado dos veces o por dos tribunales diferentes y la inobservancia de los principios procesales aludidos por el accionante, relacionados con el informe requerido y vinculado al pronunciamiento del Auto de Vista de 9 de mayo de igual año, que resolvió el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante contra el Auto de 14 de mayo de 2013, por lo que desconocía las razones por las que se solicitó dicho informe, el motivo del porque no se aguardó el mismo y el contenido del Auto de Vista de 9 de mayo de 2019; y, viii) Por lo expuesto, pidió se deniegue la tutela solicitada por el accionante, manteniendo firme y subsistente el AS 851/2019-RRC.
Edwin Aguayo Arando y Olvis Egüez Oliva, actual y ex Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 12 de enero de 2021, cursante de fs. 523 a 525, manifestaron que: a) El accionante a través de esta acción tutelar, impugnó el AS 851/2019-RRC; empero, en el contenido de sus memoriales no hizo referencia a fundamento alguno del mencionado fallo que le genere vulneración de derechos o garantías constitucionales, limitándose a señalar que se dejó pendiente el informe solicitado a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, lo que vulneraría su derecho al debido proceso e incumpliría lo establecido por el art. 17 de la LOJ; b) Cuando emitieron el Auto de Admisión del recurso de casación interpuesto por el accionante, obraron conforme a lo previsto por el art. 419 del CPP, lo que demuestra que el Auto Supremo impugnado fue pronunciado en observancia a esa norma, sin vulnerar el derecho al debido proceso ni incumplir el art. 17 de la LOJ, limitando su competencia a lo establecido en el parágrafo III de esa norma; y mucho menos se lesionó lo regulado por el art. 117.II de la CPE; c) El accionante refiere que sus autoridades una vez recibido el informe requerido dictaron el decreto de 2 de octubre de 2020; sin embargo, no formuló contra ese decreto el recurso de reposición previsto en el art. 401 del CPP; en tal sentido, al no agotarse las vías necesarias se advierte la concurrencia del principio de subsidiaridad, que conforme a la SCP 0169/2018-S3 de 18 de abril, la acción no podrá activarse mientras no se agoten los medios o recursos legales idóneos y oportunos para la protección de los derechos de la persona interesada; y, d) Por lo expuesto piden se deniegue la tutela solicitada.
I.2.3. Intervención del tercero interesado
Jorge Iván Reyes Ortiz Mercado, por memorial presentado el 12 de enero de 2021, cursante de fs. 512 a 515, así como en audiencia a través de su abogado, señaló que: 1) El accionante en el proceso penal seguido en su contra interpuso un incidente de nulidad de obrados, que fue declarado procedente en parte por Auto de 14 de mayo de 2013, decisión que fue apelada de manera incidental y resuelta por Auto de Vista de 9 de mayo de 2019, emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que anuló obrados “…hasta fs. 6 inclusive…”, disponiendo que el Juez de primera instancia, tramite el proceso observando lo establecido por el art. 375 del CPP; 2) Contra los Vocales de la citada Sala Penal Cuarta formuló una acción de amparo constitucional, impugnando el Auto de Vista de 9 de mayo de 2019, en la que el accionante participó como tercero interesado; emitiéndose la Resolución 041/2020 por la Sala Constitucional Primera del indicado Tribunal, concediendo la tutela solicitada y disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista objetado; ordenando a los Vocales accionados, pronunciar un nuevo fallo debidamente fundamentado y motivado, guardando la congruencia externa e interna. Dando cumplimiento a esa Resolución, los Vocales accionados en esa acción tutelar dictaron el Auto de Vista de 26 de octubre de 2020, el cual ya no anuló obrados, sino que declaró improcedente el recurso de apelación incidental planteada por el accionante contra el Auto de 14 de mayo de 2013, confirmando dicho fallo; 3) En el proceso penal se pronunció Sentencia condenatoria contra el accionante, quien interpuso apelación restringida. Y luego de la emisión de Autos de Vista y Autos Supremos, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba dictó el Auto de Vista de 21 de febrero de 2019, que declaró improcedente el recurso de apelación restringida formulado por el accionante, confirmando la Sentencia recurrida. Y ante el recurso de casación presentado, los Magistrados ahora coaccionados mediante AS 851/2019-RRC declararon infundado ese recurso; lo que implica que la Sentencia 39/2014 se encuentra ejecutoriada; 4) Existen dos recursos planteados; el primero, referido a la apelación incidental contra el Auto de 14 de mayo de 2013, que resolvió un incidente de nulidad de obrados; y el segundo, relativo a la apelación restringida contra la referida Sentencia. Resultando ser dos actuados totalmente distintos dentro de un mismo proceso, que fueron tramitados “por cuerda separada”, con legajos diferentes y resueltos por la Sala Penal Cuarta y la Sala Penal Primera, respectivamente, ambas del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, conforme los alcances establecidos en los arts. 403 y 407 del CPP. Por lo que no existió doble juzgamiento ni doble proceso, quedando desvirtuada esa denuncia y la vulneración del derecho al debido proceso; 5) En cuanto a los principios de impugnación, transparencia, probidad, legalidad, verdad material, debido proceso e igualdad de partes; el accionante no fundamentó los motivos por los que se consideran vulnerados los mismos; 6) El accionante pretende modificar lo resuelto en el Auto de Vista de 26 de octubre de 2020, aduciendo la existencia de doble juzgamiento; fallo que fue emitido por efecto de la acción de amparo constitucional formulada por su persona, en cuya audiencia de 9 de septiembre de igual año, el nombrado indicó la existencia de un recurso de casación que se encontraba en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, dejando en claro que se tiene dos apelaciones distintas, lo que demuestra que pretende utilizar la jurisdicción constitucional como una segunda casación para anular el AS 851/2019-RRC; y, 7) Por lo expuesto, pide se deniegue la tutela solicitada y sea con costas.
I.2.4. Resolución
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución AAC-005/2021 de 12 de enero, cursante de fs. 529 a 532 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) El accionante en su recurso de casación hizo referencia a la nulidad de obrados que planteó, lo que demostró que de manera oportuna observó y reclamó la falta de resolución del recurso de apelación incidental que interpuso contra el Auto de 14 de mayo de 2013, cumpliendo así con el principio de subsidiariedad; ii) El Tribunal Supremo de Justicia en función a las documentales adjuntadas por el accionante, emitió el AS 449/2019-RA de 17 de junio, por el que admitió su recurso de casación, realizando -para ello- el análisis del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, advirtiéndose de lo expuesto en el “Núm. IV” -de dicho fallo-, que el mencionado Tribunal si se pronunció con relación al agravio relativo al incidente de nulidad -de obrados-, y por lo tanto, solo admitió el recurso de casación a efectos de considerar los motivos cuarto y quinto del recurso de casación; iii) El AS 851/2019-RRC -ahora impugnado-, dentro de sus argumentos hizo un análisis de aspectos de fondo del recurso de casación formulado por el accionante, relativa a la resolución de la apelación restringida, aspectos que no fueron señalados en la -presente- acción de amparo constitucional como agraviantes para ser considerados como vulneradores de derechos; iv) El accionante indicó que existió doble juzgamiento con relación a su persona, al dictarse dos Autos de Vista resolviendo el mismo recurso de apelación incidental contra el Auto de “13” de mayo de 2014 -que resolvió el incidente de nulidad de obrados-, y como se advierte, el AS 449/2019-RA efectuó un análisis previo del recurso de casación y respecto a ese incidente de nulidad, manifestó que no ameritaba ingresar a su examen al no cumplir con los requisitos del recurso de casación; v) Los Magistrados hoy coaccionados examinaron específicamente el recurso de casación planteado referente al Auto de Vista que resolvió la apelación restringida dentro del proceso penal seguido contra el accionante; por lo que en función al derecho al debido proceso, la Sala Constitucional no advirtió la presencia de dos procesos sobre una misma causa contra el accionante, sino de un proceso principal que cumplió con todas sus instancias; en tal sentido, no se corroboró que fue procesado dos veces por un mismo hecho; vi) El Tribunal Supremo de Justicia en reiterados Autos Supremos indicó que evidentemente la Sala que resuelva la apelación restringida, debe pronunciarse con relación a la apelación incidental sobre una nulidad, situación que ocurrió en el proceso penal, como se tiene del Auto de Vista de 21 de febrero de 2019, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; vii) El AS 851/2019-RRC no vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de non bis in ídem o ser juzgado dos veces por un mismo hecho; y, viii) Respecto al decreto de 14 de agosto de igual año, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, el cual dispuso que la referida Sala Penal Cuarta informe con relación al Auto de Vista que emitió, no se advierte que fuera considerado en el AS 851/2019-RRC, pronunciado -únicamente- en función al recurso de casación interpuesto por el accionante.
II. CONCLUSIONES
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Por memorial de 6 de mayo de 2013, dirigido al Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, Marco Antonio Moruno Crespo -hoy accionante- interpuso -incidente de- nulidad de obrados (fs. 25 a 26 vta.); emitiendo la referida autoridad judicial el Auto de 14 de mayo de 2013 (fs. 36 a 37 vta.); fallo contra el cual el accionante formuló recurso de apelación incidental mediante memorial de 27 del mismo mes y año (fs. 42 a 43).
II.2. Consta Sentencia 39/2014 de 3 de diciembre, emitida por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, declarando al accionante como autor de la comisión del delito de cheque en descubierto, imponiéndole la pena de tres años y dos meses de reclusión en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones del indicado departamento (fs. 148 a 52 vta.). Decisión contra la cual el accionante planteó recurso de apelación restringida (fs. 175 a 179).
II.3. Cursa Auto de Vista de 17 de febrero de 2016, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por el que anuló totalmente la Sentencia 39/2014 y ordenó la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia (fs. 203 a 211 vta.). Fallo contra el cual Jorge Iván Reyes Ortiz Mercado -ahora tercero interesado-, a través de su apoderada, interpuso recurso de casación (fs. 213 a 216 vta.).
II.4. Consta AS 207/2017-RRC de 21 de marzo, emitido por las entonces Magistradas de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual dejaron sin efecto el Auto de Vista de 17 de febrero de 2016 (fs. 234 a 238 vta.)
II.5. Mediante Auto de Vista de 30 de junio de 2017, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto por el accionante y confirmó la Sentencia 39/2014 (fs. 244 a 254). Determinación que fue recurrida en casación por el accionante (fs. 257 a 264).
II.6. Por AS 358/2018-RRC de 5 de junio, Edwin Aguayo Arando y Olvis Egüez Oliva, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia -ahora coaccionados-, dejaron sin efecto el Auto de Vista de 30 de junio de 2017, disponiendo que el Tribunal de apelación pronuncie una nueva resolución (fs. 275 a 282 vta.)
II.7. Consta Auto de Vista de 21 de febrero de 2019, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por el cual se declaró improcedente el recurso de apelación restringida formulada por el accionante y confirmó la Sentencia 39/2014 (fs. 292 a 302). Fallo contra el cual el accionante interpuso recurso de casación (fs. 305 a 313 vta.).
II.8. A través del Auto de Vista de 9 de mayo de 2019, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -resolviendo el recurso de apelación incidental presentado por el accionante contra el Auto de 14 de mayo de 2013-, anuló obrados hasta fs. “6” inclusive (fs. 325 a 326 vta.); determinación que el nombrado hizo conocer a los Magistrados hoy coaccionados mediante memorial de 14 de agosto de 2019 (fs. 327 a 328 vta.); emitiéndose el decreto de igual fecha, pidiendo se oficie a la referida Sala Penal Cuarta para que ponga en su conocimiento la “Resolución 110/2019” y sus demás antecedentes (fs. 329).
II.9. Por AS 851/2019-RRC de 17 de septiembre, los Magistrados ahora coaccionados declararon infundado el recurso de casación formulado por el accionante -contra el Auto de Vista de 21 de febrero de 2019- (fs. 331 a 337 vta.), siendo notificado al accionante el 9 de octubre de 2020 (fs. 347).
II.10. Consta informe presentado el 1 de octubre de 2020, ante el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por el que Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, hizo conocer que la Sala que conformaba emitió el Auto de Vista de 9 de mayo de 2019 (fs. 344); en ese sentido, María Cristina Díaz Sosa, Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia -ahora accionada- pronunció el decreto de 2 de octubre de 2020, por el cual señaló que el citado Tribunal concluyó su competencia con la emisión del AS 851/2019-RRC, ordenando se arrimen a sus antecedentes la documentación aparejada junto al referido informe (fs. 345).
II.11. Cursa memorial de acción de amparo constitucional interpuesto por el hoy tercero interesado, contra los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 480 a 487 vta. y 489 a 497); posteriormente la Sala Constitucional Primera del referido Tribunal emitió la Resolución 041/2020 de 9 de septiembre, concediendo la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista de 9 de mayo de 2019 y ordenando se pronuncie un nuevo fallo (fs. 500 a 506). En cumplimiento a esa determinación, la señalada Sala Penal Cuarta dictó el Auto de Vista de 26 de octubre de 2020, declarando improcedente el recurso de apelación incidental formulado por el accionante -contra el Auto de 14 de mayo de 2013- y confirmó dicho Auto de Vista (fs. 507 a 511).
II.12. Mediante la revisión del Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se advirtió que a través de la SCP 0480/2021-S3 de 13 de agosto, fue confirmada en parte la Resolución 041/2020, emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, a la garantía de no ser juzgado -procesado ni condenado- dos veces -más de una vez- por el mismo hecho; y, al principio de impugnación; puesto que los Magistrados ahora accionados: a) Sin esperar una respuesta y dejando pendiente el informe solicitado a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, respecto a la emisión del Auto de Vista de 9 de mayo de 2019, que resolvió el recurso de apelación incidental planteado contra el Auto de 14 de mayo de 2013; pronunciaron el AS 851/2019-RRC de 17 de diciembre, vulnerando la garantía del debido proceso e incumpliendo lo establecido por el art. 17.I de la LOJ sobre la revisión de oficio de las actuaciones procesales; b) Al dictar -directamente- el referido Auto Supremo incurrieron en incongruencia omisiva con relación a la llamada de atención realizada al Tribunal de alzada en el AS 358/2018-RRC de 5 de junio; c) No fundamentaron su fallo respecto a la omisión en la espera del informe requerido; d) Vulneraron la garantía de no ser juzgado ni condenado dos veces por el mismo hecho, ya que su recurso de apelación incidental formulado contra el Auto de 14 de mayo de 2013, fue resuelto dos veces y por dos “…Tribunales de justicia…” completamente diferentes; y, e) Ante la presentación del informe solicitado a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, indicaron que su competencia había concluido.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
III.1. De la relevancia constitucional
La SC 0995/2004-R de 29 de junio, señaló que: “…los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados”.
Por su parte la SCP 2542/2012 de 21 de diciembre, refirió que: “…es posible concluir que el error o defecto procesal será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión final adoptada, ya sea en un proceso judicial o un proceso administrativo interno, esto en razón de que no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen los posibles defectos procedimentales, si es que finalmente se llegará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales”.
III.2. Análisis del caso concreto
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, a la garantía de no ser juzgado -procesado ni condenado- dos veces -más de una vez- por el mismo hecho; y, al principio de impugnación; puesto que los Magistrados ahora accionados: 1) Sin esperar una respuesta y dejando pendiente el informe solicitado a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, respecto a la emisión del Auto de Vista de 9 de mayo de 2019, que resolvió el recurso de apelación incidental planteado contra el Auto de 14 de mayo de 2013; pronunciaron el AS 851/2019-RRC de 17 de diciembre, vulnerando la garantía del debido proceso e incumpliendo lo establecido por el art. 17.I de la LOJ sobre la revisión de oficio de las actuaciones procesales; 2) Al dictar -directamente- el referido Auto Supremo incurrieron en incongruencia omisiva con relación a la llamada de atención realizada al Tribunal de alzada en el AS 358/2018-RRC de 5 de junio; 3) No fundamentaron su fallo respecto a la omisión en la espera del informe requerido; 4) Vulneraron la garantía de no ser juzgado ni condenado dos veces por el mismo hecho, ya que su recurso de apelación incidental formulado contra el Auto de 14 de mayo de 2013, fue resuelto dos veces y por dos “…Tribunales de justicia…” completamente diferentes; y, 5) Ante la presentación del informe solicitado a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, indicaron que su competencia había concluido.
De la revisión de antecedentes, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el ahora tercero interesado contra el accionante, por la presunta comisión del delito de cheque en descubierto, ese último interpuso un incidente de nulidad de obrados ante el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, quien pronunció el Auto de 14 de mayo de 2013, que declaró procedente en parte dicho incidente y anuló obrados, radicando la causa y convocando a audiencia de conciliación; fallo contra el cual el accionante interpuso recurso de apelación incidental (Conclusión II.1.), disponiendo el citado Juez la remisión de los actuados al Tribunal de alzada por decreto de 12 de junio de igual año. La indicada autoridad judicial continuó con la tramitación del proceso penal, que culminó con la emisión de la Sentencia 39/2014, declarando al accionante autor de la comisión del delito acusado, imponiéndole la pena de tres años y dos meses de reclusión en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones del referido departamento; es así que, el accionante formuló recurso de apelación restringida, indicando que el Juez de primera instancia no cumplió con su deber de revisar de oficio los antecedentes del proceso, ya que quedó pendiente de resolución por el Tribunal de alzada el recurso de apelación incidental presentado contra el Auto de 14 de mayo de 2013 (Conclusión II.2.); ese recurso derivó en el pronunciamiento del Auto de Vista de 17 de febrero de 2016, por el cual la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba anuló totalmente la Sentencia 39/2014 y ordenó la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia, debiendo sustanciarse el mismo una vez que se verifique el resultado de la apelación incidental, a efectos de no causar nuevos vicios en el procedimiento; una vez recurrida en casación esa decisión por el hoy tercero interesado (Conclusión II.3.), fue dejada sin efecto por AS 207/2017-RRC, emitido por las entonces Magistradas de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, quienes ordenaron se dicte un nuevo fallo, siendo uno de sus argumentos, que el Tribunal de alzada no fundamentó adecuadamente su decisión de anular la citada Sentencia, con el argumento de que a pesar de no existir en el juicio un reclamo del imputado -accionante- sobre la falta de resolución de la apelación incidental -planteada contra el Auto de 14 de mayo de 2013-, -ello- constituiría defecto absoluto (Conclusión II.4.).
En cumplimiento al fallo señalado, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba pronunció el Auto de Vista de 30 de junio de 2017, en el que, refiriéndose al recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante contra el Auto de 14 de mayo de 2013, concluyó que no tenía mérito para su consideración; asimismo, luego del análisis de los agravios expuestos por el accionante en su recurso de apelación restringida, declaró improcedente el mismo y confirmó la Sentencia 39/2014. Contra ese Auto de Vista, el accionante formuló recurso de casación (Conclusión II.5.); emitiendo los Magistrados ahora coaccionados el AS 358/2018-RRC, dejando sin efecto el Auto de Vista recurrido y disponiendo que el Tribunal de alzada dicte una nueva resolución, bajo el argumento de que no se dio cumplimiento a lo determinado en el AS 207/2017-RRC, al no fundamentar, motivar ni responder al aspecto incidental -relacionado con el Auto de 14 de mayo de 2013- que fue apelado de manera restringida (Conclusión II.6.).
En cumplimiento a lo dispuesto en el AS 358/2018-RRC, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció el Auto de Vista de 21 de febrero de 2019, declarando improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto por el accionante y confirmó la Sentencia 39/2014; en cuanto a uno de los agravios expuestos en dicho recurso, relativo a la falta de resolución del recurso de apelación incidental formulado contra el Auto de 14 de mayo de 2013; entre otros aspectos, se indicó que esa inobservancia procesal no desconoció la competencia del Juez de primera instancia para proseguir con el trámite de la causa y no se constituyó en un aspecto que conlleve nulidad de obrados ni de la Sentencia 39/214, al no resolver el fondo de la acusación particular y tampoco la responsabilidad o no del inculpado en la comisión del delito atribuido y menos esa falta de análisis vulneró algún derecho o garantía del accionante, quien no estuvo en estado de indefensión al ejercer su derecho a la defensa sobre el fondo de la causa; además, se indicó que esa falta de pronunciamiento no se constituyó en un defecto absoluto y no se demostró posibles agravios que importen nulidad. El Auto de Vista de 21 de febrero de 2019, fue objeto de recurso de casación planteado por el accionante (Conclusión II.7.).
Debido al planteamiento del recurso de apelación incidental por parte del accionante contra el Auto de 14 de mayo de 2013, los antecedentes de ese recurso fueron remitidos a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba mediante oficio de 20 de junio de ese año (fs. 459), radicando inicialmente en la Sala Penal Tercera del citado Tribunal y a raíz de la creación de la Sala Penal Cuarta en el mencionado Tribunal, por oficio de 26 de febrero de 2019 (fs. 460), fueron remitidos a la misma los antecedentes del recurso de apelación incidental; en ese sentido, se emitió el Auto de Vista de 9 de mayo del mismo año, por el que se anuló obrados hasta fs. “6” inclusive -del proceso penal-, disponiendo que el Juez de primera instancia observe el trámite previsto en el art. 375 y siguientes del CPP. Esa determinación el accionante la hizo conocer a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia mediante memorial de 14 de agosto de 2019; en tal sentido, dicha Sala por decreto de igual fecha, dispuso que la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba ponga en su conocimiento el Auto de Vista de 9 de mayo de 2019 y sus demás antecedentes (Conclusión II.8.); posteriormente, los Magistrados hoy coaccionados pronunciaron el AS 851/2019-RRC, declarando infundado el recurso de casación presentado por el accionante contra el Auto de Vista de 21 de febrero de 2019 (Conclusión II.9.).
El 1 de octubre de 2020, el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba presentó un informe al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, haciendo conocer que la Sala de la que formaba parte, emitió el Auto de Vista de 9 de mayo de 2019, resolviendo el recurso de apelación incidental formulado por el accionante contra el Auto de 14 de mayo de 2013; en tal sentido, se dictó el decreto de 2 de octubre de 2020, por el cual la Magistrada hoy accionada, indicó que concluyó la competencia del Tribunal Supremo de Justicia con el pronunciamiento del AS 851/2019-RRC, ordenando se arrime la documentación aparejada junto al mencionado informe (Conclusión II.10.). Con dicho decreto y con el referido Auto Supremo, el accionante fue notificado el 9 de octubre de 2020.
Antes de la emisión del AS 851/2019-RRC, el hoy tercero interesado, interpuso una acción de amparo constitucional contra los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, impugnando el Auto de Vista de 9 de mayo de 2019, que fue resuelta por la Sala Constitucional Primera del referido Tribunal mediante Resolución 041/2020 concediendo la tutela solicitada y dejando sin efecto el Auto de Vista impugnado, ordenando se emita un nuevo fallo; en ese sentido, los Vocales accionados en esa acción tutelar, pronunciaron el Auto de Vista de 26 de octubre de 2020, por el cual declararon improcedente el recurso de apelación incidental formulado por el accionante contra el Auto de 14 de mayo de 2013, y confirmando dicho Auto (Conclusión II.11.).
Establecidos los antecedentes procesales, se advierte que a través de esta acción tutelar, el accionante cuestiona las determinaciones asumidas por los Magistrados ahora accionados en el AS 851/2019-RRC, denunciando que dichas autoridades: i) Sin esperar una respuesta y dejando pendiente el informe solicitado a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, sobre la emisión del Auto de Vista de 9 de mayo de 2019, emitieron el referido Auto Supremo; ii) Al pronunciar directamente el AS 851/2019-RRC, incurrieron en incongruencia omisiva con relación a la llamada de atención realizada al Tribunal de alzada en el AS 358/2018-RRC; iii) No fundamentaron su fallo respecto a la omisión en la espera del informe requerido; iv) Ante la presentación de dicho informe indicaron que su competencia había concluido; y, v) Vulneraron la garantía de no ser juzgado ni condenado dos veces por el mismo hecho; puesto que su recurso de apelación incidental planteado contra el Auto de 14 de mayo de 2013, fue resuelto dos veces y por dos “…Tribunales de justicia…” completamente diferentes.
Ahora bien, con relación a las cuatro primeras denuncias identificadas en la presente acción tutelar y vinculadas al derecho al debido proceso, corresponde señalar que las mismas fundan su argumento en el informe solicitado por los Magistrados ahora coaccionados a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, respecto a la emisión del Auto de Vista de 9 de mayo de 2019, que resolvió el recurso de apelación incidental planteado por el accionante contra el Auto de 14 de mayo de 2013, anulando obrados hasta fs. “6” inclusive del proceso penal seguido en su contra; cuestionamientos con base en los cuales -el accionante- pide a esta jurisdicción constitucional declare la nulidad del AS 851/2019-RRC hoy impugnado; sin embargo, en sus alegaciones no toma en cuenta que el Auto de Vista -de 9 de mayo de 2019- en el que funda sus reclamos, fue dejado sin efecto por la Resolución 041/2020 pronunciada por la Sala Constitucional Primera del referido Tribunal, dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ahora tercero interesado, y en su lugar se emitió el Auto de 26 de octubre de 2020, que al contrario del que fue dejado sin efecto, declaró improcedente el recurso de apelación incidental formulado por el accionante -contra el Auto de 14 de mayo de 2013- y confirmando dicho fallo.
Bajo ese contexto, el pretendido examen de las cuatro primeras denuncias relacionadas, amparadas y sustentadas en un informe respecto al Auto de Vista de 9 de mayo de 2019, que quedó inexistente y sin ninguna eficacia legal por expresa determinación de una Sala Constitucional que luego fue confirmada en parte por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0480/2021-S3 (Conclusión II.12.), carece de relevancia constitucional en el marco del razonamiento mencionado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, en razón que la concesión de la tutela no cambiaría ni tendría algún efecto dentro del proceso penal del cual deviene esta acción de defensa, al haber cambiado las circunstancias que motivaron su interposición; puesto que el nuevo Auto de Vista -de 26 de octubre de 2020-, al declarar improcedente el recurso de apelación incidental formulado por el accionante, implica en definitiva que no se dio curso a su solicitud de nulidad de obrados, siendo intrascendente e innecesario que esta jurisdicción constitucional deje sin efecto el AS 851/2019-RRC hoy impugnado y ordene al respecto, un pronunciamiento expreso por parte del Tribunal Supremo de Justicia.
Téngase en cuenta además que, el Auto de Vista de 26 de octubre de 2020, si bien fue pronunciado de manera posterior a la emisión del AS 851/2019-RRC; empero, el mismo no era extraño ni desconocido para el accionante, ya que expresamente reconoció en su memorial de “cumple lo extrañado” (fs. 371 a 373), que fue notificado con dicho fallo el 26 de noviembre de igual año, mucho antes del planteamiento de la presente acción tutelar -3 de diciembre de ese año-; por lo que su consideración no puede ser ignorada respecto al análisis de la relevancia constitucional de los cuatro reclamos iniciales expuestos por el accionante.
Por lo precedentemente expuesto, corresponde denegar la tutela solicitada por el accionante respecto al derecho al debido proceso.
Con relación a la quinta denuncia de vulneración de la garantía de no ser juzgado -procesado ni condenado- dos veces -más de una vez- por el mismo hecho, respecto al recurso de apelación incidental planteado contra el Auto de 14 de mayo de 2013, que según indica el accionante, fue resuelto dos veces y por dos “…Tribunales de justicia…” completamente diferentes; se tiene que el AS 358/2018-RRC, a tiempo de dejar sin efecto el Auto de Vista de 30 de junio de 2017, argumentó que ese Auto no dio cumplimiento a lo determinado en el AS 207/2017-RRC, al no fundamentar, motivar ni responder -el agravio- referido al trámite procedimental del incidente de nulidad de obrados interpuesto por el accionante, que derivó en la emisión del Auto de 14 de mayo de 2013, el cual luego fue apelado incidentalmente por el nombrado y se encontraba pendiente de resolverse.
Es en ese contexto, dando cumplimiento al argumento señalado precedentemente, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció el Auto de Vista de 21 de febrero de 2019, que al declarar improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto por el accionante y confirmar la Sentencia 39/2014; sobre el agravio referido y relacionado con el trámite del incidente de nulidad de obrados y la falta de resolución del recurso de apelación incidental formulado contra el Auto de 14 de mayo de 2013; indicó que esa inobservancia procesal advertida, no desconoció la competencia del Juez de primera instancia para proseguir con la tramitación del proceso penal seguido contra el accionante, ni se constituyó en un aspecto que conlleve la nulidad de obrados y de la Sentencia condenatoria; puesto que la resolución a dictarse no resolvería el fondo de la acusación particular, ni tampoco -definiría- sobre la responsabilidad del accionante en la comisión del delito atribuido. Así también, se mencionó que esa falta de pronunciamiento del recurso de apelación incidental planteado contra el Auto de 14 de mayo de 2013, no vulneró derechos o garantías del accionante, quien no estuvo en estado de indefensión al ejercer su derecho a la defensa sobre el fondo de la causa y menos se constituyó en un defecto absoluto, sin demostrarse la existencia de posibles agravios que importen nulidad (fs. 297 vta. a 298).
Lo expuesto, demuestra que los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, al pronunciar el Auto de Vista de 21 de febrero de 2019, simplemente resolvieron el agravio expuesto por el accionante en su recurso de apelación restringida, referido a la falta de resolución del recurso de apelación incidental (fs. 176 vta. a 177); y no así, como erradamente entiende el accionante el fondo del mencionado recurso de apelación incidental planteado contra el Auto de 14 de mayo de 2013, cuyos cuestionamientos no resultan similares ni guardan la debida compatibilidad con lo resuelto por los Vocales aludidos. Además, debe tenerse en cuenta que al resolver el agravio examinado, los referidos Vocales no emitieron un pronunciamiento dejando sin efecto, confirmando o anulando el Auto de 14 de mayo de 2013, lo que corrobora que simplemente se avocó a resolver el cuestionamiento inmerso en el agravio expuesto en el recurso de apelación restringida formulado por el accionante.
En tal sentido, no resulta evidente la denuncia de vulneración de la garantía de no ser procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, ya que no es cierto que el recurso de apelación incidental planteado contra el Auto de 14 de mayo de 2013, fue resuelto dos veces y por dos Tribunales diferentes como se tiene señalado en esta acción tutelar; motivo por el corresponde denegar la tutela solicitada por el accionante al respecto.
En definitiva, no corresponde emitir un pronunciamiento sobre la denuncia de vulneración del principio de impugnación, al no vincularse con algún derecho que fuere lesionado, ni exponerse sobre el mismo un argumento que demuestre su vulneración por las determinaciones asumidas por los Magistrados ahora accionados.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
POR TANTO
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC-005/2021 de 12 de enero, cursante de fs. 529 a 532 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA