SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1013/2021-S4

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1013/2021-S4

Sucre, 6 de diciembre de 2021

SALA CUARTA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:    Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

Acción de libertad

Expediente:  37884-2021-76-AL

Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 02/21 de 8 de enero de 2021, cursante de fs. 13 a 14, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis René Alejandro Sauciri Urrelo y José Edgar Choque Colque, en representación sin mandato de Paulo Buganca contra Luis Fernando Céspedes Pinaya, Director del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de enero de 2021, cursante de fs. 4 a 5, el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Cumpliendo detención preventiva por la presunta comisión del delito de secuestro; mediante orden judicial de 30 de diciembre de 2020, la autoridad de control jurisdiccional, ordenó al Médico Forense de turno, constituirse en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, para verificar su estado de salud, quien señaló se encuentra con afecciones; no obstante, el citado profesional aun cuando portaba la referida orden judicial y su acreditación como profesional de la salud, fue impedido de ingresar al mismo, bajo el argumento de la secretaria del referido Centro Penitenciario de que no hubieran sido notificados con la disposición jurisdiccional; por lo cual, no lo dejaron ingresar y tampoco se le comunicó tal decisión, ocasionándole perjuicio directo que va en contra de su salud y vida.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de su derecho a la salud vinculado con la vida, citando al efecto los arts. 15, 108 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia, se ordene a la autoridad administrativa demandada, su inmediato traslado a un Centro Médico de tercer nivel para su valoración clínica, y disponer que los funcionarios del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, no impidan en adelante el ingreso de los profesionales médicos en resguardo de su salud.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 8 de enero de 2021, conforme consta en el acta cursante de fs. 12 a 13, presente la parte accionante y ausente la autoridad administrativa demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte solicitante de tutela ratificó en su integridad su memorial de acción de libertad, y ampliándola en audiencia señaló que, el Director del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, ante una situación de emergencia de salud, tiene la obligación de disponer, sea a través del médico citado Centro Penitenciario u ordenando su traslado a un centro de salud, con el fin de salvaguardar la integridad física de los privados de libertad; por otro lado señaló que, siendo que el Médico Forense exhibió su credencial y la orden judicial, la autoridad demandada tenía el deber de permitir su ingreso para cumplir con su valoración médica, y disponer lo que sea conducente a mejorar su salud.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Luis Fernando Céspedes Pinaya, Director del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, por informe presentado el 8 de enero de 2021, cursante a fs. 11 y vta., señaló que, sobre la denuncia de que su persona no dejó ingresar al centro penitenciario al Médico Forense, afirmó que en ningún momento fue notificado con la citada orden judicial de 30 de diciembre de 2020, por lo que no se vulneró ningún derecho, consecuentemente solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías mediante Resolución 02/21 de 8 de enero de 2021, cursante de fs. 13 a 14, concedió la tutela solicitada disponiendo que la autoridad demandada cumpla con la orden judicial de 30 de diciembre de 2020, conforme a los siguientes fundamentos: a) Ante la existencia de una orden judicial emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo, y no siendo necesaria la notificación con dicha orden a la autoridad demandada, ésta debió por medio de los funcionarios a su cargo, dar cumplimiento a la misma; b) Con esta omisión, se puso en riesgo la salud y la vida del accionante, debiendo ser este derecho resguardado por el Estado y las autoridades jurisdiccionales y administrativas; y, c) La autoridad demandada tiene la obligación de precautelar la salud de los privados de libertad, pudiendo incluso trasladarlos a los centros médicos con informe posterior a la autoridad jurisdiccional competente.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.    Cursa nota de 30 de diciembre de 2020, firmada por Charlin Tapia Franco, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de Santa Cruz, dirigido al Instituto de Investigación Forense (IDIF) solicitando valoración médica inmediata en favor del acusado Paulo Buganca debiendo posteriormente remitir un informe a ese Tribunal sobre su estado de salud, aclarando que si corresponde pueda ser atendido por otro especialista y sea en el plazo de veinticuatro horas (fs. 3).

II.2.    Mediante nota escrita de 31 de diciembre de 2020, Rodrigo Valdez Zamorano, Médico Forense del IDIF – Santa Cruz, dirigido al Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo del mismo departamento, le informó que, en cumplimiento de la orden judicial emitida el 30 del mismo mes y año y notificada a las 9:02 del día siguiente, ese mismo día se constituyó en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, para la valoración médica de Paulo Buganca; la cual no pudo cumplirse, debido a que la Secretaria del citado centro le señaló que no estaban notificados con ficha disposición jurisdiccional (fs. 2).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la salud vinculado con si vida en mérito a que la autoridad administrativa demandada, no dio cumplimiento a una orden judicial en su favor, que tenía la finalidad de que el Médico Forense lo valore clínicamente, ante afecciones a su salud que fueron informadas en su momento.

En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si lo alegado es evidente a fin conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  Tutela del derecho a la salud vinculado al derecho a la libertad de las personas privadas de libertad

Al respecto la SCP 0212/2012 de 24 de mayo, sostuvo que: “…a acción de libertad, debe tenerse en cuenta que los ámbitos de protección se diferencian por el derecho que protegen: i) Derecho a la vida; ii) Derecho de locomoción, en tanto esté amenazado el derecho a la libertad personal; iii) Derecho al debido proceso, en cuanto esté restringido el derecho a la libertad personal; y, iv) Derecho a la libertad personal, por haberse privado al margen de la Norma Fundamental y la Ley” (las negrillas nos pertenecen).

En referencia a la tutela del derecho a la salud vinculado al derecho a la vida la SCP 0193/2012 de 18 de mayo, señaló que: “Este derecho, así como tiene que ver con la vida de un ser humano, desde la gestación, está vinculada también al desarrollo de la persona y la forma de cómo el Estado puede tutelar dicho derecho cuando se encuentre en peligro por una amenaza cierta o requiera la adopción de medidas administrativas o judiciales para evitar daños irreparables” (el resaltado nos pertenece).

La misma Sentencia Constitucional Plurinacional, en referencia de la tutela del derecho a la salud por vinculación al derecho a la vida de las personas privadas de libertad, señaló que: “Para el caso de las personas privadas de libertad; teniendo presente que el derecho a la salud es consustancial en ocasiones al derecho a la vida; corresponderá tutelarse cuando se advierta que a consecuencia del deterioro a la salud una persona, ésta se encuentra confrontando un grave riesgo para su vida, lo que, en su caso, exigirá de parte del Estado, la adopción de medidas apropiadas que contribuyan a garantizar el cuidado y atención oportuna a la salud de las personas privadas de libertad y, en su caso, procurar la aplicación de medidas sustitutivas a la libertad, cuando exista un inminente riesgo de vida y siempre que dicha medida, sea conducente con adopción de medidas que permitan asegurar la presencia del imputado en el proceso o cumpla la condena impuesta” (las negrillas son nuestras).

III.2.  Derechos de las personas privadas de libertad y acción de libertad correctiva

Como bien se detalló, el derecho a la vida, la libertad y la salud, son fundamentales para el desarrollo personal; respetarlos y tutelarlos es función primordial del Estado, siendo la acción de libertad la vía idónea para reclamar su protección; no obstante, si bien el derecho a la libertad puede ser restringido bajo el cumplimiento de los límites y formalidades que señala Ley, ello no implica que los demás derechos de la persona privada de libertad deben también ser restringidos.

En esta línea el art. 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), dispone que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure (…) la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de (…) pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”; por otro lado, el art. 11 núm. 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por Bolivia mediante Ley 2119, 11 de septiembre de 2000, dispone que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”; finalmente, el art. 10 núm. 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Bolivia mediante la precitada Ley, sostiene que: “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

En la misma línea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante el 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, ha adoptado principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las américas, que en su principio décimo, referido a la salud, señala que: “Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos; la implementación de programas de educación y promoción en salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole…” (el resaltado es nuestro).

Comprendido queda que la responsabilidad del Estado se encuentra traducido en el respeto integro de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, pues si bien la restricción a su derecho a la libertad, con fines investigativos y dentro de los límites de la Ley es permitido, ello no implica la lesión o desconocimiento de sus otros derechos.

Para evitar la lesión de otros derechos, a las personas privadas de libertad, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado la acción de libertad en su modalidad correctiva, que opera cuando la persona con restricción de su libertad en el marco de que la Ley permite sufre abusos, trato denigrante o restricción arbitraria a otros derechos.

En relación a lo descrito la SCP 2017/2013 de 13 de noviembre sostuvo que: “Entonces, cuando la tutela solicitada pretenda evitar agravar las condiciones de una persona que se encuentra privada de libertad, se acudirá a la acción de libertad correctiva, pues, si bien, el derecho a la libertad de locomoción se encuentra temporalmente restringido, ésta situación no involucra la afectación de los otros derechos que le son atribuibles a toda persona; además, siendo la dignidad humana uno de los derechos más ampliamente protegidos, su resguardo, en los casos de los privados de libertad, alcanza ribetes de atención especial y preferente, por ser, precisamente éste, un derecho irrenunciable y fundamental para quienes han merecido la restricción, aunque sea momentánea de sus otras libertades.

De conformidad a lo señalado, y atendiendo el razonamiento expresado en la SC 1199/2005-R de 26 de septiembre, se puede determinar claramente que: ‘…el hábeas corpus correctivo procede contra los actos lesivos a la integridad personal, integridad que debe entenderse en los planos físico, psicológico y moral, en estrecha conexión con la dignidad humana. Bajo esa perspectiva, no es obtener la libertad de la persona, sino que cesen los maltratos, estado de incomunicación, las condiciones de detención, inclusive de hospitalización que puedan considerarse inhumanas, humillantes y degradantes’” (el resaltado nos pertenece).

III.3.  Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la salud vinculado con su vida en mérito a que la autoridad administrativa demandada, no dio cumplimiento a una orden judicial en su favor, que tenía la finalidad de que el Médico Forense lo valore clínicamente, ante afecciones a su salud que fueron informadas en su momento.

En conocimiento de dicha información y de la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, se tiene que, existe una nota de 30 de diciembre de 2020, por el cual el Juez que integra el Tribunal de control jurisdiccional, solicitó al IDIF valoración médica, y si corresponde atención por otro especialista a Paul Buganca –hoy accionante– en el plazo de veinticuatro horas; mismo que fue notificado a esa instancia a las 9:02 del 31 del mismo mes y año; en cumplimiento de esta determinación judicial, el mismo día de conocida ésta, Rodrigo Valdez Zamorano, Médico Forense del IDIF, se apersonó al Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola” con el objeto de su cumplimiento; no obstante, la Secretaria del citado centro penitenciario le impidió su ingreso, señalando que no se les hubiera notificado con la referida orden judicial (Conclusiones II.2).

En ese contexto de los Fundamento Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se tiene que, el derecho a la salud de las personas privadas de libertad, en cuanto a su protección es un deber el Estado boliviano, desde el cumplimiento de las normas constitucionales y los Tratados Internacionales, y la necesidad de asumir la premisa de que toda persona privada de libertad debe ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, en ese sentido, los centros penitenciarios deberán procurar una atención médica con permanente acceso a tratamiento y medicamentos óptimos, con el fin de resguardar la salud de los privados de libertad.

En esa misma línea de resguardo de derechos de las personas privadas de libertad, en particular el derecho a la salud, se debe considerar que, para evitar la lesión de otros derechos de este grupo de atención prioritaria, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado la acción de libertad correctiva, que tiene la finalidad de evitar la restricción supresión o amenaza de otros derechos, pues, si bien el derecho a la libertad se encuentra restringido por orden jurisdiccional y conforme a la Ley, ello no implica la restricción de otros derechos, los cuales pueden ser reclamados en su protección mediante esta modalidad.

En el presente caso se advierte que, ante una nota de 30 de diciembre de 2020, del Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de Santa Cruz, quien solicitó al IDIF a través de su personal de salud, una valoración médica del accionante, el Médico Forense delegado para el cumplimiento de dicha misión fue impedido de ingresar al Centro Penitenciario Santa Cruz “Plamasola” el 31 del mismo mes y año, con el fundamento de que no se les hubiere notificado dicha disposición.

En ese contexto, si bien la aseveración de la autoridad administrativa demandada, de que no se le hubiere notificado con la aludida orden judicial para viabilizar el ingreso al recinto del referido profesional de la salud corresponde a un acto formal, no se puede pasar por alto que se verificó la existencia de una orden judicial –contenida en la nota de 30 de diciembre de 2020 dirigida por el Juez de la causa al IDIF– que determinaba la necesidad de la valoración médica del accionante, misma que fue presentada por el Médico Forense conjuntamente a su credencial para ingresar y cumplir la labor que le fue encomendada –extremo afirmado por el impetrante de tutela, no desvirtuado por la autoridad demandada–; no obstante de ello, fue impedido su ingreso por la Secretaria del Centro penitenciario.

Sin perjuicio de lo señalado, no es menos cierto que, por disposiciones de los arts. 94 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) –Ley de 20 de diciembre de 2001– y 28 del Decreto Supremo 26715 de 27 de junio de 2002, que reglamentan la LEPS; en casos de emergencia los Directores de los Recintos Penitenciarios tienen la tuición de ordenar el traslado de los privados de libertad a los Centros de Salud, sin previa resolución jurisdiccional, aspecto que deberá ser anoticiado a la autoridad de control jurisdiccional a la brevedad posible; normativa que establece la importancia que tiene la atención médica con prioridad en favor de los reclusos; por otro lado, el Director del referido centro penitenciario, también puede conceder visitas extraordinarias cuando el interno se encuentre enfermo, o en casos excepcionales que así lo amerite, situación que debe ser comprendida como la necesidad de precautelar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad, más allá de rigorismos excesivos.

En tal sentido, teniendo en cuenta la existencia de una orden judicial que fue de conocimiento del personal del Recinto Penitenciario “Palmasola” Santa Cruz, presentada por el Médico forense con la finalidad que se le permita su ingreso para la valoración médica del accionante y la necesidad de precautelar la salud del mismo, la autoridad demandada debió permitir el ingreso de médico del IDIF, en cumplimiento de una disposición judicial que fue puesta a su conocimiento al momento en que el referido profesional intentó cumplir con la misma, al no haber procedido de este modo, el Director del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola” obstaculizó de manera injustificada la valoración médica ordenada, poniendo en riesgo la salud del accionante, estrechamente vinculado a su derecho a la vida; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/21 de 8 de enero de 2021, cursante de fs. 13 a 14, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada en la modalidad correctiva, manteniendo lo dispuesto por el citado Tribunal de garantías, con base en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.