SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0038/2022-S3

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, a la salud, a la libertad y -se entiende- al principio de seguridad jurídica; puesto que: a) El Juez hoy coaccionado dispuso su detención domiciliaria, previo cumplimiento de ciertas medidas, entre ellas, una fianza económica que fue debidamente depositada, y la presencia de custodios policiales; empero, no pudo cumplir con el último requisito, por una situación ajena a su persona, específicamente, por la falta de efectivos policiales, y en ese entendido, dicha autoridad judicial no valoró de forma adecuada el informe presentado por José Antonio Caviedes Llanos, Comandante Departamental de Potosí de la Policía Boliviana quien indicó que a causa de la pandemia del COVID-19, se encuentra en la imposibilidad de otorgar custodia femenina; por lo que, formuló recurso de apelación incidental; y, b) El Vocal ahora accionado, por Auto de Vista de 4 de septiembre de 2020 sin la debida fundamentación y motivación, declaró parcialmente procedente el referido recurso, dejando sin efecto la determinación de implementar el dispositivo de rastreo electrónico y en lo demás, mantuvo vigente lo dispuesto en la decisión de primera instancia.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

La SCP 0339/2012 de 18 de junio, expresó que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

III.2.  Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, a la salud, a la libertad y -se entiende- al principio de seguridad jurídica; puesto que: 1) El Juez hoy coaccionado dispuso su detención domiciliaria, previo cumplimiento de ciertas medidas, entre ellas, una fianza económica que fue debidamente depositada, y la presencia de custodios policiales; empero, no pudo cumplir con el último requisito, por una situación ajena a su persona, específicamente, por la falta de efectivos policiales, y en ese entendido, dicha autoridad judicial no valoró de forma adecuada el informe presentado por José Antonio Caviedes Llanos, Comandante Departamental de Potosí de la Policía Boliviana quien indicó que a causa de la pandemia del COVID-19, se encuentra en la imposibilidad de otorgar custodia femenina; por lo que, formuló recurso de apelación incidental; y, 2) El Vocal ahora accionado, por Auto de Vista de 4 de septiembre de 2020 sin la debida fundamentación y motivación, declaró parcialmente procedente el referido recurso, dejando sin efecto la determinación de implementar el dispositivo de rastreo electrónico y en lo demás, mantuvo vigente lo dispuesto en la decisión de primera instancia.

De la revisión de antecedentes, se tiene que cursa acta de audiencia pública de consideración y resolución de apelación incidental de medida cautelar de 4 de septiembre de 2020, en la cual el Vocal hoy accionado, escuchando los agravios expuestos por la defensa de la accionante, así como la intervención de los demás sujetos procesales, emitió el Auto de Vista de igual fecha por el que declaró parcialmente procedente el recurso de apelación incidental presentado contra el “auto” de 21 de agosto de ese año, dejando sin efecto la determinación de implementar el dispositivo de rastro electrónico para la imputada -se entiende la accionante-, y en lo demás, mantuvo vigente lo dispuesto por el citado “auto” (Conclusión II.1.).

Ahora bien, antes de ingresar a analizar el fondo de la problemática, se aclara que no obstante a que la accionante interpuso la presente acción de defensa contra el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí -ahora coaccionado-, el análisis a efectuarse se centrará en el Auto de Vista de 4 de septiembre de 2020, emitido por el Vocal ahora accionado, en razón a que es la autoridad llamada por ley para revisar decisiones adoptadas en primera y segunda instancia, y en caso de evidenciar alguna vulneración, se encuentra facultada para restituir cualquier acto ilegal, atendiendo el alcance del principio de subsidiariedad, correspondiendo en consecuencia, que la jurisdicción constitucional únicamente analice el fallo de última instancia, considerando las denuncias realizadas al respecto.

Asimismo, se debe puntualizar que del impreciso memorial manuscrito de interposición de esta acción de defensa y de lo expresado por la hoy accionante en audiencia de consideración de la presente acción de libertad, se advierte que en el fondo, la misma, cuestiona la fundamentación y motivación del Auto de Vista de 4 de septiembre de 2020, que determinó la improcedencia parcial del recurso de apelación incidental que interpuso; por lo que, el análisis se realizará con relación a ese Auto de Vista.

Con esas puntualizaciones, corresponde considerar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, tanto las autoridades judiciales como administrativas, a tiempo de asumir sus determinaciones deben cumplir con la debida fundamentación y motivación, expresando los motivos de hecho como de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, no pudiendo ser reemplazada por una simple relación de los documentos o requerimientos; exigencia que dentro de esa lógica de observancia del debido proceso abarca también a la emisión de una resolución de medida cautelar, en la cual se debe establecer la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, constituyendo esa una obligación que no solo alcanza al juez de instrucción penal, sino también al Tribunal de alzada que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares.

De esa manera, en el presente caso, la accionante denuncia que el Vocal hoy accionado emitió el Auto de Vista de 4 de septiembre de 2020, ahora impugnado, sin una debida fundamentación y motivación, al no efectuar una correcta apreciación del Informe de José Antonio Caviedes Llanos, Comandante Departamental de Potosí de la Policía Boliviana que señaló que la entidad policial no cuenta con efectivos policiales para cumplir con la medida de custodia; por lo que se declaró parcialmente procedente el recurso de apelación incidental, dejando sin efecto la determinación de implementar el dispositivo de rastreo electrónico, y en lo demás mantuvo vigente lo dispuesto por “auto” de 21 de agosto de ese año; y en virtud a ello, con la finalidad de verificar si lo alegado es evidente, corresponde a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional precisar lo manifestado por la defensa de la accionante en la audiencia pública de consideración y resolución de la apelación incidental de medida cautelar de 4 de septiembre de igual año y sobretodo las respuestas otorgadas por el referido Vocal.

En tal sentido, la accionante manifestó los siguientes agravios:

Como primer agravio, denuncia que se vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; así como a los principios de verdad material contenido en el art. 180 de la CPE y al de seguridad jurídica.

No se consideraron los elementos que deben configurar una resolución para que se encuentra debidamente fundamentada, debiéndose ponderar los principios sobre las reglas.

También se vulneró la correcta valoración de la prueba, alegando una defectuosa o mala valoración de la documentación, contrariamente a lo que establece el art. 180 de la CPE; puesto que se mencionó en un solo Considerando la prueba consistente en un “memorial”, que a criterio del Vocal ahora accionado no acreditó la imposibilidad de otorgar un custodio por parte de la Policía Boliviana en cumplimiento de una determinación judicial.

Finalmente, no se aplicó la verdad material y subsiste la ausencia de fundamentación, lo que le genera agravio ya que la Resolución debe estar debidamente fundamentada.

Como segundo agravio denunció que no existe normativa que esté en vigencia absoluta y que regule el uso de un dispositivo de rastreo satelital; por lo que, esa determinación por parte del Juez de la causa, ante la inexistencia de una ley para establecer el uso del dispositivo de rastreo satelital, vulnera al principio de seguridad jurídica y por consiguiente, el derecho a la libertad.

Finalmente, refirió que se debe considerar que la detenida -hoy accionante- es mujer y que debe ser juzgada con perspectiva de género.

Resolviendo lo alegado anteriormente, el Vocal hoy accionado, en el Auto de Vista de 4 de septiembre de 2020, hoy impugnado, refirió que:

Respecto al primer agravio, con relación a la supuesta falta de fundamentación y motivación, que a criterio de la accionante, emerge de la presentación de un “memorial” que establecería con suficiente credibilidad, idoneidad y pertinencia que existe una imposibilidad de asignar con un custodio determinado por orden judicial para que cumpla una detención domiciliaria para los fines y objetivos del proceso penal que es la averiguación de la verdad histórica de los hechos, aquello, vinculado también a una defectuosa valoración de la prueba o a una especie de ponderación que se solicitó efectuar; además de ver con perspectiva de género en esa instancia lo que no fue reclamado ante el juez o tribunal. Al respecto, se debe partir de parámetros de orden legal y jurisprudencial para el tratamiento de las personas que vienen siendo privadas de su libertad como efecto de la imposición de medidas cautelares; sobre ese aspecto, no es discrecional la aplicación de normas que están en función al art. 109 de la CPE, que en su desarrollo legal refieren a derechos y garantías consagradas en dicha Norma Suprema para su tratamiento y análisis.

Por otra parte, se deben considerar los presupuestos o parámetros que desarrollen los preceptos de carácter constitucional que se encuentren concretados en las normas legales para la cesación, ratificación o implementación de resolución de medidas cautelares. Sobre ese aspecto un criterio o pauta interpretativa se encuentra establecido en el art. 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que refiere al principio de favorabilidad cuando se trata de la situación jurídica de personas detenidas, para verificar si es necesario o no una detención preventiva. Esa solicitud de modificación en una secuencia se expresó por la vía legal que permite pedir la cesación de la detención preventiva, concretamente el art. 239 del CPP, en sus dos vertientes, cuando nuevos elementos establezcan que no concurren la detención preventiva o torne conveniente sustituirla por otra. Y atendiendo esa circunstancia, se advierte que en el presente caso ya existe la cesación de la detención preventiva determinándose la aplicación de medidas cautelares.

En ese escenario, la accionante pidió una modificación con base a los planteamientos y argumentos expuestos, teniendo como sustentos, esencialmente, en el orden probatorio un “memorial” presentado por  José Antonio Caviedes Llanos, Comandante Departamental de Potosí de la Policía Boliviana respecto al cual la accionante cuestionó que fue insuficiente o defectuosamente valorado a los fines de la solicitud en cuanto a ese primer elemento, que es el elemento controvertido y que se lo vinculó al art. “124” referido a la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso.

La privación de libertad de la cual es objeto la imputada -hoy accionante- no es atribuible al Órgano Jurisdiccional; puesto que se tiene una determinación judicial que le otorgó la cesación de la detención preventiva, y sobre ello, existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional conforme a la SCP 0154/2016-S1 de 1 de febrero, que dentro de sus razonamientos indica que la carencia de efectivos policiales no se encuentra establecida como causal para la no ejecución de un mandamiento de libertad o para la demora en su efectivización, más aún, cuando el solicitante fue beneficiado con medidas sustitutivas. Por lo que, ese elemento puede ser vinculado a todo lo que se alegó, y en realidad de la secuencia procesal establecida y conforme a la jurisprudencia constitucional, se estaría determinando la imposibilidad o la “no factibilidad” de cumplir una orden judicial por parte del Comando Departamental de Potosí de la Policía Boliviana.

Ahora bien, el Informe de José Antonio Caviedes Llanos, Comandante Departamental de Potosí de la Policía Boliviana refiere que no se cuenta con funcionarios policiales para custodiar a la accionante, situación que imposibilita cumplir con la medida dispuesta; y en esa instancia, se criticó que se debe ponderar el principio de verdad material, inclusive considerando que la imputada es mujer. Sobre esa situación, la afirmación del “Jefe Policial” no es un elemento suficiente, existen personas del sexo femenino que accedieron a un custodio, por lo que su afirmación resulta simple y llana, al no contar con ningún respaldo sobre la imposibilidad de disponer de recursos humanos para cumplir una orden judicial.

Más allá del criterio que expresa el Comandante Departamental de Potosí de la Policía Boliviana, las circunstancias presentadas fueron consideradas por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, las cuales deben estar debidamente documentadas; puesto que la sola afirmación simple y llana no es suficiente para que se determine con absoluta certeza o se genere convicción de que efectivamente no se pueda disponer de un custodio para la vigilancia de quien fue objeto de una medida sustitutiva de detención domiciliaria. En consecuencia, sobre esa situación, se tiene que el “memorial” de la autoridad policial contiene una afirmación que no está respaldada por otro tipo de elementos, siendo totalmente genérica.

Por consiguiente, se evidencia que el Juez de la causa advirtió la insuficiencia de la prueba mediante la cual se solicitó dejar sin efecto la otorgación de custodio policial; por lo que no existen elementos suficientes en el orden argumental, jurídico y probatorio para dejar sin efecto la determinación de vigilancia sin evidenciar en consecuencia ningún agravio.

Respecto al otro elemento, con relación a la determinación de un dispositivo de rastreo satelital, cuestionado en el recurso de apelación incidental, alegando que no hay una ley vigente que establezca el uso de dicho dispositivo, lo que vulneraría el derecho a la libertad y al principio de seguridad jurídica de la hoy accionante; se tiene que tal circunstancia analizada en el contexto de medidas cautelares determinadas, evidentemente vulnera al principio de seguridad jurídica, porque si se considera el contexto de las demás medidas cautelares impuestas ésas cumplen con suficiencia, y lo que podría garantizar el rastreo satelital no tiene pertinencia e incidencia respecto a garantizar la presencia del imputado cuando ya se dispuso como medida la detención domiciliaria. Por lo que, la determinación de emplear un dispositivo satelital es excluyente en la detención domiciliaria ya establecida, por consiguiente, se generó agravio al respecto; y en consecuencia, se deja sin efecto tal medida.

Precisado lo anterior, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, encuentra que las respuestas otorgadas por el Vocal ahora accionado, mediante el Auto de Vista de 4 de septiembre de 2020, ahora impugnado, responden los puntos que la accionante cuestionó en su recurso de apelación incidental así como en esta acción de defensa, como ser: i) La falta de fundamentación y motivación en la que incurrieron tanto el Juez hoy coaccionado como el Vocal ahora accionado al no valorar adecuadamente el Informe presentado por José Antonio Caviedes Llanos, Comandante Departamental de Potosí de la Policía Boliviana en el que se hizo conocer que la institución policial a la que representa no cuenta con funcionarios que puedan ser custodios de la imputada -hoy accionante- y así cumplir con lo dispuesto para su detención domiciliaria, sin considerar la perspectiva de género a momento de juzgarla; y, ii) Otra de las medidas dispuestas por el Juez ahora coaccionado, fue que utilice un dispositivo satelital de rastreo; empero, no existe una regulación normativa “absoluta” sobre el uso del mismo.

Al respecto, sobre los puntos expuestos precedentemente, que fueron objeto de reclamo tanto en la audiencia de apelación incidental como en la acción de libertad en análisis, se advierte que el Vocal hoy accionado los respondió de manera directa, indicando que: a) El Informe presentado por José Antonio Caviedes Llanos, Comandante Departamental de Potosí de la Policía Boliviana no es un elemento suficiente, existen personas del sexo femenino que accedieron a un custodio; por lo que, su afirmación resulta simple y llana, al no contar con ningún respaldo sobre la imposibilidad de disponer de recursos humanos para cumplir una orden judicial, y por consiguiente, consideró que el Juez de la causa advirtió la insuficiencia con referencia a la prueba bajo la cual se solicitó dejar sin efecto la otorgación, concluyendo que no hay elementos suficientes en el orden argumental, jurídico y probatorio para dejar sin efecto la determinación de vigilancia sin evidenciar en consecuencia ningún agravio; y, b) Respecto al otro elemento, con relación a la determinación de un dispositivo de rastreo satelital, cuestionado en esa instancia, alegando que no hay una ley vigente que determine el uso de dicho dispositivo, lo que vulneraría el derecho a la libertad y al principio de seguridad jurídica de la accionante; se tiene que tal circunstancia analizada en el contexto de medidas cautelares establecidas, evidentemente vulnera al principio de seguridad jurídica, porque si se considera el contexto de las demás medidas cautelares impuestas ésas cumplen con suficiencia, y lo que podría garantizar el rastreo satelital no tiene pertinencia e incidencia respecto a garantizar la presencia del imputado cuando ya se dispuso como medida la detención domiciliaria; y, que la determinación de emplear ese dispositivo es excluyente en la detención domiciliaria ya dispuesta, por consiguiente, se genera agravio al respecto; y en consecuencia, dejó sin efecto tal medida.

En ese marco, y analizados los agravios del recurso de apelación incidental de referencia y las respuestas otorgadas al mismo, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional considera que el Vocal ahora accionado, cumplió con su obligación inherente al derecho y garantía del debido proceso, de pronunciar un Auto de Vista exponiendo motivadamente la justificación razonada de su decisión, emergente de los elementos fácticos vinculados al presente caso y la aplicación de normas jurídico-legales vigentes que sustentan los motivos de su decisión en cuanto a la indicada situación fáctica y el delito concreto analizado; cumpliendo así con el entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, respecto al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; por consiguiente, no resulta evidente la vulneración de dicho derecho de la accionante, más aún, considerando que el Vocal hoy accionado declaró parcialmente procedente el referido recurso, dejando sin efecto la determinación de implementar el dispositivo de rastreo electrónico para la imputada, por considerar que constituye una medida vulneratoria al principio de seguridad jurídica, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada.

Finalmente, respecto a la vulneración del derecho a la salud que eventualmente podría constituir una amenaza al derecho a la vida, la accionante se limitó a mencionarlo, sin presentar prueba alguna que demuestre cómo se vulneró dicho derecho a más de que este Tribunal tampoco evidenció de forma objetiva la alegada afectación; por lo que, no corresponde emitir pronunciamiento alguno.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.