TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
SENTENCIA
No
01/2013
Expediente:
No
028/2012
Proceso:
Resolución
de
Contrato
Demandante:
María
Celina
Soruco
Justiniano
Demandado:
Hans
Dellien
Barba
y
Rosario
Emilia
Gonzales
Melgar
de
Dellien
Distrito:
Beni
Asiento
Judicial:
Trinidad
Fecha:
08
de
marzo
del
2013
Juez:
Dr.
J.
Johnny
Moreno
Mendoza
VISTOS
:
Los
antecedentes
del
proceso,
y;
CONSIDERANDO
:
Que
María
Celina
Soruco
Justiniano,
se
apersonó
a
este
despacho
judicial
agroambiental,
mediante
memorial
de
fs.
29
a31
y
Vlta.,
de
obrados,
manifestando
que,
en
el
mes
de
marzo
de
2011
años,
por
necesidad
económicas
decidí
vender
mi
propiedad
agraria
denominada
MOCOVI
O
PERSEVERANCIA
a
los
esposos
Rosario
Emilia
González
Melgar
de
Dellien
y
Has
Dellien
Barba,
los
detalles
de
la
venta
se
expresaron
inicialmente
en
la
escritura
pública
de
fecha
1
de
marzo
de
2011
años,
cuya
fe
pública
fue
otorgada
por
la
Notario
No.
9
Dra.
Karell
P.
Ávila
Rodríguez,
al
día
siguiente,
es
decir
el
2
de
marzo
del
año
2011,
se
labró
un
contrato
privado
aclaratorio
y
complementario
del
primer
contrato
y
que
también
fue
reconocido
en
su
contenido
y
firmas
ante
Notario
de
Fe
Pública,
es
este
caso
la
No
2,
Dra.
Isolde
Heinrich
B.,
observe
su
dignidad
jurisdiccional
que
este
segundo
contrato
aclaratorio,
en
la
cláusula
cuarta,
el
precio
total
de
la
transacción
asciende
$us.
30.000
(TREINTA
MIL
00/100
DOLARES
AMERICANOS)
de
los
cuales
según
reza
el
punto
4.1)
de
la
indicada
clausula,
el
primero
de
marzo
he
recibido
una
primera
cuota
de
$us.
18,000
(DIECIOCHO
MIL
00/100
DODLARES
AMERICANOS)
posteriormente
recibí
algunos
pagos
parciales
mínimos,
que
ha
mucho
ruego
me
ha
entregado
el
esposo
comprado
y
que
con
honestidad
detallaré
posteriormente
a
objeto
de
la
devolución
del
precio
parcialmente
pagado,
en
el
punto
4.2)
se
establece
que
la
segunda
cuota
por
$us.
12,000
(
DOCE
MIL
DOLARES
AMERICANOS)
serían
cancelados
hasta
el
día
hábil
siguiente
a
la
ejecutoria
de
la
resolución
final
de
saneamiento
de
la
propiedad
agraria
"MOCOVÍ
o
PERSEVERANCIA"
y
aquí
se
presenta
una
alternativa
para
el
cumplimiento
de
la
segunda
cuota
o
en
su
caso,
hasta
el
31
de
diciembre
de
2011,
este
término
concedido
a
los
compradores
para
pagar
la
segunda
cuota
es
considerado
esencial
para
mi
persona
puesto
que
se
otorgó
9
meses,
des
marzo
hasta
fines
de
diciembre
para
que
los
compradores
realicen
el
saneamiento,
o
en
su
caso
el
31
de
diciembre
se
pague
la
segunda
cuota,
este
plazo
es
esencial
para
mi
persona
por
que
no
podía
quedarme
infinitivamente
esperando
el
final
del
proceso
de
saneamiento
mientras
los
compradores
incumplidos
usufructúan
mi
propiedad,
en
contrapartida
el
mismo
contrato
de
fecha
2
de
marzo
de
2011
en
su
cláusula
quinta
establece
a
favor
de
los
compradores
la
vía
ejecutiva
párale
caso
que
el
saneamiento
disminuye
la
extensión
de
la
propiedad.
La
cláusula
cuarta
referida
continua
señalando
"para
hacer
efectivo
el
pago
de
esta
obligación
en
los
términos
y
plazos
establecidos
las
partes
acuerdan
sujetarse
a
la
previsión
de
la
cláusula
sexta
del
documento"
la
cláusula
señalada
es
esencia
repite
la
garantía
IPA
y
RAU,
a
mi
costa,
estableciendo
que
dichos
impuestos
serían
descontados
de
los
$us.
12.000
pendientes
de
pago
por
parte
de
los
compradores.
Llegó
el
31
de
diciembre
de
2011
y
los
compradores
no
efectivizaron
el
pago
referido
con
los
descuentos
acordados
que
ellos
al
tener
el
dinero
podían
deducir
fácilmente,
por
lo
que
mi
persona
inició
un
peregrinaje
humillante
a
su
domicilio
pidiendo
el
cumplimiento
del
pago
faltante,
inicialmente
recibí
el
12
de
agosto
Bs.
2.000
según
consta
en
recibo
o
035480,
el
25
de
junio
de
2012
$us.
300
según
recibo
o
035470
y
el
30
de
junio
de
2012
$sus.
150
según
consta
en
recibo
No.
035477,
el
3
de
julio
de
2012
$us.
100
según
consta
en
recibo
No.
017104
y
el
6
de
julio
de
2012
$us.
100
según
recibo
No.
017106,
con
posterioridad
fui
maltratada
por
el
comprador
quien
llegó
a
cerrarme
su
puerta
en
mi
rostro
como
si
ya
me
hubiese
hecho
un
gran
favor,
sin
considerar,
ni
me
derecho,
ni
mi
condición
de
mujer
mayor
de
75
años,
mientras
yo
era
víctima
de
esta
actitud
a
mis
espaldas
y
utilizando
mi
nombre
y
falsificando
mi
firma
se
desarrollaba
una
acción
judicial
contra
tercero
que
supuestamente
habría
intervenido
parte
de
mi
propiedad,
todo
esto
sucedía
con
el
patrocinio
de
quien
otra
fuere
mi
abogado
el
Dr.
Miguel
Ángel
Vargas
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
Leigue
quien
en
vez
de
operar
la
cláusula
de
pago
de
la
segunda
cuota
o
la
resolución
del
contrato,
accionaba
conjuntamente
y
en
favor
de
mi
deudor
incumplido,
prueba
de
ello
es
que
el
reciente
saneamiento
realizado
en
la
zona
quien
firma
el
memorial
de
solicitud
de
documentación
para
HANS
DELLIEN
BARBA
en
la
misma
causa
en
que
figuraba
como
mi
causídico
es
el
Dr.
Miguel
Ángel
Vargas
Leigue
y
en
el
memorial
de
25
de
octubre
de
2012
(Adjunto)
abiertamente
realiza
una
defensa
de
Dellien
Barba
diciendo
que
no
puedo
pedir
la
resolución
del
contrato
por
que
no
hemos
cumplido
con
sacar
a
los
señores
Hurtado
de
la
parte
que
ilegalmente
se
han
introducido
siendo
que
el
mismo
elaboró
el
contrato
de
fecha
1
de
marzo
de
2011
donde
en
su
cláusula
octava
claramente
se
expresa
que
se
entregó
definitivamente
la
propiedad
y
estructura
productiva
he
ahí
quien
dice
ser
mi
abogado
argumento
a
favor
del
comprador
incumplido
que
perdió
parte
de
la
posesión
entregada
y
que
ha
negociado
por
una
extensión
mucho
menor
con
el
vecino
y
mi
abogado
sin
decir
una
palabra
de
la
resolución
del
contrato
previsible
para
el
31
de
diciembre
de
2011,
fueron
estas
circunstancias
las
que
motivan
justo
Juez
que
acuda
a
la
vía
de
derecho
que
hoy
utilizo
para
resolver
el
contrato
suscrito
con
los
compradores
que
no
han
cumplido
con
el
pago
total
de
mi
propiedad
y
que
mi
persona
al
haber
hecho
efectiva
la
entrega
del
bien
conforme
se
acredita
en
la
cláusula
octava
del
contrato
de
1
de
marzo
de
2011,
he
quedado
sin
una
alternativa
de
ingresos
económicos
produciéndome
los
compradores
un
año
real
y
efectivo,
mientras
ellos
al
estar
en
posesión
de
mi
estancia
la
utilizan
productivamente
por
solo
$us.
18.000,
desde
el
31
de
diciembre
de
2011
llevan
10
meses
percibiendo
frutos
sin
cumplir
con
la
segunda
cuota
según
contrato,
durante
mucho
tiempo
no
activaron
el
saneamiento
al
que
estaban
obligados
según
clausula
quinta
y
que
hoy
ya
se
ha
iniciado
disminuyendo
significativamente
la
cantidad
de
hectáreas
que
le
entregué,
situación
que
se
suma
a
los
motivos
de
resolución
de
contrato
impetrada
y
que
están
previstas
en
el
contrato,
es
sencillo
entender
Señor
Juez
que
he
sido
inmovilizada
en
una
espera
interminable
para
mi
avanzada
edad,
los
compradores
no
ha
cumplido
con
el
termino
alterno
expresado
claramente
en
el
contrato,
con
el
desagradable
agregado
ya
señalado
que
sin
mi
consentimiento
y
utilizando
irregularmente
mi
firma
se
continuó
un
proceso
ante
la
Sra.,
Juez
de
Familia
Dra.
Aida
Alarcón,
como
si
yo
defendiese
al
comprador
incumplido,
lo
que
motivó
una
acción
específica
de
mi
parte
deteniendo
temporalmente
este
nuevo
abuso
cuyo
interesado
obviamente
es
el
comprador
patrocinado
por
quien
era
mi
abogado
pero
sin
que
el
comprador
Hans
Dellien
Barba
aparezca
en
el
proceso,
le
adjunto
antecedentes
para
que
Ud.
Tenga
un
conocimiento
integral
de
mi
situación
y
desarrolle
la
convicción
de
justicia
que
como
buen
Juez.
Por
todo
lo
relacionado
fáctica
y
jurídicamente
pido
ilustre
Juez
que
en
sentencia
su
probidad
declare
la
resolución
de
contrato
de
fecha
1
de
marzo
de
2011
y
el
aclaratorio
y
complementario
de
fecha
2
de
marzo
de
2011,
disponiendo
la
restitución
definitiva
de
la
posesión
a
mi
persona,
un
pago
equitativo
por
el
tiempo
de
uso
de
la
propiedad
más
daños
y
perjuicios,
asimismo
ordene
la
devolución
del
precio
parcial
pagado
por
el
comprador
y
que
mi
persona
esta
presta
a
depositar
de
forma
inmediata.
Que
admitida
la
demanda,
mediante
auto
de
fs.
33,
de
fecha
13
de
noviembre
del
2012,
se
corrió
en
traslado
a
los
demandados,
para
que
contesten
la
demanda
en
el
término
de
quince
días;
el
cual
una
vez
citado
legalmente,
en
tiempo
hábil,
se
apersonan
al
despacho
judicial
agroambiental
de
Trinidad,
mediante
memorial
de
fs.
64
a
69
de
obrados,
contestando
la
misma
de
forma
negativa:
Como
se
encuentra
reflejado
en
los
contratos
de
VENTA
DE
PROPIEDAD
AGRARIA,
de
fecha
1
de
marzo
del
2011,
Reconocimiento
de
Firmas
de
fecha
18
de
abril
del
mismo
año,
y
DOCUMENTO
PRIVADO
ACLARATORIO
Y
COMPLEMENTARIO
DE
CONTRATO
DE
VENTA
DE
PROPIEDAD,
de
fecha
2
de
marzo
del
2011
y
Reconocimiento
de
firma
de
fecha
15
de
marzo
del
mismo
año,
nuestras
personas
compramos
una
propiedad
agraria
denominada
"MOCOVI
o
PERSEVERANCIA"
con
una
extensión
superficial
de
702.3048
hectáreas,
misma
que
fue
transferida
por
la
DEMANDANTE
señora
MARIA
CELINA
SORUCO
JUSTINIANO,
por
el
precio
pactado
y
aceptado
entre
partes
de
$us.
30.000.oo
(TREINTA
MIL
00/100
DOLARES
AMERICANOS),
es
decir
al
precio
de
42.71
dólares
por
hectárea,
pagaderos
como
reza
la
Cláusula
Tercera
del
DOCUMENTO
PRIVADO
ACLARATORIO
Y
COMPLEMENTARIO
DE
CONTRATO
DE
VENTA
DE
PROPIEDAD,
de
fecha
2
de
marzo
del
2011
y
Reconocimiento
de
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
firma
de
fecha
15
de
marzo
del
mismo
año,
en
dos
cuotas
de
la
siguiente
manera:
$US.
18.000.oo
(DIEZ
Y
OCHO
MIL
00/100
DOLARES
AMERICANOS)
a
la
suscripción
del
presente
documento.
$us.
12.000.oo
(DOCE
MIL
00/100
DOLARES
AMERICANOS)
a
ser
cancelados
a
la
VENDEDORA
hasta
el
día
hábil
siguiente
a
la
ejecutoria
de
la
Resolución
Final
del
Saneamiento
de
la
Propiedad
Agraria
"MOCOVI
O
PERSEVERANCIA"
o
en
su
caso,
hasta
fecha
31
de
diciembre
del
2011.
Para
hacer
efectivo
el
pago
de
la
obligación
en
términos
y
plazos
establecidos
en
la
presente
cláusula,
las
partes
acuerdan
sujetarse
a
las
previsiones
de
la
Cláusula
Sexta
del
Presente
Contrato.
Eso
reza
de
manera
textual
el
contrato
en
lo
que
se
refiere
la
forma
de
pago.
Sin
embargo
dentro
del
presente
negocio
tenemos
que
analizar
de
forma
minuciosa
el
contenido
de
las
Cláusulas
segunda,
quinta
y
sexta
del
DOCUMENTO
PRIVADO
ACLARATORIO
Y
COMPLEMENTARIO
DE
CONTRATO
DE
VENTA
DE
PROPIEDAD,
de
fecha
2
de
marzo
del
2012
y
Reconocimiento
de
firma
de
fechas
15
de
marzo
del
mismo
año,
mismas
que
establecen
lo
siguiente.
"SEGUNDA:
(Antecedentes).-
en
fecha
1
de
marzo
de
2011,
la
partes
firmantes
declararon
haber
suscrito
un
contrato
de
venta
otorgado
mediante
documento
privado
que
tiene
por
objeto,
conforme
dispone
la
cláusula
sexta
de
este
contrato,
la
transferencia
en
calidad
de
venta
de
la
propiedad
agraria
denominada
"MOCOVI
o
PERSEVERANCIA"
ubicada
en
la
jurisdicción
del
Cantón
San
Andrés,
Provincia
Marban
del
Departamento
del
Beni,
incluyendo
por
efecto
de
la
venta
toda
la
estructura
productiva
existente
en
la
propiedad,
venta
efectuada
sobre
la
extensión
superficial
total
de
702.3048
Hectáreas.-
(SETECIENTOS
DOS
HECTAREAS
CON
TRES
MIL
CUARENTA
Y
OCHO
METROS)......
SIC.
Por
lo
que
queda
claro
que
la
obligación
de
la
demandante
es
el
de
entregar
como
producto
de
nuestro
negocio
702.3048
Hectáreas.-
(SETECIENTOS
DOS
HECTAREAS
CON
TRES
MIL
CUARENTA
Y
OCHO
METROS),
lo
que
jamás
ocurrió,
puesto
que
de
la
superficie
que
la
demandante
tenía
la
obligación
de
entregar
solo
fueron
consolidadas
a
nuestro
favor
en
las
PERICIAS
DE
CAMPO
467.2400
(CUATROCIENTAS
SESENTA
Y
SIETE
HECTAREAS
CON
DOS
MIL
CUATROCIENTOS
METROS
CUADRADOS),así
lo
reflejan
los
actuados
suscitados
dentro
del
SANEAMIENTO.
Ahora
bien,
la
demandante
manifiesta
que
existiría
incumplimiento
de
nuestra
parte
por
cuanto
en
su
corto
entendimiento
el
plazo
final
para
el
pago
total
de
la
obligación
hubiese
sido
el
31
de
diciembre
del
2011,
según
lo
pactado
en
la
cláusula
CUARTA
4.2,
del
DOCUMENTO
PRIVADO
ACLARATORIO
Y
COMPLEMENTARIO
DE
CONTRATO
DE
VENTA
DE
PROPIEDAD,
de
fecha
2
de
marzo
del
2011
y
Reconocimiento
de
firma
de
fecha
15
de
marzo
del
mismo
año.
Sin
embargo
a
efecto
de
aclarar
de
manera
correcta
la
condición
del
pago
total
de
la
obligación
tenemos
que
analizar
el
contenido
del
Parágrafo
quinto
de
la
cláusula
QUINTA,
del
referido
instrumento
contractual,
el
cual
manda
lo
siguiente:
"Las
partes
acuerdan
de
que
en
caso
que
los
resultados
del
proceso
de
saneamiento
agrario
establezcan
la
reversión
total
o
parcial
de
la
propiedad
agraria
como
efecto
de
la
aplicación
de
alguna
o
todas
las
disposiciones
normativas
contenidas
en
los
Artículos
160;
280;
270;
y
156
señaladas
en
la
presente
cláusula,
la
suma
de
la
primera
cuota
de
$us.
18.000,oo
(DIEZ
Y
OCHO
MIL
00/100
DOLARES
AMERICANOS)
establecida
en
la
cláusula
cuarta
del
presente
documento
se
considerara
como
obligación
liquida
y
exigible,
y
de
plazo
vencido,
constituyendo
en
mora
automática
a
la
VENDEDORA
al
día
hábil
siguiente
a
la
ejecutoria
de
la
Resolución
Final
de
saneamiento,
estando
facultado
el
señor
comprador
para
exigir
su
cumplimiento
sin
necesidad
de
requerimiento
judicial
alguno
por
la
vía
judicial
ejecutiva."
De
la
lectura
inteligente
de
la
referida
cláusula
queda
claramente
establecido
que
el
pago
de
la
segunda
y
última
cuota
esta
íntegramente
condicionado
al
acontecimiento
futuro
e
incierto
de
la
ejecutoria
de
la
Resolución
Final
emitida
por
el
INRA,
hecho
que
aún
no
ha
ocurrido.
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
Sin
embargo
además
de
la
cláusula
ya
analizada
están
las
cláusulas
CUARTA
4.2
Y
SEXTA,
puesto
que
la
primera
condiciona
el
pago
de
la
segunda
cuota
al
cumplimiento
de
la
SEXTA
es
decir
a
la
EVICCIÓN
Y
SANEAMIENTO,
que
está
completamente
relacionada
con
el
trabajo
y
los
resultados
que
arroje
el
saneamiento
de
la
propiedad
efectuado
por
el
INRA,
a
través
de
la
Resolución
Final,
amén
de
que
los
arts.
624
y
siguientes
del
Código
Civil,
establecen
como
Obligación
DEL
VENDEDOR
la
evicción
y
saneamiento.
De
la
explicación
y
del
contenido
de
los
contratos
motivo
de
la
presente
litis
tenemos
que
acudir
para
resolver,
lo
planteado
por
la
demandante
en
primer
término
al
contenido
del
Art.
510
del
Código
Civil
Boliviano,
el
cual
establece
"I.
en
la
interpretación
de
los
contratos
se
debe
averiguar
cuál
a
sido
la
intención
común
de
las
partes
y
no
limitarse
al
sentido
literal
de
las
palabras.
II.
En
la
determinación
de
la
intención
común
de
los
contratantes
se
debe
apreciar
el
comportamiento
total
de
esos
y
las
circunstancias
del
contrato."
En
el
caso
de
auto
está
claro
que
al
ser
un
contrato
de
contraprestaciones
reciprocas,
es
decir
el
de
la
demandante
vender
una
propiedad
de
702.3048
Hectáreas.-
(SETECIENTOS
DOS
HECTAREAS
CON
TRES
MIL
CUARENTA
Y
OCHO
METROS),
en
el
precio
pactado
y
aceptado
entre
partes
de
$us.
30.000.
oo
(TREINTA
MIL
00/100
DOLARES
AMIRICANOS),
del
cual
se
colige
que
el
precio
por
hectárea
es
de
42.71
dólares,
tal
como
se
estila
en
este
tipo
de
negocios
y
el
nuestro
el
de
comprar
la
referida
propiedad
en
el
precio
ya
mencionado,
pagando
el
mismo,
por
supuesto
previa
entrega
del
total
del
terreno
vendido.
Sin
embargo
como
probaremos
dentro
del
curso
de
la
presente
Litis,
la
superficie
de
702.3048
hectáreas,
ofrecida
en
venta
por
la
demandante
no
fue
nunca
entregada,
puesto
que
es
MENOR,
solamente
467.24
hectáreas,
mismas
que
están
en
proceso
de
consolidación
en
nuestro
favor
por
medio
del
proceso
de
saneamiento,
y
si
multiplicamos
467.24
hectáreas
por
42.71
dólares
americanos,
precio
por
hectárea,
tenemos
que
el
precio
a
cancelar
por
la
superficie
resultante
del
Saneamiento
es
de
$us.
19.955.82
(DIEZ
Y
NUEVE
MIL
NOVECIENTOS
CINCUENTA
Y
CINCO
82/100
DOLARES
AMERICANOS),
de
los
cuales
ya
hemos
cancelado
a
la
demandante
la
suma
de
$us.
19.391.oo
(DIEZ
Y
NUEVE
MIL
TRECIENTOS
NOVENTA
Y
UNO
00/100
DOLARES
AMERICANOS),
pero
además
se
canceló
$us
987.oo
(NOVECIENTOS
OCHENTA
Y
SIETE
00/100
DÓLARES
AMERICANOS),
por
concepto
de
IMPUESTO
NACIONAL
RAU
y
IMPUESTO
MUNICIPAL
IPA,
obligaciones
propias
de
la
demandante
según
contrato,
por
lo
que
si
sumamos
ambas
cantidades
estaríamos
hablando
de
$us.
20.378.oo
(VEINTE
MIL
TRECIENTOS
SETENTA
Y
OCHO
00/100
DOLARES
AMERICANOS)
monto
que
sobre
pasa
el
monto
pactado
como
precio
en
el
contrato.
Como
vera
señor
Juez,
de
nuestra
parte
no
existe
ningún
tipo
de
incumplimiento,
puesto
que
la
suma
entregada
a
la
VENDEDORA
más
el
pago
de
los
Impuestos
que
son
obligación
de
la
misma,
sobre
pasa
totalmente
el
precio
pactado
por
Hectárea
en
el
negocio
efectuado,
además
de
pagado
por
adelantado,
puesto
que
hasta
el
día
de
hoy
no
se
cumple
la
condición
establecida
en
el
contrato
que
es
la
Resolución
Final
Ejecutoriada.
Pero
a
mayor
abundamiento
tenemos
que
remitirnos
al
contenido
y
alcance
del
Art.
602
del
Código
Civil
Boliviano
el
cual
de
mera
cristalina
manda
"I.
La
venta
en
la
cual
el
precio
se
establece
en
consideración
a
un
inmueble
determinado
y
no
a
su
medida,
aunque
ella
se
haya
indicado,
no
da
lugar
a
disminución
o
suplemento
de
precio
a
menos
que
la
medida
real
sea
superior
o
inferior
en
una
vigésima
parte
con
respecto
a
la
medida
señalada
en
el
contrato.
II.
En
este
último
caso
el
comprador
tiene
la
elección
de
abonar
el
suplemento
o
desistir."
Como
hemos
manifestado
anteriormente,
las
Hectáreas
reales
que
hemos
recibido
son
ínfimamente
inferiores
a
las
que
nos
fueron
vendidas
y
si
descontamos
de
las
de
702.3048
Hectáreas.-(SETECIENTOS
DOS
HECTAREAS
CON
TRES
MIL
CUARENTA
Y
OCHO
METROS),
las
467.2400
Hectáreas
(CUATROCIENTAS
SESENTA
Y
SIETE
HECTAREAS
CON
DOS
MIL
CUATROCIENTOS
METROS
CUADRADOS)
realmente
recibidas,
tenemos
que
la
diferencia
o
faltante
es
bastante
inferior
a
la
vigésima
parte
de
la
extensión
señalada
en
el
contrato,
por
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
lo
tanto
corresponde
la
disminución
del
precio
pactado,
de
$us.30.000.-
a
$us.
19.955.82,
así
también
nos
lo
precisan
los
arts.
597
y
art.
599
del
precitado
Código
Civil.
Este
articulado
tiene
relación
con
el
601,
del
mismo
cuerpo
legal,
y
ambos
articulados
se
encuentran
dentro
del
alcance
del
ya
citado
Art.
510,
puesto
que
de
la
naturaleza
misma
de
este
tipo
de
negocios
en
nuestro
medio
el
precio
total
del
mismo
resulta
del
precio
por
hectáreas
que
tiene
la
propiedad,
objeto
de
la
compra-venta,
por
lo
que
la
interpretación
del
contrato
amen
de
lo
establecido
por
los
Artículos
citados,
no
es
otra,
que
el
precio
final
que
resulta
de
la
cantidad
de
hectáreas
que
existen
física
y
materialmente.
Por
otro
lado
tenemos,
que
el
art.
638
del
Código
Civil.-
que
regula
la
SUPENCIÓN
DEL
PAGO.,
nos
enseña
que:
I.
El
comprador
puede
suspender
el
pago
del
precio:
1.-
Cuando
tema
fundadamente
que
la
cosa
vendida
o
parte
de
ella
puede
ser
reivindicada
por
un
tercero,
a
menos
que
el
vendedor
preste
garantía
idónea.
De
la
lectura
del
INFORME
TÉCNICO
LEGAL
UDSABN-N°
198/2011
emitido
por
el
INRA
en
respuesta
a
un
memorial
de
la
actora
(adjunto),
tenemos
que
antes
de
que
nos
transfiera
dicha
propiedad,
ella
sabía
o
tenía
conocimiento
de
que
la
extensión
de
dicho
predio
no
era
el
enunciado
por
su
persona,
pues
se
le
hizo
saber
que
tenía
sobreposición
con
el
predio
SAN
PEDRITO
precisamente
de
propiedad
del
Sr.
HUGO
HERLAN
HURTADO
VACA,
persona
con
quien
ella
mantiene
un
litigio
pendiente
desde
mucho
tiempo
atrás
ante
la
JUEZ
PRIMERO
DE
PARTIDO
DE
FAMILIA
DE
TRINIDAD
y
en
el
SANEAMIENTO
o
PERICIAS
DE
CAMPO
cuando
se
delimitó
las
colindancias
con
este
vecino,
el
INRA
nos
reconoció
según
nuestros
antecedentes
de
tradición
propietaria
(COMPRA
A
LA
ACTORA),
así
como
en
mérito
a
nuestra
POSESIÓN,
únicamente
467.2400
Hectáreas
(CUATROCIENTAS
SESENTA
Y
SIETE
HECTAREAS
CON
DOS
MIL
CUATROCIENTOS
METROS
CUADRADOS),
y
no
las
702.3048
Hectáreas.-
(SETECIENTOS
DOS
HECTAREAS
CON
TRES
MIL
CUARENTA
Y
OCHO
METROS)que
nos
fueron
trasferidas,
por
lo
que
nuestro
temor
estaba
debidamente
fundado,
de
que
parte
de
la
propiedad
que
se
nos
transfirió
sea
reivindicada
por
un
tercero,
o
específicamente
por
el
vecino
HUGO
HERLAN
HURTADO
VACA,
temor
que
se
materializó
primero
dentro
del
referido
proceso
civil
que
litigan
ambos
en
el
JUZGADO
PRIMERO
DE
PARTIDO
DE
FAMILIA
y
posteriormente
se
consolidó
a
su
favor
dentro
del
saneamiento,
por
lo
que
resulta
incoherente
el
pedido
del
pago
de
la
segunda
cuota
cuando
en
la
realidad
las
hectáreas
que
nos
entregó
fueron
mucho
menos
y
se
encuentran
plenamente
canceladas.
Otro
dato
rescatable
del
referido
INFORME
LEGAL
del
INRA,
es
que
nuestras
personas
como
COMPRADORES
no
fuimos
negligentes
en
tramitar
el
SANEAMIENTO
como
alega
contraria,
pues
el
propio
INRA
le
indica
a
dicha
persona
que
en
la
gestión
2011
no
se
efectuará
el
saneamiento
en
dicha
zona
por
el
exceso
de
trabajo
programado
en
otras
áreas
del
Departamento,
haciéndose
evidente
las
mentiras
de
la
demandante,
quien
únicamente
pretende
sorprender
su
buena
fe
con
engaños.
Pero
no
podemos
dejar
de
lado
la
infame
y
deshonesta
afirmación
de
la
demandante,
la
cual
manifiesta
que
supuestamente
ella
nos
hubiera
entregado
la
superficie
total
y
que
nosotros
la
hubiésemos
perdido,
afirmación
que
rechazamos
de
la
manera
más
enfática,
puesto
que
la
misma
demandante
en
memorial
de
demanda
hace
conocer
a
su
rectitud
que
ha
hincado
en
contra
HANS
DELLIEN
BARBA
una
querella
penal
por
haber
falsificado
su
firma
en
un
proceso
en
el
Juzgado
Primero
de
Familia
de
la
Capital,
donde
esta
mantiene
un
Litigio
con
uno
de
los
colindantes
de
la
Agraria
"MOCOVI
O
PERSEVERANCIA",
es
decir
que
actualmente
me
encuentro
perseguido
penalmente
por
supuestamente
defender
los
intereses
de
mi
demandante,
y
esto
con
el
único
fin
y
objetivo
de
que
esta
cumpla
con
el
contrato
y
pueda
entregarme
las
702.3048
hectáreas
comprometidas.
Es
más,
habla
de
una
venta
con
reserva
de
derecho
de
propiedad,
mal
interpretando
el
art.
585
del
Código
Civil,
cuando
en
la
realidad
en
el
precitado
CONTRATO
nunca
se
estipuló
la
RESERVA
DEL
DERECHO
DE
PROPIEDAD
a
favor
de
la
VENDEDORA,
y
si
dicho
contrato
no
contempla
de
manera
expresa
dicha
reserva,
es
inviable
aplicarla
al
caso
de
autos,
por
lo
que
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
su
mención
es
impertinente
e
infundada,
al
contrario
de
la
lectura
del
contrato
referido
tenemos
que
es
una
venta
definitiva.
El
art.
572
del
Código
Civil,
aplicable
al
caso
de
autos
nos
enseña
que:
No
habrá
lugar
a
la
resolución
del
contrato
si
el
incumplimiento
de
una
de
las
partes
es
de
poca
gravedad
o
de
escasa
importancia
teniendo
en
cuenta
el
interés
de
la
otra
parte.
Y
como
hemos
demostrado,
el
pago
efectuado
con
relación
a
las
hectáreas
realmente
recibidas
es
mayor,
por
lo
que
no
habría
incumplimiento
de
nuestra
parte
ni
tampoco
daño
grave
causado
a
la
actora.
Ahora
bien
para
hablar
del
contenido
del
Art.
568
del
Código
Civil
boliviano,
que
es
de
manera
concreta
el
caso
que
nos
ocupa,
tenemos
que
analizar
el
contenido
del
contrato
y
únicamente
es
viable
esta
demanda
cuando
el
actor
o
actora
a
cumplido
con
su
parte
del
contrato,
de
lo
contrario
es
imposible
darle
curso
a
su
demanda,
y
en
el
caso
de
autos
esta
plenamente
demostrado
que
la
demandante
no
ha
cumplido
con
la
entrega
de
las
hectáreas
que
nos
vendió,
por
ello
resulta
incoherente
e
ilógico
que
hayamos
pagado
por
todas
las
hectáreas
si
hemos
recibido
solamente
una
parte
de
ellas,
las
que
además
están
canceladas
en
su
totalidad.
Con
los
argumentos
fácticos
y
jurídicos
expuestos
damos
por
contestada
la
demanda
de
la
Sra.
CELINA
SORUCO
JUSTINIANO
y
en
supuesto
caso
de
que
Ud.
no
de
curso
a
la
EXCEPCIÓN
opuesta,
tramitadas
que
sean
la
audiencias
del
caso
de
autos
y
producida
la
prueba
de
nuestras
personas,
al
amparo
del
art.
86
de
la
Ley
INRA
le
pedimos
respetuosamente
dicte
SENTENCIA
DECLARANDO
IMPROBADA
LA
DEMANDA
INTERPUESTA
EN
CONTRA
NUESTRA
Y
SEA
CON
COSTAS
A
NUESTRO
FAVOR.
Contestada
la
demanda
en
tiempo
hábil,
conforme
a
la
previsión
del
art.
82
de
la
Ley
1715
Agraria,
mediante
providencia
de
fecha
14
de
enero
del
2013,
cursante
a
fs.
70,
de
obrados,
a
efectos
de
desarrollar
el
proceso
oral
agrario,
se
señaló
día
y
hora
para
desarrollar
la
audiencia,
conforme
a
los
actuados
previstos
en
el
art.
83
de
la
citada
ley
agraria.
En
su
fecha
se
desarrolló
la
audiencia,
conforme
consta
en
las
actas,
de
fs.
77
del
expediente,
donde
la
parte
demandante
no
asistió
por
motivos
de
salud
que
represento
su
abogado,
a
efecto
de
no
causar
indefensión
a
la
parte
demandante
ausente,
se
suspendió
la
misma
y
se
señaló
nuevo
día
y
hora
de
audiencia
acta
de
fs.
77,
la
audiencia
señalada
en
el
acta
de
fs.
77
de
obrados
no
se
pudo
realizar
en
la
fecha
señalada
por
lo
representado
por
la
parte
demandante
y
que
cursa
a
fs.
78
de
obrados,
por
lo
señalado
en
el
decreto
de
fs.
78
Vlta.,
se
señaló
nuevo
día
y
hora
de
audiencia
dentro
del
término
de
ley,
a
efectos
de
desarrollar
el
proceso
oral
agrario,
se
señaló
día
y
hora
para
desarrollar
la
audiencia,
conforme
a
los
actuados
previstos
en
el
art.
83
de
la
citada
ley
agraria,
actuados
que
cursan
en
el
acta
de
fs.
85
a
99
y
Vlta.,
de
igual
forma
se
resolvió
la
excepción
plateada
en
audiencia,
asimismo
se
fijó
el
objeto
de
la
prueba
y
se
produjo
la
prueba
pertinente;
habiéndose
dispuesto
el
desarrollo
de
una
audiencia
complementaria,
mediante
providencia
dictada
en
audiencia,
de
acuerdo
al
contenido
el
acta
de
fs.85
a
99
y
Vlta.,
siendo
que
no
fue
suficiente
el
termino
para
producir
toda
la
prueba
admitida
dentro
del
presente
proceso
en
aplicación
del
art.
84
de
la
ley
1715
agraria
en
tiempo
hábil,
se
tuvo
que
prorrogar
la
audiencia
complementaria
acta
de
fs.
121
a
123
y
Vlta.,
siendo
que
por
motivos
de
fuerza
mayor
se
tuvo
que
modificar
la
fecha
de
la
de
la
audiencia
complementaria
prorrogada,
dictándose
en
tiempo
hábil
la
modificación
de
la
conclusión
de
la
audiencia
prorrogada,
acta
de
fs.
146
a
153,
a
fin
de
producir
la
totalidad
de
la
prueba,
así
como
a
efectos
de
la
conclusión
del
proceso.
CONSIDERANDO:
Que,
conforme
al
objeto
de
prueba
señalado,
se
admitió
la
prueba
pertinente
a
las
partes,
tanto
de
cargo
como
de
descargo,
conforme
a
la
previsión
del
art.
83
inciso
5)
de
la
Ley
1715
Agraria,
habiéndose
producido
los
siguientes
medios
probatorios:
PRUEBA
DE
CARGO
PRODUCIDA.
La
documental
aparejada
a
la
demanda,
cursante
de
fs.
2
a
28
de
obrados
y
la
de
reciente
obtención
cursante
a
fs.
80
a
84,
117
a
118
de
obrados.
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
PRUEBA
DE
DESCARGO
PRODUCIDA.
La
parte
demandada,
produjo
en
calidad
de
prueba
documental,
ofrecida
oportunamente
y
admitida
a
tiempo
de
señalar
el
objeto
de
prueba
en
audiencia,
de
la
propia
documental
aparejada
por
el
demandante,
la
de
fs.
35
a
63
del
expediente,
confesión
judicial
provocada,
a
la
que
fue
deferido
la
demandante,
conforme
al
interrogatorio
adjuntada
a
la
demanda,
contenida
en
el
acta
de
audiencia,
de
fs.
146
a
153
y
Vlta.,
de
obrados,
la
prueba
de
inspección
ocular
acta
de
fs.
101
a
fs.
104,
del
expediente,
así
como
la
prueba
pericial
realizada
cursante
a
fs.
126
a
136,
así
como
su
complementación
de
fs.
154
a
158,
de
igual
forma
el
informe
de
INRA
BENI
de
fs.
124
a
125
de
obrados,
no
habiendo
producido
la
prueba
testifical
que
fue
ofrecida
y
admitida
oportunamente.
CONSIDERANDO:
Qué,
conforme
al
objeto
de
prueba
señalado
en
audiencia,
mediante
auto
contenido
en
el
acta
de
fs.
85
a
99
y
Vlta.,
del
expediente,
a
efectos
de
la
procedencia
o
improcedencia
de
la
acción
demandada,
de
Resolución
de
Contrato
más
daños
y
perjuicios;
y
luego
de
la
valoración
de
la
prueba
producida,
y
referida
en
el
punto
anterior,
conforme
a
lo
dispuesto
en
el
art.
397
del
Código
de
Procedimiento
Civil,
aplicable
supletoriamente
por
disposición
del
art.
78
de
la
Ley
1715
Agraria,
tomando
en
cuenta
las
pruebas
esenciales
producidas,
durante
la
tramitación
del
proceso,
o
en
su
caso
al
prudente
criterio
del
juzgador,
se
llegan
a
establecer
como
hechos
probados
y
no
probados
por
las
partes,
los
siguientes:
I.-
HECHOS
PROBADOS
Y
NO
PROBADOS
POR
LAS
PARTES.
I.1.-
HECHOS
PROBADOS
POR
LA
PARTE
DEMANDANTE.
1ro.-
La
existencia
de
la
relación
contractual
de
venta
del
fundo
rústico
Mocoví
o
Perseverancia,
efectuada
por
la
demandante
a
los
demandados,
en
una
extensión
de
702,3048
Has.,
de
las
cuales
262,7500
Has,
se
originan
de
un
Título
Ejecutorial,
y
439,5548
Has.,
correspondientes
a
posesión
legal.
Conforme
a
la
prueba
documental
aparejada
a
la
demanda,
consistente
en
el
certificado
del
folio
real
emitido
por
el
Registro
de
Derechos
Reales,
de
fs.
3,
y
la
minuta
de
transferencia,
debidamente
reconocidas
las
firmas
y
rúbricas,
de
fs.
6
a
10,
así
como
el
documento
privado
aclaratorio
y
complementario
de
la
compraventa
efectuada,
con
reconocimiento
de
firmas
y
rúbricas
de
quienes
lo
suscriben
de
fs.
8
a
10
Vlta.,
debidamente
legalizados,
y
que
además
fueron
aparejados
por
los
demandados,
a
fs.
59
a
63
de
obrados,
los
cuales
merecen
la
fe
probatoria
que
les
otorgan
los
arts.
398,
400
numeral
1)
y
401
del
Cód.
de
Proced.
Civil,
así
como
los
arts.
1296,
1297
y
1311
del
Código
Civil.
2do.-
Que
los
demandados
incumplieron
de
manera
parcial
el
pago
de
la
segunda
cuota
por
concepto
del
precio
de
la
venta
del
fundo
rústico.
Conforme
se
evidencia,
a
lo
convenido
en
el
documento
privado
aclaratorio
y
complementario
del
contrato
de
venta,
suscrito
entre
las
partes,
que
inicialmente
era
el
31
de
diciembre
del
2011,
hecho
este
reconocido
de
contrario,
habiéndose
efectuado
de
manera
parcial
el
pago,
conforme
lo
reconoce
la
parte
demandante
a
fs.
30,
así
como
los
demandados
a
fs.
66
y
Vlta,
lo
que
constituye
una
confesión
judicial
espontánea
de
ambas
partes,
conforme
a
lo
dispuesto
en
el
art.
404
parág.
II
del
Cód.
De
Procedimiento
Civil,
aplicable
de
manera
supletoria
por
disposición
del
art.
78
de
la
Ley
1715
Agraria,
lo
que
demuestra
el
hecho
de
manera
genérica
y
no
así
precisa
al
monto
respectivo,
que
en
su
caso
deberá
precisarse
conforme
a
la
prueba
documental
aparejada
como
descargo,
si
correspondiere
en
caso
de
la
procedencia
de
la
acción.
I.2.-
HECHOS
NO
PROBADOS
POR
LA
PARTE
DEMANDANTE
1ro.-
Que
entregó
a
los
demandados,
física
y
mensuradamente,
la
superficie
total
de
702,3048
Has.,
correspondiendo
262,7500
Has,
tituladas
y
439,5548
Has.,
de
posesión
legal,
que
transfirió
en
calidad
de
venta.
Siendo
que
así
lo
reconoce
la
propia
demandante
en
su
confesión
provocada,
cursante
a
fs.
151
a
152,
cuando
afirma
que
solo
entregó
en
mapa
o
plano,
las
702
Has.,
además
que
no
se
hizo
ninguna
mensura,
en
sus
respuestas
a
las
preguntas
tercera
y
séptima,
mereciendo
la
fe
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
probatoria
que
le
otorga
el
art.
404
parág.
I
del
Cód.
de
Proced.
Civil,
corroborado
esto
por
el
informe
técnico
legal,
ofrecido
como
prueba
de
descargo,
cursante
a
fs.
43,
donde
el
INRA
emite
el
informe
correspondiente,
ante
la
solicitud
de
la
propia
demandante,
establece
que
la
propiedad
transferida,
tenía
una
sobreposición
con
el
Predio
San
Pedrito
de
Hugo
Herlan
Hurtado
Balcázar,
que
merece
la
fe
probatoria
que
le
otorga
el
art.
1296
del
Código
Civil;
confirmándose
así
este
extremo,
por
la
pericia
de
campo
efectuada
en
el
proceso,
que
cursa
a
fs.
126
a
130
del
expediente,
cuando
de
manera
precisa
a
fs.
129,
se
determina
que
la
superficie
total
del
predio
solo
alcanza
la
extensión
de
459,4106
Has.,
medio
probatorio
admitido
por
ley,
conforme
a
los
arts.
441
del
Cód.
de
Proced.
Civil
y
1331
a
1333
del
Cód.
Civil.
2do.-
Que
el
contrato
de
compraventa,
fue
de
manera
pura
y
simple,
con
el
solo
establecimiento
del
pago
en
dos
cuotas.
Conforme
reza
en
el
documento
privado
reconocido,
aclaratorio
y
complementario
del
contrato
de
venta
de
propiedad
agraria,
suscrito
entre
partes,
cursante
a
fs.
8
a
10
y
61
a
63,
el
cual
merece
la
fe
probatoria
que
le
otorga
el
art.
1297
y
1311
del
Código
Civil,
con
relación
al
art.
519
del
citado
compilado
sustantivo
civil,
ya
que
en
su
cláusula
cuarta,
referida
a
una
aclaración
de
la
cláusula
séptima
del
contrato
de
venta,
en
su
punto
4.2.
Conviniendo
entre
partes,
que
la
segunda
cuota
de
Sus
12000.-
(DOCE
MIL
DOLARES
AMERICANOS)
a
ser
canceladas
a
la
vendedora,
hasta
el
día
hábil
siguiente
a
la
ejecutoria
de
la
Resolución
Final
del
Saneamiento
de
la
propiedad
agraria
Mocoví
o
Perseverancia,
o
en
su
caso,
hasta
fecha
31
de
diciembre
del
2011.;
sin
embargo
de
ello,
de
identificada
esta
primera
condición
mencionada,
además
para
poder
hacer
efectivo
el
pago
de
esta
obligación
en
los
términos
y
plazos
establecidos,
las
partes
acordaron
sujetarse
a
la
previsión
de
la
cláusula
sexta
del
documento
aclaratorio
,
y
que
justamente
esta,
prevé
primero
la
garantía
de
evicción
y
saneamiento
de
la
propiedad
objeto
de
la
venta,
y
segundo
el
pago
total
de
la
obligación
impositiva
emergente
de
los
impuestos
que
gravan
a
la
propiedad
Mocoví
o
Perseverancia,
que
en
caso
de
ser
pagados
por
los
compradores,
deberían
ser
descontados
justamente
de
la
segunda
cuota
que
asciende
a
$Us
12
000.-,
consecuentemente
se
llega
a
determinar
que
no
se
trató
de
un
contrato
puro
y
simple
de
venta
de
propiedad
agraria,
sino
que
estuvo
sujeto
a
ciertos
plazos,
para
su
cancelación
total
de
precio
convenido,
y
además
sujeto
a
determinadas
condiciones
a
fin
exigirse
el
pago.
3ro.-
Que
los
demandados
incumplieron
con
el
pago
del
total
de
la
segunda
cuota,
del
precio
de
la
venta
del
fundo
rústico
motivo
de
la
litis.
Conforme
se
tiene
fundamentado
y
relacionado
en
el
punto
segundo
de
los
hechos
probados
por
la
demandante,
toda
vez
que
conforme
lo
reconoce
la
parte
demandante
a
fs.
30,
así
como
los
demandados
a
fs.
66
y
Vlta,
se
efectuó
de
manera
parcial
el
pago,
lo
que
constituye
una
confesión
judicial
espontánea
de
ambas
partes,
conforme
a
lo
dispuesto
en
el
art.
404
parág.
II
del
Cód.
De
Procedimiento
Civil,
aplicable
de
manera
supletoria
por
disposición
del
art.
78
de
la
Ley
1715
Agraria,
lo
que
demuestra
el
hecho
de
manera
genérica
y
no
así
precisa
al
monto
respectivo,
que
en
su
caso
deberá
precisarse
conforme
a
la
prueba
documental
aparejada
como
descargo,
si
correspondiere
en
caso
de
la
procedencia
de
la
acción.
4to.-
La
exigibilidad
del
pago
de
la
segunda
cuota
por
la
demandante.
Al
respecto,
se
debe
tener
presente
que
conforme
a
lo
dispuesto
en
el
art.
454
del
Cód.
Civil,
en
nuestra
legislación
rige
el
principio
de
la
libertad
contractual,
consecuentemente,
las
partes
pueden
determinar
libremente
el
contenido
de
los
contratos
que
celebren
y
acordar
contratos
diferentes
de
los
comprendidos
en
el
Cód.
Civil,
y
solamente
subordinada
a
los
límites
impuestos
por
la
ley
y
a
la
realización
de
intereses
dignos
de
protección
jurídica.
Asimismo
se
tiene
claro
que
conforme
a
lo
establecido
en
el
art.
519
del
Cód.
Civil,
en
relación
a
la
eficacia
del
contrato,
este
tiene
fuerza
de
ley
entre
las
partes
contratantes
y
no
puede
ser
disuelto
sino
por
consentimiento
mutuo
o
por
las
causas
autorizadas
por
la
ley.
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
Con
estos
antecedentes
generales,
igualmente
se
tiene
en
cuenta
que
la
interpretación
de
los
contratos,
conforme
a
lo
normado
en
el
art.
510
del
Código
Civil,
en
cuanto
a
los
efectos
de
su
interpretación,
se
debe
averiguar
cuál
ha
sido
la
intención
común
de
las
partes
y
no
limitarse
al
sentido
literal
de
las
palabras;
estableciéndose
además
que
en
la
determinación
de
la
intención
común
de
los
contratantes,
se
debe
apreciar
el
comportamiento
total
de
éstos
y
las
circunstancias
del
contrato,
y
por
último
en
esta
interpretación
se
debe
tener
presente
la
totalidad
de
las
causas,
es
decir
que
las
cláusulas
del
contrato
se
interpretan
las
unas
por
medio
de
las
otras,
atribuyendo
a
cada
una
el
sentido
que
resulta
del
conjunto
del
acto,
conforme
a
la
previsión
del
art.
514
del
Cód.
Civil.
A
dicho
efecto
en
esta
interpretación,
al
respecto
se
tiene
claro
que
a
efectos
del
pago
de
la
segunda
cuota
establecida
para
el
pago
total
del
precio
convenido
por
la
venta
del
fundo
rústico
motivo
de
la
litis,
necesariamente
se
tiene
que
remitir
primero
a
la
cláusula
cuarta
del
documento
privado
reconocido
aclaratorio
y
complementario
del
contrato
de
venta
del
predio
de
referencia,
cuando
a
título
de
aclaración
de
la
cláusula
séptima
del
contrato
de
venta
de
fecha
01
de
marzo
del
2011,
en
su
punto
4.2,
establece
de
manera
textual:
2º
Cuota.-
$Us.
12,000.-
(DOCE
MIL
00/100
DOLARES
AMERICANOS)
a
ser
cancelados
a
"LA
VENDEDORA"
hasta
el
día
hábil
siguiente
a
la
ejecutoria
de
la
Resolución
Final
de
Saneamiento
de
la
propiedad
agraria
"MOCOVI
O
PERSEVERANCIA"
o
en
su
caso,
hasta
fecha
31
de
Diciembre
del
2011.",
hasta
ahí
aparentemente
no
existiría
ningún
problema
en
su
interpretación,
donde
aparentemente
establecería
de
manera
alternativa,
el
hecho
de
la
ejecutoria
de
la
Resolución
Final
de
Saneamiento,
o
en
su
caso
el
plazo
hasta
el
31
de
diciembre
del
2011,
consiguientemente
con
la
previsión
de
una
condición
suspensiva
sujeta
a
un
término
o
plazo;
sin
embargo
esta
interpretación
sobre
la
exigibilidad
de
la
obligación,
al
solo
vencimiento
del
plazo
o
termino
determinado,
no
es
puro
y
simple,
sino
que
se
encuentra
condicionado,
a
la
segunda
parte
de
esta
cláusula,
cuando
se
conviene
que:
"Para
hacer
efectivo
el
pago
de
esta
obligación
en
los
términos
y
plazos
establecidos
en
la
presente
cláusula,
las
partes
acuerdan
sujetarse
a
la
previsión
de
la
Cláusula
Sexta
del
presente
documento",
correspondiendo
en
este
caso,
considerar
e
interpretar
esta
cláusula
sexta,
e
inclusive
además
la
cláusula
quinta
del
documento
privado
en
análisis.
Es
así
que
esta
cláusula
sexta
que
se
menciona,
determina
dos
condiciones
para
su
cumplimiento,
primero
la
garantía
de
la
vendedora
que
sobre
la
propiedad
no
pesa
carga
judicial,
extrajudicial
ni
restricción
alguna
sobre
la
propiedad
transferida,
y
responde
por
la
evicción
y
saneamiento
de
la
misma,
e
inclusive
sobre
vicios
ocultos
que
puedan
existir,
aclarando
además
que
esta
garantía,
alcanza
el
pago
total
de
la
obligación
impositiva
emergente
de
los
impuestos
que
graven
la
propiedad,
debiendo
en
su
caso
hacerse
el
descuento
respectivo
de
esta
segunda
cuota.
Haciéndose
necesario
tener
en
cuenta,
la
cláusula
quinta
de
este
mismo
documento,
donde
por
común
acuerdo
se
establece
que,
también
como
garantía
de
la
evicción
y
saneamiento,
se
amplía
a
las
disposiciones
normativas
agrarias,
contenidas
en
los
arts.
156,
160
y
268
del
Decreto
Supremo
No
29215,
que
reglamenta
la
Ley
1715
del
Servicio
Nacional
de
Reforma
Agraria,
que
se
mencionan
específicamente
en
el
contrato,
relativas
a
circunstancias
que
puedan
originar
la
reversión
o
disminución
de
la
propiedad
agraria,
tomadas
en
cuenta
a
tiempo
de
desarrollar
el
proceso
de
saneamiento;
y
sobre
todo
como
parte
de
esta
garantía
de
evicción
y
saneamiento,
las
partes
acuerdan
de
que
en
caso
que
los
resultados
del
proceso
de
saneamiento
agrario
establezcan
la
reversión
total
o
parcial
de
la
propiedad,
se
prevé
la
devolución
de
la
primera
cuota
cancelada;
circunstancia
que
recién
se
podrá
determinar
a
la
conclusión
del
proceso
de
saneamiento.
Ante
estos
antecedentes,
se
llega
a
determinar
que
en
tanto
no
concluya
el
proceso
de
saneamiento,
o
conforme
lo
determinaron
las
partes,
se
declare
la
ejecutoria
de
la
Resolución
Final
del
Saneamiento
de
la
Propiedad,
no
se
tiene
por
cumplida
la
condición
prevista
en
la
cláusula
cuarta
del
documento
aclaratorio
,
a
efectos
de
poder
cumplir
con
la
garantía
de
evicción
y
saneamiento,
con
la
que
se
obligó
la
parte
demandante,
de
acuerdo
a
los
términos
mencionados,
y
contenidos
tanto
en
el
cláusula
sexta,
con
relación
a
la
quinta
del
documento
de
referencia,
y
que
se
consideraron
en
los
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
puntos
anteriores,
máxime
si
ya
al
inicio
del
proceso
de
saneamiento,
no
se
tiene
siquiera
la
certeza
que
el
predio
comprenda
la
extensión
total
por
el
cual
fue
transferido,
de
acuerdo
a
los
fundamentos
expuestos
en
el
punto
primero
de
los
hechos
no
probados
por
la
parte
demandante;
consiguientemente
ante
el
incumplimiento
de
la
condición
establecida,
incluso
al
plazo
o
término
inicialmente
convenido
para
el
pago
de
la
segunda
cuota,
considerándose
que
la
misma,
es
de
posible
cumplimiento,
al
encontrarse
en
trámite
el
proceso
de
saneamiento,
y
no
haberse
demostrado
que
el
incumplimiento
se
deba
por
culpa
o
negligencia
de
los
demandados,
no
puede
exigirse
el
pago
de
esta
segunda
cuota,
y
menos
reclamar
una
resolución
unilateral
del
contrato
por
esta
causa.
5to.-
El
pago
de
daños
y
perjuicios.
Sobre
el
punto,
no
merece
mayores
consideraciones
de
orden
legal,
toda
vez
que
al
no
haberse
demostrado
los
presupuestos
necesarios
para
la
procedencia
de
la
acción
demandada,
conforme
a
los
puntos
de
hechos
establecidos
a
tiempo
de
fijar
el
objeto
de
la
prueba,
no
corresponde
ningún
pago
por
daños
y
perjuicios
reclamados.
I.3.-
HECHOS
PROBADOS
POR
LOS
DEMANDADOS.-
1ro.-
Que
no
se
les
entregó
físicamente
y
previa
mensura,
por
la
demandante,
la
superficie
de
702,3048
Has.,
correspondiente
al
total
del
predio
que
adquirieron
a
título
de
venta
de
la
demandante.
2do.-
Que
el
contrato
no
es
puro
y
simple,
existiendo
términos
y
condiciones
en
el
mismo,
a
efectos
de
su
cumplimiento.
3ro.-
Que
cumplió
de
manera
parcial
el
pago
de
la
segunda
cuota
exigida
por
la
demandante.
4to.-
Que
el
pago
total
de
la
segunda
cuota,
aún
no
es
exigible
por
la
demandante,
conforme
a
las
cláusulas
del
contrato.
5to.-
Que
no
corresponde
pago
de
daños
y
perjuicios.
Conforme
a
los
fundamentos
expuestos
en
los
puntos
de
hecho
no
probados
por
la
parte
demandante.
I.4.-
HECHO
NO
PROBADO
POR
LOS
DEMANDADOS.-
1ro.-
Que
cumplió
con
el
pago
total
de
la
segunda
cuota
del
precio
de
la
venta
del
predio,
exigido
por
la
demandante.
De
acuerdo
al
fundamento
considerado
en
el
punto
3ro.
De
los
puntos
de
hecho
probados
por
los
demandados.
CONSIDERANDO:
Que
la
ley
1715
del
Servicio
Nacional
de
Reforma
Agraria,
complementada
por
la
Ley
3545
de
Reconducción
Comunitaria
a
la
Reforma
Agraria,
establece
en
su
art.
39
parág.
I
inciso
8),
que
será
de
competencia
de
los
juzgados
agrarios,
conjuntamente
a
las
acciones
reales
previstas,
también
las
acciones
personales
y
mixtas,
derivadas
de
los
conflictos
emergentes
del
ejercicio
del
derecho
propietario,
posesorio
y
actividades
desarrolladas
en
los
predios
o
fundos
rústicos
agrarios.
Que
la
presente
acción
de
Resolución
de
contrato
y
pago
de
daños
y
perjuicios,
se
prevé,
o
establece
dentro
de
la
competencia
contemplada
a
las
acciones
personales,
ampliada
por
la
ley
3545
de
Reconducción
Comunitaria
a
la
Reforma
Agraria,
antes
mencionada,
a
más
de
que
la
propia
jurisprudencia
civil,
reconoce
esta
competencia
a
la
judicatura
agroambiental.
Considerando
que
ante
la
naturaleza
de
la
acción
interpuesta,
referida
a
una
pretensión
de
resolución
del
contrato
de
venta
del
predio
Mocoví
o
Perseverancia,
por
presunto
incumplimiento
del
pago
de
la
segunda
cuota,
establecida
como
parte
del
precio
total
convenido,
por
la
transferencia
del
predio
mencionado,
dentro
del
plazo
o
término
estipulado;
teniendo
en
cuenta
conforme
a
los
fundamentos
expuestos
en
las
consideraciones
relativas
a
los
puntos
de
hecho
probados
y
no
probados
por
las
partes,
que
el
plazo
o
término,
se
encuentra
sujeto
al
cumplimiento
de
ciertas
condiciones
que
no
han
sido
cumplidas;
lo
que
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
no
hace
exigible
el
cumplimiento
de
esta
obligación,
en
tanto
no
se
dicte
la
ejecutoria
de
la
Resolución
Final
de
Saneamiento
y
se
efectivice
el
saneamiento
y
evicción
de
ley,
establecido
como
condición
para
el
pago
efectivo
de
la
obligación,
conforme
a
los
términos
estipulados
en
el
contrato
aclaratorio,
que
forman
parte
de
esta
obligación
de
garantía
de
evicción
y
saneamiento,
en
sus
cláusulas
sexta
y
quinta,
respectivamente;
y
teniendo
presente
que
este
caso,
el
contrato
no
puede
resolverse
por
esta
causa,
de
manera
unilateral,
lo
que
hace
improcedente
la
acción
interpuesta.
POR
TANTO
:
El
suscrito
Juez
Agroambiental
de
trinidad,
con
jurisdicción
territorial
en
las
provincias
Cercado
y
Marbán,
en
aplicación
de
los
arts.
190
del
Cód.
De
Proced.
Civil,
y
86
de
la
Ley
1715
del
Servicio
Nacional
de
Reforma
Agraria,
así
como
de
los
demás
citados
al
exordio;
administrando
justicia
en
primera
instancia,
declara
IMPROBADA
la
demanda
de
fs.
29
a
31
Y
Vlta.,
de
Resolución
de
Contrato
más
pago
de
daños
y
perjuicios,
interpuesta
por
MARIA
CELINA
SORUCO
JUSTINIANO,
con
costas,
conforme
a
la
previsión
del
art.
198
del
Cód.
De
Proced.
Civil.
REGISTRESE.-
AUTO
NACIONAL
AGROAMBIENTAL
S1ª
Nº
34
/2013
Expediente:
Nº
484/2013
Proceso:
Resolución
de
Contrato
Demandante:
María
Celina
Soruco
Justiniano
Demandados:
Hans
Dellien
Barba
y
Rosario
Emilia
Gonzales
Melgar
de
Dellien
Distrito:
Beni
Asiento
Judicial:
Trinidad
Fecha:
Sucre,
20
de
mayo
de
2013
Magistrado
Relator:
Dr.
Juan
Ricardo
Soto
Butrón
VISTOS:
Los
recursos
de
casación
en
el
fondo
de
fs.
193
a
200
y
201
a
213,
interpuestos
contra
la
Sentencia
N°
01/2013
de
8
de
marzo
de
2013
cursante
de
fs.
182
a
190
de
obrados
pronunciada
por
el
Juez
Agroambiental
de
Trinidad,
que
declaró
Improbada
la
demanda,
dentro
del
proceso
de
Resolución
de
Contrato
seguido
por
María
Celina
Soruco
Justiniano
contra
Hans
Dellien
Barba
y
Rosario
Emilia
Gonzales
Melgar
de
Dellien,
respuesta,
antecedentes
del
proceso;
y,
CONSIDERANDO:
Que
María
Celina
Soruco
Justiniano,
interpone
recurso
de
casación
en
el
fondo,
argumentado,
entre
otros
aspectos,
lo
siguiente:
Acusando
la
violación
de
los
arts.
397
y
409
del
Cód.
Pdto.
Civ.,
menciona
que
las
pruebas
cursantes
de
fs.
80
a
84,
125
y
117
a
118
consistentes
en
informes
del
INRA,
actas
de
conformidad
de
linderos
y
contrato
de
prestación
de
servicios
de
alambrada,
consideradas
por
la
recurrente
como
esenciales
y
decisivas
que
fueron
admitidas
por
el
juez
como
de
reciente
obtención,
no
fueron
valoradas
en
la
sentencia
incumpliendo
el
juez
de
la
causa
con
la
obligación
establecida
en
el
art.
397-II
del
Cód.
Pdto.
Civ.,
ya
que
en
ninguna
parte
de
la
sentencia
se
encuentra
la
valoración
extrañada,
ni
la
explicación
del
porque
no
se
las
consideró,
produciendo
con
ello
un
daño
considerable
e
irreparable,
sin
que
tenga
el
juez
excusa
alguna
para
su
actuación,
pues
durante
todo
el
proceso
y
de
forma
oral
en
la
alegación
conclusiva
se
pidió
expresamente
que
se
verse
sobre
esas
pruebas;
por
lo
que
en
definitiva,
solicita
se
case
la
sentencia
recurrida.
Que,
corrido
en
traslado
dicho
recurso,
por
memorial
de
fs.
216
a
219
responden
los
demandados
Hans
Dellien
Barba
y
Rosario
Emilia
Gonzales
Melgar
de
Dellien,
mencionando
que
el
recurso
de
casación
carece
completamente
del
requisito
establecido
en
el
art.
258
del
Cód.
Pdto.
Civ.,
lo
que
hace
completamente
improcedente,
solicitando
se
declare
la
improcedencia
del
mismo.
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
CONSIDERANDO:
Que,
por
mandato
del
art.
17
de
la
L.
N°
025
y
252
del
Cód.
Pdto.
Civ.
aplicable
supletoriamente
por
disposición
del
art.
78
de
la
L.
N°
1715,
el
tribunal
de
casación
tiene
la
ineludible
obligación
de
revisar
de
oficio
el
proceso
con
la
finalidad
de
verificar
si
los
jueces
y
funcionarios
observaron
los
plazos
y
leyes
que
norman
la
tramitación
y
conclusión
de
los
procesos,
y
en
su
caso,
si
se
evidencian
infracciones
de
normas
de
orden
público,
pronunciarse
conforme
manda
el
art.
90
del
señalado
código
adjetivo
civil.
En
mérito
a
dicho
deber
y
atribución
del
tribunal
de
casación,
examinada
la
tramitación
del
referido
proceso,
se
evidencia
irregularidad
procesal
que
interesa
al
orden
público,
al
establecerse
los
siguientes
aspectos
que
son
observados
en
resguardo
del
debido
proceso:
Tomando
en
cuenta
que
la
tramitación
del
proceso
del
caso
de
autos
está
sujeta
a
las
reglas
establecidas
por
ley
para
los
juicios
orales,
aplicando
supletoriamente
disposiciones
civiles
adjetivas
de
actos
y
procedimientos
no
regulados,
conforme
prevé
el
art.
78
de
la
L.
N°
1715,
su
cumplimiento
en
la
tramitación
del
proceso
es
de
orden
público
y
por
tal
de
estricta
e
inexcusable
observancia;
en
ese
sentido,
el
ofrecimiento,
la
admisión
y
la
valoración
de
la
prueba
que
proponen
las
partes
para
fundar
y
respaldar
sus
petitorios,
constituyen
actuaciones
procesales
de
vital
importancia
dentro
del
proceso,
pues
la
pretensión
de
que
se
tutelen
las
acciones
fundadas
es
lo
que
hace
necesario
e
imprescindible
que
exista
prueba,
considerando
a
la
misma
como
la
actividad
encaminada
a
producir
en
el
juez
el
convencimiento
de
la
verdad
o
no
de
lo
que
se
demanda.
Dicha
actividad
procesal
respecto
del
desarrollo
del
procedimiento
probatorio,
se
divide,
conforme
a
ley,
en
tres
etapas:
1)
El
ofrecimiento
de
los
medios
probatorios
(en
la
demanda
y
contestación),
2)
La
admisión
o
rechazo
expreso
de
la
prueba
ofertada
(en
el
desarrollo
de
la
audiencia
y
3)
La
valoración
de
los
medios
probatorios
(en
el
pronunciamiento
de
la
sentencia);
tal
cual
se
desprende
de
lo
previsto
por
los
arts.
79-I,
numerales
1)
y
2)
y
83-5)
de
la
L.
N°
1715,
así
como
lo
señalado
por
el
art.
192-2)
del
Cód.
Pdto.
Civ.,
aplicable
a
la
materia
por
disposición
del
art.
78
de
la
L.
N°
1715.
De
igual
forma,
al
amparo
del
régimen
de
supletoriedad,
también
es
permisible
en
la
materia
la
aplicación
de
lo
previsto
por
el
art.
331
del
Cód.
Pdto.
Civ.
referido
a
la
admisión
de
documentos
de
fecha
posterior
o
siendo
de
data
anterior
después
de
interpuesta
la
demanda,
bajo
juramento
de
no
haber
tenido
antes
conocimiento
de
ellos.
En
ese
contexto,
se
colige
que
una
vez
propuestos
u
ofrecidos
por
las
partes
los
medios
probatorios
que
hacen
a
sus
pretensiones,
admitidas
como
fueron
por
el
juez
de
la
causa,
corresponde
al
juzgador
su
valoración
o
apreciación
fundada
y
motivada,
actividad
que
se
efectúa
en
sentencia,
cuyo
pronunciamiento,
considerado
como
el
de
mayor
trascendencia
e
importancia,
debe
estar
enmarcada
en
las
formalidades
previstas
por
ley,
al
constituir
un
acto
jurisdiccional
por
excelencia
que
resume
y
concreta
la
función
jurisdiccional
misma,
puesto
que
con
ella
se
define
la
controversia
planteada
ante
el
órgano
jurisdiccional,
por
ende,
las
formalidades
en
su
pronunciamiento
revisten
un
carácter
obligatorio
e
inexcusable,
teniendo
como
pilares,
entre
otros,
los
principios
de
fundamentación
jurídica
y
motivación
recogidos
en
el
art.
190
del
Cód.
Pdto.
Civ.
al
preceptuar
que
la
sentencia
pondrá
fin
al
litigo
conteniendo
decisiones
expresas,
positivas
y
precisas,
que
recaerán
sobre
las
cosas
litigadas
en
la
manera
en
que
hubieran
sido
demandadas
sabida
que
fuera
la
verdad
por
las
pruebas
del
proceso,
absolviendo
o
condenando
al
demandado,
estableciéndose
en
el
art.
192-2)
del
Código
Adjetivo
Civil,
en
mérito
a
dichos
principios,
que
la
parte
considerativa
contendrá
exposición
sumaria
del
hecho
o
del
derecho
que
se
litiga
expresando
sintéticamente
y
no
mediante
la
sola
transcripción
de
lo
relatado
en
los
memoriales,
el
análisis
y
evaluación
fundamentada
de
la
prueba
y
cita
de
las
leyes
en
que
se
funda;
requisito
que
no
se
cumplió
conforme
a
derecho
en
la
Sentencia
N°
01/2013
ahora
impugnada
en
el
presente
recurso
de
casación,
toda
vez
que
si
bien
en
la
misma
se
resuelve
la
controversia,
sin
embargo,
su
emisión
no
se
ajusta
a
la
normativa
procesal
aplicable
contenida
en
los
mencionados
arts.
190
y
192-2)
del
Cód.
Pdto.
Civ.,
al
no
contemplar
la
misma
el
análisis
y
evaluación
fundamentada
de
la
prueba
cursante
de
fs.
80
a
84
y
117
a
118
de
obrados
que
fue
ofrecida
por
la
parte
actora
en
su
memorial
de
fs.
114
a
115
y
admitida
expresamente
por
el
juez
como
prueba
de
reciente
obtención,
tal
cual
se
desprende
del
acta
de
audiencia
de
fs.
121
a
123
vta.,
limitándose
en
el
segundo
considerando
de
la
referida
sentencia
a
señalar
las
fojas
del
expediente
donde
se
ubican
los
señalados
medios
probatorios
sin
identificar
los
mismos
y
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
menos
aún
efectuar
el
análisis
y
evaluación
fundamentada
de
cada
una
de
ellas
que
constituye
la
apreciación
o
valoración
de
los
medios
probatorios
otorgando
el
valor
que
la
ley
les
asigna
y/o
sujetando
la
misma
a
las
reglas
de
la
sana
crítica,
que
por
su
importancia
debe
efectuarse
de
manera
expresa,
clara,
precisa
y
estrechamente
relacionada
con
los
hechos
que
fueron
fijados
en
el
objeto
de
la
prueba,
lo
cual
permitirá
a
las
partes
y
en
su
caso
al
tribunal
de
casación,
conocer
con
exactitud
la
valoración
y
análisis
de
la
prueba
que
efectuó
el
juez
de
instancia
para
la
resolución
de
la
causa,
más
aun
cuando
dicha
labor
jurisdiccional
es
inherente
y
propia
del
órgano
jurisdiccional
que
emite
la
sentencia
incensurable
en
casación,
salvo
el
caso
de
haber
incurrido
en
error
de
hecho
o
de
derecho
plenamente
demostrada
por
la
parte
que
recurre
en
recurso
de
casación;
por
ello,
la
evaluación
y
fundamentación
de
la
prueba
en
sentencia
constituye
una
labor
jurisdiccional
necesaria
e
imprescindible,
que
como
se
señaló
precedentemente,
no
fue
cumplida
y
desarrollada
por
el
juez
de
la
causa
al
prescindir
de
dicha
apreciación
probatoria.
Por
lo
expuesto,
la
referida
Sentencia
N°
01/2013
de
8
de
marzo
de
2012
cursante
de
fs.
182
a
190
de
obrados,
no
se
ajusta,
a
la
normativa
procesal
aplicable
contenida
en
los
arts.
190
y
192
del
Cód.
Pdto.
Civ.,
ante
el
incumplimiento
de
lo
señalado
por
el
art.
192-2)
del
Cód.
Pdto.
Civ.
que
impone
que
la
parte
considerativa
contenga
análisis
y
evaluación
fundamentada
de
la
prueba
a
fin
de
resolver
el
litigio
congruentemente,
con
decisión
clara,
positiva
y
precisa,
atentando
de
este
modo
contra
el
deber
del
órgano
judicial
de
resolver
debida
y
cumplidamente
las
controversias
sometidas
a
su
conocimiento,
estando
por
tal
viciada
de
nulidad
dicha
actuación
por
la
transgresión
de
la
normativa
adjetiva
señalada
supra;
consecuentemente,
al
evidenciarse
la
vulneración
descrita
precedentemente
que
hace
al
debido
proceso,
cuya
observancia
es
de
estricto
cumplimiento
por
ser
normas
de
orden
público,
su
inobservancia
por
parte
del
juez
a
quo,
así
como
el
incumplimiento
del
deber
impuesto
a
los
jueces
de
cuidar
que
el
proceso
se
desarrolle
sin
vicios
de
nulidad
que
afecten
el
normal
desarrollo
del
proceso,
vulnerando
lo
previsto
por
el
art.
3-1)
del
Cód.
Pdto.
Civ.,
determina
sin
pronunciarse
sobre
el
fondo,
conforme
la
previsión
contenida
por
el
art.
87-IV
de
la
L.
N°
1715,
la
observancia
del
art.
252
en
la
forma
y
alcances
previstos
por
los
arts.
271-3)
y
275
del
Cód.
Pdto.
Civ.,
aplicables
al
caso
por
el
régimen
de
supletoriedad
previsto
por
el
art.
78
de
la
L.
N°
1715.
POR
TANTO
:
La
Sala
Primera
del
Tribunal
Agroambiental,
en
mérito
a
la
potestad
conferida
por
el
art.
189,
numeral
1
de
la
C.P.E.,
art.
17
de
la
L.
N°
025
y
en
virtud
de
la
jurisdicción
que
por
ella
ejerce,
ANULA
OBRADOS
hasta
la
sentencia
de
fs.
182
a
190
de
obrados
inclusive,
correspondiendo
al
Juez
del
Juzgado
Agroambiental
de
Trinidad,
pronunciar
nueva
sentencia
con
el
debido
y
correspondiente
análisis
y
evaluación
fundamentada
de
la
prueba,
a
llevarse
a
cabo
en
audiencia
señalada
al
efecto,
observando
fiel
y
cumplidamente
la
normativa
agraria
y
adjetiva
civil
aplicable
al
caso.
Por
haber
incurrido
en
responsabilidad
inexcusable,
se
impone
al
Juez
Agroambiental
de
Trinidad
la
multa
de
Bs.
100.-
que
será
descontada
de
sus
haberes
por
la
Unidad
Administrativa
y
Financiera
del
Órgano
Judicial
en
coordinación
con
la
Unidad
Administrativa
del
Tribunal
Agroambiental.
De
otro
lado,
en
aplicación
de
lo
señalado
por
el
art.
17-IV
de
la
L.
N°
025
del
Órgano
Judicial,
comuníquese
la
presente
resolución
al
Consejo
de
la
Magistratura.
Regístrese,
notifíquese
y
devuélvase.
Fdo.
Magistrado
Sala
Primera
Dr.
Juan
Ricardo
Soto
Butrón
Magistrada
Sala
Primera
Dra.
Gabriela
Cinthia
Armijo
Paz
Magistrada
Sala
Primera
Dra.
Paty
Y.
Paucara
Paco
©
Tribunal
Agroambiental
2022