Auto Gubernamental Plurinacional S2/0051/2014

Fecha: 21-May-2014

TRIBUNAL AGROAMBIENTAL
SENTENCIA No. 03/2014
Expediente No. 25/14
Proceso: DESALOJO.
Demandantes: JULIANA QUISPE VDA. DE QUISPE, ANDRES
QUISPE QUISPE, FELIPE QUISPE QUISPE, JUAN LUCIO QUISPE
QUISPE, JUAN MANUEL QUISPE QUISPE, JUANA QUISPE QUISPE y
LUCIA QUISPE QUISPE.
Demandados: JUSTO LOPEZ CONDORI, ELIAS QUISPE CUIZA y
FRANCISCO CONDORI FERNANDEZ
Distrito: La Paz - El Alto
Asiento Judicial: El Alto.
Juez: Dr. Humberto Medina Cruz
Fecha: 21 de mayo de 2014
VISTOS: Los antecedentes de la acción, pruebas que se adjuntan, y todo lo demás que ver,
convino y se tuvo presente.
CONSIDERANDO: Que, los demandantes JULIANA QUISPE VDA. DE QUISPE, ANDRES
QUISPE QUISPE, FELIPE QUISPE QUISPE, JUAN LUCIO QUISPE QUISPE, JUAN MANUEL
QUISPE QUISPE, JUANA QUISPE QUISPE y LUCIA QUISPE QUISPE , mediante memorial
de fs. 7, 7 vta., y memorial de fs. 44 a 47 vta., de obrados y al amparo de la LEY CONTRA EL
AVASALLAMIENTO Y TRAFICO DE TIERRAS No. 477, interponen y formalizan DEMANDA DE
DESALOJO , dirigiendo su acción contra: JUSTO LOPEZ CONDORI, ELIAS QUISPE CUIZA y
FRANCISCO CONDORI FERNANDEZ, manifestando que son legítimos propietarios de una
parcela de terreno rústico ubicado en la Comunidad Puchocollo Alto, Provincia Los Andes del
Departamento de La Paz, con una superﬁcie de 7.9774 Has., inscrito en Derechos Reales bajo
la Matrícula No. 2122010006223, asiento 3; empero, el lote de terreno citado era de
propiedad de sus progenitores ADRIAN QUISPE ZACARIAS y JULIANA QUISPE DE QUISPE, tal
cual se observa en la matrícula 2122010006223, asiento 1; que fue transferido a favor de
PEDRO SULLCALLA QUISBERT el año 2007; empero no se habían desprendido de la posesión y
luego de cinco meses desde que se hizo la transferencia a favor del comprador, este los
transﬁrió a título de compra venta mediante Escritura Pública No. 277/2007 de fecha 01 de
junio de 2007, suscrito por ante el Notario de Fe Pública Dr. Pablo Lopez Condori, inscrito en
el registro de Derechos Reales bajo la matrícula No. 2122010006223; Asiento 3, sin embargo,
el terreno antes citado, siempre lo han poseído por más de 30 años, en los cuales vienen
cultivando de manera continua, sin que haya mediado interrupción alguna, cosechando papa,
cebada, avena y otros, así como en épocas de descanso de la tierra, han realizado pastoreo
de ganado ovino y vacuno, terreno del cual han cumplido con todos los usos y costumbres,
realizando cargos en la comunidad, es decir que el terreno es de su familia, realizando
sembradíos que les permite sobrevivir y alimentarse, así como lo hicieron sus antepasados,
constituyendo el sustento de su familia; sin embargo, en fecha 10 de diciembre de 2013,
cuando se encontraban como de costumbre en su comunidad, así como pasteando su
ganado, aproximadamente a horas 10:00 a.m., se presentaron los sujetos que se
identiﬁcaron como Justo López Condori, Elías Quispe Cuiza y Francisco Condori Fernandez,
acompañados de varias personas desconocidas, indicando que ese lugar supuestamente se
habrían comprado y serían los propietarios, y ante semejante aseveración los dejaron
totalmente sorprendidos y de inmediato, les solicitaron sus documentos, más no pudieron
exhibir documento alguno y se retiraron del lugar, ante esa situación se pusieron en alerta y
denunciaron el hecho ante la autoridad originaria que tiene la comunidad, toda vez que, se
asemejaba a un inminente avasallamiento, misma que los materializaron el día jueves 9 de
enero de 2014, habría sido en horas de la noche, porque el viernes 10 de enero amaneció el
lugar con carpas y aparecieron en distintos lugares descargado montones de piedras, arena
corriente, ladrillos en grandes cantidades, ocupando una determinada área dentro su
propiedad, en un radio aproximado de 3 Has., siendo amenazados con dinamitas en mano,
advirtiéndoles que, si nos atrevíamos a entrar al lugar nos victimarían, ante nuestra
impotencia acudimos ante la autoridad originaria, asimismo, a la fecha vienen construyendo
varias viviendas precarias en un número de 15 viviendas aproximadamente y continuamente
vienen realizando construcciones con la intención de despojarlos de todo su terreno. Por lo

TRIBUNAL AGROAMBIENTAL
referido, amparados en el Art. 24 y 56 de la Constitución Política del Estado y en aplicación
del Art. 1, num. 1), Art. 2, Art. 3 y siguientes de la ley 477 de 30 de diciembre de 2013 años,
interponen demanda de DESALOJO, de los ocupantes clandestinos y avasalladores asentados
ilegalmente en su propiedad rústica, ubicado en la Comunidad Puchocollo Alto, Provincia Los
Andes, Departamento de La Paz, con una superﬁcie de 7.9774 Has., inscrito en Derechos
Reales bajo la Matrícula No. 2122010006223, Asiento 3, estando asentados los ocupantes
clandestinos en un radio de 3 Has., debiendo previos los trámites de rigor declarar en
sentencia PROBADA la demanda, disponiendo que desalojen voluntariamente los autores
materiales e intelectuales, y en caso de negativa disponer el lanzamiento con el auxilio de la
fuerza pública y restituirlos la posesión.
Que , admitida la demanda mediante Auto cursante a fs. 49 y 49 vta., de obrados, se dispuso
se corra en traslado para su citación y emplazamiento de los demandados: JUSTO LOPEZ
CONDORI, ELIAS QUISPE CUIZA y FRANCISCO CONDORI FERNANDEZ, quienes fueron
citados mediante diligencias cursantes a fs. 59 y 59 vta., de obrados.
Que, los demandados JUSTO LOPEZ CONDORI y ELIAS QUISPE CUIZA pese a estar
legalmente citados con el presente proceso, no se apersonaron, no presentaron respuesta a
la demanda y mucho menos ofrecieron prueba de descargo.
Que , el demandado FRANCISCO CONDORI FERNANDEZ, basó su defensa asistido de su
Abogado Patrocinante Dr. Edgar Martinez Aliaga, estando presentes en audiencia de
inspección ocular, confesión provocada y audiencia de declaración testiﬁcal de descargo
llevadas a cabo en fechas 16, 19 y 20 de mayo del presente año y presentando prueba
documental y testiﬁcal mediante memorial de fs. 178 a 180 de obrados.
Que , en cumplimiento a lo establecido por el art. 5 Par. I, num. 3) de la Ley 477, mediante
Auto cursante a fs. 49 y 49 vta., se señaló audiencia de Inspección Ocular, la misma que se
llevó a cabo en fecha 16 de mayo del presente año a horas: 15:30 p.m., y en la que se
desarrollaron los siguientes actos procesales:
a)PROMOCION DEL DESALOJO VOLUNTARIO Y TENTATIVA DE CONCILIACION , etapa
procesal en la que, pese a haber sido propuesto el desalojo voluntario y los medios
conciliatorios necesarios, simplemente la parte demandante manifestó su voluntad de
solucionar el conﬂicto a través de la vía conciliatoria; sin embargo, el demandado FRANCISCO
CONDORI FERNANDEZ, manifestó que no está de acuerdo en la conciliación, toda vez que, no
se encuentran presentes los otros codemandados JUSTO LOPEZ CONDORI y ELIAS QUISPE
CUIZA, por consiguiente, no están de acuerdo en desalojar voluntariamente.
b)DETERMINACION DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE CORRESPONDA y conforme
lo solicitado por la parte demandante, en audiencia de inspección ocular de fecha 16 de mayo
del presente año, se dispuso la aplicación de la medida precautoria de paralización y
suspensión de todo tipo de trabajo que estén desarrollando los demandados, hasta la
conclusión del presente proceso de desalojo, es decir hasta la ejecutoria de le sentencia.
c)Presentación y valoración de las pruebas de ambas partes, teniendo en cuenta que la parte
demandante OFRECIO PRUEBA DOCUMENTAL, TESTIFICAL, INSPECCION OCULAR,
CONFESION PROVOCADA, LAS MISMAS FUERON ADMITIDAS EN AUDIENCIA y
otorgadas la valoración y diligenciamiento conforme a procedimiento.
De la misma manera, el codemandado FRANCISCO CONDORI FERNANDEZ , presentó
mediante memorial de fs. 178 a 180 de obrados PRUEBA DOCUMENTAL y TESTIFICAL
siendo admitidas y diligenciada las declaraciones testiﬁcales en audiencia de fecha 20 de
mayo del presente año.
CONSIDERANDO.- Que la PRUEBA DOCUMENTAL ofrecida por las partes y admitida en
audiencia de inspección ocular es conforme a la siguiente relación:
PRUEBA DOCUMENTAL DE LOS DEMANDANTES.- (JULIANA QUISPE VDA. DE QUISPE,
ANDRES QUISPE QUISPE, FELIPE QUISPE QUISPE, JUAN LUCIO QUISPE QUISPE, JUAN MANUEL
QUISPE QUISPE, JUANA QUISPE QUISPE y LUCIA QUISPE QUISPE):

TRIBUNAL AGROAMBIENTAL
-Fs. 1 - Folio Real, con el número de Matrícula 2.12.2.01.0006223 vigente, Asiento No. 3, a
nombre de los demandantes.
-Fs. 2 y 3 - Escritura Pública No. 277/2007 de compra venta de lote de terreno ubicado en la
Comunidad Ex Fundo Puchocollo Alto, Cantón Laja, Provincia Los Andes, con una superﬁcie de
7.9774 Has., suscrito por el vendedor señor Pedro Sullcalla Quispe a favor de los
compradores señores: Juliana Quispe Vda. de Quispe, Felipe Quispe Quispe, Juana Quispe
Quispe, Juan Manuel Quispe Quispe, Lucía Quispe Quispe, Andrés Quispe Quispe y Juan Lucio
Quispe Quispe,
-Fs. 5 - Plano de lote Geo referenciado,
-Fs. 15 a 17 - Informes del INRA,
-Fs. 18 - Certiﬁcación emitida por el Ayllu Indígena Originario de Puchocollo Alto,
-Fs. 19 - Formularios de pago de impuestos,
-Fs. 20 - Formulario de Información Rápida extendida por la oﬁcina de Derechos Reales de
fecha 19 de febrero del año 2014, sobre el predio agrícola objeto de la Litis que reﬁere como
propietarios a los demandantes: JULIANA QUISPE VDA. DE QUISPE, ANDRES QUISPE QUISPE,
FELIPE QUISPE QUISPE, JUAN LUCIO QUISPE QUISPE, JUAN MANUEL QUISPE QUISPE, JUANA
QUISPE QUISPE y LUCIA QUISPE QUISPE)
-Fs. 21 a 24 - Fotografías del área en conﬂicto donde se observa a la demandante Juliana
Quispe Vda. de Quispe conjuntamente a su familia,
-Fs. 25 - Informe de la Dirección Técnica y Transporte del Gobierno Autónomo Municipal de
Laja.
PRUEBA DOCUMENTAL DE LOS DEMANDADOS: ( JUSTO LOPEZ CONDORI y ELIAS QUISPE
CUIZA):
No presentaron prueba documental alguna:
PRUEBA DOCUMENTAL DEL DEMANDADO: ( FRANCISCO CONDORI FERNANDEZ)
presentado mediante memorial de fs. 178 a 180 de obrados.
-Fs. 145 y 146 Formularios de pago de impuestos
-Fs. 147 Folio Real a nombre de Genoveva Chuca Revollo
-Fs. 148 y 148 vta., de obrados Escritura Pública No. 1037/2013 de transferencia de lote de
terreno suscrito por Wilfredo Revollo Sosa y Percida Vera de Revollo a favor de Genoveva
Chuca Revollo
-Plano de lote de terreno a nombre de Genoveva Chuca Revollo
-Fs. 155 Folio Real bajo el número de matrícula 2.12.0.00.0001782, de un lote de terreno
ubicado en Puchu Collo Alto, Cantón Laja con una superﬁcie de 18.960.00 m2 ., en cuyo
asiento No. 1 se halla a nombre de la Urb. 14 de Septiembre y cuyos linderos, señala no se
conoce.
-Fs. 156 a 158 vta., de obrados Escritura Pública No. 189/90, sobre una asignación de
PROPIEDAD RUSTICA otorgada por el Sr. David Blanco Ramos a favor de la Urb. 14 de
Septiembre "Alto La Paz", representado por los señores: JUSTO LOPEZ CONDORI, ELIAS
QUISPE CUIZA y FRANCISCO CONDORI FERNANDEZ, sobre un predio ubicado en la Comunidad
Puchucollo Alto, Cantón Laja, Prov. Los Andes del Departamento de La Paz, con una superﬁcie
total de 29.520 m2 .
-Fs. 159 Formulario de Información Rápida de fecha 22 de octubre de 2013, a nombre de la
Urb. 14 de Septiembre, respecto al predio registrado bajo la matrícula No. 2120000001782,
ubicado en Puchu Collo Alto, Cantón Laja, con una superﬁcie de 17.280.00 m2 ., cuyas
colindancias no se señala.
-Fs. 160 Certiﬁcación emitida por la oﬁcina de Derechos Reales de Laja a nombre de la Urb.

TRIBUNAL AGROAMBIENTAL
14 de Septiembre, respecto a la matrícula No. 2120000001782.
-Fs. 161 fotocopia legalizada ante Notario de Fe Pública, de la Resolución Concejal No.
002/2005
-Fs. 162 y 163 fotocopia legalizada ante Notario de Fe Pública de la Ordenanza Municipal No.
039/2009.
-Fs. 164 y 165 fotocopia legalizada ante Notario de Fe Pública de un informe elevado por el
Lic. Enrique Villanueva - Gerente General "SERVIGEOTEC".
Con relación a las fotocopias simples cursantes a fs. 71 a 117 de obrados, presentados en
audiencia de inspección ocular de fecha 16 de mayo del presente año, no son consideradas
toda vez que, carecen de valor legal e incumplen lo prescrito por el Art. 1311 de Código Civil.
CONSIDERANDO: Que de la valoración, análisis y prueba pertinente presentada y los
elementos objeto de probanza se llegan a establecer los siguientes extremos en calidad de:
HECHOS PROBADOS POR LOS DEMANDANTES: (JULIANA QUISPE VDA. DE QUISPE,
ANDRES QUISPE QUISPE, FELIPE QUISPE QUISPE, JUAN LUCIO QUISPE QUISPE, JUAN MANUEL
QUISPE QUISPE, JUANA QUISPE QUISPE y LUCIA QUISPE QUISPE):
a) .- De la PRUEBA DOCUMENTAL presentada, los demandantes probaron que el predio
agrícola objeto de la litis, se halla ubicado en la Comunidad Puchocollo Alto, Prov. Los Andes
del Departamento de La Paz. que cuenta con una superﬁcie total de 7.9774 Has., de las
cuales se halla afectada la superﬁcie de 3 Has.,
aproximadamente por
parte de los
demandados y de la superﬁcie de terreno restante, los demandantes se encuentran en quieta
y pacíﬁca posesión, realizando sus actividades agrícolas y ganaderas conforme consta en las
placas fotográﬁcas que cursan a fs. 204 y 205 de obrados, las mismas que fueron tomadas en
inspección ocular de fecha 16 de mayo del 2014).
Asimismo de la PRUEBA DOCUMENTAL presentada consistente en: Folio Real, con el
número de Matrícula 2.12.2.01.0006223 vigente, a nombre de los demandantes: Escritura
Pública No. 277/2007 de compra venta de lote de terreno ubicado en la Comunidad Ex Fundo
Puchocollo Alto, Cantón Laja, Provincia Los Andes, con una superﬁcie de 7.9774 Has., suscrito
por el vendedor señor Pedro Sullcalla Quispe a favor de los compradores señores: Juliana
Quispe Vda. de Quispe, Felipe Quispe Quispe, Juana Quispe Quispe, Juan Manuel Quispe
Quispe, Lucía Quispe Quispe, Andrés Quispe Quispe y Juan Lucio Quispe Quispe, Plano de lote
Geo referenciado, Informes del INRA, Certiﬁcación emitida por el Ayllu Indígena Originario de
Puchocollo Alto, Formularios de pago de impuestos, Formulario de Información Rápida
extendida por la oﬁcina de Derechos Reales de fecha 19 de febrero del año 2014, sobre el
predio agrícola objeto de la Litis que reﬁeren son propietarios los demandantes: JULIANA
QUISPE VDA. DE QUISPE, ANDRES QUISPE QUISPE, FELIPE QUISPE QUISPE, JUAN LUCIO QUISPE
QUISPE, JUAN MANUEL QUISPE QUISPE, JUANA QUISPE QUISPE y LUCIA QUISPE QUISPE,
Fotografías del área en conﬂicto donde se observa a la demandante Juliana Quispe Vda. de
Quispe conjuntamente a su familia y principalmente el Informe de la Dirección Técnica y
Transporte del Gobierno Autónomo Municipal de Laja cursante a fs. 25, que señala
textualmente lo siguiente: "2.- La Comunidad Puchocollo Alto, no cuenta con
Ordenanza Municipal o decreto que delimite el área Urbana, considerándose como
rústica" y "4.- El municipio, no cuenta con Ordenanza Municipal que delimite el
área urbana" , y la Certiﬁcación solicitada por el suscrito Juez en el Auto de fs. 49 y 49 vta.,
a las autoridades del Ayllu Indígena Originario Puchocollo Alto, en mérito al Principio de
Cooperación señalada en la Ley de Deslinde Jurisdiccional y en aplicación a las facultades
previstas en el Art. 378 del Código de Procedimiento Civil, respuesta que fue remitida a este
despacho judicial en fecha 16 de mayo del presente año y que cursa a fs. 135 y 135 vta., de
obrados y que certiﬁcan lo siguiente:
Al Punto Uno .- La Comunidad Puchocollo Alto si, se desarrolla actividades agrícolas dentro
de toda la extensión que tiene la comunidad, donde no solo se desarrolla actividad agrícola,
sino de pastoreo, cría de ganado vacuno, ovino, auquénidos, en este caso todas las parcelas
cumplen la función económica social, en área colectiva con un descanso de tres años,

TRIBUNAL AGROAMBIENTAL
exceptuando los terrenos que ya están urbanizados como son: Japón, Virgen de la Nieves y
Victor Hustares.
Al Punto Dos .- Si, la mayoría de las tierras de la Comunidad Puchocollo Alto, son cultivables
y son cultivados por cada miembro de la comunidad en sus respectivas sayañas, así como en
tierras colectivas que es repartido entre cada comunario, y en épocas de descanso de la
tierra sirve para pastoreo de sus ganados.
Al Punto Tres .- Si, es cierto y evidente que los demandantes Juliana Quispe Vda. de Quispe,
Andres Quispe Quispe, Felipe Quispe Quispe, Juan Lucio Quispe Quispe, Juan Manuel Quispe
Quispe, Juana Quispe Quispe y Lucía Quispe Quispe, desarrollan actividad agrícola en todas
sus parcelas y cumplen a cabalidad la función económica social, así como cumplen con los
usos y costumbres en la Comunidad Puchocollo Alto, sin embargo, personas extrañas a la
comunidad quisieron entrarse por la fuerza a las propiedades de la familia Quispe, este año
ya aparecieron uno o más murallas de ladrillo para vivienda, esto ha ocurrido el 9 de enero
de 2014 y en su calidad de autoridades han instruido la paralización de construcciones de
viviendas, porque esa propiedad es de la familia Quispe, pero siguen haciendo hasta la fecha.
Al Punto Cuatro .- Conforme a sus usos y costumbres, la Comunidad Puchocollo Alto, se
encuentra aﬁliado al
Consejo de Ayllus y Marcas Qullas,
CONAMAQ,
y está plenamente
considerado como AYLLU INDIGENA ORIGINARIO PUCHOCOLLO ALTO y sus terrenos tienen
todas las características desde sus antepasados como terrenos agrícolas.
Al Punto Quinto .- Los terrenos ocupados por avasalladores, siempre han conocido como
terrenos del compañero Adrián Quispe Zacarías y Juliana Quispe Vda. de Quispe, al
fallecimiento de Dn. Adrián Quispe Zacarías, han continuado cultivando y poseyendo la viuda
Juliana Quispe Vda. de Quispe y sus hijos, compañeros Andres Quispe Quispe, Felipe Quispe
Quispe, Juan Lucio Quispe Quispe, Juan Manuel Quispe Quispe, Juana Quispe Quispe y Lucía
Quispe Quispe, quienes están registrados como miembros originarios de la comunidad, ese
terreno ha sido cultivado siempre por la familia Quispe y cumplen con la función económica
social.
Prueba documental que acredita el Derecho Propietario que les asiste a los demandantes
respecto al predio objeto de la Litis, que se halla ubicado en el área rural, cumpliendo la
función económica social, siendo la actividad principal del predio objeto de la litis el trabajo
agrícola y ganadero y que fueron objeto de avasallamiento a partir del 9 de enero del
presente año.
b) .- De la INSPECCION OCULAR llevada a cabo en fecha 16 de mayo del presente año al
predio objeto de la litis y que como valor probatorio asignado en base al principio de
inmediación, se evidenció previo recorrido de aproximadamente las 3 Has., en conﬂicto, la
existencia de gran cantidad de ladrillos amontonados en diferentes lugares, construcciones
de varias viviendas de ladrillo y cemento en diferentes lugares, algunas que ya tienen puerta,
ventana, techo de calamina y otras que no la tienen, las construcciones son de data reciente
y se ha podido evidenciar que se encuentran trabajando albañiles en diferentes lugares,
asimismo se evidenció la existencia de vestigios de surcos de sembradíos agrícolas, que no
se puede precisar con exactitud cuanta antigüedad tienen, por otra parte, se evidenció la
existencia de promontorios de arena, piedras, machones parados y materiales que están
destinados a la construcción de otras viviendas y que en audiencia se pudo veriﬁcar que en el
área en conﬂicto existen aproximadamente 15 viviendas construidas recientemente y se
encuentran deshabitadas, no existiendo construcciones antiguas, todas son de data reciente,
que por la forma, el estado y características propias de las construcciones, se evidencia que
todas estas habitaciones, fueron construidas recientemente y como reﬁeren los demandantes
fueron a partir del 9 de enero del presente año; asimismo, en el interior de las construcciones
precarias se evidenció que aún permanece el suelo con vestigios de surcos agrícolas y paja
brava natural (placas fotográﬁcas que cursan a fs. 194 a 207 de obrados, las mismas
que fueron autorizadas por el suscrito juez al amparo del Art. 378 del Código de
Procedimiento Civil y tomadas en inspección ocular de fecha 16 de mayo del 2014).
De la misma manera, se pudo veriﬁcar que el predio objeto del proceso tiene todas las

TRIBUNAL AGROAMBIENTAL
características para ser considerada "agrícola", toda vez que, en el lugar no se cuenta con
servicios básicos como ser luz, agua potable o medios de transporte de servicio público que
permita el transporte de los comunarios, evidenciándose simplemente la existencia de la
conexión de servicio de energía eléctrica en un solo inmueble, de la cual se desconoce su
legalidad o ilegalidad de la conexión.
Por otra parte, habiendo sido consultado en la vía informativa el Sr. JACINTO TICONA
CALLISAYA - Mallku Jilaqata del Ayllu Puchocollo Alto, manifestó que ocupa el cargo de
Jilaqata de la Comunidad por según da vez, el año 2009 ha sido Jilaqata, en ese lugar del
terreno, no existía ni una casa, había sembradíos de papa, ignora si habían estacas o no,
sembraban en el terreno la señora Juliana Quispe Vda. de Quispe y su familia, su esposo era
el señor Adrián Quispe quien ya falleció, no ha tenido conocimiento de ninguna resolución de
homologación de la urbanización 14 de Septiembre, puesto que en el lugar donde nos
encontramos pertenece a la señora Juliana Quispe Vda. de Quispe y su familia según la
documentación que le presentaron y con relación a los señores Justo López, Elías Quispe y
Francisco Condori, manifestó que a ellos los conoce desde el mes de marzo de este año.
Asimismo, de la INSPECCION OCULAR, de fecha 16 de mayo del presente año, se evidenció
que el predio motivo de la litis, tiene todas las características para ser considerada agrícola y
que las viviendas precarias construidas recientemente por los demandados, cortan la
continuidad de los surcos de plantaciones agrícolas antiguas, no existe servicios básicos
como ser agua, luz, alcantarillado y otros, en consecuencia, se evidencia que la posesión de
los demandados, no se adecúa a los principios generales establecidos en el Art. 76 de la Ley
1715 al referirse al PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD que dispone textualmente "Consiste
en la obligación que tiene la Judicatura Agraria de otorgar a la tierra un
tratamiento integral, tomando en cuenta sus connotaciones económicas, sociales,
históricas, de conservación, políticas y de reconocimiento a la diversidad cultural" ,
c) .- Por la PRUEBA TESTIFICAL de cargo cursante a fs. 128, 128vta., 130, 130 vta., 132 y
132 vta., de obrados, demostraron que el predio agrícola objeto de la litis pertenece a:
JULIANA QUISPE VDA. DE QUISPE, ANDRES QUISPE QUISPE, FELIPE QUISPE QUISPE,
JUAN LUCIO QUISPE QUISPE, JUAN MANUEL QUISPE QUISPE, JUANA QUISPE QUISPE
y LUCIA QUISPE QUISPE, quienes cumplen con los usos y costumbres de la Comunidad
Puchocollo Alto de la Prov. Los Andes del Departamento de La Paz, también cumplen la
función económica social, toda vez que, se dedican a la actividad agrícola, realizando
plantaciones de papa, cebada, avena y otros, como así también a la cría de ganado vacuno,
producción y comercialización de leche, de la que obtienen sus únicos recursos económicos
que les permite satisfacer las necesidades de su familia,
así
también aﬁrman que se
encontraban en pacíﬁca posesión respecto al
área de terreno agrícola de 3 has.,
aproximadamente, hasta antes del 9 de enero del presente año, fecha en la que producto de
una serie de amenazas fueron avasallados los demandantes, no conocen la existencia de la
Urb. 14 de Septiembre y aﬁrman que el área motivo de la Litis, por ser agrícola no cuenta con
servicios básicos como ser luz, agua y otros.
d).- De la CONFESION PROVOCADA del codemandado FRANCISCO CONDORI FERNANDEZ,
cursante a fs. 142 a 142 vta., se probó que según reﬁere el mismo, es apoderado del Sector
Bolivar de la Urb. 14 de Septiembre, quienes tienen registrado su propiedad en Derechos
Reales respecto a los 120 lotes de terreno que compraron del Sr. David Blanco; sin embargo,
no presentó documentación como ser: Poder Notarial, Acta de Elección, Acta de Posesión,
Personalidad Jurídica y otros, que lo acrediten ser representante de la supuesta Urb. 14 de
Septiembre.
Con relación a la CONFESION PROVOCADA de los codemandados JUSTO LOPEZ CONDORI
y ELIAS QUISPE CUIZA , quienes pese a estar legalmente notiﬁcados para la audiencia
señalada al efecto, no se hicieron presentes, por lo que, en aplicación del Art. 424 del Código
de Procedimiento Civil, se la tiene por confeso el cuestionario presentado por la parte
demandante.
HECHOS PROBADOS POR LOS CODEMANDADOS: (JUSTO LOPEZ CONDORI y ELIAS

TRIBUNAL AGROAMBIENTAL
QUISPE CUIZA)
No probaron nada, toda vez que, no se apersonaron en el presente proceso, mucho menos
presentaron pruebas de descargo
HECHOS PROBADOS POR EL CODEMANDADO: (FRANCISCO CONDORI FERNANDEZ)
a). - De la PRUEBA DOCUMENTAL cursante a Fs. 155 Folio Real bajo el número de matrícula
2.12.0.00.0001782, de un lote de terreno ubicado en Puchu Collo Alto, Cantón Laja con una
superﬁcie de 18.960.00 m2 ., en cuyo asiento No. 1 se halla a nombre de la Urb. 14 de
Septiembre y cuyos linderos, señala no se conoce; Fs. 156 a 158 vta., de obrados Escritura
Pública No. 189/90, sobre una asignación de PROPIEDAD RUSTICA otorgada por el Sr. David
Blanco a favor de la Urb. 14 de Septiembre "Alto La Paz", representado por los señores:
JUSTO LOPEZ CONDORI, ELIAS QUISPE CUIZA y FRANCISCO CONDORI FERNANDEZ, sobre un
predio ubicado en la Comunidad Puchucollo Alto, Cantón Laja, Prov. Los Andes del
Departamento de La Paz, con una superﬁcie total de 29.520 m2 ; Fs. 159 Formulario de
Información Rápida de fecha 22 de octubre de 2013, a nombre de la Urb. 14 de Septiembre,
respecto al predio registrado bajo la matrícula No. 2120000001782, ubicado en Puchu Collo
Alto, Cantón Laja, con una superﬁcie de 17.280.00 m2 ., cuyas colindancias no se señala; Fs.
160 Certiﬁcación emitida por la oﬁcina de Derechos Reales de Laja a nombre de la Urb. 14 de
Septiembre, respecto a la matrícula No. 2120000001782; demostraron que a nombre de la
Urb. 14 de Septiembre se realizaron varias transferencias de terreno, pero sin embargo, los
documentos antes mencionados no guardan ninguna relación entre sí, en cuanto a la
superﬁcie de terreno, ni con el área de terreno de 3 has., en conﬂicto, menos señalan la
ubicación exacta de los mismos; asimismo, a fs. 156 a 158 vta., de obrados la Escritura
Pública No. 189/90, reﬁere de manera clara la transferencia por parte del propietario a favor
de la Urb. 14 de Septiembre "Alto La Paz", una PROPIEDAD RUSTICA, PERO NO REFIERE
QUE LA TRANSFERENCIA SEA DE UNA PROPIEDAD URBANA, como aﬁrma el codemandado
Francisco Condori Fernandez, quien no acreditó con documentación idónea dicho extremo.
La PRUEBA DOCUMENTAL cursantes a fs. 71 a 117 de obrados, presentados en audiencia de
inspección ocular de fecha 16 de mayo del presente año, no es considerada toda vez que,
carecen de valor legal e incumplen lo prescrito por el Art. 1311 de Código Civil, como así
también no son considerados las fotocopias simples cursantes a fs. 150 a 154 de obrados,
La prueba documental cursante a Fs. 145 y 146 Formularios de pago de impuestos; Fs. 147
Folio Real a nombre de Genoveva Chuca Revollo; Fs. 148 y 148 vta., de obrados Escritura
Pública No. 1037/2013 de transferencia de lote de terreno suscrito por Wilfredo Revollo Sosa
y Percida Vera de Revollo a favor de Genoveva Chuca Revollo; Plano de lote de terreno a
nombre de Genoveva Chuca Revollo, no son considerados, toda vez que, dichos documentos
reﬁeren a personas que no son sujetos procesales, dentro el presente proceso
Con relación a las literales cursantes a fs. 161 fotocopia legalizada de la Resolución Concejal
No. 002/2005; Fs. 162 y 163 fotocopia legalizada de la Ordenanza Municipal No. 039/2009; Fs.
164 y 165 fotocopia legalizada de un informe elevado por el Lic. Enrique Villanueva - Gerente
General "SERVIGEOTEC", no son considerados, porque contravienen lo previsto por la Ley del
Notariado y toda vez que, dicha documentación, al no ser parte de los archivos del Notario de
Fe Pública que lo legaliza, carecen de validez jurídica, en previsión a lo dispuesto por el Art.
1311 del Código Civil, que señala que las copias fotográﬁcas u otras obtenidas por métodos
técnicos para la reproducción directa de documentos originales, harán la misma fe que estos,
si es acreditado por un funcionario público autorizado, en el presente caso, la documentación
presentada, no fue legalizado por un funcionario autorizado por el Gobierno Autónomo
Municipal de Laja.
b) .- De la INSPECCION OCULAR al predio agrícola objeto de la litis, cuya acta cursa a fs. 118
a 122 vta., de obrados, se evidencio la existencia de construcciones precarias, encontrándose
a la fecha con actos preparatorios para la construcción de más viviendas; toda vez que existe
en el lugar, material de construcción consistente en: arena, piedras, ladrillos, madera de
construcción y otros, como así también la existencia de zanjas.

TRIBUNAL AGROAMBIENTAL
c) .- De la valoración y análisis de la PRUEBA TESTIFICAL DE DESCARGO, se tiene la
declaración del Sr. Alberto Huaycho Mamani cursante a fs. 183 y 183 vta., de obrados, que en
su respuesta 1 aﬁrma ser Presidente de la Junta de vecinos de la Urb. 14 de Septiembre, en
su respuesta 3 aﬁrma conocer a los demandantes; en su respuesta a la pregunta No. 1
formulada por el suscrito Juez, aﬁrma, con relación a los servicios básicos en este momento
cuentan con pozos de agua y que recién están haciendo los trabajos para que les instalen el
servicio de agua y en su respuesta 2.- aﬁrma que todas las urbanizaciones recién están en
trámite de la mancha urbana ante el Instituto Geográﬁco Militar, entre ellos está la Urb. 14 de
Septiembre y que en este momento no está aprobado; en consecuencia, mientras no se halle
legalmente aprobado y homologado por las instancias correspondientes ésta supuesta
urbanización, la posesión actual de los demandados y de las personas asentadas en el lugar
es irregular.
Con relación a las declaraciones testiﬁcales de descargo de los ciudadanos Leandro Apaza
Argollo y Gastón Duran Morales cursantes a fs. 185, 185 vta.,188 y 188 vta., de obrados y en
mérito a que la parte demandante en audiencia de fecha 20 de mayo del presente año,
interpuso tacha relativa de ambos testigos, amparando su pretensión en el Art. 446 num. 3)
del Código de Procedimiento Civil, argumentando que, al estar asentados ambos testigos en
el predio objeto de la Litis tienen un interés directo respecto al resultado del presente
proceso; en consecuencia, en mérito a la tacha relativa presentada por la parte demandante
y del análisis realizada a las declaraciones de ambos testigos de descargo, se inﬁere la
existencia e interés directo en el presente proceso, por lo que, en aplicación del Art. 447 Par.
I del Código de Procedimiento Civil, se prescinde de ambas declaraciones testiﬁcales.
De la declaración testiﬁcal de descargo de la ciudadana Dahazuri Elizabeth Arnez Callejas
cursante a fs. 190 y 190 vta., de obrados y que aﬁrma en su respuesta 2 y 3 del contra
interrogatorio, que su lote de terreno está donde las construcciones que actualmente es
motivo del presente proceso, no cumple con los usos y costumbres de la comunidad
Puchocollo Alto y no cumplen la función económica social y en su respuesta 2 a la pregunta
formulada por el suscrito juez, aﬁrmó la existencia de vestigios de surcos que datan del año
2011.
HECHOS NO PROBADOS POR LOS DEMANDADOS:
a)No demostraron fehacientemente que el área de terreno en conﬂicto 3 has., dentro la
Comunidad Puchocollo Alto, es urbano, que cuenta con planimetría aprobada por el Gobierno
Autónomo Municipal de Laja y no demostraron que se encuentre debidamente homologada
por el Ministerio de Planiﬁcación del Desarrollo.
b) No demostraron que el predio objeto de la litis, cuenta con las características para ser
considerada área urbana,
toda vez
que,
las
precarias
construcciones
veriﬁcadas
en
inspección ocular, evidenciaron que dichas viviendas se hallan construidas sobre vestigios de
surcos de plantaciones agrícolas y otras construidas en área de terreno que cuentan con paja
brava en su interior y que no cuentan con la instalación de servicios básicos.
c)No desvirtuaron, haber participado conjuntamente los actuales asentados en el lugar, del
avasallamiento y despojo que reﬁeren los demandantes se produjo a partir del 9 de enero del
presente año
d)No demostraron que las construcciones existentes en el predio objeto de la litis, sean
antiguas.
CONSIDERANDO: Que, el Art. 3 de la Ley No. 477 establece: "Para ﬁnes de esta Ley, se
entiende por avasallamiento las invasiones u ocupaciones de hecho, así como la
ejecución de trabajos o mejoras, con incursión violenta o pacíﬁca, temporal o
continua, de una o varias personas que no acrediten derecho de propiedad,
posesión legal, derechos o autorizaciones sobre propiedades privadas individuales,
colectivas, bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio público o tierras
ﬁscales". De donde se colige que uno de los presupuestos para la presente acción de
desalojo, es la veriﬁcación del derecho propietario del demandante.

TRIBUNAL AGROAMBIENTAL
Que , conforme dispone la Ley No. 477 LEY CONTRA EL AVASALLAMIENTO Y TRAFICO
DE TIERRAS , en su Art. 5 (PROCEDIMIENTO DE DESALOJO) Par. I, num. 1) señala que
EL TITULAR AFECTADO A MOMENTO DE INTERPONER LA DEMANDA, DEBERA
ACREDITAR SU DERECHO PROPIETARIO , aspecto que fue cumplido en el presente caso
por los demandantes y por consiguiente, cumplieron lo previsto por los Arts. 330 del C.Pr.C., y
Art. 79 Par. I de la Ley 1715.
Que, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0610/2013 - L, en Revisión de la Resolución
097 de 6 de septiembre de 2010 dentro la acción de Amparo Constitucional interpuesto y en
el que se señala como: 1.1.2 Derechos supuestamente vulnerados: Señala como lesionado
su derecho a la propiedad privada y a la "seguridad jurídica" citando al efecto, los Arts. 56 y
109. I de la Constitución Política del Estado y en el punto 1.1.3 Petitorio. Solicitan se conceda
la tutela y se ordene: a) El desalojo de los avasalladores dentro de las veinticuatro horas de
su legal notiﬁcación, sea con auxilio de la fuerza pública.
De la compulsa y análisis realizado por el Tribunal Constitucional y para conceder la tutela
solicitada en la Acción de Amparo Constitucional interpuesto, señalan entre otras, en la parte
ﬁnal del punto III. 3 Jurisprudencia constitucional aplicable a las medidas de hecho:
ii)Para el caso especíﬁco de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la
carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela DEBE
ACREDITAR SU TITULARIDAD o DOMINIALIDAD DEL BIEN en relación al cual se
ejerció vías de hecho, ASPECTO DEMOSTRADO CON EL REGISTRO DE PROPIEDAD,
EN MERITO DEL CUAL, SE GENERA EL DERECHO DE OPONIBILIDAD FRENTE A
TERCEROS"
Que , el Art. 56 Par. II de la Constitución Política del Estado, establece que "Se garantiza la
propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al
interés colectivo"
Que , por mandato del Art. 3 num. 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil, aplicable en
materia agroambiental en virtud del art. 78 de la Ley 1715, es deber de los Jueces, que el
proceso se desarrolle sin vicios de nulidad y tomar las medidas necesarias para asegurar la
igualdad efectiva de las partes en todas las actuaciones del proceso, respetando las garantías
constitucionales referidas al debido proceso y la legítima defensa, consagradas en el Art. 115
de la Constitución Política del Estado y evitar se vulnere el Principio de Seguridad Jurídica
prevista en el Art. 3 num. 4) de la Ley 025; razón por la cual, durante todo el desarrollo del
presente proceso, se exhortó a la parte demandada para que presente toda prueba que obre
en su poder para asumir su defensa.
Que, se evidenció de manera clara que, los predios objeto de la litis, se encuentran ubicadas
en el área rural Comunidad Puchocollo Alto, Cantón Laja, Provincia Los Andes del
Departamento de La Paz, contando con las características necesarias para ser consideradas
predios agrícolas, cumpliendo la función económica social, y que la principal función o
actividad de los demandantes y comunarios en dichos predios es la agricultura (contando con
sembradíos de papa, cebada y otros), dedicándose a la crianza de ganado vacuno y ovino.
Que, por disposición del Art. 39 num. 8) y 9) de la Ley 1715, los jueces agrarios ahora
agroambientales, tienen competencia para otorgar tutela sobre la actividad agraria; es
decir que, los juzgadores no solamente deben tener en cuenta que el predio se encuentra en
área urbana o rural, más al contrario deben considerar si en dichos predios se
encuentran realizando la función o actividad agraria.
Que , el Art. 76 de la Ley 1715, determina que la administración de justicia agraria, se rige
entre otros, por los principios de dirección, especialidad y competencia, referidos a que el
gobierno de los procesos es de competencia del titular del órgano jurisdiccional; a la facultad
constitucional de la jurisdicción agroambiental, para administrar justicia en materia agraria.
Que , el Art. 131 Par. II de la Ley No. 025 del Organo Judicial, señala que la jurisdicción
agroambiental desempeña una función especializada y le corresponde impartir justicia en
materia agraria , pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad, que no sean de

TRIBUNAL AGROAMBIENTAL
competencia de autoridades administrativas.
Que , de acuerdo a la Ley No. 247 de 5 de junio del año 2012, cuyo antecedente constituye la
Ley No. 1669 de 30 de octubre de 1995, establece de manera categórica en su Art. 6 lit. a)
que corresponde a los municipios determinar su radio o área urbana, debiendo ser
necesariamente
homologada
por
el
Ministerio
de
Planiﬁcación
del
Desarrollo;
en
consecuencia, previo cumplimiento de este procedimiento se determinará formalmente el
carácter urbano de un área, requisito que en el presente caso los demandados no
cumplieron, toda vez que no presentaron y mucho menos probaron la existencia de dicho
instrumento legal a nombre de la supuesta Urb. 14 de Septiembre, más al contrario cursa en
obrados la Certiﬁcación de fs. 25, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Laja ,
y que certiﬁca lo siguiente:
"2.-
La Comunidad Puchocollo Alto,
no cuenta con
Ordenanza Municipal o decreto que delimite el área Urbana, considerándose como
rústica" y "4.- El municipio, no cuenta con Ordenanza Municipal que delimite el
área urbana" ,
Que, el Art. 397 Par. I de la Constitución Política del Estado, determina que "El trabajo es la
fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria, las
propiedades deberán cumplir con la función social o con la función económica
social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad" ,
precepto legal que no fue tomado en cuenta por los demandados, toda vez, que en ningún
momento demostraron el elemento esencial del cumplimiento de la función social o la función
económica social para salvaguardar su supuesto derecho.
Que , mediante Acuerdo de Sala Plena del Tribunal Agroambiental No. 004/2013, en uso de
sus atribuciones constitucionales y legales, acuerda aprobar la redistribución de la
competencia territorial de los 57 Juzgados Agroambientales de Bolivia, en la que se encuentra
la Provincia Los Andes del Departamento de La Paz, con su municipio de Laja, que se
encuentra bajo la competencia territorial del Juzgado Agroambiental de El Alto.
Que , como resultado del análisis y compulsa de todo lo obrado, se tiene que los
demandantes han demostrado los extremos de su demanda, sobre la base de los requisitos
exigidos para la procedencia del desalojo, conforme se halla prevista en la Ley No. 477 LEY
CONTRA EL AVASALLAMIENTO Y TRAFICO DE TIERRAS;
POR TANTO : El suscrito Juez Agroambiental de la ciudad de El Alto, del Departamento de La
Paz, con la competencia prevista en el Art. 39 num. 8) y 9) de la Ley 1715 y Art. 4 de la Ley
Contra el Avasallamiento y Tráﬁco de Tierras No. 477, administrando justicia agroambiental
en primera instancia, FALLA: Declarando PROBADA LA DEMANDA DE DESALOJO
interpuesto por los demandantes: JULIANA QUISPE VDA. DE QUISPE, ANDRES QUISPE
QUISPE, FELIPE QUISPE QUISPE, JUAN LUCIO QUISPE QUISPE, JUAN MANUEL QUISPE
QUISPE, JUANA QUISPE QUISPE y LUCIA QUISPE QUISPE, cursante a fs. fs. 7, 7 vta., 44
a 47 vta., de obrados; en consecuencia, en mérito al derecho propietario que les asiste, se
dispone que los demandados JUSTO LOPEZ CONDORI, ELIAS QUISPE CUIZA y
FRANCISCO CONDORI FERNANDEZ y todos quienes participaron de la acción de
avasallamiento, material o intelectualmente, desalojen voluntariamente los predios agrícolas
objeto de la Litis,
en una superﬁcie aproximada de 3 Has.,
ubicado en la Comunidad
Puchocollo Alto de la Provincia Los Andes del Departamento de La Paz, dentro del plazo de 96
horas, después de haber sido notiﬁcados con el Auto de Ejecutoria de la presente Sentencia,
bajo alternativa de aplicarse el Art. 5, Par. I, num. 7) de la Ley 477, con costas.
Todo de conformidad a lo establecido en el Art. 4, Art. 5, Par. I, num. 6) de la Ley Contra el
Avasallamiento y Tráﬁco de Tierras No. 477; Arts. 39 num. 8) y 9), 79 y 86 de la Ley 1715;
Arts. 190, 191 y 192 del Código de Procedimiento Civil y demás disposiciones conexas.
Esta Sentencia de la que se tomará razón donde corresponda, es dictada en la ciudad de El
Alto del Departamento de La Paz, a los 21 días del mes de mayo del año 2014.
REGISTRESE, TOMESE RAZON Y CUMPLASE .
AUTO NACIONAL AGROAMBIENTAL S2ª N° 051/2014

TRIBUNAL AGROAMBIENTAL
Expediente : Nº 1088- RCN - 2014
Proceso : Desalojo por Avasallamiento
Demandante (s) : Juliana Quispe Vda. de Quispe, Andrés, Felipe, Juan Lucio, Juan Manuel,
Juana y Lucia todos de apellido Quispe Quispe
Demandado (s) : Justo López Condori, Elías Quispe Cuiza, Francisco Condori Fernández
Distrito : La Paz
Asiento Judicial : El Alto
Fecha : Sucre, agosto 29 de 2014
Segundo Magistrado Relator : Javier Peñaﬁel Bravo
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 228 a 232, interpuesto por
Fransisco Condori Fernández, contra la Sentencia No. 03/2014 de 21 de mayo de 2014
emitida por el Juez Agroambiental de El Alto, en el proceso de Desalojo por Avasallamiento,
seguido por Juliana Quispe Vda. de Quispe y otros contra Justo López Condori, Elias Quispe
Cuiza y el ahora recurrente, memorial de respuesta de fs. 243 a 247, los antecedentes del
proceso; y,
CONSIDERANDO: Que, contra la sentencia cursante de fs. 210 a 215 vta. de obrados,
Francisco Condori Fernández interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, bajo los
argumentos que a continuación se detallan:
I.Recurso de Casación en la forma :
Bajo el titulo de observa violación a las formas esenciales del proceso (art. 254 inc.
7 del Cód. Prod. Civil) en la demanda defectuosa de medidas preparatorias
contenidas de fs. 7 y vta. y auto de admisión de fs. 8 de obrados ; señala que la
demanda no se adecua a ninguna de las medidas autorizadas por el art. 319 del Cód. Proc.
Civil, además de no precisar la base legal en la que respalda su petición; que, en la solicitud
al Gobierno Municipal de Laja y al INRA se observa la falta de citación a la parte contra quien
ha de dirigirse la acción, violándose el art. 326 del Cód. Pdto. Civ.; asimismo, aﬁrma que el
juez de instancia no advirtió que la demanda de medidas preparatorias no cumplía con lo
normado por el art. 325 del Cód. Pdto. Civ, que ordena señalamiento previo del domicilio de
los futuros demandados, a efectos de su citación posterior.
Bajo el rótulo de observa la violación de las formas esenciales del proceso art. 254
inc. 7) del Cód. Pdto. Civ. en la demanda de desalojo y auto de admisión; indica que,
se interpuso la demanda de forma defectuosa, esto debido a que no se indica el domicilio real
de los demandados incumpliendo el art. 327 inc. 4) del Cód. Pdto. Civ.; que se extraña la
determinación física de donde se ubican exactamente las tres hectáreas denunciadas de
supuesto avasallamiento, aspecto que sólo se sustenta mediante un plano técnico aprobado
por el ex Consejo Nacional de Reforma Agraria y si bien el mismo existe a fs. 6, no se
encuentra legalizado y solo tiene "un sellito del INRA", por lo que no cumple con el art. 1311
del Cód. Civil; continúa y acusa que, para la admisión de la demanda no se exigió cumplir con
el art. 5 - I núm. 1 de la L. 477, respecto a la acreditación de su derecho propietario, que en
materia agroambiental es "el Título Ejecutorial"; que en el folio real cursante a fs. 1 de
obrados, se observa que en el asiento No. 0, se encuentran como tenedores primigenios o
vendedores, los ex colonos de la Comunidad Puchucollo, situación registral dominial
"colectiva", ratiﬁcada en la Inspección Judicial de fs. 120 vta. (último párrafo) y que los
demandantes actuaron sin legitimación activa, sin poder o mandato legal que los habilite
para demandar supuestos terrenos colectivos de los ex colonos de la Comunidad Puchucollo
conforme previenen los arts. 946 - I - II y 945 del Código Civil, además de no tener capacidad
para otorgar poder a terceras personas como se evidencia de fs. 125 a 126 vta.
Bajo el título de observa la violación de las formas esenciales del proceso en las
diligencias citatorias a los demandados ; señala que, el Juez Agroambiental incumplió el
deber de cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad según manda el art. 3 inc.

TRIBUNAL AGROAMBIENTAL
1) del Cód. Pdto. Civ., es decir no advirtió que la notiﬁcadora incurrió en errores formales que
vician de nulidad dichos actos como son: a) en el formulario de citaciones de fs. 59 y vta. se
observa que extrañamente trata de cubrir la falta de citación a los "futuros" demandados de
la acción anterior de medidas preparatorias, cuando ya se había admitido la demanda formal
en la que ya no existen "futuros demandados", sino "demandados"; dicha diligencia citatoria
de fs. 59 y vta. practicada según el art. 75-II de la L. 439, también está viciada de nulidad, al
tenor del art. 75-V, porque la demanda de los actores, no precisa el domicilio real de los
demandados, sino tan solo indican un "estado" de aparente situación, cuando señalan
"...actual ocupante arbitrario de mi lote de terreno"; Que, el Juez Agroambiental provocó
indefensión a los co demandados Justo López Condori y Elías Quispe Cuiza por omisión del
art. 78-III de la L. 439.
Bajo el rótulo observa la falta de ﬁjación del objeto de la prueba o puntos de hecho
a probarse en audiencia de fs. 118 a 122 vta. y en todo el proceso ; indica que, si
bien se tramitó el proceso conforme a la L. 439, que tiene naturaleza sumarísima, no exime al
juzgador que aplique el procedimiento contenido en el art. 79 de la L. N°1715 como lo hace a
fs. 214 vta. y que extrañamente de fs. 118 a 122 vta. no se aplica el art. 83 núm. 5 referente
al objeto de la prueba, por lo que, al no existir la ﬁjación del objeto de la prueba conforme el
art. 5 - I núm. 4. literal c de la L. N° 439, sobre qué base las partes procesales podrían
presentar, reproducir sus medios probatorios y en síntesis probar la demanda o desvirtuarla,
este acto se encuentra sancionado con nulidad.
Con el rótulo de observa violación a las formas esenciales del proceso (art. 254 inc.
4 del Cód. Pdto. Civ.) en la otorgación de más de lo pedido por las partes (ultra
petita), veriﬁcable a fs. 215 vta. de la sentencia; señala que la defectuosa demanda
constituye la base del juicio que determina la pretensión de los actores y la participación de
los demandados (Justo López Condori, Elías Quispe Cuiza y Francisco Condori Fernández) y
nadie más, resulta que parcializándose con los demandantes e infringiendo el art. 192 inc. 3)
del Cód. Pdto. Civ. que manda que se emita decisiones claras y precisas, en forma ultra petita
a fs. 215 vta. se aparta de lo demandado y agrega unilateralmente a "todos quienes
participaron de la acción de avasallamiento", sin que estos hayan sido demandados, ni como
personas naturales ni como personas jurídicas.
II.Recurso de casación en el fondo:
Bajo el rotulo de observa error de hecho en la apreciación de las pruebas de cargo
(art. 253 inc. 3) del Cód. Pdto. Civ.) evidenciados en documentos o actos
auténticos que demuestran la equivocación del juzgador ; indica que, a fs. 211 y vta.
referente a la cuestionada sentencia, se demostró que la prueba de fs. 1, 2, 3, 5, 15 a 17, 18,
19, 20, 21 a 24 y 25 de obrados, admitidas en la audiencia de inspección ocular, no están
respaldadas en título ejecutorial individual ni colectivo, ni se hace mención ni presentación
alguna de dicho instrumento público, único documento que acredita derecho propietario
agrario; continúa y aﬁrma que tampoco el plano georeferenciado de fs. 5 reviste legalidad al
no ser emergente de un proceso de saneamiento, por lo que no tiene validez ni eﬁcacia al
tenor del art. 1311 del Cód. Civ.; añade que, los formularios de pago de impuestos que,
aparte de no determinar ni precisar la ubicación, no tiene valor probatorio en juicio, porque al
tenor del art. 4 - III de la L. 1715 modiﬁcado por L. 3545, el solar campesino, la pequeña
propiedad y los inmuebles de comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígena
originarias,
esta exentas del
pago de impuestos y que la equivocación maniﬁesta del
juzgador se extiende a fs. 212 de la sentencia al señalarse que dichos formularios le sirven
para respaldar su criterio judicial en sentido de que los demandantes probaron su derecho
propietario.
Agrega que de la certiﬁcación de fs. 49 y vta., se observa la equivocación del juzgador al no
tomar en cuenta que existen áreas colectivas entre estas Japón, Virgen de la Nieves y Víctor
Ustarez, acreditando con ello que la vocación de uso del área colectiva de la comunidad
también tiene connotaciones y características urbanas.
Continua y señala que existe equivocación del juzgador en la valoración de la prueba

TRIBUNAL AGROAMBIENTAL
respecto a la confesión provocada de fs. 142 y vta. en la que el co demandado Francisco
Condori Fernández ya puso de sobre aviso la compra de terrenos que en Puchucollo Alto
realizó la Urbanización 14 de septiembre de David Blanco, corroborada por la prueba
documental de fs. 155 consistente en folio real cuyo asiento No. 1 consigna el nombre de la
Urbanización 14 de septiembre, que al igual del folio real de los demandantes no se conoce
los linderos, todo respaldado en la Escritura Pública No. 189/90.
Por último, señala que de todos los medios probatorios presentados y reproducidos por los
demandantes, se concluye que en ningún momento se acreditó que hayan sido los
demandados los que avasallaron el objeto del litigio, reduciéndose a la inspección ocular y
audiencias llevadas a cabo para concluir confusamente que son personas desconocidas.
Finalmente pide que el Tribunal Agroambiental Plurinacional Case la sentencia o anule
obrados hasta el vicio más antiguo, sea con costas, daños y perjuicios.
Que, corrido en traslado, mediante memorial cursante de fs. 243 a 247 de obrados el mismo
es respondido por los demandantes, solicitando declarar Improcedente el recurso interpuesto
o en su caso Infundado, con costas.
CONSIDERANDO.- Que, el tribunal de casación tiene la ineludible obligación de revisar de
oﬁcio los procesos puestos a su conocimiento con la ﬁnalidad de veriﬁcar si la autoridad
jurisdiccional observó los plazos y formas esenciales que rigen la admisión, tramitación y
conclusión de los procesos y, en caso de evidenciar infracción de normas de orden público,
pronunciarse conforme mandan los arts. 90 y 252 del Cód. Pdto. Civ., concordante con el art.
17-I de la L. N° 025 (Ley del Órgano Judicial) que en lo pertinente señala que "La revisión de
las actuaciones procesales será de oﬁcio y se limitara a aquellos asuntos previstos por ley".
Previo a ingresar al análisis del caso, es preciso señalar que el art. 1 de la L. N° 477
prescribe: "La presente ley tiene por objeto: 1. Establecer el régimen jurisdiccional que
permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada o
individual y colectiva , la propiedad estatal y las tierras ﬁscales de los avasallamientos y
traﬁco de tierras de tierras. (...)" asimismo el art. 2 de la precitada norma legal, señala: "La
presente Ley tiene por ﬁnalidad, precautelar el derecho propietario , el interés público, la
soberanía y seguridad alimentaria, la capacidad de uso mayor y evitar los asentamientos
irregulares de poblaciones".
Por otro lado el art. 5 de la L. N° 477 desarrolla el procedimiento a seguirse en caso de
suscitarse avasallamiento, señalando entre otros aspectos: "I. El procedimiento de desalojo
vía jurisdicción agroambiental, se desarrollara de acuerdo a lo siguiente: 1. Presentación
escrita o verbal de la demanda por parte del titular afectado ante la Autoridad
Agroambiental que corresponda, acreditando el derecho propietario y una relación
sucinta de los Hechos. (...)", disponiendo que, con carácter previo al inicio mismo del proceso,
la parte actora acredite su derecho propietario, norma legal que impone un deber y no una
facultad cuyo cumplimiento o no queda a la libre decisión de la parte interesada.
El art 393 del D.S 29215 señala: "El Titulo Ejecutorial es un documento público a través del
cual el Estado reconoce el derecho de propiedad agraria a favor de sus titulares ",
en ésta línea, la Sentencia Constitucional N° 0009/2013 de 3 de enero de 2013 tiene
señalado: "Los Títulos Ejecutoriales son documentos públicos que constituyen el
derecho de propiedad agraria en favor de sus titulares , cumplidas las formalidades
exigidas por ley . Los mismos deberán emitirse por escrito, contendrán la clase de
propiedad agraria, la modalidad de su adquisición, la individualización de la resolución que
respalda su otorgamiento; el nombre de la persona física o jurídica en favor de la cual se
extiende el título; la ubicación, superﬁcie y colindancias de la propiedad agraria; el Régimen
jurídico especial aplicable a la clase de propiedad agraria y otras particularidades exigidas
para las resoluciones que respaldan su otorgamiento, según la clase de propiedad agraria. El
art. 172-27 de la CPE, señala entre las atribuciones de la Presidenta o Presidente del Estado
"Ejercer la autoridad máxima del Servicio Boliviano de Reforma Agraria y otorgar títulos
ejecutoriales en la distribución y redistribución de las tierras", (...)" (las negrillas nos
corresponden).

TRIBUNAL AGROAMBIENTAL
Bajo ese mismo razonamiento la Sentencia Constitucional Plurinacional 1514/2012 de 24 de
septiembre de 2012 ingresando al análisis de los medios a través de los cuales se acredita el
derecho propietario en materia agraria, tiene señalado: "(...) Es así que en materia agraria ,
para la procedencia de la reivindicación, el demandante debe acreditar necesariamente tres
requisitos o presupuestos elementales, que son: 1) Su calidad de Propietario, acreditada
mediante título idóneo, consistente en Título Ejecutorial u otro documento
traslativo de dominio con antecedente en Título Ejecutorial y/o tradición agraria
debidamente registrada en Derechos Reales ; (...)." (Las negrillas y subrayado nos
corresponden)".
En éste contexto, ingresando al análisis del caso concreto, de la revisión de antecedentes, se
tiene que de fs. 2 a 3 vta., cursa Testimonio de Compra y Venta N° 277/2007 de 1 de junio de
2007, suscrito por Pedro Sullcalla Quisbert como vendedor y Juliana Quispe Vda. de Quispe,
Felipe Quispe Quispe, Juana Quispe Quispe, Juan Manuel Quispe Quispe y Juan Lucio Quispe
Quispe en calidad de compradores, señalándose, en torno al derecho propietario: "(...) se
hace constar que el vendedor es legitimo propietario de un lote de terreno ubicado en la
COMUNIDAD EX - FUNDO PUCHOCOLLO ALTO, CANTON LAJA, PROVINCIA LOS
ANDES, con una extensión superﬁcial de 7.9774 Hectáreas, cuyo derecho propietario se
encuentra
registrado
en
las
Oﬁcinas
de
Derechos
Reales
con
Folio
Real
No.
2.12.2.01.0006223 de fecha 30 de marzo del 2007", no obstante, la documental en análisis
no permite acreditar que la propiedad objeto de la demanda, tenga antecedente en Título
Ejecutorial y/o exista tradición agraria debidamente registrada en Derechos Reales, requisito
de admisibilidad en las acciones por avasallamiento.
Si bien, la L. N° 477 regula un trámite sumarísimo, no es menos cierto que regula un proceso
que tiene por ﬁnalidad precautelar el derecho propietario y en ésta línea, introduce
preceptos de cumplimiento obligatorio, entre éstos, acreditar de forma previa, el "derecho
propietario" sobre el bien inmueble objeto de la demanda.
Éste Tribunal, a través del Auto Nacional Agroambiental S2ª N° 20/2014 de 3 de abril del
2014, en torno a las facultades que el juez tiene a momento de conocer una demanda, tiene
desarrollado el siguiente análisis: "El art. 178 de la C.P.E. señala que la potestad de impartir
justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia,
imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad , celeridad , gratuidad , pluralismo
jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad , participación ciudadana,
armonía social y respeto a los derechos . En éste marco principista, resulta menos que
ilícito, antiético e ilegal conducir a las partes a un proceso cuyo objeto principal (pretensión)
resulta imposible de alcanzar. Éste Tribunal en su AUTO NACIONAL AGROAMBIENTAL S2ª
N°66/2013 de 5 de noviembre de 2013 ha señalado: "El acceso a la justicia, no debe ser
entendido, en sentido literal, como la facultad de recurrir ante la autoridad jurisdiccional,
administrativa o la llamada por ley y tramitar un proceso por el mero formalismo de hacerlo
sino que debe buscar, en esencia, la satisfacción de una pretensión o la tutela de un derecho,
"pretensión legal" y/o "derecho reconocido por ley", consideración que nos permite concluir
que,
resultaría inoﬁcioso e incluso ilegal,
tramitar un proceso superﬂuo cuyo resultado
negativo, de antemano, es conocido por la autoridad que conoce la causa, quien tiene la
ineludible obligación de percatarse que la demanda contenga los elementos mínimos que
permitan iniciar un proceso en el que los hechos que se alegan permitan ingresar a dilucidar
el derecho cuya tutela se persigue, lo contrario sería iniciar una causa en la que
implícitamente se estarían eliminando los principios de legalidad, probidad, celeridad,
gratuidad y servicio a la sociedad, reconocidos por la C.P.E. (...)"
Por lo supra mencionado, se concluye que el juez de la causa, previo a disponer la admisión
de la demanda, debió ingresar al examen de lo demandado y de las normas legales
aplicables al caso y al evidenciar que las pretensiones no se amoldaban al ordenamiento
jurídico vigente o lo demandado no se sustentaba en actos y/o hechos de cumplimiento
obligatorio proceder a observarla conforme a lo establecido por el art. 333 Cód. Pdto. Civ. y
otorgar a los accionantes la posibilidad de acreditar el cumplimiento de las formas que exige
la ley, en el caso en análisis, acreditar el derecho propietario sobre el bien objeto de su

TRIBUNAL AGROAMBIENTAL
demanda a través de título idóneo conforme prescribe el art. 5, parágrafo I, numeral 1. de la
L. N° 477, estando la parte actora facultada para hacer uso de los recursos que le franquea la
ley, aspecto por el cual, de modo alguno, se le habría restringido el derecho de acceso a la
justicia.
Que, corresponde a los jueces o tribunales de casación anular, de oﬁcio, todo proceso en el
que se encontraren infracciones que interesen al orden público conforme lo normado por el
art. 252 del Cód. Pdto. Civ. aplicable a la materia por disposición del art. 78 de la L. N° 1715
modiﬁcada por L. N° 3545, concordante con el art. 17-I de la L. Nº 025.
POR TANTO: La Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, en mérito a la facultad conferida
por los arts. 189-I de la C.P.E., 4-I-2) de la L. N° 025 y 13 de la L. N° 212, conforme lo
normado por los arts. 17-I de la Ley del Órgano Judicial, 252 del Cód. Pdto. Civ. y 105-II del
Código Procesal Civil aplicables a la materia por disposición del art. 78 de la L. N° 1715
modiﬁcada por L. N° 3545 y en virtud de la jurisdicción que por ley ejerce, ANULA OBRADOS
, hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el Auto de Admisión de la demanda cursante a fs.
49 vta., correspondiendo al juez de primera instancia observar la demanda y solicitar que, de
forma previa se acredite el "derecho propietario"
No se impone multa al Juez Agroambiental del Alto por ser su error, excusable.
Dando cumplimiento a lo prescrito por el art. 17-IV de la Ley del Órgano Judicial,
comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura.
No ﬁrma el Magistrado Dr. Bernardo Huarachi Tola por ser de voto disidente.
Regístrese, notifíquese y devuélvase .
Fdo.-
Magistrada Sala Segunda Dra. Deysi Villagomez Velasco
Magistrado Sala Segunda Dr. Javier Peñaﬁel Bravo
© Tribunal Agroambiental 2022