Sentencia Agraria Nacional S2/0006/2014

Fecha: 25-Jul-2008

TRIBUNAL AGROAMBIENTAL
SENTENCIA NACIONAL AGROAMBIENTAL S2ª Nº 06/2014
Expediente: Nº 2786-DCA-2010
Proceso: Contencioso Administrativo
Demandante (s): Lidio Pedraza Saavedra
Demandado(s): Juan Evo Morales Ayma, Presidente
Constitucional del Estado Plurinacional de
Bolivia y Nemesia Achacollo Tola, Ministra de
Desarrollo Rural y Tierras
Distrito: Santa Cruz
Fecha: Sucre, febrero 17 de 2014
Magistrado Relator: Javier Peñaﬁel Bravo
VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 15 a 18, subsanada por memorial de
fs. 23, de obrados interpuesta por Lidio Pedraza Saavedra, impugnando la R. S. N° 229372 de
25 de julio de 2008, memoriales de contestación a la demanda de fs. 51 a 54 y 83 a 85 de
obrados, los antecedentes del proceso, y;
CONSIDERANDO: Que, Lidio Pedraza Saavedra, en la vía contenciosa administrativa
impugna la R. S. N° 229372 de 25 de julio de 2008, señalando que, el Ex Tribunal Agrario
Nacional, emitió la Sentencia S1ª N° 013/2004 de 8 de julio de 2004 anulando la Resolución
Administrativa de Saneamiento N° RFS-TCO 011/2001 de 12 de febrero de 2001
correspondiente a los predios San Joaquín y San Lorenzo, que en su origen constituían un solo
predio y actualmente forman dos unidades productivas independientes que comparten
determinadas mejoras con propietarios diferentes, siendo su persona actual propietario del
predio San Lorenzo al haber transferido 2.000 has., correspondiente al puesto San Joaquín, a
los esposos Mundaka León pasando a desarrollar su recurso bajo los argumentos que a
continuación se transcriben:
1. Con el rótulo de: Ausencia de Exposición Pública de Resultados; acusa que las
pericias de campo realizadas en su propiedad el mes de junio de 2000 contenían omisiones al
no haberse consignado ni diferenciado las mejoras compartidas (puente de acceso a la
propiedad y parte del alambrado) ni individuales de los predios San Joaquín y San Lorenzo
como tampoco se tomaron en cuenta las servidumbres ecológico legales existentes en el
predio San Lorenzo que debido a la cercanía con el río San Julián no dieron ser usadas en
agricultura ni ganadería, aspectos que, no le dieron a conocer de manera oportuna por no
haberse ejecutado la exposición pública de resultados prevista en los arts. 213 al 218 del D.S.
N° 25763, todo al amparo de la Disposición Transitoria Segunda del D.S. N° 25848 que fue
declarado inconstitucional a través de la Sentencia Constitucional N° 042/01.
Asimismo reﬁere que no existiría informe en conclusiones que le haya permitido conocer los
resultados preliminares del trabajo de campo ejecutado en su predio, hecho que, maniﬁesta,
afectada de manera directa al derecho a la defensa.
2. Acusa Omisión de considerar las servidumbres ecológico legales; transcribiendo lo
previsto en el art. 35 del D. S. N° 24453, reﬁere que la entidad administrativa ni durante las
pericias de campo anulada por el TAN, como el reinicio de la etapa se tomó la molestia de
identiﬁcar y cuantiﬁcar las Servidumbres Ecológico Legales que constituyen limitaciones
legales al ejercicio del derecho de propiedad agraria y señala que las mismas debieron ser
tomadas en cuenta toda vez que el predio San Lorenzo cuenta con Título Ejecutorial N°
625069 con una superﬁcie 400 ha de terreno rocoso y 10 ha de humedales permanentes que
no pueden ser aprovechadas en agricultura ni ganadería.
3. A continuación acusa Erróneo e interesado entendimiento del INRA respecto de los
alcances de la Sentencia S1ª N° 013/2004 reﬁriendo que el INRA entiende que la R.A.

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RFS-TCO 011/2001 de 12 de febrero de 2001 anulada por el Tribunal Agrario Nacional se
mantiene ﬁrme y ejecutoriada respecto al predio San Lorenzo, en el que no le dejaron
participar en la pericia de campo citándole únicamente como colindante, olvidando que la
Sentencia S1ª N° 013/2004 anula la resolución referida en su integridad hasta las pericias de
campo con alcance y validez para ambas propiedades porque se desprenden de un mismo
tramite agrario y fueron saneadas de manera conjunta y luego de manera separada, como si
el T.A.N. hubiera dejado clara y expresamente establecido que el contenido de la resolución
anulada no alcanzaba al predio San Lorenzo, aspecto que no consta en la Sentencia S1ª N°
013/2004 existiendo contradicción al notiﬁcarle con la R. S. N° 229372 que ahora impugna.
4. Con el título de Omisión en la propiedad de mejoras compartidas con el
propietario de San Joaquín y Santa Rosa ; sostiene que al haber sido un solo predio, San
Lorenzo y San Joaquín, poseen mejoras compartidas producto de las inversiones realizadas
con los compradores de San Joaquín, mismas que se traducen en un puente de acceso y un
alambrado de 5 km., imprecisión que constituyó uno de los fundamentos por los que el T.A.N.
anulo el proceso hasta la etapa de pericias de campo, aspecto que no fue subsanado por el
INRA.
Con éstos argumentos concluye señalando que las arbitrariedades identiﬁcadas acreditan
que se incumplieron las disposiciones legales (citadas ut supra) contenidas en la L. N° 1715 y
su reglamento, violentándose sus derechos y garantías constitucionales que se encuentran
desarrolladas por el Tribunal de Garantías Constitucionales, pasando a citar Sentencias
Constitucionales que hacen referencia al debido proceso, a la seguridad jurídica y al derecho
a la defensa y propiedad privada que, conforme señala, habrían sido lesionados y solicita que
admitida que sea la demanda, en sentencia se la declare probada y por lo mismo nula la
resolución impugnada.
Que por memorial de fs. 51 a 54, de obrados el Director Nacional a.i. del INRA, Juan Carlos
Rojas Calizaya, en representación del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de
Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, haciendo un resumen de los antecedentes del proceso de
saneamiento, responde a la demanda con los fundamentos que se pasan a detallar:
Con el
título RESPONDE NEGATIVAMENTE LA DEMANDA CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO QUE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN SUPREMA N° 229372 DE 25 DE
JULIO DE 2008, maniﬁesta que sustanciadas las etapas del saneamiento conforme a las
disposiciones reguladas mediante los Decretos Supremos N° 24784 de 31 de julio de 1997,
25763 de 5 de mayo de 2000 y 25848 de 18 de julio de 2000 respectivamente vigentes en su
oportunidad y por Resolución Final de Saneamiento RFS-TCO 011/2001 de 12 de febrero de
2001 se resolvió anular el título ejecutorial N° 625069 y vía conversión otorgar nuevo título
ejecutorial a favor de Lidio Pedraza Saavedra sobre el predio "San Lorenzo" con la superﬁcie
de 926.5594 ha., clasiﬁcada como mediana propiedad con actividad ganadera y viendo
conculcados sus derechos de propiedad, los beneﬁciarios del predio San Joaquín interponen
acción contenciosa administrativa ante el TAN, la cual fue resuelta mediante Sentencia
Agraria S1ª N° 013/2004 de 8 de julio de 2004 que declaro nula la resolución ﬁnal de
saneamiento RFS-TCO 011/2001 debiendo el INRA regularizar el trámite nuevamente desde la
etapa de pericias de campo.
Continua reﬁriendo que en ejecución de sentencia y del análisis del referido fallo emitido por
el Ex Tribunal Agrario Nacional, se evidencia que el mismo no afectaba el relevamiento de
información efectuado tanto en gabinete como en campo respecto al predio "SAN LORENZO",
por lo que se procedió a emitir una nueva Resolución Final de Saneamiento al haber sido
declarada nula la primera por inobservar aspectos concernientes a la propiedad denominada
"San Joaquín" y mediante informe legal INF-JRLL N° 262/2007 de 5 de septiembre de 2007 se
dispone adecuar actuados al actual procedimiento agrario en vigencia aprobado por D.S. N°
29215, validando los actos cumplidos en las etapas del saneamiento y manteniendo el tipo
de resolución ﬁnal de saneamiento sugerido por el informe legal DGS N° 939/05 de 10 de
agosto de 2005 para el predio denominado San Lorenzo y mediante Resolución Suprema N°
229372 de 25 de julio de 2008, se resuelve anular el título ejecutorial individual N° 625069
con antecedente legal en el proceso agrario de dotación y vía conversión otorgar nuevos

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títulos ejecutoriales a favor de Lidio Pedraza Saavedra predio San Lorenzo y María Jesús León
de Mundaka y Javier Hernán Mundaka Morales sobre el predio San Joaquín, resolución que fue
puesta en conocimiento del propietario de San Lorenzo en fecha 10 de junio de 2010.
Bajo el rótulo DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA OBSERVA HECHOS QUE
FUERON VALORADOS CORRECTAMENTE POR EL INRA; aclara que: 1) En relación a
que no habrían sido identiﬁcadas y cuantiﬁcadas las servidumbres ecológica
legales existentes al interior del predio "San Lorenzo", la parte recurrente no identiﬁca
ni precisa que tipo de servidumbres ecológica legales no llegaron a ser consideradas por el
INRA al interior del predio San Lorenzo indicando que tanto la ﬁcha catastral como el registro
de la FES exhiben claramente lo visto y evidenciado en campo; documentos que no
merecieron observación alguna por parte del demandante.
2) Respecto a que habría existido un erróneo e interesado entendimiento por parte
del INRA respecto a los alcances de la Sentencia Agraria S1ª N° 013/2004,
maniﬁesta que analizada y valorada que fue la Sentencia Agraria S1ª N° 013/2004, se tiene
que quien activó el recurso contencioso administrativo fue el señor Javier Mundaka Morales y
en correcta razón pues la Resolución Final de Saneamiento declarada nula por el Tribunal
Agrario Nacional omitió deﬁnir derechos respecto al predio de su propiedad, situación que
diﬁere de la propiedad San Lorenzo en la cual el señor Pedraza luego de ser notiﬁcado con la
resolución ﬁnal
de saneamiento no efectuó reclamo ni
observación alguna,
quedando
implícitamente conforme con la superﬁcie reconocida a su favor,
926.5594 ha.
Reﬁere
también que durante la realización de las nuevas pericias de campo del predio "San Joaquín",
Lidio Pedraza participo activamente como beneﬁciario del predio colindante y sin haberse
opuesto al cumplimiento de dicha actividad, de lo que más allá se tiene que el argumento
poco sustentable que plantea Lidio Pedraza Saavedra, cae por su propio peso al haber
efectuado una mala interpretación de la Sentencia Agraria.
3) En referencia a que no se llegaron a diferenciar las mejoras compartidas e
individuales de los predios "San Joaquín" y "San Lorenzo", maniﬁesta que iniciadas las
nuevas pericias de campo al interior del predio "San Joaquín", el INRA efectuó nueva
valoración e identiﬁcación de mejoras introducidas al referido predio de propiedad de los
esposos Mundaka, conllevando a reconocer la superﬁcie de 500.0000 ha para la propiedad
denominada "San Joaquín" y ratiﬁcando la superﬁcie de 926.5594 ha.,
para el
predio
denominado "San Lorenzo", efectuando el INRA una correcta valoración de la función
económica social o función social, considerando las mejoras e infraestructura introducida y
veriﬁcada directamente en terreno; prueba de ello son los distintos actuados cursantes en
obrados los cuales no merecieron mayor observación por parte de los interesados.
Sostiene que de lo descrito, analizado y fundamentado se concluye que el proceso de
saneamiento efectuado al interior del predio denominado "San Lorenzo", sustanciado bajo la
modalidad de SAN-TCO fue ejecutado en resguardo de las disposiciones legales jurídica
agrarias vigentes, de ello se tiene que el INRA realizo la valoración jurídica y técnica de forma
correcta y justa conforme se evidencia de la Resolución Suprema objeto de impugnación,
misma que traduce los datos e información recogida en las diferentes etapas del proceso de
saneamiento.
Con estos argumentos y negando los extremos señalados en la demanda, solicita declarar
improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta por Lidio Pedraza Saavedra
manteniendo ﬁrme y subsistente la Resolución Suprema N° 229372 de 25 de julio de 2008
con expresa imposición de costas al demandante.
Que, por memorial de fs. 83 a 85, de obrados la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras,
Nemesia Achacollo Tola en el término de ley, contesta la demanda bajo los fundamentos que
a continuación se detallan:
Maniﬁesta que en respuesta a lo aseverado por la parte actora en relación a la Sentencia
Agraria Nacional S1 N° 013/2004 de 8 de julio de 2004 se ha dado cumplimiento a lo
ordenado por dicho Tribunal, haciendo conocer al ahora actor sobre el trabajo de campo,
prueba de ello constituye los actuados del proceso de saneamiento cursando, el aviso publico

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de 8 de septiembre de 2004, así como memorándum de notiﬁcación de 9 de septiembre de
2004, en el que el demandante ﬁrma en la parte posterior, como también cursa informe en
conclusiones de 25 de mayo de 2005 por lo que lo manifestado por la parte actora carece de
todo fundamento probatorio, continua manifestando que en cuanto a los antecedentes
técnicos legales que cursan en el expediente correspondiente al presente proceso sostiene
que se arrima a lo manifestado por el INRA en su memorial de respuesta, en el que las
observaciones efectuadas por los demandantes carecen de fundamento legal.
Con estos argumentos, solicita se declare improbada la demanda contenciosa administrativa.
CONSIDERANDO: Que, el proceso contencioso administrativo, en un Estado de derecho,
tiene el propósito de lograr un equilibrio entre la actividad de la administración y la debida
protección de los administrados a ﬁn de reparar los perjuicios que puedan derivar de los
actos, eventualmente arbitrarios, del administrador, precautelando los intereses de los
administrados, cuando éstos son lesionados o perjudicados en sus derechos.
Que, conforme a lo previsto por el art. 36-3 de la L. N° 1715 modiﬁcada por L. N° 3545, con
relación a los arts. 778 y siguientes del Cód. Pdto. Civ., arts. 7, 186 y 189-3) de la C.P.E. y art.
13 de la L. N° 212 de 23 de diciembre de 2011, corresponde a este Tribunal efectuar la
revisión del proceso administrativo que dio mérito a la emisión de la Resolución Suprema Nº
229372 de 25 de julio de 2008, en consecuencia, revisados los actuados que cursan en
antecedentes se evidencia que:
De fs. 1 a 31, cursa expediente agrario N° 25096 correspondiente a la propiedad San Lorenzo
y San Joaquín, ubicado en el Cantón Santa Rosa del Palmar, Provincia Ñuﬂo de Chávez del
Departamento de Santa Cruz.
De fs. 35 a 37, cursa Resolución Determinativa de Área de Saneamiento de Tierras
Comunitarias de Origen N° R-ADM-TCO-0004-98.
De fs. 38 a 39, cursa Resolución Administrativa N° RES. ADM-0012/2000.
De fs. 40 a 41, cursa Resolución Instructora N° R-ADM-TCO-0020/99 dictada dentro del
proceso de saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCO) del Pueblo Chiquitano
de Lomerío.
De fs. 53 a 54 vta., cursa testimonio N° 98073 de transferencia de una propiedad rustica
denominada "San Lorenzo y San Joaquín" de 17 de enero de 1995, suscrito entre Dorian
Stelzer Jiménez y Lidio Pedraza Saavedra.
De fs. 55 a 56 vta., cursa minuta de transferencia de una propiedad rustica denominada "San
Joaquín" con reconocimiento de ﬁrmas de 16 de junio de 1998 suscrito entre Lidio Pedraza
Saavedra y Javier Mundaka Morales y María León de Mundaka.
De fs. 69 a 71, cursa carta de citación y memorándum de notiﬁcación de 06 de junio de 2000
realizada a Lidio Pedraza Saavedra en calidad de propietario del predio " San Lorenzo".
De fs. 91 a 92, cursa ﬁcha catastral de 11 de junio de 2000, correspondiente al predio " San
Lorenzo", levantada en favor de Lidio Pedraza Saavedra.
De fs. 93 a 115, cursa croquis de mejoras, registros de mejoras, fotografías de mejoras,
croquis predial y actas de conformidad de linderos que corresponden al predio "San Lorenzo".
A fs. 131, cursa plano de ubicación del predio "San Lorenzo" de Lidio Pedraza Saavedra.
De fs. 155 a 156 cursa Resolución Final de saneamiento RFS-TCO 011/2001 de 12 de febrero
de 2001 que resuelve anular el Titulo Ejecutorial N° 625069 y vía conversión otorgar nuevo
Titulo Ejecutorial a favor de Lidio Pedraza Saavedra sobre el predio denominado "San
Lorenzo" que cuenta con una superﬁcie de 926.5594 has.,
clasiﬁcada como mediana
propiedad ganadera
A fs. 157, cursa diligencia de notiﬁcación de 26 de marzo de 2001 realizada a Lidio Pedraza
Saavedra con la Resolución Final de Saneamiento RFS-TCO 011/2001 de 12 de febrero de
2001.

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De fs. 165 a 170 cursa Sentencia Agraria Nacional S1° N° 013/2004 de 08 de julio de 2004
declarando PROBADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por Karen América
Carrasco Zurita en representación de Javier Mudanka Morales en consecuencia deja nula la
Resolución Final de Saneamiento RFS-TCO- 011/2001 de 12 de febrero de 2001.
A fs. 173 y vta., cursa memorial presentado por Lidio Pedraza Saavedra de 17 de mayo de
2005 denunciando errores y omisiones, observando que no se realizaron trabajos de pericias
de campo en el predio San Lorenzo.
A fs. 179 cursa informe DGS N° 939/05 de 10 de agosto de 2005 que en el punto III sugiere se
emita una Resolución Suprema Anulatoria del Titulo Ejecutorial N° 625069 y vía conversión se
otorgue nuevo Titulo Ejecutorial a favor de Lidio Pedraza Saavedra sobre una superﬁcie de
926,5594 ha que corresponde al predio "San Lorenzo" y Titulo Ejecutorial en copropiedad a
favor de María Jesús León de Mundaka y Javier Hernán Mundaka Morales sobre una superﬁcie
de 500.0000 ha., que corresponde al predio San Joaquín.
De 187 a 188 cursa Informe Legal de adecuación INF.- JRLL N° 262/2007 de 05 de septiembre
de 2007 que sugiere validar actos cumplidos en las etapas de saneamiento ejecutadas en los
predios "San Lorenzo y San Joaquín" con arreglo al D.S. N° 25763.
De fs. 195 a 199 cursa Resolución Suprema N° 229372 de 25 de julio de 2008 que resuelve
anular el Titulo Ejecutorial Individual N° 625069 y vía conversión otorgar nuevo Titulo
Ejecutorial Individual a favor de Lidio Pedraza Saavedra sobre el predio denominado "San
Lorenzo" con una superﬁcie de 926.5594 ha., clasiﬁcado como mediana propiedad ganadera
de igual forma otorgar Titulo Ejecutorial en copropiedad a favor de María Jesús León de
Mundaka y Javier Hernán Mundaka Morales sobre el predio denominado "San Joaquín" en la
superﬁcie de 500,0000 ha., clasiﬁcado como pequeña propiedad ganadera.
CONSIDERANDO: Que, en este contexto, cabe a éste Tribunal ingresar al análisis de la
demanda en los términos en la que fue planteada por la parte del actor, en tal sentido, de la
compulsa de antecedentes, argumentos expuestos en la de demanda y memorial de
subsanación y examen del ámbito normativo en el cual se desarrollaron los actos de la
autoridad administrativa se advierte que, el proceso de saneamiento ejecutado en los predios
"SAN LORENZO" y "SAN JOAQUÍN", se ejecutó en vigencia de las normas contenidas en la
Constitución Política del Estado de 1967, Ley N° 1715 y Decretos Supremos Nos. 24784 de 31
de julio de 1997, 25848 de 18 de julio de 2000 y 25763 de 5 de mayo de 2000
respectivamentepor lo que la cita de éstas disposiciones legales, en cuanto ameritare, será
realizada conforme al orden cronológico de los actos de la entidad administrativa.
Que, del estudio de los antecedentes del proceso y de forma particular del examen de la
Sentencia Agraria Nacional S1a N° 013/2004 de 8 de julio de 2004 cursante de fs. 165 a 170
de antecedentes, que constituye uno de los antecedentes inmediatos a la resolución
impugnada en el proceso contencioso administrativo en análisis, citada por el actor en el
desarrollo de los fundamentos de hecho y derecho de su demanda, se concluye que:
1.- En ejecución del proceso de Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen SAN-TCO
LOMERIO, propiedades denominadas "San Lorenzo y San Joaquín", ubicadas en la provincia
Ñuﬂo de Chávez del Departamento de Santa Cruz, la autoridad administrativa emitió la
Resolución Final de Saneamiento RFS-TCO 011/2001 de 12 de febrero de 2001, cursante de
fs. 155 a 156, notiﬁcada a Lidio Pedraza Saavedra el 26 de marzo de 2001 conforme a la
diligencia de notiﬁcación de fs. 157.
2.- La precitada Resolución de Saneamiento reconoce, a favor de Lidio Pedraza Saavedra, la
superﬁcie de 926.5594 ha.,
(novecientas veintiséis hectáreas con cinco mil
quinientos
noventa y cuatro metros cuadrados) que corresponden al predio San Lorenzo, clasiﬁcado
como Mediana Propiedad Ganadera, ubicado en el Cantón Santa Rosa del Palmar, Provincia
Ñuﬂo de Chávez del Departamento de Santa Cruz.
3.- Contra la precitada Resolución Final de Saneamiento Javier Mundaka Morales, interpuso
demanda contenciosa administrativa, que concluyó con la Sentencia Agraria Nacional S1a N°
013/2004 de 8 de julio de 2004 cursante de fs. 165 a 170 de antecedentes, cuya parte

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considerativa ingresa al análisis del antecedente del derecho y transferencias realizadas en
base al mismo, para de forma posterior, iniciar el análisis de los fundamentos de la demanda,
señalando: "Respecto al predio denominado "San Joaquín" conforme consta a fs. 50 a 81 los
ahora demandantes aportaron información referente a su titularidad y al cumplimiento de la
función económica social (...)", declarando, en la parte resolutiva, probada la demanda
interpuesta por Karen América Carrasco Zurita en representación de Javier Mundaka Morales.
Que, el art. 781 del Cód. Pdto. Civ., aplicable a la materia por disposición del art. 78 de la L.
N° 1715 parcialmente modiﬁcada por L.
N° 3545,
dispone que el
proceso contencioso
administrativo será tramitado en la vía ordinaria de puro derecho, debiendo dictarse
sentencia dentro del término de ley, remitiéndonos, para la tramitación de éste tipo de
demandas, a las disposiciones contenidas en el precitado Código Adjetivo Civil.
En ésta línea, se entenderá que, los procesos en los que se cuestionan las decisiones
administrativas, denominados contenciosos administrativos, al igual que los procesos de
conocimiento tienen como modo típico y normal de culminación a "la sentencia".
En relación a la sentencia, los arts. 190 y 194 del Cód. Pdto. Civ. expresan: "La sentencia
pondrá ﬁn al litigio (...); contendrá decisiones expresas, positivas y precisas; recaerá sobre
las cosas litigadas , en la manera en que hubieren sido demandadas (...)" y "Las
disposiciones de la sentencia sólo comprenderán a las partes que intervinieren en el
proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas"
Si bien la doctrina contemporánea y la legislación comparada, reconocen la posibilidad de
aplicar los efectos de una sentencia a personas que no fueron parte de una demanda y/o
recurso, cuando por efecto propio llega a resolver situaciones idénticas, con el único ﬁn de
evitar y excluir toda posibilidad de reiterar múltiples procesos innecesarios, la regla
establecida por el ordenamiento jurídico vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia,
restringe ésta posibilidad y limita los alcances de la sentencia a quienes intervinieron en el
proceso y los amplia, únicamente, a quienes derivaren sus derechos de aquellos.
Sin embargo de lo previamente desarrollado, cabe señalar que en el ámbito de lo contencioso
administrativo, por su singularidad y la multiplicidad de facetas que puede adquirir, la regla
general debe ser abordada, en cuanto a su análisis, desde un punto de vista mucho más
amplio, correspondiendo discutir, en el caso en análisis, si lo dispuesto mediante sentencia, a
más de surtir efectos directos contra quienes fueron parte de la demanda, abre la posibilidad
para que terceras personas puedan pedir la revisión de actos administrativos que no fueron
oportunamente observados ni discutidos en el proceso concluido y por ende, de forma
posterior impugnar (como en el caso en análisis) la nueva resolución del ente administrativo
con argumentos nuevos que no fueron cuestionados a tiempo de emitirse la primera
resolución.
El art. 68 de la L. N° 1715, otorga a los administrados la potestad de impugnar, en la vía
contenciosa administrativa, las resoluciones emergentes del proceso de saneamiento por
irregularidades, cometidas durante su tramitación que, les ocasionen menoscabo en sus
derechos.
Al no haber, el ahora recurrente, impugnado la Resolución Final de Saneamiento RFS-TCO
011/2001 de 12 de febrero de 2001 en el plazo señalado por el art. 68 de la L. N° 1715,
otorga su conformidad a todo lo actuado por la entidad administrativa durante la ejecución
del proceso de saneamiento que culminó con la precitada Resolución Administrativa, no
existiendo posibilidad de impugnar, en ésta vía, actos que no fueron oportunamente
observados a través de los recursos y en los plazos que señala la ley.
Si bien, Javier Mundaka Morales, impugna la Resolución Final de Saneamiento RFS-TCO
011/2001 de 12 de febrero de 2001, emitiendo el Tribunal Agrario Nacional la Sentencia
Agraria Nacional S1a N° 013/2004 de 8 de julio de 2004 que declara probada la demanda y
en consecuencia nula la nombrada resolución administrativa, la misma, en cuanto a sus
efectos, conforme lo normado por el art. 194 del Cód. Pdto. Civ. alcanza únicamente a las
partes del proceso y no así a Lidio Pedraza Saavedra, máxime si la demanda interpuesta por

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aquel, gira en torno a la valoración de cumplimiento de la Función Económico Social
efectuada en relación al predio denominado San Joaquín y no respecto a la propiedad
denominada San Lorenzo, cuyo derecho fue reconocido a favor de éste último, por lo que, la
entidad administrativa, en el caso en análisis, el Instituto Nacional de Reforma Agraria,
conforme a la parte resolutiva de la Sentencia Agraria Nacional S1a N° 013/2004 de 8 de julio
de 2004, se encontraba obligado a "(...) regularizar el trámite desde la etapa de pericias de
campo con el levantamiento de información legal y técnica coherente (...)" únicamente en
relación al predio San Joaquín, cuyo derecho propietario se encontraba reclamado por Javier
Mundaka Morales mas no así por el ahora demandante, en tal sentido, no se identiﬁca un
erróneo e interesado entendimiento de los alcances de la sentencia emitida por el
Ex Tribunal Agrario Nacional como señala el actor toda vez que la demanda que dio
mérito a la misma, como se tiene señalado, fue planteada en relación al predio denominado
San Joaquín y conforme lo normado por el art. 190 del Cód. Pdto. Civ. las sentencias emitidas
por autoridad jurisdiccional deben recaer sobre las cosas litigadas en la manera en que
hubieren sido demandadas, estando el juez o tribunal jurisdiccional obligado a fallar conforme
a lo demandado, resultando lo contrario, violatorio al "principio de congruencia", entendido
éste como "la correlación que debe existir entre lo solicitado, lo considerado y lo resuelto por
la autoridad judicial"
No obstante lo anotado, cabe aclarar que, la excepción a la regla, nace en cuanto que, lo
dispuesto por la resolución, menoscaba intereses de terceros que no intervinieron en el
contencioso administrativo, debiendo en éste supuesto, acreditarse la forma en la cual se los
afecta, con identiﬁcación de derechos comprometidos, hecho que sin lugar a duda abriría la
posibilidad para que éstos (nuevamente) participen, con plenas facultades, en el proceso
administrativo cuya reanudación se dispone, condición que no se acreditó en el presente por
parte del demandante, en sentido de que, en el contencioso administrativo que dio lugar a la
emisión de la Sentencia Agraria Nacional S1a N° 013/2004 de 8 de julio de 2004 no se
discutieron y/o consideraron derechos que afecten al predio denominado San Lorenzo que
como se tiene dicho fue reconocido a favor de Lidio Pedraza Saavedra, quien en deﬁnitiva, no
hizo uso (en tiempo oportuno) de los recursos que le franquea la ley, existiendo con ello,
aceptación con los resultados que se consignaron en la Resolución Final de Saneamiento RFS-
TCO 011/2001 de 12 de febrero de 2001 que fueron reiterados en la Resolución Suprema
229372 de 25 de julio de 2008 (ahora impugnada) que en su parte resolutiva primera, al igual
que aquella reconoce, a favor de Lidio Pedraza Saavedra, derechos sobre una superﬁcie de
926,5594 ha., (novecientas veintiséis hectáreas con cinco mil quinientos noventa y cuatro
metros cuadrados) que corresponden a la propiedad denominada San Lorenzo clasiﬁcada
como mediana propiedad con actividad ganadera, concluyéndose por lo mismo que, la
entidad administrativa, al no reanudar los trabajos de campo en el predio denominado San
Lorenzo tantas veces mencionado, realiza una interpretación correcta de los alcances de la
Sentencia Agraria Nacional S1a N° 013/2004 de 8 de julio de 2004, no habiendo
correspondido realizar un nuevo levantamiento de información catastral ni nueva valoración
de cumplimiento de la Función Social o Función Económico Social con relación al predio
reclamado por el actor.
Sin embargo de ello, también queda claro que, si bien no correspondió ejecutar nuevos
trabajos de pericias de campo y/o relevamiento de información en campo (encuesta y/o
mensura catastral) y de gabinete en el predio denominado San Lorenzo, se generaron o
debieron haberse generado actos administrativos nuevos que por las características propias
del caso (un antecedente agrario común) involucran a ambos predios "San Joaquín" y "San
Lorenzo", todo conforme a lo normado por los arts. 176 y siguientes del D.S. N° 25763 que
regulaba la etapa de Evaluación Técnico Jurídica cuyas conclusiones debían ser puestas en
conocimiento de propietarios, poseedores y personas con interés legal a objeto de que las
mismas hagan conocer errores materiales u omisiones cometidas en etapas anteriores del
saneamiento, éstos actos conocidos bajo el denominativo de Exposición Pública de
Resultados, actualmente informe en conclusiones o en su caso, conforme lo regulado por los
arts. 303 y siguientes del D.S. N° 29215 vigente a partir del 3 de agosto de 2007 que obligan
a la entidad ejecutora del proceso de saneamiento a emitir los Informes en Conclusiones y de

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Cierre cuyos resultados debían ser puestos en conocimiento de propietarios, beneﬁciarios,
poseedores y terceros interesados como de representantes o delegados de las
organizaciones sociales o sectoriales debidamente acreditadas a objeto de recibir
observaciones o denuncias.
La Resolución Suprema 229372 de 25 de julio de 2008 impugnada, en la parte considerativa
(pág. 3) de forma textual señala: "(...) de acuerdo con las etapas de saneamiento cumplidas,
documentación aportada y conforme el análisis cumplido en informe de Evaluación
Técnico Jurídica de fecha 28 de marzo de 2005 (...), se establece los siguientes
resultados y recomendaciones: emitir Resolución Suprema Anulatoria del Título Ejecutorial
Individual (...)" (las negrillas y subrayado fueron añadidas), concluyéndose que el análisis
jurídico realizado por la entidad administrativa se sujeto a lo normado por los arts. 176 y
siguientes del D.S. N° 25763 de 5 de mayo de 2000 que regulaba la etapa de Evaluación
Técnico Jurídica, cuyos resultados y sugerencias debían ser puestos en conocimiento de
propietarios, poseedores y personas con interés legal de acuerdo a lo prescrito por los arts.
213 y siguientes del precitado Decreto Supremo.
Revisados los antecedentes que corresponden al proceso de saneamiento en análisis,
remitidos a éste Tribunal por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, se concluye que no
cursa el Informe de Evaluación Técnico Jurídica de 28 de marzo de 2005 , citado en la
Resolución Suprema impugnada como tampoco cursa información relativa al desarrollo de los
actos propios de la Exposición Pública de Resultados.
En relación a lo previamente señalado la doctrina ha señalado: "(...) todos los vicios que
afecten la constatación, la apreciación y caliﬁcación de los presupuestos de hecho ,
dan origen a vicios en la causa, que la jurisprudencia venezolana denomina abuso o exceso
de poder" (Allan Brewer Carías, 1997, p. 177), debiendo tenerse presente que "Por causa del
Acto Administrativo ha de entenderse los antecedentes o circunstancias de hecho o de
derecho que en cada caso llevan a dictarlo. Va de suyo que tales antecedentes o
circunstancias de hecho o de derecho deben existir o concurrir a tiempo de emitirse el
acto" en ésta línea, "La ausencia de los antecedentes de hecho y de derecho que
preceden y justiﬁcan la omisión del acto administrativo, así como la circunstancia de que los
mismos fueren falsos, determinan la nulidad absoluta del acto "
Lo previamente desarrollado permite concluir que si bien, la Sentencia Agraria Nacional S1a
N° 13/2004 de 8 de julio de 2004 no obligaba al Instituto Nacional de Reforma Agraria
ejecutar, nuevamente, los trabajos de pericias de campo en el predio denominado San
Lorenzo, la entidad administrativa se encontraba obligada a realizar la valoración técnica y
jurídica de ambos predios San Joaquín y San Lorenzo al dirimir el derecho propietario y
posesión, valoración que debió plasmarse en los actos administrativos que regula la
normativa agraria del Título Ejecutorial individual N° 625069 con antecedente en el proceso
agrario de dotación N° 25096 y por tratarse de una resolución conjunta art. 331 del D.S. N°
29215 que necesariamente debe cursar en los antecedentes del proceso y cuyos resultados
debieron ser puestos en conocimiento de personas con interés legal y si bien la Resolución
Suprema 229372 de 25 de julio de 2008 cita al Informe de Evaluación Técnico Jurídica
de 28 de marzo de 2005 , el mismo no cursa en el expediente remitido por el Instituto
Nacional de Reforma Agraria, como tampoco cursan actuados que permitan concluir que se
desarrolló la Exposición Pública de Resultados, viciándo el acto administrativo, es decir se
vicia la emisión de la Resolución Suprema impugnada por no cursar en antecedentes los
actos administrativos que le preceden y constituyen su razón de ser por lo que, quedando
acreditados los argumentos del demandante, todo en relación a la inexistencia del Informe en
Conclusiones (Evaluación Técnica Jurídica conforme al D.S. N° 25763) y el no haberse
desarrollado los actos propios de la Exposición Pública de Resultados, (Informe en
conclusiones y de Cierre conforme el D.S. N° 29215) oportunidad en la cual los administrados
tenían la facultad de hacer conocer observaciones a objeto de ser debidamente consideradas
y valoradas por la entidad ejecutora del saneamiento permitiendo la posibilidad de que se
subsanen errores u omisiones materiales cometidos en etapas anteriores del saneamiento.
En relación a que se habría omitido considerar las mejoras compartidas con el predio

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San Joaquín y las servidumbres ecológico legales existentes en el predio
denominado San Lorenzo , corresponde reiterar que la Sentencia Agraria Nacional S1a N°
13/2004 de 8 de julio de 2004 no obligaba al Instituto Nacional de Reforma Agraria ejecutar,
nuevamente los trabajos de pericias de campo en éste predio, por lo mismo no existía el
deber de generar nuevamente información relativa al cumplimiento de la Función Social o
Función Económico Social, incluida entre esta, la relativa a la existencia de mejoras
compartidas y/o servidumbres ecológico legales, resultando por ello, inconsistente lo
argumentado en éste punto el actor, no obstante ello cabe aclarar que el interesado no
precisa la forma en la cual la "supuesta" omisión en la que habría incurrido el Instituto
Nacional de Reforma Agraria le ocasiona perjuicio, como tampoco cursa en antecedentes
observaciones realizadas (en éste sentido) durante el levantamiento de información en
campo, así se evidencia del formulario de campo cursante de fs. 91 a 92 de antecedentes y
gabinete a más de lo aseverado por el interesado no se ajusta a la realidad en sentido de que
en el precitado documento de campo, el interesado hizo constar, en la casilla de
observaciones, que conjuntamente el propietario del predio San Joaquín se levantó (se tiene)
un puente de ﬁerro sobre el río San Julián, aspecto que no inﬂuye en la valoración de
cumplimiento de la FES, toda vez que la mejora se encuentra ubicada sobre una superﬁcie de
dominio público que de modo alguno puede ser objeto de titulación a favor de personas
particulares y el formulario de Evaluación Técnica (ETJ) cursante a fs. 141 de antecedentes,
efectúa el
análisis
de la superﬁcie que corresponde a las
servidumbres
ecológicas,
consignando en tal calidad 164.4780 ha.
De lo previamente expuesto, consideraciones de hecho y de derecho desarrolladas se
concluye que, durante la sustanciación del proceso administrativo de saneamiento que
culminó con la Resolución Suprema 229372 de 25 de julio de 2008, la entidad administrativa
incurrió en omisiones que vulneraron los arts. 176 y siguientes y 213 y siguientes del D.S. N°
25763 de 5 de mayo de 2000, vigentes al momento de dar cumplimiento a lo dispuesto
mediante Sentencia Agraria Nacional S1a N° 13/2004 de 8 de julio de 2004, correspondiendo
por lo mismo fallar en este sentido.
POR TANTO: La Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, administrando justicia en primera
y única instancia y en virtud a la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, con la facultad
conferida por los arts. 7, 186 y 189-3) de la CPE; art. 36-3) de la L. Nº 1715, modiﬁcada por la
L. Nº 3545 de Reconducción Comunitaria de Reforma Agraria; arts. 11 y 12 de la L. Nº 25 del
Órgano Judicial, art. 13 de la L. N° 212 de 23 de diciembre de 2011 y art. 2, numerales 1 y 4
de la L. N° 372 de 13 de mayo de 2013, FALLA declarando PROBADA EN PARTE la
demanda contenciosa administrativa de fs. 15 a 18, subsanada por memorial de fs. 23,
interpuesta por Lidio Pedraza Saavedra contra Juan Evo Morales Ayma, Presidente
Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y Nemesia Achacollo Tola, Ministra de
Desarrollo Rural y Tierras; en consecuencia, NULA la Resolución Suprema N° 229372 de 25
de julio de 2008, retrotrayendo el proceso hasta el vicio más antiguo es decir anulando el
proceso hasta fs. 179 inclusive todo en relación a la propiedad denominada San Lorenzo del
beneﬁciario Lidio Pedraza Saavedra sea a efectos de que la autoridad administrativa, de
forma previa a la emisión de la Resolución Final de Saneamiento, regularice los actos
administrativos cuya existencia no se encuentran acreditadas en el expediente de
saneamiento remitido a éste Tribunal y sustancie el procedimiento conforme a derecho y a
las normas que lo rigen en resguardo del debido proceso consagrado en la Constitución
Política del Estado Plurinacional.
Notiﬁcadas que sean las partes con la presente sentencia, devuélvase los antecedentes a la
autoridad administrativa correspondiente sea en el plazo máximo de 30 días, debiendo
quedar en su lugar fotocopias legalizadas con cargo al Instituto Nacional de Reforma Agraria.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Fdo.
Magistrada Sala Segunda Dra. Deysi Villagomez Velasco
Magistrado Sala Segunda Dr. Lucio Fuentes Hinojosa