TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
SENTENCIA
PLURINACIONAL
AGROAMBIENTAL
S2da.
L.
Nº10/2012
Expediente:
Nº
2834-DCA/2010
Proceso:
Contencioso
Administrativo
Demandante:
José
Manuel
Pinto
Claure
Viceministro
de
Tierras
Ministerio
de
Desarrollo
y
Rural
y
Tierras
Demandado:
Juan
Carlos
Rojas
Calizaya
Director
Nacional
a.i
del
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria
Distrito:
Santa
Cruz
Fecha:
10
de
mayo
de
2012
Magistrada
Relatora:
Dra.
Miriam
Gloria
Pacheco
Herrera.
VISTOS:
La
demanda
Contenciosa
Administrativa
de
fs.7
a
10
vta.,
el
memorial
que
subsana
lo
observado
de
fs.
25
a
26,
interpuesta
por
José
Manuel
Pinto
Claure,
Viceministro
de
Tierras
en
representación
del
referido
Viceministerio,
contra
Juan
Carlos
Rojas
Calizaya,
Director
Nacional
del
Instituto
Nacional
a.i.
de
Reforma
Agraria,
impugnando
la
Resolución
Administrativa
RA-ST
Nº
0161/2005
de
12
de
mayo,
de
saneamiento
final,
emitido
por
el
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria,
dictada
dentro
del
proceso
de
Saneamiento
de
Tierras
Comunitarias
de
Origen
(SAN-TCO
GUARAYOS)
Polígono
3
(503),
correspondiente
al
predio
denominado
los
MATICOS
VIII,
ubicado
en
el
cantón
"El
Puente",
Sección
Tercera,
provincia
Guarayos
del
departamento
de
Santa
Cruz.
Las
contestaciones
de
fs.
52
a
53
vta.,
la
réplica
de
fs.63
y
vta.,
la
Resolución
Administrativa
impugnada
de
fs.
3
a
5,
los
antecedentes
del
proceso;
y,
I.-
CONSIDERANDO:
Que,
en
la
referida
demanda
contenciosa
administrativa
José
Manuel
Pinto
Claure,
Viceministro
de
Tierras,
en
representación
del
referido
Viceministerio,
arguye
lo
siguiente:
Que,
la
Resolución
Administrativa
impugnada
RA-ST
Nº
0161/2005
de
12
de
mayo,
emitida
por
el
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria,
es
contraria
a
la
normativa
agraria,
vulnera
dicho
ordenamiento
jurídico,
constituye
un
instrumento
ilegal
y
contradictorio
a
los
principios
constitucionales
de
equidad
y
justicia,
la
misma
que
resolvió
determinar
la
ilegalidad
de
la
posesión
sin
derecho
a
adjudicación
y
titulación
disponiendo
el
desalojo
de
Juan
Marcelo
Flores
Amelunge,
del
predio
denominado
"Los
Maticos
VIII".
Con
los
siguientes
antecedentes:
Que
el
11
de
julio
de
1997,
se
emitió
la
Resolución
de
Inmovilización
Nº
RAI-TCO-
009,
por
la
que
se
declara
inmovilizada
el
área
de
2.205.369,8945
has.,
solicitada
por
el
pueblo
indígena
Guarayo,
ubicado
en
el
Depto.,
de
Santa
Cruz,
provincia
Guarayos,
secciones
Primera,
Segunda
y
Tercera,
cantones
Ascención
de
Guarayos,
San
Pablo,
Santa
María
Urubicha,
Yaguaru,
el
Puente,
Yotau,
de
acuerdo
a
los
límites
definidos
por
las
coordenadas
del
plano
de
1997.
Que
el
15
de
febrero
de
2000,
se
emitió
la
Resolución
Determinativa
de
Área
Saneamiento
de
Tierras
Comunitarias
de
Origen
Nº
R-ADM-TCO-05-00,
que
declaró
como
subárea
priorizada
de
saneamiento
el
Polígono
"3"
de
la
TCO
Guarayos,
la
superficie
inmovilizada
de
230.219.9794
has.,
ubicada
en
los
departamentos
de
Santa
Cruz
y
Beni
provincia
Guarayos
y
Marban,
secciones
Tercera
y
Segunda,
cantones
El
Puente,
Yotau
y
San
Andrés.
Que
el
14
de
septiembre
de
2000,
se
emitió
la
Resolución
Instructoria
Nº
R-
ADM-
TCO-003/2000
por
la
que
se
intimó
a
las
personas
naturales
y/o
jurídicas
que
cuenten
con
derechos
en
el
área
del
"SAN-TCO
GUARAYO
polígono
3"
(sic),
apersonarse
a
efectos
de
acreditar
su
identidad
y
derechos
que
les
asisten,
presenten
la
documentación
correspondiente
para
sustanciar
el
saneamiento.
Alega
que
dentro
del
área
determinada
se
encuentra
ubicado
el
predio
denominado
"Los
Maticos
VIII",
ubicado
concretamente
en
el
cantón
El
Puente,
sección
Tercera
provincia
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
Guarayos
del
departamento
de
Santa
Cruz,
con
una
superficie
declarada
de
450,000
has;
con
una
superficie
mensurada
de
517,3041
has..
Que
según
Informe
de
Evaluación
Técnico
Jurídica
No.
063/2004
de
2
de
agosto
de
2004,
luego
de
haberse
establecido
que
el
Tramite
Agrario
signado
con
el
No.
54982,
correspondiente
a
la
propiedad
denominada
"Agropecuaria
Los
Maticos"
es
nulo
de
conformidad
a
lo
dispuesto
por
el
art.
1º.,
del
D.S.
12268
de
28
de
febrero
de
1975,
sugiere
se
dicte
Resolución
Administrativa
declarando
la
ilegalidad
de
la
posesión
y
se
disponga
el
desalojo
del
predio
"Los
Maticos
VIII
en
aplicación
del
art.
199
prgfo.
I
y
II
inciso
a)
del
Reglamento
aprobado
por
el
D.S.
No.
25763,
vigente
en
su
momento.
Arguye
que
luego
de
la
Exposición
Pública
de
Resultados,
el
Informe
en
Conclusiones
de
19
de
noviembre
de
2004,
sugiere
se
pase
a
la
siguiente
etapa
del
proceso
y
se
emita
la
Resolución
correspondiente
según
a
la
Evaluación
Técnica
Jurídica.
Que
el
procedimiento
de
saneamiento
concluyó
con
la
Resolución
Final
de
Saneamiento
RA-
ST
No.
0161/2005
de
12
de
mayo
de
2005
que
dispone
la
ilegalidad
de
la
posesión
sin
derecho
a
adjudicación
y
titulación,
disponiendo
el
desalojo
de
Juan
Marcelo
Flores
Amelunge
del
predio
denominado
"Los
Maticos
VIII".
Sin
embargo
con
posterioridad
a
esa
Resolución
el
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria,
emitió
el
informe
Técnico
Legal
DGS-JRLL
No.
019/2010
de
27
de
enero
que
refiere
irregularidades
e
ilegalidades
en
los
procesos
de
saneamiento
de
los
predios
San
Joaquín
I
al
XII
y
los
Maticos
I
al
XII.
Entre
las
que
señala:
1.-
En
la
etapa
de
relevamiento
de
información
en
gabinete,
no
se
realizó
una
correcta
valoración
de
la
información
del
expediente
agrario
No.
54982,
bajo
la
denominación
de
"Agropecuaria
los
Maticos",
estableciéndose
que
el
mismo
no
pertenecía
al
área
objeto
de
saneamiento,
encontrándose
en
otra
área,
por
lo
que
no
correspondía
considerarlo
en
el
proceso
de
saneamiento
en
análisis.
2.-
Señala
que
en
la
Etapa
de
Pericias
de
Campo
se
evidencia
de
la
Ficha
Catastral,
Registro
de
la
Función
Económico
Social,
Cróquis
de
Mejoras,
Registro
de
Mejoras,
Actas
de
Conformidad
de
Linderos
e
Informe
de
Campo,
han
sido
realizados,
verificados
y
aprobados
por
funcionarios
de
la
Dirección
Departamental
del
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria
de
Santa
Cruz;
con
tales
datos
se
elaboró
el
Informe
de
Campo
SANTCO
GUARAYOS
INFGUARA-
TCO
058/01
de
24
de
junio
de
2002,
cursante
de
fs.
93
a
99
del
expediente
agrario
que
concluye
indicando
que
el
predio
está
destinado
a
la
ganadería,
con
una
superficie
mensurada
de
517,3041has.,
sin
sobreposiciones
con
otras
propiedades
identificadas.
3.-
Señala
que
a
fs.
105,
del
expediente
agrario
cursa
la
solicitud
de
remisión
de
informes
entre
los
que
se
encuentra
el
informe
de
pericias
de
campo
de
las
comunidades
Cerebó,
Arca
de
Noé,
1º
de
Octubre
y
Monte
Sinaí
sobrepuestas
a
las
propiedades
San
Joaquín
y
los
"Maticos"
dentro
del
Polígono
3
de
la
TCO
Guarayos.
En
consideración
a
la
observación
de
sobreposición
realizada
por
el
Director
General
de
Saneamiento
del
INRA,
se
realizó
una
inspección
ocular
y
como
resultado
el
Informe
INF-TCO-417/04
de
30
de
junio
de
2004,
cursante
de
fs.
106
a
109
del
expediente
agrario,
realizado
por
funcionarios
de
la
Dirección
Departamental
del
INRA
Santa
Cruz,
al
interior
de
los
predios
"Los
Maticos"
I
al
XII
y
San
Joaquín
I
al
XII,
que
señala
en
el
recorrido
del
área
de
los
predios
"Los
Maticos"
sólo
encontraron
una
parcela
habitada
por
la
Comunidad
Cerebó,
que
en
el
área
de
"Los
Maticos"
I,
II,
XI
y
XII
hallaron
un
pequeño
barbecho
con
árboles
bastante
crecidos
y
pequeños
espacios
de
pasto
de
la
variedad
braquiarion
completamente
abandonado,
que
el
representante
de
los
predios
no
supo
indicarles
las
mejoras
identificadas
en
pericias
de
campo,
dado
que
las
coordenadas
del
GPS
los
llevaba
a
montes
sin
rastros
de
mejoras
y
a
su
retorno
un
lugar
abierto
con
barbecho
crecido
que
según
el
representante
de
la
COPNAG
Florencio
Iraori,
era
un
camino
que
abrieron
para
su
Plan
de
Manejo
Forestal
Yotau,
reiterando
la
denuncia
efectuada
el
2001,
en
relación
a
la
sobreposición
del
Plan
con
"Los
Maticos"
y
"San
Joaquín".
4.-
Argumenta
que
conforme
señala
el
Informe
Técnico
Legal
DGS-JRLL
Nº
019/2010
de
27
de
enero
de
2010
en
su
parte
conclusiva
se
observa
que
de
la
revisión
de
la
información
enviada
por
la
Dirección
Departamental
del
INRA
Santa
Cruz,
de
datos
Crudos
y
Rinex
de
los
años
2001,
2002,
2003
y
2004,
se
evidencia
la
inexistencia
de
dichos
datos
de
los
predios
"San
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
Joaquín"
I
al
XII
y
Los
"Maticos"
I
al
XII,
haciendo
concluir
que
ésta
etapa
se
la
realizó
en
gabinete.
5.-
Refiere
que
del
Informe
de
Evaluación
Técnica
Jurídica
de
2
de
agosto
de
2004,
cursante
de
fs.
113
a
120
del
expediente
agrario,
señaló
que
al
haber
sido
declarado
nulo
el
Expediente
No.
54982
por
efecto
del
art.
1
del
D.S.
Nº
12268
de
28
de
febrero
de
1975
y
confrontados
los
datos
de
gabinete
y
los
obtenidos
en
campo,
así
como
la
inspección
ocular
correspondiente,
se
establece
la
ilegalidad
de
la
posesión
por
incumplimiento
de
la
Función
Económica
Social,
sugiriendo
se
dicte
Resolución
Administrativa
declarando
la
ilegalidad
de
la
posesión
y
se
disponga
el
desalojo
del
predio
Los
"Maticos
VIII".
Arguye
que
se
aplicó
un
mal
procedimiento
en
la
elaboración
de
la
Evaluación
Técnico
Jurídica
(ETJ),
al
no
pronunciarse
respecto
a
la
sobreposición
identificada
por
el
Director
General
de
Saneamiento
del
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria,
mediante
nota
DGS-
Nº1062
de
14
de
junio
de
2004,
ni
considerar
el
Informe
de
Inspección
Ocular
INF-TCO-417/04
de
30
de
junio
de
2004.
Que
ante
la
contradicción
entre
la
verificación
en
campo
y
la
inspección
ocular,
debió
procederse
a
la
anulación
de
pericias
de
campo,
máxime
si
se
había
identificado
en
ésta
inspección
mejoras
de
la
Comunidad
Cerebó,
vulnerándose
lo
establecido
por
los
arts.
176
Prgfo.
II
y
239
del
Decreto
Supremo
No.
25763
vigente
en
ese
momento.
6.-
Que
posteriormente
se
emitió
la
Resolución
Administrativa
RA-ST
No.
0161/2005
de
12
de
mayo
de
2005
de
fs.
129
a
131
del
expediente
agrario,
sin
respaldo
técnico
y
jurídico
y
sin
considerar
las
observaciones
expuestas;
sobre
la
base
de
datos
de
pericias
de
campo
cuestionadas
por
la
misma
Institución
y
en
base
a
una
inspección
ocular
realizada
de
forma
parcial.
Lo
que
implica
que
el
INRA
al
emitir
la
Resolución
Final
de
Saneamiento,
vulneró
lo
dispuesto
en
el
art.
239
del
referido
Decreto
Supremo
No.
25763,
en
el
entendido
que
las
superficies
en
las
que
se
desarrollen
las
actividades
agrícolas
ganaderas,
forestales
de
conservación,
ecoturismo
o
investigación
serán
determinadas
en
la
etapa
de
pericias
de
campo
del
proceso
de
saneamiento,
considerando
que
el
principal
medio
para
la
comprobación
de
la
función
económico
social
es
la
verificación
directa
en
terreno,
durante
la
ejecución
de
las
pericias
de
campo,
pudiendo
utilizarse
complementariamente
otra
información
técnica
o
jurídica
que
resulte
útil
para
verificar
el
cumplimiento
efectivo
de
la
función
económico
social
y
no
como
el
caso
del
predio
"Los
Maticos
VIII"
que
en
la
etapa
de
pericias
de
campo
se
verificó
actividad
ganadera
y
mejoras,
pero
como
resultado
inspección
ocular
realizada
por
la
misma
institución
se
desvirtúan
las
mismas,
ante
tamaña
irregularidad
correspondía
que
el
INRA
anule
actuados
hasta
el
vicios
más
antiguo,
es
decir
hasta
la
etapa
de
Relevamiento
de
Información
en
Gabinete.
Reitera
en
conclusiones
que:
a).-
El
proceso
de
saneamiento
del
predio
"Los
Maticos
VIII"
ha
sido
vulnerado
a
partir
del
Relevamiento
de
la
Información
en
Gabinete,
puesto
que
se
considera
el
expediente
agrario
No.
54982
correspondiente
a
la
propiedad
"Agropecuaria
Los
Maticos",
cuando
es
evidente
que
la
misma
no
se
encuentra
en
el
lugar
de
mensura,
encontrándose
en
otra
área
de
saneamiento,
por
lo
que
no
debió
considerárselo
en
el
presente
proceso.
b).-
Que
de
la
información
generada
durante
la
ejecución
de
la
etapa
de
pericias
de
campo,
se
tiene
que
Juan
Marcelo
Flores
Amelunge,
acreditó
su
derecho
propietario
como
subadquirente
del
predio
"Los
Maticos
VIII"
clasificado
como
mediana
propiedad
ganadera,
empero
de
la
revisión
de
los
datos
crudos
y
rinex
de
los
años
2001,
2002,
2003,
y
2004
se
observa
que
no
existen
datos
de
mensura
que
correspondan
al
predio,
de
acuerdo
al
Informe
Técnico
Legal
DGS-JRLL
No.
019/2010
de
27
de
enero,
por
lo
que
no
se
tiene
certeza
de
su
mensura
durante
las
pericias
de
campo.
c)
.-Por
otro
lado
fuera
de
la
etapa
de
las
pericias
de
campo
del
25
al
29
de
junio
de
2004,
la
Dirección
Departamental
del
INRA
Santa
Cruz,
realizó
una
inspección
ocular
al
interior
de
los
predios
Los
Maticos
I,
al
XII
y
San
Joaquín
I
al
XII,
cuyo
INF-TCO-
417/04
indica
que
en
la
realización
de
la
inspección
no
se
identificaron
las
mejoras
registradas
en
la
etapa
de
pericias
de
campo,
por
el
contrario
se
identificaron
mejoras
de
la
comunidad
denominada
Cerebó,
se
observa
que
esta
actividad
es
realizada
parcialmente
ya
que
según
el
informe,
los
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
representantes
de
los
predios
de
las
parcelas
señalaron
que
las
mismas
se
encontraban
completamente
abandonadas
y
de
acceso
imposible.
d).-
Que
el
Informe
Legal
Nº
530/2004
de
26
de
julio
de
2004,
recomienda
se
instruya
a
la
Dirección
Departamental
del
INRA
Santa
Cruz
proceda
a
la
elaboración
de
una
nueva
Evaluación
Técnico
Jurídica
(ETJ),
considerando
los
resultados
obtenidos
en
la
inspección
ocular
de
los
predios
"Los
Maticos"
y
San
Joaquín,
sugiere
la
improcedencia
de
la
titulación
y
el
desalojo
de
los
predios
de
referencia
y
se
considere
a
favor
de
la
TCO
Guarayos
la
tierra
fiscal
identificada.
e).-
Continúa
refiriendo
que
a
pesar
de
la
Evaluación
Técnico
Jurídica,
señala
tomar
en
cuenta
el
informe
de
inspección
ocular
y
el
informe
legal
No.
530/2004
aprobado
por
el
Director
Nacional
a.i.
por
Auto
de
27
de
julio
de
2004,
en
consideración
a
que
la
inspección
ocular
se
realizó
de
forma
parcial,
el
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria
debió
emitir
una
Resolución
Administrativa
disponiendo
la
realización
del
Relevamiento
de
la
información
en
Gabinete
y
nuevas
pericias
de
campo
tomando
en
cuenta
la
contradicción
manifiesta
realizada
en
el
informe
de
Inspección
Ocular
INF-TCO-417/04
de
30
de
junio
de
2004.
f).-
Señala
que
Como
resultado
de
tales
irregularidades
en
el
proceso
de
saneamiento
del
predio
denominado
"Los
Maticos
VIII"
reflejadas
en
la
Resolución
Final
de
Saneamiento
RA-ST
Nº
0161/2005
de
12
de
mayo,
se
ha
vulnerado
los
arts.
64,
66
prgfo.
I
numeral
1)
de
la
Ley
1715
de
18
de
octubre
de
1996
y
los
arts.
169,173,
175,
176
prgfo.
II
y
art.
239
del
D.S.
25763,
Reglamento
de
la
Ley
1715.
Por
todo
lo
expuesto
pide
se
declare
probada
la
demanda
y
la
nulidad
de
la
Resolución
impugnada
así
como
de
todo
lo
obrado
hasta
el
vicio
más
antiguo,
es
decir
inclusive
el
Relevamiento
de
la
Información
en
Gabinete.
II.-
CONSIDERANDO:
Que
por
Auto
de
fs.
27
y
vta.,
de
obrados
se
admite
la
demanda
para
su
tramitación
en
la
vía
ordinaria
de
puro
derecho,
y
corrida
en
traslado
a
la
parte
demandada
la
Dirección
Nacional
del
INRA
en
la
persona
de
su
Director
a.i
Juan
Carlos
Rojas
Calizaya,
quien
mediante
memorial
de
fs.
52
a
53
vta,
haciendo
una
relación
de
antecedentes
del
proceso
de
saneamiento
contesta
afirmativamente
a
la
demanda,
es
decir
que
no
niega
los
extremos
demandados,
con
los
siguientes
fundamentos:
Que
le
corresponde
reconocer
las
observaciones
realizadas
por
la
parte
demandante
en
el
proceso
contencioso
administrativo
respecto
al
predio
"Los
Maticos
VIII",
y
remitirse
al
indicado
informe
Técnico
Legal
DGS-JRLL
NO.
019/2010
de
27
de
enero
de
2010
emitido
por
el
INRA,
en
lo
que
respecta
a
la
ejecución
del
proceso
de
saneamiento,
cursante
en
la
carpeta
que
se
adjunta
al
memorial
de
responde,
correspondiendo
resolver
el
mismo
conforme
a
la
normativa
aplicable
al
caso,
tomando
en
cuenta
que
el
proceso
de
saneamiento
impugnado
fue
efectuado
en
otras
gestiones
y
que
la
Resolución
Administrativa
RA-ST
No.
0161/2005
de
12
de
mayo,
no
fue
emitida
en
la
administración
del
Director
Nacional
del
INRA
que
suscribe.
Que,
en
cumplimiento
con
el
procedimiento
previsto
por
el
art.
354
parágrafo
II)
del
Cód.
Pdto.
Civil,
de
aplicación
supletoria
por
mandato
del
art.
78
de
la
L.
Nº
1715,
se
dio
lugar
a
la
réplica
y
dúplica,
cursantes
de
fs.
63
y
vta.,
85
y
vta.,
de
obrados,
respectivamente,
actuados
en
los
que
se
reiteran
y
ratifican
los
argumentos
tanto
de
la
demanda
como
de
la
respuesta.
III.-CONSIDERANDO:
Que
a
fs.
123
a
124
se
apersonan
como
terceros
interesados
Dionisio
Rodríguez
Flores,
Eulogio
Condori
Hilarión
y
Rubén
Maldonado
Andrade
representantes
y
vecinos
de
las
comunidades
"El
Cerebó",
"Monte
Sinaí",
y
"Arca
de
Noé"
respectivamente,
quienes
manifiestan
que
las
Comunidades
a
las
que
representan
vienen
poseyendo
la
superficie
total
del
predio
"Los
Maticos
VIII"
que
el
seudo
poseedor
Juan
Marcelo
Flores
Amelunge,
intentó
sanear
a
su
favor
en
total
violación
a
las
normas
en
vigencia,
sin
respetar
la
posesión
de
sus
comunidades,
es
más
haciendo
ver
como
suyas
las
mejoras
de
las
comunidades
que
acreditan
el
cumplimiento
de
la
Función
Social,
respecto
a
sus
comunidades.
Que
durante
las
pericias
de
campo
no
fueron
identificados,
como
se
puede
apreciar
del
informe
de
pericias
de
campo
en
las
comunidades
Cerebó,
Arca
de
Noé,
y
Monte
Sinaí,
que
demuestra
además
la
sobreposición
del
predio
"Los
Máticos"
con
las
referidas
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
Comunidades.
Que
el
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria
mediante
inspección
ocular
verificó
la
sobreposición,
lo
que
fue
plasmado
en
el
informe
INF.
TCO-417/04
de
30
de
junio
de
2004.
Que
durante
las
diferentes
etapas
del
saneamiento
no
se
identificó
ni
determinó
la
situación
jurídica
respecto
a
sus
posesiones
dejándolos
en
estado
de
indefensión.
Que
durante
las
pericias
de
campo
correspondiente
al
predio
"Los
Maticos
VIII",
se
verificó
actividad
ganadera,
empero
ese
dato
es
contradictorio
a
los
datos
obtenidos
por
el
informe
de
inspección
realizado
en
el
área
de
saneamiento
en
el
que
se
verificó
mejoras
y
actividad
correspondiente
a
la
Comunidad
Cerebó
y
no
las
que
se
tienen
en
el
Informe
INFTCO-417/04
de
30
de
junio
de
2004,
irregularidades
que
invalidan
el
saneamiento
hasta
el
Relevamiento
de
Información
en
Gabinete.
Citaron
al
respecto
la
Sentencia
Agraria
Nacional
S2ª
No.
8
de
16
de
febrero
de
2004.
Que
el
INRA
no
cumplió
a
cabalidad
con
las
etapas
del
saneamiento
previstas
en
el
D.S.
25763,
ni
las
finalidades
de
las
pericias
de
campo
en
relación
con
la
verificación
del
cumplimiento
de
la
Función
Económico
Social
(FES),
art.173-C)
7
239-II
del
D.S.
25763.
Con
un
amplio
argumento
al
respecto
y
sobre
la
falta
de
una
mensura
efectiva
del
predio
en
cuestión,
piden
se
declare
probada
la
demanda
y
la
nulidad
de
la
Resolución
Final
de
Saneamiento
RA-ST
No.
0161/2005
de
12
de
mayo
de
2005
del
predio
"Los
Maticos
VIII",
se
anule
obrados
hasta
el
vicio
más
antiguo
es
decir
hasta
Relevamiento
de
Información
en
Gabinete
inclusive.
IV.-
CONSIDERANDO:
Que
del
análisis
de
los
términos
de
la
demanda,
debidamente
compulsados
con
los
antecedentes
producidos
en
la
sustanciación
del
proceso
de
saneamiento,
se
tienen
los
siguientes
hechos:
1.-
Que
el
proceso
de
saneamiento
dentro
del
trámite
social
agrario
No.
TCO
0715-0001,
seguido
por
el
Pueblo
Indígena
GUARAYO,
sobre
Dotación
y
Titulación
de
Tierras
Comunitarias
de
Origen,
tuvo
su
inicio
en
las
Resoluciones
de
Inmovilización
No.
RAI-TCO-009,
(fs.
1
a
4),
Determinativa
de
fs.
5
a
7)
que
declara
sub
área
priorizada
el
Polígono
3
Guarayos
la
superficie
de
230.219,9794
has.
y
la
Resolución
Instructoria
No.
R-ADM-
TCO-003/2000
de
14
de
septiembre
de
2000,
por
la
que
se
intimó
a
las
personas
naturales
y
jurídicas
que
cuenten
con
derechos
en
el
área
SAN-TCO-GUARAYO
POLÍGONO
3,
propietarios,
beneficiarios,
subadquirentes
y
poseedores
(fs.
10
a
12).
A
fs.
13
cursa
la
Resolución
No.
R-ADM-004/2000
de
14
de
septiembre,
por
la
que
se
resuelve
dar
inicio
a
la
campaña
pública
del
SAN-TCO
Guarayos
Sub
Área
Polígono
3,
señala
la
misma
que
se
encuentra
concluida
la
fase
del
Relevamiento
de
información
en
Gabinete.
Sin
embargo
no
se
evidencia
en
obrados
el
Relevamiento
de
Información
en
Gabinete,
no
constan
las
actividades
descritas
en
el
art.
171
del
D.S.
25763
Reglamento
de
la
Ley
1715.
2.-
Con
la
publicación
de
los
Edictos,
se
inició
la
campaña
pública
del
referido
Polígono
3
Guarayos
el
14
de
septiembre
de
2000
y
concluyó
el
1º.,
de
octubre
del
mismo
año,
(fs.
19
a
21),
se
llevó
a
cabo
el
inicio
de
las
pericias
de
campo
por
Auto
de
6
de
octubre
de
2000
(fs.
22
a
23),
por
lo
que
Einar
Bruun
Amelunge,
en
representación
de
Milton
Guzmán
Paz,
presentó
la
documentación
del
predio
"Los
Maticos
VIII"
(fs.55).
3.-
La
ficha
Catastral
clasificó
el
predio
Los
"Maticos
VIII",
como
mediana
propiedad
ganadera,
consignando
a
Juan
Marcelo
Flores
Amelunge,
como
propietario
o
poseedor
del
predio
(fs.
65
a
66).
El
Registro
de
la
Función
Social
(fs.67
a
68),
y
croquis
de
mejoras
refieren
un
potrero
de
pasto
03.000
has.
y
una
choza
de
motacú
6X4
(fs.70
a
71).
El
Informe
de
Campo
San-TCO
Guarayos
INFGUARA-TCO
058/01,
describe
con
tinta
azul
una
superficie
sobrepuesta
de
517.3041
has.,
100%
de
sobreposición
con
áreas
predeterminadas
de
saneamiento.
En
conclusiones
indicó
como
superficie
mensurada
517.3041
has.,
y
que
no
tiene
sobreposición
con
ningún
predio
colindante
(fs.
93
a
99).
5.-
Luego
de
la
aprobación
y
cierre
de
fase
de
pericias
de
campo
(fs.
103),
a
fs.
104
cursa
un
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
informe
incompleto
y
confuso
firmado
por
el
Supervisor
Jurídico
SAT-TCO`s
Ricardo
Céspedes
Rau,
que
en
observaciones
refiere
que
en
"los
predios
denominados
San
Joaquín,"
(sic)
se
identificó
que
todos
presentaban
las
mismas
mejoras,
razón
por
la
que
profundizaron
la
revisión
de
la
carpeta
y
detectaron
que
las
fotografías
de
las
mejoras
son
las
mismas
en
todos
los
predios,
que
ayudados
por
las
imágenes
satelitales
evidenciaron
que
en
algunos
predios
no
existían
mejoras.
Recomiendan
hablar
con
el
encargado
de
la
brigada
para
aclarar
el
tema.
6.-
El
14
de
junio
de
2004
la
Coordinadora
Departamental
TCO´s
a.i
solicitó
informes
sobre
las
pericias
de
campo,
en
cuanto
a
las
comunidades
Cerebó,
Arca
de
Noé,
1º
de
Octubre
y
Monte
Sinaí,
sobrepuestas
a
las
propiedades
San
Joaquín
y
Los
Maticos,
dentro
del
Polígono
3
de
Guarayos
entre
otros
(fs.
105).
7.-
El
Informe
-TCO-417/04,
de
30
de
junio
de
2004,
de
inspección
ocular,
emitido
por
el
Abogado
de
Saneamiento
Santa
Cruz,
concluye
que
existe
sobreposición
en
el
área
de
mensura
de
los
predios
San
Joaquín
I,
II,
XI
XII
y
los
Maticos
I,
II,XI
y
XII,
asentamientos
en
la
comunidad
Cerebó,
parcela
29.
Que
en
las
áreas
identificadas
de
mejoras
no
se
evidenciaron
rastros
o
indicios
de
que
las
mismas
hubieran
existido,
salvo
viviendas
derruidas
en
los
predios
San
Joaquín
I
y
XII
y
Los
Maticos
I
y
XII.
Señala
que
por
declaraciones
de
los
propios
representantes
de
los
predios
referidos,
no
se
llevó
a
cabo
la
inspección
en
los
predios
faltantes,
con
el
argumento
que
los
mismos
se
encontraban
en
iguales
condiciones
y
que
no
sería
factible
el
acceso
por
las
condiciones
del
monte;
que
no
existe
trabajo
o
mejora
actual.
Por
lo
que
instruyó
a
la
Dirección
Departamental,
proceda
a
la
elaboración
de
una
nueva
Evaluación
Técnica
Jurídica,
considerando
los
resultados
obtenidos
en
el
trabajo
de
inspección
ocular
de
los
predios
"Los
Maticos"
y
"San
Joaquín",
se
tome
en
cuenta
la
improcedencia
de
Titulación
y
el
desalojo
de
los
predios
de
referencia
(fs.
110
a
111).
8.-
El
27
de
julio
de
2004
El
Director
Nacional
a.i
del
INRA,
aprobó
el
referido
informe
y
dispuso
que
la
Dirección
del
INRA
Santa
Cruz,
proceda
a
la
modificación
de
los
informes
de
Evaluación
Técnica
Jurídica
en
los
términos
descritos
(fs.
112).El
Informe
de
Evaluación
Técnico
Jurídica
No.
063/2004
de
2
de
agosto,
refiere
entre
otros
aspectos,
la
existencia
de
sobreposición
del
predio
"los
Maticos"
con
la
reserva
forestal
Guarayos
y
con
la
Concesión
Forestal
Frerking,
en
la
superficie
de
517,3041
has.,
(fs
113
a
120);
que
el
expediente
54082
fue
declarado
nulo
por
efecto
del
D.S.12268
de
28
de
febrero
de
1975
y
que
no
cumplió
la
FES,
por
lo
que
sugiere
se
dicte
Resolución
Administrativa
declarando
la
ilegalidad
de
la
posesión
y
disponga
el
desalojo
del
predio
"Los
Maticos
VIII"
y
ejecutoriada
la
misma
se
proceda
al
desalojo.
El
informe
en
conclusiones
de
19
de
noviembre
de
2004,
señala
que
el
propietario
no
se
presentó
a
la
exposición
pública,
que
la
COPNAC
pidió
se
mantenga
el
informe
de
Evaluación
Técnico
Jurídico
(ETJ)
(fs
123
a
126).
9.-
El
12
de
mayo
de
2005,
se
dictó
la
Resolución
Administrativa
RA-ST
No.
0161/2005
(ahora
impugnada)
que
determinó
la
ilegalidad
de
la
posesión
sin
derecho
a
adjudicación
y
titulación,
dispuso
el
desalojo
de
Juan
Marcelo
Flores
Amelunge,
del
predio
"Los
Maticos
VIII",
en
la
superficie
de
511,6915
has.
(quinientas
once
hectáreas
con
seis
mil
novecientos
quince
metros
cuadrados),ubicado
en
el
cantón
el
Puente,
Sección
Tercera,
provincia
Guarayos
del
departamento
de
Santa
Cruz,
por
incumplimiento
de
la
Función
Social
o
Función
Económico
Social
y
se
proceda
al
desalojo
una
vez
ejecutoriada
(
fs.129
a131).
10.-
Por
Informe
Técnico
Legal
DGS-JRLL
Nº
019/2010
de
27
de
enero
de
2010,
se
evidencia
que
el
mismo
observó
el
saneamiento
efectuado
arguyendo
que
de
los
datos
crudos
y
Rimex,
de
los
años
2001,
2002,
2003
y
2004
se
evidenció
la
inexistencia
"de
dichos
datos"
(sic)
en
los
predios
San
Joaquín
I
al
XII
y
Los
Maticos
I
al
XII,
concretamente
al
existir
contradicciones
en
la
etapa
de
las
pericias
de
campo
y
la
inspección
ocular
y
que
las
Evaluaciones
Técnico
Jurídicas
no
se
realizaron
de
acuerdo
a
las
normas
en
vigencia
(fs.
142
a
150).
V.-CONSIDERANDO:
Que
del
análisis
de
la
demanda,
la
respuesta
y
los
hechos
referidos
se
tiene
las
siguientes
consideraciones
de
derecho:
Como
se
tiene
argumentado
en
la
demanda,
confirmada
por
la
respuesta
a
ella
y
de
todo
lo
obrado
se
evidencia
que
durante
el
saneamiento
del
predio
"Los
Maticos
VIII",
se
vulneraron
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
las
normas
previstas
para
el
saneamiento
en
sus
diferentes
etapas
previstas
en
el
art.
169
del
D.S.
25763
de
5
de
mayo
de
2000,
Reglamento
de
la
Ley
1715.
Toda
vez
que
de
obrados
se
tiene
que
no
existió
un
trabajo
serio
y
real
de
saneamiento
dado
que
a
partir
de
la
inmovilización
de
área
el
INRA,
se
debe
revisar
a
cabalidad
los
datos
técnicos
y
jurídicos
de
los
predios
que
componen
el
área
a
ser
saneada,
para
plasmar
en
la
Resolución
Determinativa
de
Área
especificando
su
ubicación
y
posición
geográfica,
superficie
y
límites,
sujetándose
a
lo
previsto
en
el
Título
V
del
Reglamento
referido
de
la
Ley
1715.
Lo
que
guarda
relación
con
el
Relevamiento
de
Información
en
Gabinete,
como
dispone
el
art.
171
del
referido
Decreto
Supremo
Reglamentario,
puesto
que
ésta
etapa
comprende
diferentes
fases
en
las
que
se
realiza
la
identificación
de
Títulos
Ejecutoriales
emitidos
con
anterioridad
a
la
Ley
1715
y
los
Títulos
que
sirvieron
de
antecedentes.
La
identificación
y
clasificación
de
procesos
agrarios
en
trámite,
con
sentencia
ejecutoriada
o
minuta
de
compra
venta
protocolizada
al
24
de
noviembre
de
1992
y
la
identificación
de
beneficiarios
consignados
en
las
mismas
y
finalmente
se
debe
realizar
la
representación
en
un
mapa
de
las
áreas
clasificadas
y
áreas
protegidas
existentes
en
la
zona
(mosaico).
La
identificación
en
gabinete
se
realizará
desde
el
dictado
de
la
Resolución
Determinativa
por
el
Director
Departamental
del
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria,
hasta
el
inicio
de
Pericias
de
Campo.
Etapas
que
no
han
sido
cumplidas
a
cabalidad
en
el
presente
proceso,
en
las
que
se
debe
determinar
concretamente
el
área
a
ser
saneada,
con
la
debida
recolección
de
datos
tanto
técnicos
como
jurídicos
correspondientes
al
área
y
determinar
cualquier
sobreposición
que
pudiera
existir.
Lo
que
será
plasmado
en
la
Resolución
Instructoria
que
en
los
hechos
da
inicio
al
saneamiento,
por
cuanto
es
esa
Resolución
la
que
intima
a
propietarios,
subadquirentes,
beneficiarios
y
poseedores
a
acreditar
su
identidad
o
personalidad
jurídica
respecto
a
la
titularidad
del
predio
a
ser
saneado,
que
dispone
la
realización
de
la
campaña
pública
y
pericias
de
campo
fijando
plazo
y
fecha,
de
inicio
conforme
disponen
los
arts.
170
y
172
del
D.S.
25763.
El
llamado
a
los
interesados
para
que
hagan
valer
sus
derechos
durante
el
saneamiento,
se
efectiviza
mediante
la
campaña
pública,
prevista
en
el
art.
172
del
D.S.25763,
difundida
en
medios
locales
de
radio
difusión
y
facultativamente
en
otros
medios
que
aseguren
su
mayor
conocimiento
como
radiotelefonia,
televisión,
carteles
murales
volantes,
afiches,
comunicando
entre
otros
el
área
de
saneamiento
objeto
del
procedimiento
con
especificación
de
su
ubicación
geográfica,
superficie,
límites
y
la
parte
resolutiva
de
la
Resolución
Instructoria.
En
la
que
se
señalan
las
fechas
de
las
reuniones
necesarias
para
informar
directamente
el
proceso
de
saneamiento
y
coordinar
operativamente
su
ejecución
que
no
puede
ser
menor
a
10
días
calendario
ni
mayor
a
30
por
área
o
por
polígono.
Lo
que
da
lugar
al
paso
siguiente
que
son
las
Pericias
de
Campo,
previstas
en
el
art.
173
del
referido
Decreto
Supremo
Reglamentario,
cuya
finalidad
principal
entre
otras,
es
la
de
determinar
la
ubicación
y
posición
geográfica,
superficie
y
limites
de
las
tierras
comprendidas
en
títulos
Ejecutoriales,
o
aquellas
que
tengan
como
antecedentes
títulos
Ejecutoriales
o
procesos
agrarios
en
trámite,
identificar
a
los
poseedores
conforme
a
lo
previsto
en
el
art.
239
del
D.S.
25763,
determinar
la
ubicación
y
posición
geográfica,
extensión
y
límites
de
las
superficies
poseídas.
Comprobar
o
verificar
el
cumplimiento
de
la
Función
Social
o
Económicos
Social
de
las
tierras
en
relación
a
los
propietarios,
subadquirentes,
beneficiarios
y
poseedores,
identificar
las
áreas
fiscales,
con
precisión,
cuyos
resultados
deben
ser
asentados
en
un
informe
anexando
mapas,
planos
y
documentos
predio
por
predio,
con
el
debido
respaldo
técnico
y
jurídico.
Lo
que
en
el
caso
de
Autos
no
acontece,
pues
si
bien
aparentemente
se
cumplieron
las
fases
del
saneamiento,
las
mismas
no
fueron
efectuadas
legalmente,
pues
no
es
suficiente
realizar
a
título
de
saneamiento,
el
llenado
de
los
formularios
respectivos
con
datos
inciertos
e
irreales,
informes
sin
base
legal
ni
técnica
que
los
respalde,
sino
que
el
saneamiento,
debe
responder
a
la
realidad
jurídica
y
técnica
de
cada
predio
saneado,
en
obrados
se
tiene
que
durante
ésta
fase
no
se
realizó
una
correcta
identificación
sobre
la
ubicación
de
los
predios
a
ser
saneados,
no
se
determinó
exactamente
la
sobreposición,
la
función
social
descrita
en
la
etapa
de
pericias
de
campo
genera
incertidumbre
por
las
observaciones
coincidentes
entre
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
los
argumentos
de
la
parte
demandante,
ratificada
por
la
parte
demandada
y
los
hechos
observados.
Por
otra
parte
si
bien
la
inspección
ocular
realizada,
identificó
las
irregularidades
sobre
el
saneamiento,
no
tomó
en
cuenta
ni
observó
las
diferentes
etapas
del
procedimiento,
para
subsanar
errores
y
empezar
un
nuevo
procedimiento
conforme
dispone
el
art.
90
del
Código
de
Procedimiento
Civil,
tomando
en
cuenta
que
las
normas
procesales
son
de
orden
público
y
de
cumplimiento
obligatorio.
Concretamente
no
se
consideró
los
siguientes
extremos
cuestionados:
1.-
Cualquier
pretensión
de
subsanar
dicho
procedimiento
debió
tomar
en
cuenta
que
el
proceso
de
saneamiento
fue
vulnerado
a
partir
de
la
etapa
de
Relevamiento
de
Información
en
Gabinete,
dado
que
se
tomó
en
cuenta
el
expediente
Agrario
No.
54982
correspondiente
a
la
propiedad
"Agropecuaria
Los
Maticos
VIII",
sin
evidenciar
correctamente
si
éste
se
encontraba
o
no
en
el
área
de
mensura.
2.-
No
obstante
a
que
Marcelo
Flores
Amelunge
presentó
documentación
como
subadquirente
del
predio
"Los
Maticos
VIII",
durante
las
pericias
de
campo,
según
el
Informe
Legal
DGS-JRLL
No.
019/2010
de
27
de
enero
de
2010,
no
existen
datos
de
mensura
ciertos
en
esa
etapa.
3.-
Asimismo
se
tiene
del
Informe
de
la
inspección
ocular
INF-TCO
No.
417/04
de
30
de
junio,
que
la
Función
Social,
o
Económico
Social,
descrita
en
la
etapa
de
pericias
de
campo
carece
de
credibilidad,
debido
a
que
se
realizó
parcialmente,
no
se
identificaron
mejoras,
se
hizo
constar
como
justificativo,
que
los
representantes
de
los
predios
señalaron
que
se
encontraban
completamente
abandonados
y
de
acceso
imposible.
4.-
El
Informe
Legal
No.
530/2004,
de
26
de
julio
de
2004,
que
sugiere
se
realice
una
nueva
Evaluación
Técnico
Jurídica
(ETJ),
prevista
en
art.176
del
D.S.25763,
no
tomó
en
cuenta
que
las
diferentes
etapas
del
saneamiento
ya
se
encontraban
viciadas
de
nulidad,
por
no
haberse
cumplido
a
cabalidad
el
procedimiento
previsto
para
el
saneamiento.
5.-
En
ese
sentido
la
Resolución
Final
de
Saneamiento
RA-ST
No.
0161/2005
de
12
de
mayo,
es
el
resultado
de
un
proceso
de
saneamiento
que
no
cumple
con
las
normas
en
vigencia
y
vulnera
los
arts.
64,
66
parágrafo
I
numeral
1)
de
la
Ley
1715
y
los
arts.
169,
170,171,
172,173,
175,
176
parágrafo
II,
191,192
y
239
del
D.S.
25763
Reglamento
de
la
referida
Ley,
vigente
en
su
oportunidad.
6.-
Evidenciándose
contradicciones
marcadas,
durante
el
procedimiento,
que
vician
de
nulidad
el
mismo,
es
preciso
anular
obrados
hasta
la
etapa
de
Relevamiento
de
la
Información
en
Gabinete,
con
la
finalidad
que
el
procedimiento
de
saneamiento
del
predio
los
"Maticos
VIII",
se
adecue
a
lo
previsto
por
las
normas
que
rigen
dicho
trámite.
Más
aún
si
se
toma
en
cuenta
que
el
art.
347
del
Código
de
Procedimiento
Civil,
dispone
que:
"si
el
demandado
contestaré
clara
y
positivamente
la
demanda
el
juez
pronunciará
sentencia
sin
necesidad
de
otra
prueba
ni
trámite",
como
acontece
en
el
caso
de
autos
en
el
que
el
INRA
respondió
a
la
demanda
afirmativamente,
lo
que
se
traduce
en
confesión
de
parte.
POR
TANTO:
La
Sala
Segunda
Liquidadora
del
Tribunal
Agroambiental,
administrando
justicia
en
única
instancia
y
en
virtud
a
la
jurisdicción
y
competencia
que
le
otorgan
los
arts.
186,
y
189-3)
de
la
Constitución
Política
del
Estado,
36-3)
de
la
ley
1715
del
Servicio
Nacional
de
Reforma
Agraria,
modificada
por
el
art
21
de
la
Ley
Nº
3545,
concordante
con
lo
dispuesto
por
el
art.
68
de
la
referida
Ley
Nº1715,
con
la
facultad
conferida
por
el
art.
12
prgfo.,
I
de
la
Ley
No.
212
de
23
de
diciembre
de
2011,
en
relación
con
la
Disposición
Transitoria
Octava
de
la
Ley
Nº
025
de
24
de
junio
de
2010,
FALLA
declarando
PROBADA
la
demanda
contenciosa
administrativa
de
fs.
7
a
10
vta.,
de
obrados,
en
consecuencia
NULA
la
Resolución
Final
de
Saneamiento
RA-ST
No.
0161/2005
de
12
de
mayo
y
su
proceso
de
saneamiento
que
le
sirvió
de
base
hasta
la
etapa
de
Relevamiento
de
la
Información
en
Gabinete.
Debiendo
el
INRA
realizar
nueva
verificación
y
revisión
de
los
datos
para
evitar
contradicciones,
inclusive
desde
la
etapa
de
inmovilización
de
área
de
saneamiento.
Efectuar
nuevas
verificaciones
de
la
posesión
del
predio
y
valoración
de
la
Función
Económica
Social,
conforme
a
Ley
y
las
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
formalidades
de
rigor
a
fin
de
contar
con
información
objetiva
para
determinar
el
cumplimiento
o
el
incumplimiento
de
la
FES
o
FS
según
corresponda
por
parte
del
Predio
"Los
Maticos
VIII",
en
relación
con
su
propietario
o
poseedor,
y
continuar
el
proceso
de
saneamiento
hasta
su
conclusión
conforme
a
las
normas
aplicables
al
caso.
Notificadas
que
sean
las
partes
con
la
presente
sentencia,
devuélvanse
los
antecedentes
remitidos
por
el
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria,
en
el
plazo
máximo
de
30
días,
debiendo
quedar
en
su
lugar
fotocopias
legalizadas,
con
cargo
al
INRA.
Regístrese
y
notifíquese.
Fdo.
Magistrada
Sala
Liquidadora
Segunda
Dra.
Katia
López
Arrueta
Magistrada
Sala
Liquidadora
Segunda
Dra.
Miriam
G.
Pacheco
Herrera
Magistrado
Sala
Liquidadora
Segunda
Dr.
Javier
Aramayo
Caballero
©
Tribunal
Agroambiental
2022