TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
SENTENCIA
NACIONAL
AGROAMBIENTAL
SL1ª
Nº
25/2012
Expediente:
Nº
2969-DCA-2010
Proceso:
Contencioso
Administrativo
Demandante:
Viceministro
de
Tierras
Demandado:
Director
Nacional
del
INRA
Distrito:
Santa
Cruz
Fecha:
23
de
julio
de
2012
Magistrado
Relator:
Dr.
Mario
Pacosillo
Calsina
VISTOS:
La
demanda
contencioso
administrativa
presentada
de
fs.
8
a
12,
y
subsanación
de
fs.
28
a
29,
interpuesta
por
José
Manuel
Pinto
Claure
en
calidad
de
Viceministro
de
Tierras,
en
contra
del
Director
Nacional
del
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria,
impugnando
la
Resolución
Final
de
Saneamiento
RA-ST
Nº
0148/2005
de
12
de
mayo
de
2005,
dictado
dentro
del
proceso
de
Saneamiento
de
Tierras
Comunitarias
de
Origen
SAN-TCO
GUARAYOS,
Polígono
3
(503)
ubicado
en
el
cantón
El
Puente,
sección
Tercera,
provincia
Guarayos
correspondiente
al
departamento
de
Santa
Cruz,
respecto
al
predio
"SAN
JOAQUIN
VIII"
,
contestación
de
fs.
55
a
56,
demás
antecedentes
del
proceso;
y,
CONSIDERANDO:
Que,
José
Manuel
Pinto
Claure,
en
su
condición
de
Viceministro
de
Tierras,
presenta
demanda
Contencioso
Administrativa,
impugnando
Resolución
Final
de
Saneamiento
RA-ST
Nº
0148/2005
de
12
de
mayo
de
2005,
dictada
dentro
del
proceso
de
saneamiento
del
predio
"San
Joaquín
VIII",
ubicado
en
el
Cantón
el
Puente,
Sección
Tercera,
Provincia
Guarayos
del
Departamento
de
Santa
Cruz,
contra
el
Director
Nacional
del
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria
a.i.
Juan
Carlos
Rojas
Calisaya,
de
acuerdo
a
los
siguientes
extremos:
Que,
al
amparo
de
la
Disposición
Final
Vigésima
del
Decreto
Supremo
Nº
29215
de
2
de
agosto
de
2007
interpone
demanda
Contencioso
Administrativa
impugnando
la
Resolución
Final
de
Saneamiento
RA-ST
Nº
0148/2005
de
12
de
mayo
de
2005,
por
ser
contraria
a
la
normativa
agraria
vigente,
vulnerando
el
ordenamiento
jurídico
y
constituirse
en
un
instrumento
ilegal
y
contradictorio
a
los
principios
constitucionales
de
equidad
y
justicia.
Que,
en
fecha
11
de
julio
de
1997
se
emitió
la
Resolución
de
Inmovilización
Nº
RAI-TCO-0009,
en
la
cual
se
declara
inmovilizada
el
área,
emitiéndose
en
fecha
15
de
febrero
de
2000
la
Resolución
Determinativa
del
Área
de
Saneamiento
de
Tierras
Comunitarias
de
Origen
Nº
R-
ADM-TCO-05-00,
declarando
como
subárea
priorizada
de
saneamiento
al
polígono
"3"
de
la
TCO
Guarayos
la
superficie
inmovilizada
de
230.219,9794
ha.,
ubicada
en
los
departamentos
de
Santa
Cruz
y
Beni
provincias
Guarayos
y
Marban,
secciones
Tercera
y
Segunda,
cantones
El
Puente,
Yotaú
y
San
Andrés.
Encontrándose
dentro
de
esta
área
el
predio
denominado
"San
Joaquín
VIII",
con
una
superficie
declarada
de
500.0000
ha;
superficie
mensurada
508.3819
ha.,
y
según
informe
de
Evaluación
Técnico
Jurídica
Nº
016/2004
de
fecha
02
de
agosto
del
2004,
se
establece
que
el
trámite
agrario
signado
con
el
Nº
31030,
correspondiente
a
la
propiedad
denominada
"San
Joaquín",
es
nulo
de
conformidad
a
lo
dispuesto
por
el
art.
1
del
Decreto
Supremo
Nº
12268
de
28
de
febrero
de
1975.
Menciona
que
en
la
Etapa
Exposición
Pública
de
Resultados,
emerge
el
Informe
en
Conclusiones
de
fecha
19
de
noviembre
de
2004,
que
sugiere
se
emita
la
resolución
correspondiente
según
Evaluación
Técnico
Jurídico.
Previa
a
la
emisión
de
la
Resolución
Final
de
Saneamiento
se
emite
el
Dictamen
DGS
Nº
0478/05
de
10
de
mayo
de
2005,
establece
la
emisión
de
Resolución
Administrativa
declarando
la
Improcedencia
de
Titulación
del
predio
San
Joaquín
VIII,
de
conformidad
a
los
arts.
224
inc.
e)
y
229
del
Reglamento
de
la
Ley
Nº
1715.
El
procedimiento
de
saneamiento
concluye
con
la
emisión
de
la
Resolución
Final
de
Saneamiento
RA-ST
Nº
0148/2005
de
12
de
mayo
de
2005,
que
determina
la
improcedencia
de
la
Titulación
del
predio
"San
Joaquín
VIII"
y
en
consecuencia
la
conclusión
del
procedimiento
sin
derecho
a
titulación,
respecto
al
subadquiriente
Walter
Bruno
Banegas
Espinoza
en
la
superficie
de
496.0640
ha,
asimismo
menciona
que
posteriormente
a
la
emisión
de
la
Resolución
Final
de
Saneamiento,
el
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria
emite
Informe
Técnico
Legal
DGS-JRLL
Nº
019/2010
de
27
de
enero
de
2010,
del
que
se
desprenden
irregularidades
e
ilegalidades
en
el
Proceso
de
Saneamiento,
que
pasa
a
detallar
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
a
continuación:
a)
En
la
Etapa
de
Revelamiento
de
Información
de
Gabinete
se
observa
que
no
se
realizó
una
correcta
valoración
de
la
información
del
expediente
agrario
Nº
31030,
que
no
correspondería
al
área
objeto
de
saneamiento,
encontrándose
en
otra
área,
por
lo
que
no
debió
ser
considerado
en
el
presente
proceso
de
saneamiento.
b)
En
la
etapa
de
pericias
de
campo,
se
observa
la
Ficha
Catastral,
Registro
de
la
Función
Económico
Social,
Croquis
de
Mejoras,
Acta
de
Conformidad
de
Linderos
e
Informe
de
Campo,
fueron
realizados
por
funcionarios
de
la
Dirección
Departamental
del
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria
de
Santa
Cruz,
actuados
con
los
que
se
elaboró
el
informe
de
campo
SAN-
TCO
GUARAYOS
INFGAURA-TCO
056/02
de
fecha
03
de
julio
de
2002
cursante
a
fs.
69
a
75
del
expediente
agrario,
que
concluye
indicando
que
el
predio
esta
destinado
a
la
ganadería,
con
una
superficie
mensurada
de
508,3819
ha,
sin
sobreposiciones
con
otras
propiedades
identificadas.
Asimismo,
manifiesta
a
fs.
83
del
expediente
agrario
cursa
una
solicitud
de
remisión
de
informe
realizado
por
el
Director
General
de
Saneamiento
del
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria,
donde
entre
uno
de
los
documentos
solicitados
esta
el
informe
de
Pericias
de
Campo
de
las
comunidades
el
Cerebó,
Arca
de
Noé,
1º
de
Octubre
y
Monte
Sinaí,
sobrepuestas
a
las
propiedades
San
Joaquín
y
Los
Maticos,
dentro
del
polígono
3
de
la
TCO
Guarayos.
En
consideración
a
la
observación
de
sobreposición
realizada
por
el
Director
General
de
Saneamiento
del
INRA,
se
realiza
una
Inspección
Ocular
resultado
de
la
cual
se
elabora
el
informe
INF-TCO-417/04
de
fecha
30
de
junio
2004
correspondiente
a
los
predios
Los
Maticos
I
al
XII
y
San
Joaquín
I
y
XII,
señala
que
en
el
recorrido
durante
dos
horas
por
el
área
del
predio
San
Joaquín
llegaron
a
una
casa
de
motacú
completamente
abandonada,
siguiendo
monte
alto
al
lugar
donde
encontrarían
mejoras,
solo
encontraron
el
mojón
717,
después
de
machetear
por
toda
el
área,
no
se
encontró
mejora
alguna
o
restos
de
lo
que
pudiera
haber
sido
mejora,
el
representante
de
estos
predios
manifestó
que
a
unos
200
metros
se
encontraba
una
vivienda,
sin
embargo
después
de
llegar
a
esa
zona,
tampoco
hallaron
dicha
casa,
por
lo
que
tuvieron
que
dar
por
terminado
el
recorrido.
Asimismo,
señala
el
Informe
Técnico
Legal
DGS-JRLL
Nº
019/2010
de
fecha
27
de
enero
de
2010,
en
su
parte
conclusiva
se
observa
que
de
la
revisión
de
la
información
enviada
por
la
Dirección
Departamental
del
INRA
Santa
Cruz
de
datos
Crudos
y
Rinex
de
los
años
2001,
2002,
2003
y
2004,
se
evidencia
la
inexistencia
de
dichos
datos
de
los
predios
San
Joaquín
I
al
XII
y
Los
Maticos
I
al
XII,
haciendo
concluir
que
esta
etapa
se
la
realizó
en
gabinete.
c)
Sobre
el
Informe
de
Evaluación
Técnica
Jurídica
de
fecha
2
de
agosto
de
2004,
señala
que
se
aplicó
un
mal
procedimiento
en
su
elaboración,
al
no
pronunciarse
respecto
a
la
sobre
posición
identificada
por
el
Director
General
de
Saneamiento
del
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria
mediante
nota
DGS-Nº
1062
de
fecha
14
de
Junio
de
2004
con
las
comunidades
Cerebó
y
Arca
de
Noé,
1º
de
Octubre
y
Monte
Sinaí,
ni
considerar
el
Informe
de
Inspección
Ocular
INF-TCO-417/04
de
fecha
30
de
junio
de
2004,
ante
la
existencia
de
contradicciones,
debió
procederse
a
la
anulación
de
pericias
de
campo
vulnerándose
lo
establecido
por
los
arts.
176
parágrafo
II
y
237
del
Decreto
Supremo
Nº
25763,
vigente
en
su
oportunidad.
d)
También
señala,
que
sin
considerar
las
observaciones
expuestas
se
emitió
la
Resolución
Administrativa
RA-ST
Nº
0148/2005
de
12
de
mayo
de
2005
cursante
de
fs.
114
a
116
del
expediente
agrario,
sin
respaldo
técnico
ni
jurídico,
sobre
la
base
de
datos
de
pericias
de
campo
cuestionados
por
la
misma
institución
y
una
inspección
ocular
realizada
de
forma
parcial,
por
lo
que
vulneró
el
INRA
lo
dispuesto
por
el
art.
237
del
Decreto
Supremo
Nº
25763
vigente
en
su
oportunidad,
en
el
entendido
que
el
solar
campesino,
la
pequeña
propiedad,
las
propiedades
comunitarias
y
las
TCOs
cumplen
la
Función
Social
cuando
sus
propietarios
o
poseedores
demuestren
residencia
en
el
lugar,
uso
o
aprovechamiento
tradicional
de
la
tierra
y
sus
recursos
naturales
destinados
a
lograr
el
bienestar
o
desarrollo
familiar
o
comunitario,
según
sea
el
caso,
en
términos
económicos,
sociales
o
culturales,
efectuando
una
mala
valoración
y
aplicación
del
art.
173
inciso
c),
que
dispone
verificar
el
cumplimiento
de
la
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
Función
Social
o
Económico
Social
de
las
tierras
objeto
de
los
títulos
ejecutoriales,
procesos
agrarios
en
trámite
y
posesiones,
en
relación
a
propietarios,
subadquirientes,
beneficiarios
de
procesos
agrarios
en
trámite
y
poseedores;
discriminando
aproximadamente
las
superficies
que
se
encuentra
y
las
que
no
se
encuentran
cumpliendo
Función
Social
o
Económico
Social,
además
pudiendo
utilizarse
como
medios
complementarios
otra
información
técnica
o
jurídica
que
resulte
útil
para
el
cumplimiento
efectivo
de
la
función
social
y
no
como
en
el
caso
del
predio
"SAN
JOAQUIN
VIII"
se
verificó
mejoras
y
actividad
ganadera,
pero
resultado
de
una
inspección
ocular
se
desvirtúan
las
irregularidades
que
el
INRA
cometió.
También,
hace
mención
al
Informe
Legal
Nº
530/2004
de
26
de
julio
de
2004
que,
recomienda
se
instruya
a
la
Dirección
Departamental
del
INRA
Santa
Cruz,
proceda
a
la
elaboración
de
una
nueva
ETJ
considerando
los
resultados
obtenidos
en
la
inspección
ocular
de
los
predios
Los
Maticos
y
San
Joaquín,
sugiere
la
improcedencia
de
titulación
y
desalojo
de
los
predios
de
referencia
y
considerar
a
favor
de
la
TCO
Guarayos
la
tierra
fiscal
identificada.
Menciona
que
el
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria,
debió
emitir
una
resolución
administrativa
disponiendo
la
realización
del
relevamiento
de
Información
en
Gabinete
y
nuevas
pericias
de
campo
tomando
en
cuenta
la
contradicción
manifiesta
realizada
en
el
informe
de
Inspección
Ocular
INF-TCO-
417/04
de
fecha
30
de
junio
de
2004.
Como
resultado
de
estas
evidentes
irregularidades,
se
ha
vulnerado
los
artículos
64,
66
parágrafo
I
numeral
1)
de
la
ley
1715
de
fecha
18
de
octubre
de
1996,
y
los
artículos
169,
173,
175,
176
parágrafo
II
y
237
del
Reglamento
de
la
Ley
1715,
Decreto
Supremo
Nº
25763,
vigente
en
su
oportunidad
y
de
cumplimiento
obligatorio.
Concluye
solicitando
se
dicte
sentencia
declarando
probada
la
demanda
en
todas
sus
partes,
disponiéndose
la
nulidad
de
la
Resolución
impugnada
y
anulación
de
obrados
hasta
el
vicio
mas
antiguo,
inclusive
hasta
el
relevamiento
de
información
en
gabinete.
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Auto
de
fs.
30
y
vta.,
de
obrados
se
admite
la
demanda
contenciosa
administrativa
en
todo
cuanto
fuere
de
ley
para
su
tramitación
en
la
vía
ordinaria
de
puro
derecho
y
citado
como
fue
el
demandado,
mediante
memorial
de
fs.
55
a
56,
se
apersona
Juan
Carlos
Rojas
Calizaya
en
su
condición
de
Director
Nacional
del
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria
a.i.,
respondiendo
a
la
demanda:
Que,
reconoce
las
observaciones
presentadas
en
el
memorial
de
demanda
Contencioso
Administrativa
manifestadas
por
el
demandante
con
relación
a
la
etapa
de
Relevamiento
de
Información
de
Gabinete
señalando
que
no
se
realizó
una
correcta
valoración
de
la
información
del
expediente
agrario
Nº
31030
correspondiente
a
la
propiedad
"San
Joaquín",
que
el
mismo
no
corresponde
al
área
objeto
de
saneamiento,
en
cuanto
a
las
pericias
de
campo,
que
la
ficha
catastral
y
registro
de
función
económico
social
han
sido
elaborados
y
aprobados
por
funcionarios
de
la
dirección
Departamental
del
INRA
Santa
Cruz,
elaborándose
luego
el
informe
de
campo
SAN-TCO
GUARAYOS
INFGUARA-TCO
056/02,
que
concluye
señalando
que
el
predio
estaría
destinado
a
la
ganadería
y
que
el
Informe
Técnico
Legal
DGS-
JRLL
Nº
019/2010
de
27
de
enero
de
2010,
en
el
cual
se
observa
la
revisión
de
información
enviada
por
la
dirección
Departamental
del
INRA
Santa
Cruz
de
datos
Crudos
y
Rinex
de
los
años
2001,
2002,
2003,
2004
en
el
cual
se
da
a
conocer
la
inexistencia
de
de
dichos
datos
de
los
predios
San
Joaquín
I
al
XII
y
Los
Maticos
I
al
XII.
En
cuanto
al
Informe
de
Evaluación
Técnica
Jurídica
de
fecha
2
de
agosto
de
2004,
establece
que
habiendo
sido
declarado
nulo
el
expediente
Nº
31030
por
efecto
del
Decreto
Supremo
Nº
12268,
confrontado
los
datos
de
campo
y
gabinete
así
como
la
inspección
ocular
realizada,
se
estableció
la
ilegalidad
de
la
posesión
por
incumplimiento
de
la
Función
Económico
Social,
en
el
cual
se
sugirió
se
dicte
Resolución
Administrativa
declarando
la
ilegalidad
de
la
posesión
y
se
disponga
el
desalojo
del
predio
"San
Joaquín
VIII".
En
cuanto
a
la
Resolución
Final
de
Saneamiento
ahora
impugnada
señala
que
la
misma
se
emitió
sin
considerar
las
observaciones
antes
señaladas
en
las
pericias
de
campo,
cuestionadas
por
la
misma
institución
y
una
inspección
ocular
realizada
de
forma
parcial,
vulnerando
lo
dispuesto
por
el
art.
239
del
D.S.
25763
vigente
en
su
oportunidad.
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
Concluye
manifestando
que
se
tenga
presente
que
el
proceso
de
saneamiento
impugnado
fue
ejecutado
en
otras
gestiones
y
que
la
Resolución
Administrativa
RA-ST
Nº
0148/2005
de
fecha
12
de
mayo
de
2005,
no
fue
emitida
en
la
administración
del
suscrito
Director
Nacional
del
INRA.
CONSIDERANDO
:
Que,
a
fs.
59
y
vta.,
cursa
memorial
de
réplica
ratificándose
inextenso
en
el
memorial
de
demanda
en
el
que
se
impugna
la
Resolución
Final
de
Saneamiento
RA-ST
N°
0148/2005
de
12
de
mayo
de
2005,
el
cual
es
rechazado
por
extemporáneo
mediante
proveído
de
fs.
61.
Que,
de
fs.
137
a
138
y
vta.,
cursa
memorial
presentado
por
Dionisio
Rodríguez
Flores
por
la
Comunidad
Cerebó;
Eulogio
Condori
Hilarión
por
la
Comunidad
Monte
Sinaí
y
Humberto
Pardo
Arispe
por
la
Comunidad
Arca
de
Noé,
todos
en
su
calidad
de
Secretarios
Generales
de
las
citadas
Comunidades,
en
calidad
de
terceros
interesados
dentro
de
la
demanda
contencioso
administrativa
seguida
por
el
Viceministerio
de
Tierras
contra
el
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria
dentro
del
proceso
de
saneamiento
del
predio
"San
Joaquín
VIII",
respondiendo
con
los
siguientes
argumentos:
1.-
Que,
las
comunidades
Cerebó,
Arca
de
Noé
y
Monte
Sinaí,
vienen
poseyendo
la
superficie
total
del
predio
"San
Joaquin
VIII",
que
el
seudo
poseedor
Walter
Bruno
Banegas
intentó
sanear
a
su
favor
en
total
violación
a
las
normas,
sin
respetar
la
posesión
de
dichas
comunidades,
haciendo
ver
como
suyas
las
mejoras
que
acreditan
el
cumplimiento
de
la
Función
Social
de
las
comunidades,
las
mismas
que
han
sido
omitidas
durante
las
pericias
de
campo,
evidenciando
sobreposición
de
las
comunidades
Cerebó,
Arca
de
Noé
y
Monte
Sinaí
con
el
predio
"San
Joaquín
VIII".
2.-
Manifiestan
que,
de
la
revisión
de
antecedentes
se
tiene
que
el
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria
mediante
Inspección
Ocular
y
por
Informe
INF-TCO-417/04
de
30
de
junio
de
2004,
evidenció
la
sobreposición
de
las
citadas
comunidades
con
el
predio
"San
Joaquín
VIII".
Asimismo,
señala
que
durante
el
proceso
no
se
identificó
en
campo
y
mucho
menos
se
estableció
la
situación
jurídica
de
sus
posesiones
en
etapa
de
Evaluación
Técnico
Jurídica,
dejándoles
en
total
estado
de
indefensión.
3.-
Asimismo,
señalan
que
en
las
pericias
de
campo
correspondientes
al
predio
"San
Joaquín
VIII",
se
verificó
actividad
ganadera,
empero
este
dato
es
contradictorio
a
los
datos
evacuados
por
el
informe
de
inspección
realizado
en
el
área
de
saneamiento,
en
el
que
se
verificó
mejoras
y
actividad
correspondiente
a
la
comunidad
Cerebo
y
no
así
las
supuestas
mejoras
y
actividad
ganadera
que
se
consigna
en
pericias
de
campo,
irregularidad
que
invalida
el
proceso
hasta
el
vicio
más
antiguo,
quiere
decir
hasta
el
relevamiento
de
información
en
gabinete.
4.-
Manifiesta
que
el
INRA
no
ha
cumplido
a
cabalidad
con
las
etapas
de
saneamiento
previstas
en
el
D.S.
25763,
tampoco
realizó
la
mensura
efectiva
del
predio
"San
Joaquín
VIII"
debiendo
realizarse
ésta
durante
la
etapa
de
relevamiento
de
información
en
campo
y
no
así
en
gabinete,
hecho
comprobable
por
el
Informe
Técnico
Legal
DGS-JRLL
N°
019/2010
de
27
de
enero
de
2010,
lo
que
quiere
decir
que
este
proceso
fue
hecho
en
total
inobservancia
y
violación
de
las
normas
establecidas
para
el
saneamiento
de
la
propiedad
agraria,
lo
que
invalida
el
proceso
de
saneamiento
correspondiente
al
predio
"San
Joaquín
VIII".
Por
lo
expuesto
solicitan,
se
declare
probada
la
demanda
interpuesta
por
el
Viceministerio
de
Tierras
en
todas
sus
partes
y
en
consecuencia
se
declare
la
nulidad
de
la
Resolución
Final
de
Saneamiento
RA-ST
N°
0148/2005
de
12
de
mayo
de
2005
y
asimismo,
se
anule
obrados
hasta
el
vicio
mas
antiguo,
es
decir
hasta
el
relevamiento
de
información
en
gabinete.
CONSIDERANDO:
Que,
la
autoridad
jurisdiccional,
en
merito
al
principio
de
control
de
la
legalidad,
cuando
asume
competencia
en
el
conocimiento
de
una
demanda
contencioso
administrativa,
tiene
la
obligación
de
velar
porque
los
actos
de
la
autoridad
administrativa
se
desarrollen
dentro
del
marco
de
sus
atribuciones,
de
conformidad
a
lo
establecido
por
el
ordenamiento
jurídico
vigente
y
precautelando
que
su
accionar
se
ajuste
a
las
reglas
preestablecidas
y
los
principios
constitucionales
y
jurídicos
de
la
materia,
de
tal
manera
que
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
el
acto
administrativo
resulte
exento
de
vicios
que
afecten
su
validez
y
eficacia
jurídica,
teniendo
como
marco
de
análisis
y
pronunciamiento,
los
términos
establecidos
en
la
demanda
y
en
la
contestación,
sobre
los
cuales
corresponde
efectuar
el
siguiente
examen:
Que,
de
conformidad
a
lo
establecido
por
el
art.
64
de
la
Ley
Nº
1715,
el
proceso
de
saneamiento
de
la
propiedad
agraria
es
el
procedimiento
técnico-jurídico
transitorio
que
esta
destinado
a
regularizar
y
perfeccionar
el
derecho
de
propiedad
agraria,
ejecutándose
de
oficio
o
a
pedido
de
parte;
asimismo,
de
acuerdo
a
lo
establecido
por
el
art.
66
del
referido
cuerpo
legal,
el
proceso
de
saneamiento
de
la
propiedad
agraria
tiene
la
finalidad
de
titulación
de
tierras
que
se
encuentren
cumpliendo
la
función
económico
social
o
función
social,
aunque
no
cuenten
con
trámites
agrarios
que
las
respalden,
así
como
la
titulación
en
los
procesos
agrarios
en
trámite
y
la
certificación
de
saneamiento
de
predios
titulados,
cuando
corresponda;
en
ese
entendido
es
a
través
del
proceso
de
saneamiento,
que
el
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria
regulariza
y
perfecciona
el
derecho
de
propiedad
agraria,
a
cuyo
efecto
dentro
de
dicho
proceso
se
consideran
predios
en
posesión,
en
trámite
y
titulados,
ello
en
relación
a
la
documentación
con
la
que
cuentan,
los
primeros
son
aquellos
que
no
cuentan
con
trámites
agrario
alguno,
los
segundos
son
aquellos
que
cuentan
con
proceso
agrario
sustanciado
ante
el
ex
Consejo
Nacional
de
Reforma
Agraria
o
ex
Instituto
de
Nacional
de
Colonización,
de
conformidad
a
o
establecido
por
el
art.
75
de
la
Ley
Nº
1715;
y
los
predios
titulados,
referidos
a
los
que
cuentan
con
derecho
de
propiedad
constituido
a
través
de
un
Título
Ejecutorial.
Que
de
una
minuciosa
revisión
de
los
antecedentes
de
la
carpeta
de
saneamiento
se
evidencia
que
con
posterioridad
a
la
emisión
de
la
Resolución
Final
de
Saneamiento
ahora
impugnada,
el
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria,
emite
el
Informe
Técnico
Legal
DGS-
JRLL
Nº
019/2010
de
27
de
enero
de
2010
cursante
a
fs.
130
a
138
del
cuaderno
de
saneamiento,
informe
del
cual
se
desprende
ilegalidades
e
irregularidades
evidenciadas
en
el
proceso
de
saneamiento
de
los
predios
San
Joaquín
I
al
XII
y
Los
Maticos
I
al
XII.
Que,
respecto
a
la
etapa
de
Relevamiento
de
Información
en
Gabinete,
cabe
hacer
la
siguiente
puntualización,
la
Ley
Nº
1715
de
18
de
octubre
de
1996
crea
el
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria
encargado
de
dirigir,
coordinar
y
ejecutar
las
políticas
establecidas
por
el
Servicio
Nacional
de
Reforma
Agraria,
siendo
su
principal
función
la
realización
del
proceso
de
saneamiento
de
la
propiedad
agraria,
que
de
acuerdo
con
lo
establecido
por
la
Ley
Nº
1715
modificada
por
la
Ley
Nº
3545
de
Reconducción
Comunitaria
de
la
Reforma
Agraria,
se
constituye
en
un
procedimiento
técnico
jurídico
transitorio
destinado
a
regularizar
y
perfeccionar
el
derecho
de
propiedad
agraria
y
entre
las
finalidades
de
este
proceso
de
carácter
transitorio
están
la
titulación
de
tierras
que
estuvieren
cumpliendo
con
la
Función
Social
o
la
Función
Económico
Social,
por
lo
menos
dos
años
antes
de
la
publicación
de
la
Ley
Nº
1715,
otros
fines
son
la
anulación
de
títulos
afectados
de
nulidad
absoluta
y
su
convalidación
si
es
que
están
afectados
de
vicio
de
nulidad
relativa,
siempre
que
la
tierra
estuviere
cumpliendo
con
la
Función
Social
o
Económico
Social,
dentro
de
sus
modalidades
se
reconoce
el
Saneamiento
de
Tierras
Comunitarias
de
Origen,
destinadas
a
la
regularización
del
derecho
propietario
de
Pueblos
indígenas
comprendidas
precisamente
en
dichas
tierras,
entendiéndose
que
dentro
de
este
tipo
deben
ser
consideradas
también
los
derechos
de
propiedad
agraria
de
terceros
conforme
a
procedimiento,
siendo
el
caso
de
las
Comunidades
Cerebó,
Monte
Sinai,
1ro.
de
Octubre
y
Arca
de
Noé
identificados
posteriormente
en
la
ejecución
de
las
pericias
de
campo.
Que,
los
arts.
64
y
65
de
la
Ley
Nº
1715
modificada
por
la
Ley
Nº
3545,
dispone
el
saneamiento
de
la
propiedad
agraria
a
objeto
de
regularizar
y
perfeccionar
el
derecho
de
propiedad
agraria;
una
vez
dictadas
las
respectivas
resoluciones
determinativas
se
aplicará
un
procedimiento
común
que
comprende
las
siguientes
etapas:
relevamiento
de
información
de
gabinete
y
campo,
evaluación
técnico
jurídico
que
comprenderá
simultáneamente
los
procedimientos
de
revisión
de
títulos
ejecutoriales,
revisión
de
procesos
agrarios
en
tramite,
de
identificación
de
poseedores
legales,
exposición
publica
de
resultados,
resolución
definitiva
emergente
del
proceso
de
saneamiento:
declaración
de
área
saneada
con
exclusión
de
superficies
objeto
de
controversia
judicial
en
contencioso
administrativo.
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
Así
el
relevamiento
de
Información
en
Gabinete
contiene
las
actividades
descritas
en
el
art.
171
del
Decreto
Supremo
Nº
25763
entonces
vigente
y
la
oportunidad
para
su
realización
esta
descrita
en
la
parte
final
del
mismo
artículo,
en
el
presente
caso
se
puede
evidenciar
la
falta
de
un
correcto
Relevamiento
de
Información
en
Gabinete,
que
identifique
correctamente
el
expediente
agrario
Nº
31030
bajo
la
denominación
de
"San
Joaquín",
siendo
que
el
mismo
ha
sido
ubicado
en
un
lugar
que
no
corresponde,
identificación
errada
que
no
fue
debidamente
verificada
en
campo,
pese
a
ser
objeto
de
error,
no
se
subsanó
la
equivocación
y
con
esa
grave
falencia
se
dictó
la
Resolución
Final
de
Saneamiento
ahora
impugnada,
lesionando
los
derechos
de
los
poseedores
y
beneficiarios
del
lugar,
vulnerando
los
alcances
de
los
arts.
216
y
217
del
Reglamento
de
la
Ley
Nº
1715,
Asimismo,
el
relevamiento
de
información
de
campo,
conocido
como
pericias
de
campo,
misma
tiene
como
una
de
sus
finalidades
la
de
verificar
el
cumplimiento
de
la
Función
Social
o
Función
Económico
Social
de
las
tierras
objeto
de
los
Títulos
Ejecutoriales,
procesos
agrarios
en
trámite
y
posesiones,
en
relación
a
propietarios,
subadquirientes,
beneficiarios
de
procesos
agrarios
en
trámite
y
poseedores,
discriminando
aproximadamente
las
superficies
que
se
encuentran
y
las
que
no
se
encuentran
cumpliendo
la
Función
Social
o
Económico
Social,
constituyendo
el
mismo
una
acto
público
y
transparente
garantizando
la
participación
a
toda
persona
interesada
en
dicho
proceso
administrativo,
procediéndose
para
ello
a
su
publicación
por
alguno
de
los
medios
que
indica
la
norma
reglamentaria
respecto
de
la
realización
de
las
pericias
de
campo
que
se
efectuará
en
el
área
o
zona
previamente
determinada.
Considerándose
a
las
pericias
de
campo
como
una
actividad
de
vital
importancia,
dado
que
los
datos
recabados
por
los
funcionarios
encargados
para
ello
se
los
obtienes
in
situ,
es
decir
directa
y
objetivamente,
por
lo
que
siendo
una
de
las
finalidades
de
las
pericias
de
campo
la
de
verificar
el
cumplimiento
de
la
Función
Social
o
Económico
Social
de
la
tierra,
actividad
que
debe
efectuarse
con
la
mayor
responsabilidad,
profesionalidad
y
veracidad
que
permita
contar
con
los
datos
reales
y
objetivos
a
fin
de
asumir
decisiones
administrativos
justas
y
legales
que
correspondan.
En
el
presente
caso
se
tiene
que
la
errónea
clasificación
de
la
propiedad
agraria
constituye
un
vicio
insubsanable,
por
no
contemplar
lo
establecido
en
el
art.
41
de
la
Ley
Nº
1715,
modificada
por
la
Ley
Nº
3545
de
Reconducción
Comunitaria
de
la
Reforma
Agraria,
toda
vez
que
para
clasificar
a
la
propiedad
como
ganadera,
se
requiere
la
concurrencia
necesaria
de
todos
los
componentes
que
hacen
a
la
propiedad
ganadera,
es
así
que
en
las
propiedades
ganaderas
se
verifica
la
cantidad
de
ganado
existente
en
el
predio,
constando
su
registro
de
marca,
como
lo
establece
el
art.
2
de
la
Ley
Nº
80
de
5
de
enero
de
1961
que
a
la
letra
dice:
"Todo
Ganadero
esta
en
la
obligación
de
hacer
registrar
en
las
HH
Alcaldías
Municipales
de
sus
residencias,
Inspectorías
de
Trabajo
Agrario
y
Asociación
de
Ganadería,
las
marcas
o
señales
de
que
usa
para
la
filiación
de
sus
rebaños";
la
marca
en
la
actividad
ganadera
constituye
el
medio
para
la
identificación
del
ganado
bovino,
caballar
y
principalmente
para
comprobar
el
derecho
propietario
ganadero,
por
ello
no
solo
se
debe
marcar
el
ganado
bovino
y
caballar,
sino
que
se
debe
registrar
la
marca
que
se
utilizará
al
efecto,
conforme
a
los
usos
de
ganadería
la
marca
constituye
el
medio
de
probar
la
propiedad
del
ganado.
Por
otra
parte,
se
establece
también
que
los
productos
ganaderos
tienen
la
obligación
de
inscribir
y
renovar
cada
cinco
años
la
marca
señal
o
carimbo
de
su
ganado.
En
el
caso
que
nos
ocupa
no
se
verificó
de
ninguna
manera
la
cantidad
de
ganado
en
el
predio,
durante
la
ejecución
de
las
pericias
de
campo
y
los
beneficiarios
no
acreditaron
oportunamente
los
documentos
que
certifiquen
el
registro
de
marca
de
ganado,
tampoco
el
documento
que
certifique
el
ciclo
de
vacunación
extendido
por
el
SENASAG
que
justifique
que
las
propiedades
estaban
destinadas
a
la
actividad
ganadera,
antes
y
durante
el
periodo
de
levantamiento
de
información
en
campo,
ya
que
dichos
instrumentos
son
los
que
acreditan
la
actividad
ganadera.
Al
respecto
se
debe
precisar
que
la
determinación
del
cumplimiento
de
la
Función
Económico
Social,
responde
a
la
previsión
contenida
en
los
artículos
166
y
169
de
la
anterior
Constitución
Política
del
Estado
y
recogida
por
el
nuevo
texto
constitucional
a
través
de
los
arts.
393
y
397
parágrafo
III
y
401
y
las
condiciones
establecidas
por
las
leyes
agrarias,
desprendiéndose
del
espíritu
de
dicha
normativa
que
la
condición
para
la
titulación
es
el
trabajo
y
el
cumplimiento
ya
sea
de
la
Función
Económica
Social
o
Función
Social
dentro
de
los
alcances
previstos
por
el
art.
2
de
la
Ley
Nº
1715
modificada
por
la
Ley
Nº
3545
de
Reconducción
Comunitaria
de
la
Reforma
Agraria.
En
este
contexto
de
antecedentes
se
infiere
que
la
verificación
de
su
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
cumplimiento
para
el
caso
de
autos
radica
en
la
Función
Económico
Social
efectuada
por
el
INRA
en
la
propiedad
denominada
"San
Joaquín
VIII",
no
se
ejecutó
acorde
al
procedimiento
previsto
en
el
reglamento
de
la
Ley
Nº
1715,
conforme
se
desprende
de
los
actuados
levantados
en
oportunidad
en
las
etapas
previstas
por
los
arts.
239
y
240
del
Decreto
Supremo
Nº
25763,
norma
vigente
a
momento
de
la
ejecución
de
las
pericias
de
campo
correspondiente
al
predio
"San
Joaquín
VIII"
conforme
se
evidencia
la
ficha
catastral
de
fs.
41
a
42,
consta
que
se
verificó
actividad
ganadera
en
dicho
predio,
información
que
además
fue
plasmada
en
el
Informe
de
Campo
SAN-TCO-GUARAYOS
INFGUARA-TCO
056/02,
cursante
a
fs.
69
a
75,
referencia
totalmente
contradictoria
con
los
datos
evacuados
del
informe
de
inspección
ocular,
pues
de
ninguna
manera
el
predio
"San
Joaquín
VIII"
cumple
con
las
características
de
una
propiedad
ganadera,
ampliamente
descritas
supra,
lo
cual
se
puede
colegir
de
la
misma
ficha
catastral,
que
se
constituye
en
una
declaración
jurada
que
efectúa
el
propietario
sobre
el
predio
objeto
de
saneamiento
y
que
corresponde
ser
contrastada,
también
del
registro
de
la
Función
Económico
Social
que
cursa
de
fs.
43
a
45
se
puede
constatar
que
el
predio
no
refleja
actividad
ganadera
de
ningún
tipo,
en
ese
sentido
se
tiene
que
la
información
contenida
en
la
citada
documentación
no
es
confiable
y
menos
puede
ser
utilizada
como
prueba
para
la
valoración
de
la
Función
Económico
Social
durante
la
evaluación
técnico
jurídica;
consiguientemente
el
INRA
no
cumplió
a
cabalidad
la
finalidad
de
las
pericias
de
campo
en
relación
al
cumplimiento
de
la
Función
Económico
Social,
establecidas
por
los
arts.
173-c)
y
239-II)
del
D.S.
N°
25763
de
la
Ley
1715
vigente
en
su
oportunidad.
Que,
ante
las
observaciones
del
INRA
Nacional
y
Departamental
a
los
resultados
preliminares
de
la
Evaluación
Técnico
Jurídica
realizada
a
los
predios
"Los
Maticos
I
al
XII"
y
"San
Joaquín
I
al
XII",
se
prevé
la
realización
de
una
inspección
ocular
y
verificación
de
Función
Económico
Social
a
los
citados
predios
de
fs.
84
a
87
del
cuaderno
de
saneamiento
cursa
el
Informe
de
Inspección
Ocular
INF-TCO-417/04
del
30
de
junio
de
2004,
el
mismo
que
evacúa
información
contradictoria
con
la
que
se
levantó
en
ocasión
de
las
pericias
de
campo,
siendo
que
la
Ficha
Catastral
a
mas
de
ser
incompleta
en
razón
de
lo
expuesto
en
el
punto
anterior,
no
ha
sido
llenada
correctamente
es
decir
no
contiene
toda
la
información
del
predio
en
sus
aspectos
físicos,
jurídicos,
infraestructura
y
sobre
todo,
en
lo
concerniente
a
la
actividad
productiva,
a
los
fines
de
una
efectiva
y
correcta
verificación
de
la
FES,
pues
no
se
le
dio
la
relevancia
que
tiene
el
llenado
de
la
Ficha
Catastral,
actividad
considerada
como
uno
de
los
más
importantes
en
las
Pericias
de
Campo.
Que,
de
fs.
88
a
89
de
la
carpeta
de
saneamiento
cursa
el
Informe
Legal
N°
530/04
de
26
de
julio
de
2004,
a
través
del
que
se
evidencian
los
siguientes
extremos,
que
en
las
áreas
identificadas
de
mejoras
no
se
corrobora
rastros
o
indicios
de
que
las
mismas
hubieran
existido,
salvo
viviendas
derruidas
en
los
predios
San
Joaquín
I
y
XII
y
Los
Maticos
I
y
XII,
por
declaraciones
del
propio
representante
de
los
predios
de
referencia,
no
se
llevó
a
cabo
la
inspección
en
los
predios
faltantes,
toda
vez
que
los
mismos
se
encontrarían
en
las
mismas
condiciones
y,
más
aún,
no
sería
factible
el
acceso
por
las
condiciones
del
monte;
tampoco
se
ha
evidenciado
la
existencia
de
trabajo
o
mejora
actual,
sólo
se
tienen
barbechos
abandonados,
chacos
de
la
Comunidad
Cerebó,
sendas
cubiertas
y
mejoras
abandonadas;
aspectos
contradictorios
que
llevan
a
sugerir
que
se
proceda
a
la
elaboración
de
una
nueva
Evaluación
Técnico
Jurídica
considerando
los
resultados
obtenidos
en
el
trabajo
de
inspección
ocular
de
los
predios
"Los
Maticos"
y
"San
Joaquín",
sugerencia
que
no
fue
considerada
por
el
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria,
que
debió
emitir
una
Resolución
Administrativa
anulando
obrados
y
reencausando
el
proceso
sin
vicios
de
nulidad.
Todos
estos
actuados
que
hacen
al
proceso
de
saneamiento,
no
pueden
consignar
datos
contradictorios
sino
uniformes
que
respondan
a
la
realidad,
en
ese
sentido
la
jurisprudencia
sentada
en
la
Sentencia
Agraria
Nacional
S2a.
No.
8
de
16
de
febrero
de
2004
que
señala:
que
"si
la
información
contenida
en
la
documentación
del
proceso
de
saneamiento,
es
contradictoria,
no
es
confiable,
menos
puede
ser
utilizada
como
prueba
para
la
valoración
de
la
Función
Económico
Social
durante
la
Evaluación
Técnico
Jurídica;
que
consiguientemente,
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
el
INRA
no
cumplió
a
cabalidad
las
finalidades
de
las
pericias
de
campo
en
relación
a
la
verificación
del
cumplimiento
de
la
Función
Económico
Social,
establecidas
por
los
arts.
173-
c)
y
239-II
del
Decreto
Supremo
Nº
25763",
por
ello
no
es
posible
admitir
contradicciones
en
los
datos
del
saneamiento
menos
en
las
pericias
de
campo.
Por
consiguiente
la
documentación
contradictoria
referida
en
el
caso,
no
puede
ser
valorada
para
llevar
a
cabo
el
proceso
de
saneamiento
base
de
la
Resolución
Administrativa
impugnada.
Asimismo,
la
Sentencia
Agraria
Nacional
S2a.
No.
5
de
12
de
febrero
de
2004
,
señala
"que
durante
el
levantamiento
de
campo,
es
preciso
señalar
claramente
la
Función
Social
específica
que
estaba
cumpliendo
el
poseedor
o
titular
del
predio
a
ser
saneado,
lo
contrario
conlleva
la
nulidad
de
obrados".
Por
consiguiente
la
Función
Social
debió
ser
determinada
con
exactitud
como
uno
de
los
resultados
del
levantamiento
de
campo,
siendo
que
en
obrados
la
misma
resulta
contradictoria
siendo
que
por
una
parte
se
dice
que
la
propiedad
es
ganadera
y
por
otra
en
la
inspección
ocular
no
se
constata
este
aspecto,
por
el
contrario
se
evidencia
que
no
existe
ningún
tipo
de
actividad,
datos
contradictorios
que
vician
de
nulidad
el
proceso
de
saneamiento
puesto
que
esa
catalogación
debe
ser
el
resultado
de
la
valoración
de
la
Función
Económico
Social
.
Más
aún
si
se
toma
en
cuenta
que
es
durante
las
pericias
de
campo
donde
con
mayor
exactitud
se
puede
comprobar
la
Función
Social
o
la
Función
Económico
Social.
A
ello
se
suma
el
hecho
de
la
existencia
de
sobreposición
del
predio
"San
Joaquín
VIII",
establecida
en
el
formulario
cursante
a
fs.
79
en
cuya
casilla
de
sobreposiciones
determina
que,
sí
hay
sobreposición
con
la
Reserva
Forestal
Guarayos
y
con
la
Concesión
Forestal
Frerking
S.R.L.,
asimismo
en
la
Evaluación
Técnico
Jurídica
N°
016/2004
cursante
de
fs.
91
a
98
de
la
carpeta
de
saneamiento
hace
referencia
a
una
sobreposición
con
áreas
clasificadas.
Que,
ante
la
existencia
de
sobreposición
de
derechos
debió
procederse
conforme
lo
establecido
en
la
normativa
agraria
correspondiente,
por
otra
parte,
conforme
manda
lo
dispuesto
por
los
arts.
169
parágrafos
I)
inc.
a),
y
art.
171
del
Decreto
Supremo
N°
25763
aplicable
en
su
oportunidad,
corresponde
el
Mosaicado
de
los
Títulos
Ejecutoriales,
procesos
agrarios
en
trámite
en
un
plano,
a
objeto
de
verificar
en
gabinete
la
sobreposición
con
otras
propiedades
y
la
ubicación
exacta
de
dichos
antecedentes,
en
el
presente
caso
esta
etapa
fue
ejecutada
parcialmente,
de
manera
incompleta
pues
no
se
identificó
la
ubicación
exacta
de
los
antecedentes
correspondientes
a
los
predios
Los
Maticos
I
al
XII
y
San
Joaquín
I
al
XII,
dentro
de
los
cuales
se
encuentran
el
predio
"San
Joaquín
VIII"
que
tienen
el
antecedente
según
expediente
agrario
N°
31030,
lo
cual
demuestra
que
no
se
dio
cabal
cumplimiento
a
esta
fase
del
proceso,
invalidando
el
resto
de
las
etapas
del
saneamiento.
Que,
compulsados
los
antecedentes
se
infiere
por
todo
lo
expuesto
que
el
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria
no
realizó
un
correcto
levantamiento
de
información
tanto
en
gabinete
como
en
campo
en
lo
que
respecta
al
predio
denominado
"San
Joaquín
VIII",
asimismo,
evacuó
una
información
contradictoria
producto
de
la
mala
valoración,
pues
de
la
revisión
de
los
datos
Crudos
y
Rinex
de
los
años
2001,
2002,
2003
y
2004,
se
observó
que
no
existen
datos
de
mensura
que
correspondan
al
predio,
lo
que
nos
lleva
a
concluir
que
la
etapa
de
pericias
de
campo
fue
realizada
en
gabinete.
Las
transgresiones
y
faltas
evidenciadas
por
el
demandante,
lo
compulsado
por
este
Tribunal
es
corroborado
por
la
contestación
a
la
demanda
efectuada
por
el
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria
de
fs.
55
a
56
al
indicar
que
responde
reconociendo
los
hechos
expuestos,
dicha
contestación
importa
la
confesión
del
demandado
que
de
acuerdo
a
lo
dispuesto
por
el
art.
347
del
Código
de
Procedimiento
Civil
aplicable
por
supletoriedad
del
art.
78
de
la
Ley
1715,
que
a
la
letra
dice:
"Si
el
demandado
contestare
clara
y
positivamente
la
demanda,
el
juez
pronunciará
sentencia
sin
necesidad
de
otra
prueba
ni
trámite..."
POR
TANTO
:
La
Sala
Primera
Liquidadora
del
Tribunal
Agroambiental,
administrando
justicia
en
única
instancia,
en
virtud
de
la
jurisdicción
y
competencia
que
le
otorga
el
art.
7,
186
y
189-3)
de
la
Constitución
Política
del
Estado,
art.
36-3
de
la
Ley
N°
1715
del
Servicio
Nacional
de
Reforma
Agraria,
modificada
por
el
Art.
21
de
la
Ley
N°
3545
de
Reconducción
Comunitaria
de
la
Reforma
Agraria,
concordante
con
lo
dispuesto
por
el
art.
68
del
mismo
TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL
cuerpo
legal
y
con
la
facultad
conferida
por
el
art.
12-I)
de
la
Ley
N°
212
de
23
de
diciembre
de
2011,
en
relación
con
la
Disposición
Transitoria
Octava
de
la
Ley
N°
025
de
24
de
junio
de
2010,
FALLA
declarando
PROBADA
la
demanda
contenciosa
administrativa
de
fs.
8
a
12
y
subsanación
de
fs.
43
a
44,
interpuesta
por
José
Manuel
Pinto
Claure
en
su
calidad
de
Viceministro
de
Tierras;
en
consecuencia,
se
declara
la
NULIDAD
de
la
Resolución
Final
de
Saneamiento
N°
0148/2005
de
12
de
mayo
de
2005
y
NULO
el
proceso
de
saneamiento
correspondiente
al
predio
"San
Joaquín
VIII",
hasta
el
vicio
más
antiguo,
es
decir
hasta
el
Relevamiento
de
Información
en
Gabinete,
debiendo
el
INRA
aplicar
la
normativa
agraria
vigente,
precautelando
la
participación
de
todos
los
actores
identificados.
Notificadas
que
sean
las
partes
con
la
presente
sentencia,
devuélvase
los
antecedentes
remitidos
por
el
Instituto
Nacional
de
Reforma
Agraria,
en
el
plazo
de
30
días,
debiendo
quedar
en
su
lugar
fotocopias
legalizadas
con
cargo
al
INRA.
Regístrese,
notifíquese
y
archívese.
Fdo.
Magistrada
Sala
Liquidadora
Primera
Dra.
Lidia
Chipana
Chirinos
Magistrada
Sala
Liquidadora
Primera
Dra.
Isabel
Ortuño
Ibáñez
Magistrado
Sala
Liquidadora
Primera
Dr.
Mario
Pacosillo
Calsina
©
Tribunal
Agroambiental
2022