SALA PENAL PRIMERA
AUTO SUPREMO: 264 Sucre, 27 de abril de 2009
DISTRITO: Tarija
PARTES:Ministerio Público c/ Freddy Danny Cuellar Justiniano y Patricia Senovia Velásquez Cari
Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación (Declara infundado el recurso de casación)
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Sucre, 27 de abril de 2009
VISTOS: El recurso de casación de fs. 231 a 232 vlta, interpuesto por Bernardo Flores Rivera en su calidad de Fiscal de Materia de Sustancias Controladas de la Ciudad de Tarija, contra el auto de vista Nº A.V./A.R15/2007 de 19 de marzo, cursante a fs. 225 a 226 vlta., pronunciado por la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Freddy Danny Cuellar Justiniano y Patricia Senovia Velásquez Cari, por los delitos de transporte de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, tipificados y sancionados por los arts. 53 y 55 de la ley 1008; el Auto Supremo de admisión de dicho recurso, los antecedentes procesales y:
CONSIDERANDO: Que, sustanciado el proceso penal anteriormente señalado, el 30 de noviembre de 2006, el Tribunal Primero de Sentencia en lo Penal de la ciudad de Tarija, pronunció la sentencia Nº 30/2006, declarando a la imputada Patricia Senovia Velásquez Cari, absuelta de pena y culpa de la comisión de los delitos de transporte de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.
Deducida la apelación restringida por el Representante del Ministerio Público, la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, declaró sin lugar al recurso de apelación restringida, mediante auto de vista N° A.V./A.R.-15/2007 de 19 de marzo de 2007.
A consecuencia de esta decisión, el representante del Ministerio Público interpuso recurso de casación a fs. 231 a 232 y vlta., que fue admitido por supuestas vulneraciones a derechos y garantías constitucionales mediante Auto Supremo de 12 de noviembre de 2007, en el que denunció:
1.- La existencia de defectos en el pronunciamiento de las resoluciones de instancia, además de la infracción de los arts. 124, 171, 173, 360 y 365 del Código de Procedimiento Penal.
Con estos argumentos, solicitó se deje sin efecto el auto de vista recurrido de casación y se disponga que la Corte Superior de Tarija, dicte nuevo fallo.
CONSIDERANDO: Que, a efectos de resolver el recurso en análisis y considerando que las denuncias vertidas por el recurrente están directamente relacionadas con la falta o deficiente motivación de la sentencia y del auto de vista recurrido en casación, es pertinente hacer las siguientes precisiones:
I. Sobre la motivación de las resoluciones: Las resoluciones para ser válidas, deben ser motivadas. Esta exigencia constituye una garantía constitucional plasmada legalmente en la S.C. N°.1365-2005-R, 31 de octubre de 2005, que en su Ratio Decidendi, expresa lo siguiente:
"(..) la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.
"Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada (..) ".
La exigencia de motivación constituye una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo sobre su conducta, resguardando a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo, brinda al juez el material necesario para ejercer su control y sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.
En virtud de estas razones, la ley procesal penal consagra en su art. 124, la exigencia de la motivación en la sentencia, amenazando la infracción a la regla con la nulidad conforme reza el art. 370.5) Código de Procedimiento Penal.
La motivación, a la vez que un requisito formal que en la sentencia no se puede omitir, constituye el elemento eminentemente intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico (Claría Olmedo). Es el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez apoya su decisión y que se consigna habitualmente en los "considerandos" de la sentencia. Motivar es fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos que justifican la resolución.
La motivación debe ser expresa, clara, legítima y lógica.
En la especie, el tribunal de apelación -en el ejercicio del control de la legalidad del que está investido- cumplió con todas las exigencias anteriormente descritas puesto que la resolución que emitió está adecuadamente motivada y fundamentada, de modo tal que nos permite conocer el razonamiento que desarrollaron a efectos de determinar se declare sin lugar a la apelación restringida, sin que sea evidente que el tribunal ad quem, no se habría pronunciado respecto a los puntos de apelación restringida que demandó el recurrente pues, no debe entenderse como adecuada fundamentación o motivación, la extensión de la exposición de motivos, sino, el pronunciamiento expreso sobre un determinado hecho en base al cual se asume una decisión. Consiguientemente, las denuncias formuladas sobre este tema carecen de veracidad, máxime si consideramos que las mismas están formuladas de una manera general e imprecisa, resultando infundadas.
POR TANTO: La Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida por el art. 59.1) de la Ley de Organización Judicial y lo previsto por el art. 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Bernardo Flores Rivera, Fiscal de Sustancias Controladas de la Ciudad de Tarija. .
Regístrese, hágase saber y devuélvase.
RELATOR MINISTRO: Dr. Teófilo Tarquino Mújica
Fdo. Dr. Teófilo Tarquino Mújica.
Dr. Ángel Irusta Pérez.
Sucre, 27 de abril de 2009
Proveído.- Jaime René Conde Andrade -Secretario de
Cámara de la Sala Penal Primera.
Libro Tomas de Razón 2/2009
AUTO SUPREMO: 264 Sucre, 27 de abril de 2009
DISTRITO: Tarija
PARTES:Ministerio Público c/ Freddy Danny Cuellar Justiniano y Patricia Senovia Velásquez Cari
Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación (Declara infundado el recurso de casación)
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Sucre, 27 de abril de 2009
VISTOS: El recurso de casación de fs. 231 a 232 vlta, interpuesto por Bernardo Flores Rivera en su calidad de Fiscal de Materia de Sustancias Controladas de la Ciudad de Tarija, contra el auto de vista Nº A.V./A.R15/2007 de 19 de marzo, cursante a fs. 225 a 226 vlta., pronunciado por la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Freddy Danny Cuellar Justiniano y Patricia Senovia Velásquez Cari, por los delitos de transporte de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, tipificados y sancionados por los arts. 53 y 55 de la ley 1008; el Auto Supremo de admisión de dicho recurso, los antecedentes procesales y:
CONSIDERANDO: Que, sustanciado el proceso penal anteriormente señalado, el 30 de noviembre de 2006, el Tribunal Primero de Sentencia en lo Penal de la ciudad de Tarija, pronunció la sentencia Nº 30/2006, declarando a la imputada Patricia Senovia Velásquez Cari, absuelta de pena y culpa de la comisión de los delitos de transporte de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.
Deducida la apelación restringida por el Representante del Ministerio Público, la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, declaró sin lugar al recurso de apelación restringida, mediante auto de vista N° A.V./A.R.-15/2007 de 19 de marzo de 2007.
A consecuencia de esta decisión, el representante del Ministerio Público interpuso recurso de casación a fs. 231 a 232 y vlta., que fue admitido por supuestas vulneraciones a derechos y garantías constitucionales mediante Auto Supremo de 12 de noviembre de 2007, en el que denunció:
1.- La existencia de defectos en el pronunciamiento de las resoluciones de instancia, además de la infracción de los arts. 124, 171, 173, 360 y 365 del Código de Procedimiento Penal.
Con estos argumentos, solicitó se deje sin efecto el auto de vista recurrido de casación y se disponga que la Corte Superior de Tarija, dicte nuevo fallo.
CONSIDERANDO: Que, a efectos de resolver el recurso en análisis y considerando que las denuncias vertidas por el recurrente están directamente relacionadas con la falta o deficiente motivación de la sentencia y del auto de vista recurrido en casación, es pertinente hacer las siguientes precisiones:
I. Sobre la motivación de las resoluciones: Las resoluciones para ser válidas, deben ser motivadas. Esta exigencia constituye una garantía constitucional plasmada legalmente en la S.C. N°.1365-2005-R, 31 de octubre de 2005, que en su Ratio Decidendi, expresa lo siguiente:
"(..) la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.
"Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada (..) ".
La exigencia de motivación constituye una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo sobre su conducta, resguardando a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo, brinda al juez el material necesario para ejercer su control y sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.
En virtud de estas razones, la ley procesal penal consagra en su art. 124, la exigencia de la motivación en la sentencia, amenazando la infracción a la regla con la nulidad conforme reza el art. 370.5) Código de Procedimiento Penal.
La motivación, a la vez que un requisito formal que en la sentencia no se puede omitir, constituye el elemento eminentemente intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico (Claría Olmedo). Es el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez apoya su decisión y que se consigna habitualmente en los "considerandos" de la sentencia. Motivar es fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos que justifican la resolución.
La motivación debe ser expresa, clara, legítima y lógica.
En la especie, el tribunal de apelación -en el ejercicio del control de la legalidad del que está investido- cumplió con todas las exigencias anteriormente descritas puesto que la resolución que emitió está adecuadamente motivada y fundamentada, de modo tal que nos permite conocer el razonamiento que desarrollaron a efectos de determinar se declare sin lugar a la apelación restringida, sin que sea evidente que el tribunal ad quem, no se habría pronunciado respecto a los puntos de apelación restringida que demandó el recurrente pues, no debe entenderse como adecuada fundamentación o motivación, la extensión de la exposición de motivos, sino, el pronunciamiento expreso sobre un determinado hecho en base al cual se asume una decisión. Consiguientemente, las denuncias formuladas sobre este tema carecen de veracidad, máxime si consideramos que las mismas están formuladas de una manera general e imprecisa, resultando infundadas.
POR TANTO: La Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida por el art. 59.1) de la Ley de Organización Judicial y lo previsto por el art. 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Bernardo Flores Rivera, Fiscal de Sustancias Controladas de la Ciudad de Tarija. .
Regístrese, hágase saber y devuélvase.
RELATOR MINISTRO: Dr. Teófilo Tarquino Mújica
Fdo. Dr. Teófilo Tarquino Mújica.
Dr. Ángel Irusta Pérez.
Sucre, 27 de abril de 2009
Proveído.- Jaime René Conde Andrade -Secretario de
Cámara de la Sala Penal Primera.
Libro Tomas de Razón 2/2009