TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA
Auto Supremo Nº 18
Sucre, 10 de febrero de 2021
Expediente : 427/2020-S
Demandante : José Cortez Rodríguez
Demandado : Gobierno Autónomo Departamental de Pando
Proceso : Pago de subsidio de frontera
Distrito : Pando
Magistrado Relator: Lic. José Antonio Revilla Martínez
VISTOS: El recurso de casación de fs. 77 a 78 vta., interpuesto por Jorge Felipez Yavi y Toshio Apuri Salvatierra, en representación del Gobierno Autónomo Departamental del Pando (GAD-PD), contra el Auto de Vista N° 207/2020 de 7 de septiembre, emitido por la Sala Civil, Social, Familia, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, de fs. 71 a 73; dentro del proceso laboral de pago de subsidio de frontera seguido por José Cortez Rodríguez contra la entidad recurrente; el Auto Interlocutorio de 18 de septiembre que concedió el recurso (fs. 84); el Auto de 9 de noviembre de 2020 (fs.97 y vta.) por el cual se admitió el recurso de casación interpuesto, y todo cuanto fue pertinente analizar:
I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:
Sentencia.
Planteada la demanda laboral de pago de subsidio de frontera, seguido por José Cortez Rodríguez y tramitado el proceso, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Pando, emitió la Sentencia N° 100/2019 de 30 de abril de fs. 49 a 50 vta., declarando PROBADA la demanda de fs. 11, e IMPROBADA la excepción perentoria de prescripción. Sin costas. Debiendo en consecuencia la entidad demandada, cancelar la suma de Bs.26.988, correspondientes al subsidio de frontera de 5 meses de la gestión 2010, 11 meses de la gestión 2011, 12 meses de la gestión de 2012, 12 meses de la gestión 2013, 12 meses de la gestión 2014.
Auto de vista.
Interpuesto el recurso de apelación por el GAD-PD de fs. 54 a 55 vta, la Sala Civil, Social, Familia, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; resolvió el mismo mediante Auto de Vista N° 207/2020 de 7 de septiembre, de fs. 71 a 73, que CONFIRMÓ la Sentencia apelada.
Contra el Auto de Vista, la demandante, interpuso recurso de casación en el fondo; ante ello, el Tribunal de Alzada emitió Auto Interlocutorio de 18 de septiembre de 2020, cursante a fs. 84, concediendo el recurso.
II. ARGUMENTOS DEL RECURSOS DE CASACIÓN DE FONDO, CONTESTACIÓN Y ADMISIÓN.
Toshio Apuri Salvatierra, en representación legal del Gobierno Autónomo Departamental de Pando GAD-PD interpuso recurso de casación en el fondo contra el Auto de Vista Nº 207/2020 de 7 de septiembre, bajo los siguientes argumentos:
1.- Señaló que el art. 6 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), prevé el tratamiento de las personas que prestan sus servicios para el Estado, contractualmente de forma eventual o para la prestación de servicios específicos o especializados, estando sus derechos y deberes regulados por el contrato suscrito entre partes y el ordenamiento legal aplicable; procedimiento, requisitos, condiciones y formas de contratación que se regulan por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NBSABS), concordante con el art. 60 del Decreto Supremo (DS) Nº 26115 de 16 de marzo de 2001; además, el GAD-PD se encuentra bajo la Ley Nº 031, Marco de Autonomía y Descentralización “Andrés Ibáñez” y al Estatuto Fundamental Autonómico del Departamento de Pando y con base en el principio de auto determinación realiza sus contrataciones eventuales.
2.- Afirmó que el Auto de Vista recurrido, interpretó erróneamente los alcances del art. 5-II del Decreto Supremo (DS) N° 27375 de 17 de febrero de 2004, al señalar que los contratos que se suscriben son para el desempeño de funciones administrativas, siendo en realidad que los recursos son para apoyo administrativo de los proyectos para el desarrollo del Estado.
Además, acusó la mala interpretación de la normativa contenida en el art. 12 del DS N° 21137, puesto que no correspondería el pago del subsidio de frontera, porque no se tomó en cuenta la ubicación geográfica en medición con coordenadas exactas, donde desarrollaba anteriormente su trabajo el demandante; limitándose a pronunciarse sólo, sobre la identidad de la institución demandada, vulnerando el precedente contradictorio emitido por el Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo N° 373 de 8 de octubre de 2014.
3.- Aseveró que el Auto de Vista carece de motivación y fundamentación, ambas necesarias para su validez en cumplimiento al debido proceso previsto en los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE) y en el bloque de constitucionalidad.
Petitorio.
En tal sentido, la institución pública demandada solicita que se emita Auto Supremo que anule obrados o alternativamente, modifique el Auto de Vista recurrido.
Contestación al recurso.
Por memorial cursante de fs. 82 a 83, Raquel Arteaga Pedraza, contestó el recurso señalando en síntesis lo siguiente:
Indicó que el subsidio de frontera, en el marco del art. 12 del DS N° 21137 de 30 de noviembre de 1985, señala:” Se sustituye los bonos de frontera, cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas”.
Afirmó, que este precepto dispone que el trabajador, para beneficiarse de este subsidio, únicamente debe desempeñar sus funciones dentro de un área comprendida en los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales, no cita o distingue sobre la particularidad del trabajo que deba desempeñar, ni se refiere al tipo de contrato que firme para el efecto.
Aspecto corroborado por el Tribunal Supremo de Justicia, que emitió jurisprudencia al respecto.
Finalmente, indicó que, en la gestión 2015 la entidad recurrente pago este subsidio, porque conocía de la aplicación de la norma obligatoria, cumpliendo con este pago; no existiendo, infracción legal en la apelación recurrida.
Por lo que, en definitiva pidió se declare infundado el recurso de casación planteado.
Admisión.
Mediante Auto de 9 de noviembre de 2020, cursante a fs. 97, se admitió el recurso de casación en la forma y en el fondo planteado, pasando a continuación a resolver el mismo.
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:
Doctrina aplicable al caso:
El recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario, procedente en supuestos estrictamente determinados por Ley y dirigido a lograr que el máximo Tribunal ordinario, revise, reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación, que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales; la legislación prevé en el art. 270-I del Código Procesal Civil (CPC-2013), que: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley”, conforme está disposición se colige que el recurso de casación tiene como finalidad la objeción de los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista; no así, respecto de las consideraciones efectuadas en la Sentencia, contra la cual la normativa procesal, prevé el recurso de apelación. Tampoco puede alegarse nuevos hechos que no fueron discutidos en primera y segunda instancia, por haber precluido las mismas en aplicación de los arts. 3-e) y 57 Código Procesal del Trabajo (CPT).
importante señalar que, en materia laboral rige el principio de inversión de la prueba, correspondiendo al empleador desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador; o en su caso, demostrar con suficiencia los argumentos aducidos en su defensa, siendo simplemente una facultad del actor trabajador, la de ofrecer prueba; más no, una obligación; empero, el trabajador que en justicia busque se le reconozca un derecho, por el principio de buena fe y lealtad procesal, imbuidos en el de honestidad proclamado en el art. 180-I de la CPE, refrendado en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0112/2012 de 27 de abril, en sentido que las partes y sobre todo el empleador deben aportar las pruebas suficientes, con la finalidad de demostrar la verdad objetiva que le dé certeza al juzgador de la realidad en la confrontación, del medio de prueba, con el objeto de comprobación, respetando y difundiendo los valores y principios que proclama la CPE (art. 108-1, 2 y 3).
Por cuanto, “un derecho no es nada sin la prueba del acto jurídico o del hecho material del cual se deriva” (Planiol y Ripert, “Tratado Teórico-Práctico de Derecho Civil”. Tomo VII, pag. 747); puesto que, el demandado debe desvirtuar con prueba suficiente los argumentos del actor; prueba que debe ser valorada de acuerdo al art. 158 del CPT; es decir, inspirada en los principios científicos que informan la sana crítica y formando libremente su convencimiento.
Por otra el art. 180-I de la CPE, prevé que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio procesal de verdad material, que ha sido desarrollado por el art. 30-11 de la Ley N° 025 que establece que, el principio de verdad material obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa solo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, en estricto cumplimiento con las garantías procesales.
En ese contexto, la SCP No. 1662/2012 de 1 de octubre, definió al principio procesal de verdad material, cuando precisó “…Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derecho y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Jurisdiccional y de otras instancias, se encuentran impelidos de dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal”.
Subsidio Frontera
El art. 12 del DS 21137 de 30 de noviembre de 1985, señala: “Se sustituye los bonos de frontera, zona o región con un subsidio de frontera, cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas”.
Dicha norma transcrita, no hace diferencia entre servidores públicos eventuales o permanentes, incluye a todos los funcionarios y trabajadores el sector público y privado cuyo lugar de trabajo esté dentro de los 50km lineales de las fronteras internacionales; para ello, las instituciones deben consignar en las papeletas, boletas, o comprobantes de pago de sueldos, el monto cancelado por concepto de dicho subsidio, correspondiente al 20% del salario mensual percibido por el trabajador.
Por otra parte, el art. 180-I de la CPE, prevé que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio procesal de verdad material, que ha sido desarrollado por el art. 30-11 de la Ley N° 025 que establece que, el principio de verdad material obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa solo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, en estricto cumplimiento con las garantías procesales.
Fundamentos del caso concreto:
Recurso de casación.
La institución recurrente acusó centralmente que el Auto de Vista recurrido, interpretó erróneamente los alcances del art. 5-II del Decreto Supremo (DS) N° 27375 de 17 de febrero de 2004, porque los contratos que se suscribieron son para funciones administrativas, siendo en realidad que los recursos son para apoyo administrativo de los proyectos para el desarrollo del Estado; además, hubo mala interpretación de la normativa contenida en el art. 12 del DS N° 21137, porque no se tomó en cuenta la ubicación geográfica en medición con coordenadas exactas, donde desarrollaba anteriormente su trabajo el demandante; limitándose a pronunciarse sólo, sobre la identidad de la institución demandada y que el Auto de Vista carece de motivación y fundamentación, ambas necesarias para su validez en cumplimiento al debido proceso previsto por el art. 115 y 117 de la CPE.
De inició, corresponde resolver lo acusado, sobre la falta de una debida motivación y fundamentación en la resolución recurrida, se deja claramente establecido que de la revisión y análisis del Auto de Vista impugnado a través del recurso de casación, se evidencia que el mismo contiene la motivación y fundamentación necesarias para su validez y debido respeto del derecho al debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación, respecto a la expresión de agravios expresada por el GAD-PD sobre lo reconocido en la Sentencia y el pago del subsidio frontera, evidenciado de los puntos 1 y 2 del último Considerando, porque, afirma que la protección a los trabajadores debe ser dentro del alcance de las normas del derecho laboral y lo único que obstaculiza el pago del subsidio de frontera, es la naturaleza civil del contrato de consultoría que no sería el caso. .
Por otra parte, se tiene que el art. 3 del CPT, señala que todos los procedimientos y trámites en materia laboral se basarán entre otros en el principio de la libre apreciación de la prueba, otorgando seguidamente la descripción del mismo, señalando que constituye aquel: “por la que el juez valora las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados”. Esta norma halla concordancia con la disposición inmersa en el art. 158 de ese mismo cuerpo procesal, determinando que el juzgador laboral a momento de la valoración probatoria “…no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la Ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio”. La propia norma impone también al juzgador el deber de fundamentar sus fallos, indicando que “En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el Juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento”.
Ahora bien, con base en el análisis jurídico legal precedente, el pago del subsidio de frontera ordenado en Sentencia y confirmado por el Auto de Vista Nº 207/2020 de 7 de septiembre, está reconocido como derecho adquirido por el funcionario o servidor público, o trabajador privado, que desempeña sus funciones dentro de los 50 km lineales de las fronteras internacionales, ello de conformidad con el art. 12 del DS 21137, correspondiente al 20% del salario mensual. En merito a ello, se puede evidenciar que éste precepto establece que para beneficiarse de este subsidio, el trabajador o trabajadora -independientemente del sector en el que desempeña su labor o la modalidad de su contratación-, basta que desarrolle sus funciones dentro de un área comprendida en los 50 km linéales con las fronteras internacionales, sin hacer mención o distinción sobre la naturaleza de los trabajos a realizarse o los tipos de contratos suscritos para la prestación de sus servicios, realizando una interpretación progresiva de la norma.
En ese contexto, no existe posibilidad de incurrir en diferencias entre servidores públicos eventuales o permanentes a momento de contratar o designar personal para el desarrollo de las actividades de la institución pública demandada, en este caso del GAD-PD y establecer montos diferenciados de los sueldos de personal contratado o designado con el de personal eventual a efectos del pago del subsidio de frontera respectivo previsto en la Ley.
La entidad demandada desconoce éste derecho adquirido del demandante; no consigna -de manera desglosada y en todas las boletas o constancia de pago de sueldo-, el concepto específico de subsidio de frontera, conforme consta de la Certificación de Haberes de fs. 6 a 9 de las boletas de pago, con excepción a la gestión 2015 de enero a octubre; de la gestión 2017 de febrero a julio y de la gestión 2018 de febrero a agosto, ya reconociendo éste derecho como pago a favor del demandante, lo cual hace prueba de lo adeudado en las gestiones anteriores; y, conforme al principio de inversión de la prueba, correspondía a la institución pública demandada demostrar que en el salario que percibía el demandante, se encontraba el subsidio de frontera al cual tenía derecho, y con ello proporcionar al proceso los elementos de prueba necesarios a fin de desvirtuar lo señalado por la trabajadora, y que además le permita al juez adquirir una convicción positiva o negativa de la pretensión, basada en el principio de verdad material, situación que en el presente caso, no aconteció.
En cuanto al argumento expuesto en sentido de que en cumplimiento al art. 5-II del DS Nº 27375, los recursos con los que se paga los contratos son para apoyo administrativo de los proyectos para el desarrollo del Estado, no es correcto, porque el empleador debe prever de forma adecuada en el monto de salario mensual, detallando expresamente el cálculo del 20% que le corresponde al trabajador como derecho adquirido por imperio de la ley, sin que ninguna situación administrativa o contable pueda evitar o perjudique su pago conforme a Ley; en consecuencia, dicho pago únicamente es demostrable a través del documento que así lo establezca.
Finalmente se debe precisar que el recurrente persigue una nueva valoración y compulsa de las pruebas, lo que es atribución privativa de los jueces de instancia e incensurable en casación, a menos que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, que recaiga sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, o en su caso que los juzgadores de instancia ignorando el valor que atribuye la Ley a cierta prueba, le hubieran asignado un valor distinto, aspectos que en el caso de autos no concurrieron.
podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establecida en el art. 271-I del CPC-2013, que textualmente señala: “…Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial”. Esta disposición, expresa que deberán cumplirse dos condiciones; es decir, que deberá demostrarse el error por documentos o actos auténticos, que a su vez demuestren la equivocación manifiesta del juzgador, lo que en el recurso que motiva autos, no sucedió. No demostrándose que se hubiese infringido, violado o aplicado indebida o erróneamente la ley.
Lo razonado líneas arriba, demuestra que no son evidentes los errores alegados por el recurrente; por lo que, corresponde a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220-II del CPC-2013, aplicable al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el Art. 184.1 de la CPE y el Art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 77 a 78, interpuesto por Jorge Felipez Yavi y Toshio Apuri Salvatierra, en representación del Gobierno Autónomo Departamental del Pando, en consecuencia mantiene firme y subsistente contra el Auto de Vista N° 207/2020 de 7 de septiembre, emitido por la Sala Civil, Social, Familia, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley N° 1178.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.