TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
S A L A C I V I L
Auto Supremo: 201/2021
Fecha: 05 de marzo de 2021
Expediente: CH-51-20-S.
Partes: Victorina Telera Sinteres c/ Teresa Subia Mamani.
Proceso: Reivindicación.
Distrito: Chuquisaca.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 574 a 576 vta., interpuesto por Victorina Telera Sinteres, contra el Auto de Vista N° 218/2020 de 15 de octubre de fs. 561 a 567, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de reivindicación seguido por la recurrente contra Teresa Subía Mamani; el Auto de concesión de 17 de noviembre de 2020 a fs. 591, el Auto Supremo de admisión Nº 580/2020 de 23 de noviembre de fs. 596 a 597 vta., todo lo inherente al proceso; y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO
1. Victorina Telera Sinteres por memorial de fs. 60 a 64, inició proceso ordinario de reivindicación, pretensión que fue dirigida contra Teresa Subía Mamani, quien una vez citada, por memorial de fs. 103 a 110 planteó excepción previa de demanda defectuosa y contestó negativamente a la demanda; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 28/2019 de 24 de octubre, cursante de fs. 485 vta. a 489 vta. donde el Juez Público Mixto Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 1° de la localidad de Culpina, declaró IMPROBADA en todas sus partes la demanda de reivindicación.
2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Victorina Telera Sinteres por memorial de fs. 510 a 517, ameritó que la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emita el Auto de Vista N° 218/2020 de 15 de octubre de fs. 561 a 567, por el que CONFIRMÓ en todas sus partes la Sentencia apelada; decisión que fue asumida en virtud a los siguientes fundamentos:
Que la apelante si bien cuenta con un título de propiedad inscrito en Derechos Reales en la Matrícula Nº 1073010001333, empero, dicha inscripción se encuentra cuestionada en un proceso ordinario de nulidad, ya que no contaría con antecedente dominial, por lo que fue bloqueado a través de una medida cautelar de carácter genérico que afecta la idoneidad del título de propiedad de la demandante, pues suspende momentáneamente los efectos de la inscripción efectuada en Derechos Reales.
3. Notificados los sujetos procesales con el citado Auto de Vista, Victorina Telera Sinteres por memorial de fs. 574 a 576 y vta. interpuso recurso de casación, que es objeto de la presente resolución.
CONSIDERANDO II:
DEL RECURSO DE CASACIÓN
Del análisis del recurso de casación que fue interpuesto por la demandante, se advierte que este contiene los siguientes reclamos:
1. Acusó que en el Auto de Vista impugnado, no se tomó en cuenta que la demandada no tiene calidad de poseedora si no de ocupante o tolerada; de igual forma refirió que la idoneidad de su título de propiedad no fue objeto del presente proceso, por lo que no se podía hacer juicio de valor de un título que sigue vigente pues nunca fue declarado nulo.
2. Denunció que existe errónea valoración del informe de fs. 465 a 466, pues ésta documental no quita o demuestra la idoneidad de su título de propiedad, sino sólo la disposición de una medida cautelar de bloqueo provisional de la matrícula en Derechos Reales. Asimismo, refirió que existe errónea valoración de los Testimonios de propiedad Nº 374/2017 de 06 de julio y de rectificación Nº 361/2018 de 14 de junio, como también del folio real actualizado, que demuestran que tiene título idóneo vigente, por lo que existe vulneración del art. 145.I.II del CPC y 1286 del CC por no haberse valorado correctamente la prueba y no haberse aplicado las reglas de la sana critica.
3. Alegó la aplicación indebida del art. 1538 del CC, toda vez que su título de propiedad que está registrado en Derechos Reales sigue vigente, por lo tanto, es oponible frente a terceros ya que los efectos de una medida cautelar sólo es para asegurar provisionalmente el cumplimiento de una determinada resolución.
4. Denunció que el Tribunal de alzada hizo una interpretación errónea del art. 324 del CPC pues no se tomó en cuenta que una medida cautelar genérica es para asegurar provisionalmente el cumplimiento de una sentencia que nada tiene que ver con el título de propiedad que es aquel que se otorga al propietario para poder usar, gozar y disponer la cosa.
5. Arguyó que el Tribunal de alzada realizó una interpretación errónea del Auto Supremo Nº 419/2015 de 15 de junio, pues restaron valor a su título, interpretando erróneamente lo que dice dicha resolución cuando en realidad cumplió con todos los requisitos de procedencia de la reivindicación.
Por lo expuesto, solicitó casar el Auto de Vista y deliberando en el fondo se declare probada la demanda ordinaria de reivindicación.
De la respuesta del recurso de casación.
No cursa en obrados respuesta al recurso de casación.
CONSIDERANDO III:
DOCTRINA APLICABLE AL CASO
III.1. De la valoración de la prueba.
La valoración de la prueba para Víctor Roberto Obando Blanco es: “…el juicio de aceptabilidad (o de veracidad) de los resultados probatorios (las hipótesis). La valoración constituye el núcleo del razonamiento probatorio; es decir, del razonamiento que conduce, a partir de las informaciones aportadas al proceso a través de los medios de prueba, a una afirmación sobre hechos controvertidos (…) La valoración de la prueba no puede ser una operación libre de todo criterio y cargada de subjetividad, sino que debe estar sometida a las reglas de la lógica, de la sana crítica, de la experiencia”.
En esa misma lógica, este autor refiriéndose al fin de la prueba señaló: “La averiguación de la verdad es el objetivo fundamental de la actividad probatoria en el proceso judicial”; asimismo, refiriéndose al curso internacional Teoría de la Prueba, realizado en la ciudad de Lima el año 2012, citó a Michele Taruffo que señaló: “El juez es el único que tiene la obligación de descubrir la verdad, dado que la manera como los abogados utilizan las pruebas no es descubrir la verdad sino defender la posición de su cliente, esto es, persuadir al juez de que el cliente tiene la razón”, es decir que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes”. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental -Couture- llama: “la prueba como convicción”, tal cual, expresa José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil Comentarios y Concordancia.
Empero, esta actividad valorativa, se encuentra reglada por sistemas adoptados por la legislación procesal civil que orientan este ejercicio cognitivo, a cuyo mérito el Auto Supremo N° 240/2015, señala: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.
III.2. De los requisitos de procedencia de la acción reivindicatoria.
Al respecto, corresponde precisar lo que el art. 1453 del Sustantivo Civil establece: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”, de lo señalado se deduce que la reivindicación al ser una acción real, tiene como objetivo la defensa de la propiedad y la respectiva posesión que emerge de ella; por esa razón, está dirigida contra aquella persona que tenga la posesión de la cosa sin ostentar ningún derecho o título que le faculte para la posesión.
En otras palabras la acción de reivindicación está destinada para que el propietario que haya perdido la posesión de una cosa (legitimación activa), pueda reclamar la restitución de la misma, en razón a que tiene derecho a poseerla, en contra del poseedor que no es propietario y que se encuentra en posesión de la misma (legitimación pasiva), siendo esta acción imprescriptible, salvo los efectos que produzca la adquisición de la propiedad por otra persona en virtud de usucapión, quedando claro, que la acción de restitución o devolución de la propiedad de un tercero es imprescriptible, no siendo afectada por el transcurso del tiempo y puede ser aplicada en cualquier momento por el propietario de un bien inmueble.
En ese entendido y toda vez que lo que se pretende recuperar con esta acción es la posesión de la cosa, resulta pertinente señalar que quien interponga dicha acción debe cumplir con ciertos requisitos que hacen procedente a la misma, que a decir del autor Alexander Rioja Bermúdez en su artículo: “Mejor Derecho de Propiedad y Reivindicación”, son tres: 1. El derecho de dominio de quien se pretende dueño; 2. La determinación de la cosa que se pretende reivindicar; y, 3. La posesión de la cosa por el demandado.
De dichos requisitos y haciendo hincapié en el primero de estos, debemos precisar que el mismo debe ser acreditado con título idóneo que demuestre que quien pretende dicha tutela sea el titular de la cosa que se pretende reivindicar, pues al estar reservada la interposición de dicha acción únicamente al propietario que no tiene la posesión física de la cosa, no resulta viable que la misma sea interpuesta por quien no acredita tal extremo, es decir por quien no tenga la legitimación activa para interponer la misma.
Sobre el segundo requisito debemos señalar que la determinación de la cosa debe ser acreditada documentalmente y de manera precisa, es decir que se debe identificar plenamente el inmueble tanto en su ubicación, superficie y limites; finalmente quien pretende reivindicar debe demostrar que el demandado es quien se encuentra en posesión física del inmueble.
De igual forma, en relación a los requisitos que hacen viable la acción reivindicatoria corresponde citar al autor Arturo Alessandri R., que señaló que: “…la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee”; de lo expuesto se tiene que esta acción se encuentra reservada para el titular del derecho propietario, derecho que por su naturaleza, conlleva la “posesión” emergente del derecho mismo, por lo que el propietario que pretende reivindicar no necesariamente debió estar en posesión corporal o natural del bien, en consideración a que tiene la “posesión Civil”, que a su vez está integrado por sus elementos “corpus” y “ánimus”
CONSIDERANDO IV:
FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN
De conformidad a los fundamentos expuestos en la doctrina aplicable al caso de autos, corresponde a continuación dar respuesta a los extremos acusados en el recurso de casación.
En ese entendido del análisis de los reclamos inmersos en los numerales 1 a 5, se advierte que estos están estrechamente vinculados con la viabilidad de la acción reivindicatoria, pues la recurrente acusó que la demandada Teresa Subia Mamani no tiene calidad de poseedora sino de sólo tolerada u ocupante y que el tribunal de alzada valoró erróneamente el informe de fs. 464 a 466, los Testimonios de propiedad Nº 374/2017 de 06 de julio y de rectificación Nº 361/2018 de 14 de junio y el folio real actualizado, que, demuestran que su título es idóneo y por ende oponible a terceros, por lo que la medida cautelar genérica que bloqueó provisionalmente su matrícula, no puede transgredir su derecho propietario ya que sólo fue dispuesta para dar cumplimiento a una futura sentencia y no trasgrede el título de propiedad por lo que su pretensión debió ser acogida pues cumplió con todos los requisitos de procedencia de la reivindicación.
En virtud a lo acusado, es pertinente realizar ciertas precisiones que emergen de la revisión de obrados, en ese sentido se tiene que:
-Victoriana Telera Sinteres por memorial de fs. 60 a 64, interpuso demanda ordinaria de reivindicación, alegando como hechos que en fecha 26 de agosto de 2011, adquirió un bien inmueble mediante documento privado de compraventa que fue protocolizado el 06 de julio de 2017 mediante Testimonio Nº 374/2017, inmueble que se encuentra ubicado en la Av. Junín de la Localidad de Incahuasi, debidamente registrado en Derechos Reales del Municipio de Camargo en el Asiento Nº 1 de la matrícula computarizada Nº1073010001333; sin embargo, a fines del año 2013 le confió el inmueble a su hijo y a la demandada Teresa Subia Mamani, que en ese entonces era pareja de su hijo, empero, pese a las reiteradas veces que le pidió que abandone el inmueble ella hizo caso omiso lo que le genera grandes perjuicios.
Con la finalidad de acreditar su pretensión, la demandante adjuntó a su memorial de demanda, prueba documental preconstituida, entre ellos, el Testimonio Nº 374/2017 (fs. 51 a 53 vta.), plano del inmueble (fs. 54) y el folio real (fs. 55).
Citada con la demanda, Teresa Subia Mamani planteó excepción de demanda defectuosa y contestó negativamente por memorial de fs. 103 a 110, es así que cuestionó el documento de propiedad de la actora, señalando que en el folio real estaría inscrito un documento diferente al Testimonio Nº 374/2017 de 06 de julio, por lo que la demandante no sería propietaria del inmueble, refirió también que es falso que haya ingresado al inmueble sin su consentimiento.
Respecto a los medios probatorios que la demandante adjuntó a su demanda (testimonio, plano y folio real) señaló que estos no son auténticos ni tienen eficacia probatoria, porque son contradictorios y excluyentes respecto a la ubicación del inmueble.
-Tramitado el proceso, el juez de la causa, pronunció la Sentencia Nº 28/2019 de 24 de octubre de fs. 485 vta. a 489 vta., declarando improbada la demanda principal, pues si bien se tendrían como hechos probados la existencia cierta del bien inmueble ubicado en la avenida Junín, esquina calle Tarija de la localidad de Incahuasi, que a la fecha se encuentra en posesión de la demandada Teresa Subia Mamani y que en el Folio Real Nº 1073010001333 aparece como propietaria la demandante, sin embargo, dicho folio se encontraría con bloqueo provisional dispuesto por otra autoridad civil por existir controversia respecto a la escritura del título dentro de un proceso ordinario de nulidad de inscripción de título, por lo que la demandante no tendría acreditado el título de propiedad idóneo a fin de interponer la acción reivindicatoria.
-La referida resolución fue confirmada por el Auto de Vista Nº 218/2020 de 15 de octubre, de fs. 561 a 567, toda vez que el Tribunal de alzada consideró que la medida cautelar afecta la idoneidad del título de propiedad que dice ostentar la entonces apelante, pues suspende momentáneamente los efectos de la inscripción efectuada en Derechos Reales del título por el cual se le efectuó la transferencia a la actora.
En virtud a estas consideraciones, se infiere que la resolución de los jueces de instancia, por la que decidieron no dar curso a la reivindicación, converge sobre una particular situación, un hecho de índole administrativo - que en el presente caso ha sido el punto central de controversia - está particularidad se sostiene en el hecho de la posibilidad o no de que una medida cautelar (porque esa es su naturaleza) sea suficiente para dejar momentáneamente paralizado el ejercicio del ius vindicandi, y sí dicha particular circunstancia, es suficiente óbice legal para detener la postulación contenida en la demanda.
En ese entendido, corresponde precisar que el art. 1453 del Sustantivo Civil establece: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”; de lo señalado se deduce que la reivindicación al ser una acción real, tiene como objetivo la defensa de la propiedad y la respectiva posesión que emerge de ella, por dicha razón está dirigida contra aquella persona que tiene la posesión de la cosa sin ostentar ningún derecho o título que le faculte para la posesión.
De esta manera, y toda vez que lo que se pretende con esta acción es recuperar la posesión de la cosa y no así que se declare el derecho de dominio del actor, puesto que afirma tenerlo; es que, conforme se desarrolló en el punto III.2. de la presente resolución, quien interponga dicha acción debe cumplir necesariamente con ciertos requisitos que hacen procedente a la misma, siendo estos: 1) El derecho de dominio de quien se pretende dueño; 2) La determinación de la cosa que se pretende reivindicar; y, 3) La posesión de la cosa por el demandado. De estos requisitos y haciendo hincapié en el primero de estos, debemos precisar que el mismo debe ser acreditado con título idóneo que demuestre que quien pretende dicha tutela sea el titular de la cosa que se pretende reivindicar, pues al estar reservada la interposición de dicha acción únicamente al propietario que no tiene la posesión física de la cosa, no resulta viable que la misma sea interpuesta por quien no acredita tal extremo, es decir, por quien no tenga la legitimación activa para interponer la misma; sobre el segundo requisito se tiene que la determinación de la cosa debe ser acreditada documentalmente y de manera precisa, es decir, que se debe identificar plenamente el inmueble tanto en su ubicación, superficie y limites; finalmente, quien pretende reivindicar debe demostrar que el demandado es quien se encuentra en posesión física del inmueble.
En ese contexto, y con la finalidad de verificar si la parte demandante, ahora recurrente cumplió o no con todos los requisitos que hacen viable su pretensión, es preciso tener en cuenta que la acción fue rechazada por los jueces de instancia porque no se cumplió con el primer requisito, es decir con la acreditación del derecho de dominio de la demandante, toda vez que sobre los otros presupuestos, como la identificación del bien inmueble o la ocupación del mismo por la demandada, conforme se tiene del acápite intitulado “hechos demostrados” de la sentencia, que fue confirmada por Auto de Vista, fueron acreditados, pues en el inciso b) se señaló que el inmueble se encuentra en posesión de la demandada Teresa Subia Mamani y en el inciso a) sobre la existencia del bien inmueble, se señaló que es cierta la existencia del mismo y que se encuentra ubicado en la localidad de Incahuasi en la avenida Junín, esquina calle Tarija, además de estar registrada en el Folio Real Nº 1073010001333; sin embargo, como el referido folio real se encontraba bloqueado provisionalmente a raíz de una medida cautelar, éste no fue considerado como título idóneo.
De esta manera, con la finalidad de acreditar si el título de propiedad de la demandante es o no idóneo y por ende oponible a terceros, es preciso centrar el presente análisis en determinar si la medida cautelar genérica que bloqueó provisionalmente la matrícula puede trasgredir el derecho propietario que ostenta sobre el bien inmueble objeto de la Litis; por dicha razón, se iniciará señalando que conforme lo establece el art. 1538 del CC, evidentemente todo derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros desde el momento en que se hace público, calidad -publicidad- que se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho en el registro de Derechos Reales, en el caso de autos, conforme se tiene de los folios reales de la Matrícula Computarizada Nº 1073010001333 de fs. 55, 299 y de 302 y vta., que en el transcurso del proceso fueron actualizados por la demandante habiéndose la última en mayo del año 2019, se infiere que ésta conforme reza el Asiento A-1 de titularidad de dominio, registró el derecho propietario que ostenta sobre el inmueble en fecha 16 de julio de 2017 y, posteriormente, en fecha 08 de mayo de 2019 sub inscribió su dominio en los Asientos A-2 y A-3, otorgando así la publicidad al derecho que ostenta sobre el bien inmueble que pretende reivindicar, por lo tanto cumplió con lo establecido en la norma sustantiva civil citada supra.
Ahora, si bien es cierto que de acuerdo a la inspección judicial que se realizó en la oficina de Derechos Reales de la localidad de Camargo el 13 de agosto de 2019 (fs. 449) y el informe emitido por el juzgado Público en Materia Civil Nº 6 de la ciudad de Sucre de fecha 15 de octubre de 2019 (fs. 464), que refirieron que la matrícula computarizada citada supra se encuentra bloqueada provisionalmente en el sistema como efecto de una medida cautelar genérica; no obstante y contrariamente a lo razonado por los jueces de instancia, este bloqueo no transgrede ni limita el derecho de propiedad que ostenta la actora, pues no impide que como titular ejerza del contenido de su derecho, toda vez que la única finalidad de la medida cautelar genérica es asegurar provisionalmente el cumplimiento de una determinada sentencia; por lo tanto, mientras el derecho de dominio que ostenta la demandante no se haya extinguido, al estar registrado en derechos reales surte plenos efectos legales contra terceros.
En consecuencia, el bloqueo provisional de la matrícula computarizada no puede ser considerado como un óbice para la procedencia de la acción reivindicatoria, como erróneamente razonaron los jueces de instancia, pues la medida cautelar no perturba en lo absoluto las atribuciones que posee la demandante sobre su bien inmueble, es decir que, como ya se señaló líneas arriba, no existe posibilidad de que este bloqueo trastoque la titularidad de bien inmueble, su publicidad o el proceso de inscripción, más aún cuando en nuestro ordenamiento civil no existe presunción de nulidad, al contrario, cuando se pretende la nulidad o ineficacia de un título de propiedad y su consecuente cancelación definitiva en Derechos Reales está debe estar plenamente evidenciada y contenida en una resolución judicial ejecutoriada, que sea producto de prueba irrefutable de su invalidez.
En suma, se infiere que la demandante acreditó de manera fehaciente todos los presupuestos de viabilidad de la acción reivindicatoria, por lo tanto, corresponde declarar la viabilidad de la misma y ordenar la restitución del bien inmueble, pues al ostentar derecho de propiedad que le permite reivindicar la cosa de manos de un tercero, es decir el ius in re, también puede ejercitar todos los derechos emergentes ius utendi, fuendi ete abutendi, los cuales están enmarcados en el art. 105 del Sustantivo Civil.
De la respuesta al recurso de casación.
Conforme se señaló en los antecedentes que hacen a la presente resolución, la parte demandada, pese a haber sido debidamente notificada con el recurso de casación, no presentó memorial alguno contestando la referida impugnación, por lo que no corresponde realizar ningún tipo de consideración al respecto.
Consecuentemente, corresponde acoger favorablemente el recurso de casación interpuesto por la parte demandante y en efecto dictar resolución conforme manda el art. 220.IV del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 41 y 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 en concordancia con el art. 220.IV del Código Procesal Civil, CASA el Auto de Vista Nº 218/2020 de 15 de octubre fs. 561 a 567, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, deliberando en el fondo, se declara PROBADA la demanda de reivindicación y se dispone que en el plazo de treinta días de ejecutoriada la presente resolución, la demandada Teresa Subía Mamani restituya el bien inmueble objeto de la Litis a la demandante Victorina Telera Sinteres, bajo alternativa de expedirse, en caso de negativa, los correspondientes mandamientos de desapoderamiento. Con costos y costas.
Sin responsabilidad por ser excusable.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.