TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA
Auto Supremo Nº 569
Sucre, 19 de septiembre de 2022
Expediente: 396/2022-C
Demandante: Sociedad de Ingeniería Boliviana “SOINBOL SRL”
Demandado: Gobierno Autónomo Departamental de Tarija – Sub Gobernación de la Provincia O’ Connor
Proceso: Contencioso
Departamento: Tarija
Magistrado Relator: Lic. Esteban Miranda Terán
VISTOS: Los recursos de casación de fs. 456 a 466 y de fs. 469 a 470, interpuestos por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija – Sub Gobernación de la Provincia O’ Connor, representado por Grover Torrejón Martínez; y por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, representado por Carla Espinoza Cortéz, contra la Sentencia N° 20/2022 de 9 de mayo, de fs. 401 a 407, emitida por la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro el proceso contencioso que sigue la Sociedad de Ingeniería Boliviana de Responsabilidad Limitada “SOINBOL SRL”, representado por Juan Ramiro Zenteno Durán, contra las entidades recurrentes; el Auto Nº 107/2022 de 30 de junio de fs. 478, que concedió el recurso; el Auto de 29 de julio de 2022 de fs. 487, que admitió el recurso; y todo lo que ver convino y se tuvo presente:
I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:
Sentencia:
La Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitió la Sentencia N° 20/2022 de 9 de mayo de fs. 401 a 407, que declaró PROBADA la demanda de fs. 193 a 200; disponiendo que en ejecución de Sentencia se establezca el monto correspondiente al cierre del contrato, con base en conceptos establecidos en la Sentencia y determinados estos, se cancele al contratista; consecuentemente, declaró ilegal y sin efecto el procedimiento resolutorio de contrato de obra efectuada por el Ejecutivo Seccional de la Provincia O`Connor en contra del contratista.
II.- DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN, CONTESTACIÓN y ADMISIÓN:
Recurso de casación de Sub Gobernación de la Provincia O’ Connor.
Contra la indicada Sentencia, la Sub Gobernación de la Provincia O’ Connor, interpuso recurso de casación de fs. 456 a 466, alegando:
1.- La Sentencia impugnada, incurrió en error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba de descargo, vulnerando los principios previstos en los arts. 1 núm. 16 del Código Procesal Civil (CPC-2013) Ley Nº 439 y 180 núm. 1 de la Constitución Política del Estado (CPE).
La Resolución Administrativa Nº 90/2010 de 8 de septiembre, cumplió con todos los requisitos previstos en art. 7 de la Ley Nº 2341; por lo que, al haber sido delegado el Ejecutivo Seccional de la Provincia O´Connor, la resolución del contrato administrativo “Construcción de Sistema de Riego Timpoy”, fue legal y dentro de sus facultades; además, en cumplimiento de la Cláusula Vigésima Primera del referido contrato, donde comunicó a la Empresa Contratista que, incurrió en multas por haber sobrepasado el monto del 20% de retraso en la conclusión y entrega de la Obra; es por esa razón, que el 24 de enero de 2011, se le comunicó al Contratista, que la Intensión de Resolución de Contrato, se hizo efectiva con lo que el contrato quedó resuelto.
Sin embargo, el Tribunal de la Sentencia, en cumplimiento de los arts. 1-16 del CPC-2013 y 180-1 de la CPE, no consideró y valoró el último Informe Técnico CITE/DOC/ 60/11 de 16 de mayo de 2011, subtitulo 1.4.2, puntos 2.1, querefiere a las Ordenes de Cambio Nos. 1, 2, y 3; si bien a fs. 71, cursa fotocopia del Libro de Órdenes Nº 2, que se apertura el 12 de octubre de 2009; sin embargo, conforme a la nota de fs. 84, el 8 de diciembre de 2009, el Supervisor instruyó al Contratista paralizar las obras; y mediante nota de 8 de marzo de 2010 de fs. 85, se informó al Contratista que no se designó Fiscal de Obra.
Si bien, la empresa Contratista el “30 de abril de fs. 92”, el Contratista solicitó al Supervisor la medición conjunta, realizadas en el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2009 al 30 de abril de 2010, para la elaboración de la Planilla Nº 5; sin embargo, el Tribunal omitió valorar el rechazo de la referida Planilla de 11 de enero de 2011, firmado por Marco Antonio Palacios Romero, como nuevo Fiscal de Obra; vulnerando los arts. 1-16, 145, 147 del CPC-2013 y 180-I de la CPE.
2.- El Tribunal que emitió la Sentencia, incurrió en incorrecta valoración de la prueba, al reconocer a favor de la empresa, 153 días calendario de ampliación del plazo por acceso de caminos; sin que se hubiese realizado un contrato modificatorio, conforme prevé la Cláusula Trigésima, Inc. b) Orden cambio.
No debió reconocer 112 días calendario, por la falta de pago de planilla de obra; porque, el incumplimiento no emergió de la entidad contratante; sino, del contratista, por haber presentado la Planilla de avance de obra, después de 91 días de la fecha que correspondía; es decir, debía presentar el 5 de enero de 2010, pero lo realizó el 19 de mayo de 2010.
3.- El Tribunal que emitió la Sentencia, incurrió en errónea valoración de la prueba y aplicación e interpretación del art. 145 del CPC-2013, al haber concedido el pago por trabajaos adicionales; hecho que fue negado por la entidad contratante, al haber incumplido la empresa contratista con el contrato, conforme se convino en la Cláusula Trigésima, al haberse ejecutado obras adicionales sin la suscripción de un contrato modificatorio; acto administrativo, que debió ser realizado antes de su ejecución y no así posteriormente, como ocurrió en el caso.
4.- El Tribunal que emitió la Sentencia, al condenar el pago de daños y perjuicios a favor de la empresa SOINBOL SRL, incurrió en errónea interpretación y aplicación de los arts. 397, concordante con los arts. 375 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975) y 1283 del Código Civil (CC).
Conforme al contrato administrativo, se advierte que no dispone el pago del lucro cesante; eso en razón a que sólo corresponde su aplicación entre particulares y no en contratos donde interviene el Estado.
En el caso, se convino en la Cláusula Trigésima Segunda, la aplicación de morosidad en la ejecución de la obra ante el retraso en el cumplimiento del contrato, estableciéndose pago de multas por cada día de retraso, conforme describió en el cuadro, desde la entrega provisional o definitiva.
Con relación al daño emergente, al ser un tipo de perjuicio que consiste en la perdida económica efectiva que se encuentra en el patrimonio de la víctima; en el caso, según el Tribunal, el que se presentó por el incumplimiento del contrato, en razón al defectuoso procedimiento de resolución de contrato, derivado de los actos de la Gobernación de Tarija, que no se adecuaron a lo previsto en el art. 7 de la Ley Nº 2341; conforme a los cuadros descritos en dicho punto, se realizó un cálculo incorrecto de dicho daño, al no haberse considerado las cláusulas del contrato administrativo.
Petitorio.
Solicitó, se CASE la Sentencia Nº 20/2022 de 9 de mayo.
Recurso de casación de la Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.
Contra la indicada Sentencia, el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, interpuso recurso de casación de fs. 469 a 470, alegando:
La Sentencia impugnada, en su parte resolutiva dispuso declarar probada la demanda, interpuesta por la Empresa SOINBOL SRL y declaró la ilegalidad del procedimiento resolutorio del contrato de obra; sin embargo, conforme consta en el memorial de fs. 225 a 228, se interpuso las excepciones de impersonería y de prescripción; oposiciones, que fueron contestados por la empresa demandante por memorial de fs. 274 a 276.
Mediante Auto Interlocutorio Nº 72/2021 de 7 de julio de 2021, de fs. 277 a 279, se resolvió la excepción de personería activa y pasiva; y respecto a la excepción de prescripción señaló en el punto “III.3 Con respecto a la excepción perentoria de prescripción, se reserva cuando sea el estado de la causa” (Sic).
La Sentencia impugnada, omitió pronunciarse sobre la excepción de prescripción; conforme se advierte, del Considerando II Par. Segundo, señaló: “que las excepciones fueron declaradas improbadas a fs. 277-279 vta.” (Sic); no siendo evidente, lo emitido por los Vocales; porque si bien, resolvieron la excepción de personería pasiva y activa, pero, quedó pendiente de resolver la excepción de prescripción; por lo que, contradice al principio de congruencia; citó el Auto Supremo Nº 651/2014 de 6 de noviembre, referente a la congruencia interna y Petitorio.
Solicitó, ANULE la Sentencia impugnada.
Contestación.
Dispuesto el traslado mediante el Decreto de 10 de junio de 2022 de fs. 468 y 471, la Sociedad de Ingeniería Boliviana de Responsabilidad Limitada “SOINBOL SRL”, a través de representante, por memorial de fs. 473 a 477, contestó el recurso señalando:
Con relación al recurso de casación de Sub Gobernación de la Provincia O´Connor, no fue necesario entrar a desvirtuar los vanos e imprecisos argumentos del recurso; por la sencilla razón, que no desvirtuó en lo mínimo los justos fundamentos de la Sentencia; además, no se interpuso el recurso dentro del plazo previsto en el art. 273 del CPC-2013.
Conforme consta a fs. 408, la notificación con la Sentencia, a la Sub Gobernación se realizó el 25 de mayo de 2022 a horas 13:44 pm; y a fs. 421, cursa la presentación del recurso de casación, mediante el Buzón Judicial, el 8 de junio de 2022 a horas 23:04, 01 pm; es decir, de forma extemporánea, conforme prevé el art. 90 I-II-III del CPC-2013.
Respecto al recurso de casación del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, incumplió los requisitos previsto en los arts. 271 y 274 del CPC-2013; además, sobre el pronunciamiento de la excepción de prescripción, conforme a los antecedentes del proceso, por Auto de Complementación de fs. 417, se resolvió dicho aspecto, operando de esta manera el principio de preclusión.
Petitorio.
Solicitó se declare IMPROCEDENTE los recursos de casación.
Admisión.
Mediante Auto de 29 de julio de 2022 de fs. 487, esta Sala, admitió los recursos de casación de fs. 456 a 466 y de fs. 479 a 470, que se pasan a resolver.
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:
Doctrina y jurisprudencia aplicable al caso:
1.- Del debido proceso
La Constitución Política del Estado reconoce al debido proceso como una garantía debidamente tutelada, cuando dispone en su art. 115-II: “…El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones…”; reconociéndolo además como un derecho, conforme se tiene del art. 117-I constitucional que señala: “…Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; y finalmente como un principio en el que se funda la jurisdicción ordinaria establecido en su art. 180-I que dispone: “…La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez…”.
En esa línea la SCP N° 0043/2014 de 3 de enero, en relación a la importancia del debido proceso, haciendo mención a la línea jurisprudencial establecida por la SC Nº 0999/2003-R de 16 de julio, estableció que: “…La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes…”; similar entendimiento asumido por las Sentencias Constitucionales (SSCC) No 0086/2010-R y 0223/2010-R, entre otras.
A ello, la SCP No 0043/2014 en referencia, concluye que bajo el nuevo entendimiento asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el debido proceso: “…no se satisface solamente con el cumplimiento mecánico de las reglas formales, sino que tiene una naturaleza protectora de fondo, es decir, que si bien es importante el tratar de que se logre el objetivo de llevar adelante un proceso sea este administrativo o judicial- sin errores formales, es aún más importante, si cabe el término, el velar por un orden justo, o mejor dicho en otras palabras, velar por la justicia material…”.
2.- Facultad revisora del Tribunal de Casación, ante la existencia de vicios procesales que implique vulneración al debido proceso.
El art. 17-I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), prevé la nulidad de actos determinada por Tribunales, estableciendo que: "La revisión de actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por Ley"; esta norma debe ser entendida desde la nueva visión de impartir justicia pregonada por la Constitución Política del Estado, por ello los Jueces y Tribunales, al hacer uso de la facultad de revisión de las actuaciones procesales de oficio, deben circunscribir su labor sólo a aquellos asuntos previstos por Ley.
Corresponde entonces precisar que, la revisión de oficio no debe ser entendida como una potestad absoluta; sino que, está limitada por factores legales que tienen incidencia en la trascendencia de la nulidad advertida; para ello, el Juez o Tribunal antes de determinar la nulidad, está obligado a efectuar un análisis del defecto advertido teniendo presente los principios procesales de especificidad o legalidad, trascendencia, la finalidad del acto procesal, protección, convalidación, conservación y celeridad, a efectos de no incurrir en vulneración de derechos y garantías constitucionales de las partes.
Partiendo de dichos principios, debe entenderse que no todo vicio procesal por sí mismo, constituye un defecto que necesariamente tenga como efecto la declaración de la nulidad de obrados; por ello el Juez o Tribunal, frente a un acto procesal viciado, debe efectuar un análisis de relevancia, partiendo no precisamente desde la perspectiva sólo del defecto advertido; sino esencialmente, analizar si en el acto procesal existe un alejamiento ostensible de las formalidades procesales previstas por Ley que como efecto tengan la vulneración de derechos y garantías constitucionales.
El art. 106-I del CPC-2013, prevé: “I La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso..”; por esta facultad el Tribunal de casación está obligado a revisar si en el desarrollo del proceso judicial, no concurren actos que vulneren o lesionen normas de orden público, que tengan como efecto el desconocimiento de derechos fundamentales previstos por la Constitución Política del Estado como garantías judiciales a las partes, como el debido proceso y el derecho a defensa; norma legal que está estrechamente ligada a lo dispuesto por el art. 220-II núm. 2 inc. a) del adjetivo citado.
3.- Del principio de transcendencia su entendimiento jurisprudencial.
Uno de los principios procesales desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia, es el principio de transcendencia; por el cual se entiende que, si bien resulta evidente que el alejamiento de las formas procesales ocasiona la nulidad o invalidez del acto procesal; empero, esta mera desviación no puede conducir a la declaración de nulidad, razón por la cual se debe tener presente que para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable; puesto que, no hay nulidad sin daño o perjuicio; es decir que, previamente a declarar la nulidad se debe tener presente el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con el alejamiento de las formas prescritas.
En ese sentido, debemos entender que la regla es que los Jueces y Tribunales que administran justicia, tienen el deber ineludible de velar porque se cumplan en el proceso los presupuestos procesales y se observen las garantías del debido proceso, pues si bien es evidente que tienen la facultad de anular de oficio; empero, en virtud al principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria, se encuentran obligados a compulsar los principios procesales que rigen las nulidades; es decir, que la nulidad de oficio procederá cuando la Ley así lo determine o exista evidente vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes; pues lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, que se hallan consagrados en el art. 115-II CPE, preceptos que se sustentan en el principio de celeridad consagrado en el art. 180-I de la referida Norma Suprema.
Resolución del caso concreto:
Con carácter previo a considerar los argumentos del recurso de casación, interpuesto por la Sub Gobernación de la Provincia O`Connor, es necesario, por un principio de congruencia de toda resolución, debe resolverse primero las causales de nulidad acusados en el recurso de casación de fs. 469 a 470.
Este Tribunal, conforme se desarrolló en la doctrina aplicable al caso, tiene la obligación de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si concurrieron irregularidades procesales en el trámite del proceso, conforme establece el art. 17 de la LOJ, para en su caso de oficio, imponer la sanción que corresponda o determinar si correspondiere, la nulidad de obrados, según prevé el art. 106-I del CPC-2013, en relación al art. 220-III núm. 1 inc. c) de la misma norma adjetiva; cuando se evidencie vicios procesales en el trámite de la causa, que lesionen la garantía constitucional del debido proceso, cuando las consecuencias materiales y jurídicas de la resolución emitida resulta insubsanables
Asimismo, la nulidad constituye una medida de última ratio, de tal modo que su aplicación deberá reservarse para casos excepcionales, como instrumento para la corrección o reposición, de un acto carente de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin; o bien, cuando un acto de tal naturaleza, sea en evidencia agraviante a las bases elementales del sistema jurídico.
Estos aspectos que comprenden un correcto e imparcial trámite de los procesos, están previstos en el Código Procesal Civil, que en su art. 5, determina: “Las normas procesales son de orden público y, en consecuencia, de obligado acatamiento, tanto por la autoridad judicial como por las partes y eventuales terceros”, señalando su art. 6, la efectividad de los derechos reconocidos por la Ley sustantiva y reconociéndose entre los principios que rigen el trámite de los procesos, el de la legalidad, citado en su art. 1 núm. 2): “La autoridad judicial, en los procesos deberá actuar con arreglo a lo dispuesto en la Ley”; lo que sin duda incumbe, no sólo a un mandato del legislador; sino, involucra el propio objeto del proceso; a partir de ello entonces, se comprende que las normas procesales son de cumplimiento obligatorio, por ser ellas de orden público y por tanto tener el suficiente vigor de afectar aquel orden, en caso de un eventual incumplimiento o transgresión de grave afectación.
Sobre este aspecto, Gonzalo Castellanos Trigo, en su libro “Código de Procedimiento Civil: comentado, concordado, doctrina, jurisprudencia, legislación comparada”, señala: “…se prioriza el orden público y la relación con facultades indelegables que se vinculan con la recta administración de justicia; por tanto, la advertencia de actos irregulares que manifiestan inobservancia de disposiciones de carácter obligatorio, como la constitución de los presupuestos fundamentales para la Litis o el desarrollo efectivo del proceso, autorizarían a declarar de oficio, las nulidades encontradas, siempre que se cause indefensión a las partes, con el fin de eliminar los riesgos de un proceso inválido”; por su parte, la doctrina procesal reconoce, ciertas condiciones que hacen viable y justifican la decisión de oficio por parte de los Jueces y Tribunales, entre ellas la exigencia de que la causal que origine la nulidad sea manifiesta en el propio acto; es decir, la justificación de la nulidad no debe hallar respaldo en otros actos; y, que el acto anulado deba estar directamente e indisolublemente relacionado a la controversia del proceso; de manera tal que la decisión de nulidad no sea discrecional y al arbitrio de la autoridad que juzga.
En ese contexto, el propósito de las excepciones previas, es afectar la relación procesal e impedir su desarrollo normal y el pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión demandada; en otras palabras, impiden momentáneamente entrar a resolver el fondo de la causa por la inexistencia de alguno o algunos de los presupuestos procesales que condicionan la admisibilidad del proceso, pero sin atacar el derecho sustancial demandado; por ello es que Palacio, respecto de estas excepciones previas o dilatorias, establece que: "son aquellas oposiciones que, en caso de prosperar, excluyen temporariamente un pronunciamiento sobre el derecho del actor, de manera que tan solo hacen perder a la pretensión su eficacia actual, pero no impiden que ésta sea satisfecha una vez eliminados los defectos que adolecía.".
Mientras que las excepciones perentorias, atacan el fondo de la demanda y tienden a destruir el fundamento de derecho de la pretensión que se demanda, porque en sí constituyen una “Defensa mediante la cual el demandado se opone a la pretensión del actor por razones inherentes a su contenido”. (Couture). “La que extingue el derecho del actor o la que destruye o enerva la acción principal, lo que pone fin al litigio” (Ramírez Gronda)
Por consiguiente, las excepciones son institutos procesales para el correcto trámite del proceso, en virtud de las cuales, mediante su resolución, se evita retrotraer etapas procesales, tendiendo siempre a la conservación de los actos.
En aplicación de los arts. 146 y 337 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), estas excepciones, si son previas o dilatorias (comprendidas en el art. 336 del CPC-1975), deben oponerse en el plazo perentorio de cinco días luego de la citación con la demanda y conforme prevé el art. 342 del CPC-1975 señala: “(EXCEPCIONES PERENTORIAS) Al contestar la demanda, el demandado podrá oponer todas las excepciones que pudiere invocar contra las pretensiones del demandante, inclusive las señaladas en los incisos 7 al 11 del artículo 336 cuando no hubieren sido planteadas como previas”.
De la revisión de antecedentes, se advierte que el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija – Sub Gobernación de la Provincia O’ Connor, representado por Grover Torrejón Martínez, el 18 de junio de 2021 (fs. 225 a 229), opuso las excepciones de falta de legitimación pasiva, incapacidad o impersonería del demandante y de prescripción; excepciones que, previo traslado por Decreto de 22 de junio de 2021 de fs. 230 vta., fue contestado por la empresa SOINBOL SRL, por memorial de fs. 274 a 276; el Tribunal de instancia, mediante Auto Interlocutorio Nº 72/2021 de 7 de julio de fs. 277 a 279, declaró “IMPROBADAS LAS EXCEPCIONES “, opuestas por la entidad demandada; sin embargo, en el numeral III.3.- con relación a la excepción de prescripción señaló: “Con respecto a la excepción perentoria de prescripción, se reserva sea el estado de la causa.”.
Conforme a los antecedentes descritos, en el Considerando II, de la Sentencia de fs. 401 a 407, penúltimo párrafo señaló: “Por su parte la Sub Gobernación de O`Connor antes de contestar la demanda interpone las siguientes excepciones como previas: Falta de Legitimación pasiva, incapacidad o impersoneria del demandante y Prescripción, excepciones que fueron declaradas improbadas a fs. 277-279 vta.”; resolución que no condice con los datos del proceso, conforme se desarrolló precedentemente; toda vez que, soló declaró probada las excepciones previas de “Falta de Legitimación pasiva e incapacidad o impersoneria del demandante”; y no así, la excepción perentoria de prescripción; es decir, que al tratarse de la prescripción prevista en el núm. 9) del art. 336 del CPC-2013, la tramitó como perentoria, esto con la permisibilidad normativa que prevé el art. 343-I del CPC-1975, que señala: “I. Las excepciones perentorias serán resueltas en la sentencia”; lo que no ocurrió en el caso, al omitir su pronunciamiento en la Sentencia; incurriendo en una incongruencia omisiva, por no resolver la excepción de prescripción acusada.
Conforme a estas consideraciones, para salvar la situación, habida cuenta, que no se cumplió con norma expresa, añadida precedentemente, dejando en incertidumbre a la entidad demandada, respecto de los alcances de la Sentencia, la SC 0444/2011-R de 18 de abril, señaló: “...la nulidad consiste en la ineficacia de los actos procesales que se han realizado con violación de los requisitos, formas o procedimientos que la Ley procesal ha previsto para la validez de los mismos; a través de la nulidad se controla la regularidad de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso (…) la autoridad jurisdiccional debe observar y está obligada a cumplir las reglas que el legislador ha establecido para la tramitación de los procesos, asegurando el derecho al debido proceso y el principio de la seguridad jurídica”.
Otra de las finalidades que hace a la exigibilidad de una resolución motivada, es la de garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión, por los tribunales superiores que conozcan y resuelvan los correspondientes recursos; dicho de otro modo; el Tribunal de la Sentencia, como en este caso, debe resolver de manera fundamentada todos las pretensiones expresados en la demanda, contestación y oposición de excepciones, para que el Tribunal de casación, pueda revisar y expresar un adecuado criterio; permitiendo a las partes procesales conocer las razones en que se fundamentan las decisiones.
Por todo lo expuesto y ante el impedimento para que éste Tribunal Supremo, abra su competencia para la resolución del presente caso, debido a la omisión que interesa al orden público y que no puede dejarse pasar desapercibida, corresponde aplicar en el caso los arts. 105-II en su primera parte y 220-III-1-c) del CPC-2013; siendo así, este Tribunal no puede ingresar a resolver las infracciones acusadas en los recursos de casación; pues en función de lo expuesto, se asume un criterio anulatorio.
POR TANTO
La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta fs. 400 vta., disponiendo que la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, sin espera de turno y previo sorteo, bajo responsabilidad, emita un nueva Sentencia, cumpliendo la omisión identificada en el presente Auto Supremo.
No siendo excusable el yerro cometido, se impone la multa de Bs. 500 (Trescientos 00/100 Bolivianos) a cada uno de los Vocales la la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por la manifiesta inobservancia de la normativa citada, recomendándoseles poner mayor atención y empeño en el cumplimiento de sus obligaciones, a fin de evitar perjuicios posteriores e innecesarios a las partes.
En cumplimiento a lo previsto en el art. 17-IV de la LOJ, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme a la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.
Regístrese, comuníquese y cúmplase. -