Sentencia AS/0481/2022

Argumentos del recurso de casación:

Contra el referido Auto Definitivo, Carmen Sabené Siviora, en representación de la Empresa Unipersonal JCRFR CONSULTORES, interpuso recurso de casación de fs. 83 a 84, argumentando lo siguiente:

1.- El Auto recurrido, carece de motivación y aplica el Código Civil (CC) de manera errónea, siendo que el marco legal de un contrato administrativo, es la Ley Nº 1178, Ley de Presupuesto General del Estado, Decreto Supremo (DS) Nº 0181 de 28 de junio de 2009 y otros de carácter administrativo y no así el Código Civil.

El Contrato Administrativo que fue suscrito entre partes, refiere a las formas de resolución del mismo, conteniendo además la vigencia hasta la terminación del contrato; estableciendo como causal para la resolución: “Por cumplimiento del Contrato Por Resolución del contrato y Resolución por casusa de fuerza mayor o caso fortuito o en resguardo de los intereses del Estado; asimismo se tiene la forma de pago y sus retenciones” (Textual). No habiendo esos aspectos sidos tomados en cuenta, enmarcándose en lo establecido por el Código Civil; vulnerando con ello el derecho del debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia.

2.- Afirmó que, la falta de pago por parte de la entidad demandada (Gobierno Autónomo Municipal de Bolpebra) no es una deuda patrimonial entre particulares; siendo que, estamos ante la figura de un Contrato Administrativo de “Pago de Servicios”; por ello, precisa previamente que, en función a los sujetos que intervienen en la relación contractual y el tipo de legislación aplicable, porque en los contratos privados, donde los sujetos intervinientes persiguen intereses particulares y sus obligaciones y derechos se mantienen en un plano horizontal por la prestación recíproca que emana del contrato, la relación contractual es propia del Derecho privado y están reguladas corrientemente por Código Civil. Por otro lado, se encuentran los Contratos Administrativos, donde intervienen como sujeto el Estado, mediante las instituciones que componen la Administración Pública, la relación contractual se ve compelida a la satisfacción de necesidades de carácter público y no en base a negociaciones contractuales, sino que base a parámetros descritos en un documento base de contratación y los términos del contrato prestablecido.

Por ello, el Contrato Administrativo es celebrado por la administración pública con particulares o con la misma administración, con el objeto directo de satisfacer un interés general, cuya gestación y ejecución se rige por los procedimientos de derecho público; por lo que, al generar un Contrato Administrativo el vínculo laboral es de manera directa con su empleador, como en el presente caso que, como Consultor, corresponde que el mismo sea remunerado conforme establece el contrato suscrito con el municipio demandado; más cuando toda persona tiene derecho a exigir una remuneración por un trabajo realizado y/o justa retribución.

3.- La justa remuneración se encuentra reconocida en la Constitución Política del Estado (CPE), en su art. 46-I-1 que trata de un derecho concurrente al del trabajo y no independiente a este último; toda vez que se genera y se constituye en el momento en que la persona desarrolla una actividad o trabajo por cuenta de otra persona o del propio Estado.

En este sentido, el Tribunal que emitió el Auto Definitivo recurrido, realizó una errónea aplicación de la Ley; donde además no fundamentó ni motivó su decisión acorde a lo establecido por la Ley Nº 1178, basándose en lo establecido por el Código Civil; por lo que, interpone el presente recurso de casación.

Petitorio

En base a lo expresado, solicitó: “…pidiendo a vuestra autoridad se vuelva a emitir nuevo AUTO en donde se DECLARADO IMPROBADA LA PRESCRIPCIÓN planteada por la entidad EDIL, por lo tanto, sea rechazado y en consecuencia se continúe con la prosecución de su demanda, sea el mismo conforme a derecho” (Textual).

Contestación del recurso

El memorial de recurso de casación fue corrido en traslado al Gobierno Autónomo Municipal de Bolpebra, conforme se acredita del formulario de notificaciones de fs. 86; habiéndose respondido el mismo por la entidad demandada, mediante memorial de fs. 88, bajo los siguientes fundamentos:

1.- Las autoridades que emitieron el Auto Definitivo dentro del presente caso, lo hicieron de forma clara y acertada, aplicando correctamente las normas, puesto que si bien las partes tienen derechos pero también existen plazos para exigir y reclamar los mismos, caso contrario, estos también prescriben.

En el presente caso cuando se presentó la demanda, ya había prescrito su derecho, porque la supuesta relación por venta de un servicio “Apoyo a la Producción de Plantines para la Implementación de Sistemas Agroforestales en la Comunidad Nereuda del Municipio de Bolpebra” data de la gestión 2013-2014, y la demanda fue presentada luego de más de siete (7) años para solicitar el cumplimiento de Contrato por una supuesta deuda por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Bolpebra.

2.- En el caso, se declaró la prescripción de manera correcta, puesto que la prescripción constituye parte fundamental en todas las legislaciones, porque tiene la finalidad de garantizar la seguridad jurídica, cuando no se ejercieron las diligencias o acciones que la Ley franquea en tiempo oportuno al acreedor, en ese entendido los administradores de justicia antes de entrar en mayor detalle, primeramente determinan si la demanda fue interpuesta dentro de plazo para ser admitida; en el caso, se actuó de manera correcta porque la pretensión contenida en la demanda fue presentada fuera del plazo; siendo que los derechos se extinguen por la prescripción cuando el titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece. Por lo que, no es correcto que el demandante perdiendo su derecho de accionar considere que el Auto Definitivo haya sido dictado de manera incorrecta, cuando fue el propio demandante que presentó la demanda en base a la normativa civil.

3.- En el caso, no cabe duda sobre los tipos de contratos existentes en nuestra legislación; sin embargo, lo que se tiene que considerar es que, para ejercer cualquier derecho, se cuenta con plazos existentes; en el presente caso, el demandante perdió ese derecho, por accionar su demanda luego de más de siete (7) años, precluyendo sus derechos; además que también, no se cuenta con ninguna información fidedigna referente al supuesto contrato y demás documentación que acredite lo referido en la demanda; evidenciando que el demandante quiere sorprender de forma maliciosa a todos para beneficio propio; adjuntando incluso documentos que supuestamente fueron presentados por éste a la entidad demanda, empero, no se cuenta siquiera con cargos de recepción que acrediten que, ello sea verídico.

Petitorio

Solicitó se declare improcedente el recurso de casación y se mantenga firme el Auto Definitivo de 11 de mayo de 2022.

Admisión

Concedido el recurso de casación por Auto Nº 95/2022 de 26 de mayo, el mismo fue remitido ante este Tribunal Supremo, donde por Auto de 22 de junio de 2022, se admitió el recurso de casación de fs. 83 a 84, presentado la Empresa Unipersonal JCRFR CONSULTORES, representada por Carmen Sabené Siviora; por lo que se pasa a resolver conforme a lo siguiente: