TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA
Auto Supremo Nº 459
Sucre, 15 de agosto de 2022
Expediente: 289/2022-S
Demandante: Luis Fernando Cuadiay Cortez
Demandado: Gobierno Autónomo Municipal de Cobija
Proceso: Pago de beneficios sociales y derechos laborales
Departamento: Pando
Magistrado Relator: Lic. Esteban Miranda Terán
VISTOS: El recurso de casación de fs. 209 a 211, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Cobija, representado por Ana Lucia Reis Melena, a través de sus apoderados Aleida Candia Parada y Mateo Cussi Chapi, contra el Auto de Vista Nº 34/22 de 18 de abril de 2022 emitido por la Sala Civil, Familia, Niño, Niña y Adolescente, Social, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, de fs. 199 a 202; dentro del proceso laboral de pago de beneficios sociales y derechos laborales seguido por Luis Fernando Cuadiay Cortez, contra la entidad recurrente; la contestación de fs. 215 a 217; el Auto Nº 88/22 de 16 de mayo de 2022, de fs. 218 que concedió el recurso; Auto de 8 de junio de 2022, de fs. 231 que admitió el recurso, y todo cuanto fuere pertinente analizar:
I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:
Sentencia.
La Juez Primero del Trabajo y Seguridad Social de Cobija, emitió la Sentencia Nº 67/2021 de 27 de abril, de fs. 163 a 165, declarando PROBADA la demanda sin costas, disponiendo que el GAM de Cobija pague a favor del actor la suma de Bs. 49.332,00.- (BOLIVIANOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100) por concepto de indemnización, subsidio de frontera y vacaciones, conforme la liquidación inserta en su texto.
Auto de Vista.
En apelación promovida por la entidad demandada, conforme consta por el escrito de fs. 169 a 170; por Auto de Vista N° 34/22 de 18 de abril de 2022, de fs. 199 a 202, la Sala Civil, Familia, Niño, Niña y Adolescente, Social, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Pando, CONFIRMÓ EN PARTE la Sentencia apelada, estableciendo que corresponde el pago de Subsidio de Frontera a favor del demandante únicamente por las gestiones de noviembre de 2007 a 2013 y demás conceptos otorgados en Sentencia; pues, se acreditó el pago de subsidio de frontera de las gestiones 2014 a 2016; por lo que, se ratifica la liquidación, determinando que la entidad demandada pague a favor del actor la suma de Bs. 32.693,00.- (BOLIVIANOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100).
II. RECURSO DE CASACIÓN, CONTESTACIÓN Y ADMISIÓN:
Recurso de casación y petitorio.
Contra el indicado Auto de Vista, la entidad demandada formuló recurso de casación, de fs. 209 a 211, conforme a los siguientes argumentos:
1.- Violación del art. 108 de la Constitución Política del estado (CPE) por parte del Tribunal de alzada, que no interpretó las leyes señaladas por la entidad recurrente, como son la Ley Nº 1178, Ley Nº 2027, Ley Nº 2341 y otras, a las que no se encontraba regido el trabajador de acuerdo a su contrato.
No se aplicó el art. 119 de la CPE, respecto a la obligación del Tribunal de alzada de velar por la igualdad de las partes dentro del proceso, así como el derecho a la defensa.
2.- No corresponde el pago de la indemnización a favor del trabajador, pues el actor desde el principio de la relación laboral conocía y manifestó su conformidad con la relación contractual; la existencia de los diferentes contratos, demuestran que para la suscripción de un nuevo periodo de trabajo, existió ruptura de la relación contractual anterior.
3.- No corresponde el pago de vacación debido al tipo de contrato suscrito entre partes, que está regulado por la Ley Nº 2027, de modo que los procedimientos para este tipo de contrato se regulan por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
4.- Arguyó mala aplicación de la Ley Nº 321, debido a que el demandante nunca fue trabajador permanente ni de planta y no tiene contratos continuos, como se puede evidenciar de la prueba de cargo.
5).- Finalmente refirió que, no corresponde el pago de subsidio de frontera; en el presente caso se debe aplicar las presunciones de una consultora, en ese sentido, lo percibido en la boleta del trabajado es en base a su contrato individual de trabajo.
Con los fundamentos expuestos solicitó se CASE o MODIFIQUE el Auto de Vista emitido por el Tribunal de alzada.
Contestación al recurso:
Notificado el demandante con el recurso de casación, contestó mediante memorial de fs. 215 a 217, exponiendo los siguientes argumentos:
La entidad recurrente en su recurso de casación incumplió con lo previsto en el art. 274 del Código Procesal Civil (CPC-2013); toda vez que, no especificó cuáles serían la Ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, sin especificar en qué consiste la violación, falsedad o error.
Conforme se evidencia de las pruebas documentales aportadas al proceso, prestó servicios en actividades de servicios manuales y operativos propios del Municipio, por lo que se encontraba protegido por la Ley General del Trabajo (LGT), así como la Ley Nº 321, en aplicación a lo establecido por los arts. 1, 2, y 3 de la Ley Nº 321, y art 48-II de la CPE.
Al encontrarse la ciudad de Cobija (donde desarrollaba sus funciones) dentro de los 50 kilómetros de la frontera con la República Federativa de Brasil, en mérito a lo previsto por el art. 12 del Decreto Supremo (DS) Nº 21137, de 30 de noviembre de 1985, que determina que para beneficiarse del subsidio de frontera, independientemente del sector en el que desempeña sus labores, basta con acreditar que desarrolla su trabajo dentro del área de los 50 km de la zona fronteriza, le corresponde el pago del 20% de subsidio de frontera, más aun considerando que el art. 58 del DS Nº 21060, que determinó que el pago del subsidio de frontera debe ser pagado de forma independiente a su sueldo.
Le corresponde el pago de vacación de conformidad a lo previsto por el art. 44 De la LGT, art. 1 del DS Nº 17288 de 18 de marzo de 1980; art. único del DS Nº 12058 de 24 de diciembre de 1974 y art. único de DS Nº 12059 de 24 de diciembre.
Por los motivos expuestos, solicitó se declare “IMPROCEDENTE e INFUNDADO” el recurso de casación interpuesto por la entidad recurrente.
Concesión y Admisión:
El Tribunal de alzada por Auto Nº 88/22 de 16 de mayo, de fs. 218, concedió el recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, que fue admitido por esta Sala mediante Auto de 8 de junio de 2022 de fs. 231; por consiguiente, se pasa a considerar y resolver:
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:
El derecho al trabajo ha sido reconocido por diferentes instrumentos internacionales ratificados por Bolivia, entre los que se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su art. 23 de señala: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo que le asegure a ella como a su familia, una existencia forme a la dignidad humana”.
En ese sentido, el art. 46 de la CPE, establece: “I. Toda persona tiene derecho: 1.Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. I. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. II. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución”.
El art. 48-II de la Norma Suprema, expresa: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y el trabajador”.
Normativa que fue desarrollada por la jurisprudencia que sentó el Tribunal Constitucional Plurinacional, entre la que se encuentra la SCP Nº 1202/2012 de septiembre, que señaló: “El derecho vive primariamente en la conciencia del hombre como pensamiento o idea de justicia. Cuando este pensamiento y sentimiento se cristalizan en un sistema de creencias colectivas, ha nacido un sistema jurídico, se ha producido un engendramiento, emanación y nacimiento del derecho; de estos principios el derecho extrae su origen”. Así se ha dado con el nuevo orden constitucional protector de los trabajadores y de la estabilidad laboral instaurado a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009. “El derecho al trabajo y los derechos en el trabajo constituyen un núcleo, no sólo de los derechos socioeconómicos, sino también de los derechos humanos fundamentales. Un denominador central de derechos relacionados con el trabajo, en términos de su objeto o contenido, parece ser «una labor» (trabajo). En su tradicional por estrecho sentido, el trabajo ha sido percibido como un medio de ganarse la vida, o en otras palabras, sólo un medio de supervivencia económica. A principios del siglo XX, otra perspectiva más importante y global empezó a ser discutida: la interdependencia entre las condiciones laborales, la justicia social y la paz universal. Adicionalmente las percepciones modernas han intensificado positivamente el concepto del trabajo como valor humano, una necesidad social y un medio de auto-realización y desarrollo de la personalidad humana”.
Conforme se tiene establecido, de las normas constitucionales y jurisprudencia transcritas, la CPE garantiza el cumplimiento efectivo de los derechos de los trabajadores, los que deben ser cumplidos de conformidad al bloque de constitucionalidad reconocido en el art. 410-II de la Norma Suprema, quedando nula cualquier disposición contraria o que pretenda burlar los efectos de la normativa laboral, conforme dispone el art. 48-III de la CPE.
En mérito a lo expuesto, corresponde resolver el recurso de casación de fs. 119 a 120, formulado por la entidad recurrente, dando cumplimiento a los principios, derechos, normas vigentes en materia laboral, y respetando la jurisprudencia emitida al respecto por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
RESOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO.-
1.-Los argumentos vertidos por el GAM de Cobija en el numeral 1) no tienen fundamento legal, toda vez que no cumplen con el requisito previsto en el art. 271-I del CPC-2013: “El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo. Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial.”
En el caso, la entidad recurrente, citando los arts. 108 y 119 de la CPE, únicamente refirió que el Tribunal de alzada no interpretó correctamente las Leyes que señaló, y que debe velar por la igualdad de las partes dentro del proceso, sin especificar de qué manera se hubieran vulnerado las normas citadas, de qué manera estas hubieran sido interpretadas erróneamente o aplicadas de forma indebida, requisito indispensable de conformidad a la norma citada en el párrafo que precede, así como la jurisprudencia establecida por en la SCP Nº 1012/2015-S2 de 14 de octubre: “Con relación a la exigencia de citar en términos claros, concretos y precisos, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos; se deduce que éste constituye en un requisito de contenido pues delimita la competencia del tribunal casacional el cual deberá resolver sobre los puntos contenidos en el recurso de casación; por lo que, así fuese un recurso de casación en el fondo, en la forma o ambos, debe contemplar: i) La ley o las leyes que se consideran fueron violadas, aplicadas falsa o erróneamente; y, ii) Especificar en qué consiste la violación, falsedad o error.” (Las negrillas fueron añadidas)
2.- Respecto al pago de indemnización, si bien es cierto que el demandante fue contratado como trabajador eventual, de la documental cursante de fs. 1 a 16, se tiene evidenciado que Luis Fernando Guadiay Cortéz, suscribió con el GAM de Cobija varios contratos sucesivo (más de dos contratos), por los cuales desempeñó labores propias del GAM; entidad que por ello, emitió certificación sobre el trabajo del actor a fs. 1 y 2.
Sobre el particular, la amplia jurisprudencia como es el caso de la SCP 2139/2013 de 21 de noviembre, precisó lo siguiente: “Una de las principales funciones del Estado es garantizar la continuidad de los contratos de trabajo; ya que, de esa manera contribuye a incrementar los niveles productivos tanto de las empresas y entidades nacionales públicas como de las privadas; por lo que, ha prohibido la suscripción de contratos que tiendan a burlar esa ‘continuidad’, afectando los derechos de los trabajadores en el normal desenvolvimiento de sus labores. Así, con el antecedente que los empleadores infringían la normativa laboral vigente a través de la suscripción reiterada de contratos a plazo fijo a efectos de no reconocer los derechos de los trabajadores; mediante el Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979, estableció la no permisión de suscripción de más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, y la firma de éstos en tareas propias y permanentes de la empresa; determinando además que, en caso de evidenciarse la infracción de estas disposiciones por parte del empleador, se dispondría que el contrato se convierta en uno por tiempo indefinido. De lo que se concluye que, cuando se realizan más de dos contratos a plazo fijo, el tercero, automáticamente se convierte en indefinido.” (Las negrillas fueron añadidas).
La SCP Nº 0575/2017-S2 de 5 de junio, estableció que: “..los contratos a plazo fijo se convertirán en contratos indefinidos en los siguientes casos: 1) Cuando existe la denominada tacita reconducción, tal como establece el art. 21 de la LGT. 2) Cuando se suscriban más de dos contratos sucesivos a plazo fijo (DL 16187); es decir, a partir del tercer contrato se convierte en indefinido. 3) Cuando sean suscritos para el cumplimiento de tareas propias y permanentes de la empresa, ...”.
En el caso que se resuelve, concurren los tres elementos descritos supra. Al margen de ello, se debe considerar que, la Ley Nº 321 de 20 de diciembre de 2012 incorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo a las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento, exceptuando únicamente a las servidoras públicas y los servidores públicos electos y de libre nombramiento, así como quienes ocupen cargos de Dirección, Secretarías Generales y Ejecutivas, Jefatura, Asesor, y Profesional, salvedades dentro de las cuáles no se encuentra el trabajador.
En ese sentido, la Disposición Final 3 de la norma referida en el anterior párrafo, establece de manera textual: “Se prohíbe a los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento, de El Alto de La Paz, y de aquellos que se incorporen paulatinamente a la Ley General del Trabajo, evadir el cumplimiento de la normativa socio laboral, a través de modalidades de contratación que encubran una relación laboral propia y permanente.”, concordante con el art. 48-III de la CPE.
El trabajador realizó funciones propias del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, conforme se tiene extraído de los sucesivos contratos de trabajo cursantes en el expediente, de fs. 6 a 12, la institución recurrente tiene la obligación de cancelar a favor de Luis Fernando Guadiay Cortéz la indemnización por tiempo de servicios.
3.- Sobre el pago de vacación, es evidente lo manifestado por el Tribunal de alzada en sentido de que, considerando que el trabajador está sujeto a las previsiones de la Ley Nº 321, que lo incorporan a la LGT en su calidad de trabajador del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, le corresponde el pago de vacación, conforme a lo previsto en el DS Nº 12058 de 24 de diciembre de 1974: “Establece que los trabajadores que tengan un año de antigüedad, que sean retirados o se acojan al retiro voluntario antes de cumplir un año nuevo de servicios, tendrán derecho a la compensación de la vacación en dinero por duodécimas.”
La entidad recurrente debe recordar que, en sujeción al art. 48-I “Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio.”; del mismo modo, el parágrafo III de la norma citada refiere: “Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.”.
Siguiendo la misma línea, la SCP 1869/2004-R de 6 de diciembre, expresó que: “…las vacaciones constituyen un derecho del que gozan todos los trabajadores, por cuanto, el descanso es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza y la dedicación para el mejor desarrollo de sus actividades; consiguientemente, las vacaciones no constituyen un sobre sueldo, sino un derecho a un descanso remunerado. Por ello, la compensación de las vacaciones está prohibida por ley, salvo algunas excepciones previstas por ley o que sin estar se presentan en la actividad laboral; tal el caso por ejemplo, cuando un trabajador se desvincula del servicio o de su fuente de trabajo, por causas ajenas a su voluntad, sin haber gozado de su derecho a la vacación remunerada”. (Las negrillas fueron añadidas).
Por los motivos expuestos, dando cumplimiento a la normativa descrita, así como la jurisprudencia emitida por el TCP, de ningún modo se pueden desconocer derechos que le corresponden al trabajador, entre los que se encuentra su derecho a percibir la vacación que no le fue cancelada, por duodécimas, como establece la Ley.
4.- De la documental adjunta en calidad de prueba a la demanda, se tiene que si existieron contratos sucesivos entre la entidad recurrente y el trabajador, quien, conforme se evidencia del Certificado de Trabajo emitido por el Director de Ingresos Municipales del GAM de Cobija, prestó servicios en esa institución como Fiscalizador en actividad económica desde el 01 de junio de 2010 hasta la gestión 2016, motivo por el cual, la normativa con la cual el Tribunal de alzada fundamentó el Auto de Vista recurrido, es correcta
5.- El art. 12 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, establece: “Se sustituyen los bonos de frontera, zona o región, con un (Subsidio de frontera), cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas.”.
Norma reconocida y cumplida por la entidad recurrente, de manera contradictoria con los fundamentos de su recurso de casación, pues, a partir de la gestión 2014, conforme se evidencia de la documental de fs. 80 a 82, y 91 a 108, canceló a favor de Luis Fernando Guadiay Cortéz el monto correspondiente al subsidio de frontera, motivo por el cual, es correcta la valoración de la prueba y fundamentación efectuada por el Tribunal de alzada respecto a este punto, en sentido de que debe cancelarse subsidio por las gestiones 2010 a 2013.
En conclusión, no existió errónea aplicación de la Ley en el presente caso; motivo por el que, el recurso de casación carece de sustento legal, Auto de Vista recurrido, se sujeta a las normas en vigencia; no se constata violación de norma legal alguna; al contrario, existió correcta valoración, interpretación y aplicación de la Ley; por lo que, corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en el art. 220-II del CPC-2013.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, representado por Ana Lucia Reis Melena, a través de sus apoderados Aleida Candia Parada y Mateo Cussi Chapi, contra el Auto de Vista Nº 34/22 de 18 de abril de 2022 emitido por la Sala Civil, Familia, Niño, Niña y Adolescente, Social, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, de fs. 199 a 202.
Sin costas, en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. –