Auto 003/03
SENTENCIA-No revocación ni reforma por quien la pronunció
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia excepcional de aclaración
En relación con las decisiones de la Corte Constitucional solo de manera excepcional se autoriza la aclaración de las sentencias, de oficio o a solicitud de parte, respecto de "los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella". Conforme a este principio, se aclara lo que ofrece duda, lo que es ambiguo, lo que es susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección y, solamente respecto de la parte resolutiva de los fallos o cuando lo expuesto en la parte motiva influye en aquella. Es decir, mientras esa hipótesis no se encuentre establecida a plenitud, se mantiene incólume la prohibición al juzgador de pronunciarse de nuevo sobre la sentencia ya proferida, pues, se repite, ella es intangible para el juez que la hubiere dictado, a quien le está vedado revocarla o reformarla, aún so pretexto de aclararla.
Referencia: Petición de aclaración de la Sentencia C-876/02
Solicitante: Mauricio Plazas Vega
Magistrado Sustanciador:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D.C., veinte (20) de enero de dos mil tres (2003).
1. ANTECEDENTES.
1. El ciudadano Mauricio Plazas Vega, en escrito dirigido a la Corte Constitucional, repartido el 5 de diciembre de 2002, solicita a esta Corporación aclaración de la sentencia C-876 del dieciséis (16) de octubre de 2002 proferida dentro del expediente RE-117, en relación con “la parte final del numeral 4.2.8.4 de la Sentencia, en particular en lo que toca con el penúltimo párrafo del aludido numeral” el cual dice lo siguiente:
“No sobra recordar así mismo que el establecimiento en cada caso de quienes reúnen o no la calidad de declarantes del impuesto de renta y complementarios y en consecuencia si son o no sujetos pasivos del impuesto para preservar la seguridad democrática de acuerdo con el artículo 2 Ibidem, es un asunto de aplicación de la norma que debe ser definido ante las respectivas autoridades competentes. ”.
Afirma el peticionario que:
“La aclaración es necesaria, porque no se sabe a ciencia cierta el alcance de esa precisión que hace el fallo, toda vez que a lo largo del numeral 4.2.8.4 advierte que quienes no son declarantes del impuesto sobre la renta, por no tener la condición de contribuyentes, no son sujetos pasivos del impuesto para preservar la seguridad democrática. Y en el mismo fallo, al tratar la situación de las cooperativas en esta materia, tema que ocupa la parte central del numeral en análisis, es también enfática la Corte en manifestar que las cooperativas siempre son declarantes del impuesto sobre la renta, según el régimen tributario especial, aunque puedan gozar de exención sobre el beneficio neto o excedente.
Del mismo modo la sentencia precisa que los fondos de empleados y las cajas de compensación familiar que no perciben ingresos por actividades industriales, de mercadeo, o en su caso financieras, no son contribuyentes ni declarantes del impuesto sobre la renta ni ostentan por consiguiente, la condición de sujetos pasivos del impuesto para preservar la seguridad democrática.
Ante estas dos precisiones, surge la inquietud en torno a cuál es el alcance del aparte de la sentencia cuya aclaración se solicita. Porque el único tema adicional a los ya comentados, que examina la sentencia en el numeral 4.2.8.4., es el de los fondos de empleados, cajas de compensación y asociaciones gremiales, que perciben ingresos por actividades industriales de mercadeo y, en lo pertinente, financieras.
Y sobre este último particular, la sentencia plantea que no es posible ‘que se desglosen componentes del patrimonio de las entidades afectados a determinadas actividades para que se aplique solamente sobre ellas la tarifa del impuesto que se crea con el Decreto 1838 de 2002’. Y aclara que tal consideración la realiza ‘abstracción hecha de la dificultad para separar dentro de una entidad que se destina a una u otra actividad’
Esta petición, pretende que la Honorable Corte constitucional se sirva aclarar si la referencia de la sentencia a la definición sobre la condición o no de declarante, por parte de las autoridades competentes, corresponde precisamente a los casos en los cuales la condición de contribuyente del impuesto sobre la renta se predica del ejercicio de determinadas actividades por parte de ciertas personas o entidades que la ley no ha considerado conveniente vincular como sujetos pasivos del impuesto sobre la renta respecto de todo lo que hagan. En ese orden de ideas parecería claro que, a la luz de la sentencia, no es la Corte Constitucional sino la autoridad competente la llamada a definir, en cada caso, si la persona de que se trate está obligada a presentar la declaración de renta y, por ende, a liquidar y pagar el impuesto para preservar la seguridad democrática sobre todo su patrimonio o únicamente sobre aquel respecto del cual debe considerarse declarante del impuesto sobre la renta por su condición de contribuyente del tributo”.
II. CONSIDERACIONES.
1. Esta Corporación recuerda que uno de los principios fundamentales del Derecho Procesal, aplicable igualmente en materia constitucional, es el del agotamiento de la competencia funcional del juzgador una vez dictada por este la sentencia con la cual culmina su actividad jurisdiccional, razón por la cual, dicha sentencia, como regla general, no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció[1].
2. En relación con las decisiones de la Corte Constitucional solo de manera excepcional[2] se autoriza la aclaración de las sentencias, de oficio o a solicitud de parte, respecto de "los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella"[3].
Conforme a este principio, se aclara lo que ofrece duda, lo que es ambiguo, lo que es susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección y, solamente respecto de la parte resolutiva de los fallos o cuando lo expuesto en la parte motiva influye en aquella. Es decir, mientras esa hipótesis no se encuentre establecida a plenitud, se mantiene incólume la prohibición al juzgador de pronunciarse de nuevo sobre la sentencia ya proferida, pues, se repite, ella es intangible para el juez que la hubiere dictado, a quien le está vedado revocarla o reformarla, aún so pretexto de aclararla[4].
3. La Corporación constata que el peticionario no expone ningún motivo de duda en relación con la parte resolutiva del fallo proferido, sino que su petición busca aclarar si “la referencia de la sentencia a la definición sobre la condición o no de declarante por parte de las autoridades competentes, corresponde precisamente a los casos en los cuales la condición de contribuyente del impuesto sobre la renta se predica del ejercicio de determinadas actividades por parte de ciertas personas o entidades que la ley no ha considerado conveniente vincular como sujetos pasivos del impuesto sobre la renta respecto de todo lo que hagan”.
4. La Corte advierte así mismo que el peticionario no expone ningún argumento que explique las razones por las cuales el párrafo a que alude puede tener alguna incidencia en la parte resolutiva de la Sentencia C-876/02 del dieciséis de octubre de 2002.
5. La Corporación llama la atención además sobre el hecho que el peticionario fundamenta su solicitud de aclaración en una cita que extrae de la sentencia referida sin tomar en cuenta la secuencia argumentativa de la Corte sobre el tema allí estudiado. Al efecto, basta hacer referencia al texto completo del punto 4.2.8.4 de la providencia dentro del cual se encuentra el párrafo glosado por el peticionario.
En dicho apartado la Corporación afirmó lo siguiente:
“4.2.8.4 El cargo por inconstitucionalidad por omisión que plantea uno de los intervinientes en el proceso en relación con algunas entidades que no estando sometidas en su concepto al impuesto de renta y complementarios no fueron excluidas expresamente del pago del tributo sub examine.
Uno de los intervinientes en el proceso solicita a la Corte que se declare la constitucionalidad condicionada del artículo 7° del Decreto 1838 de 2002 por cuanto considera que la norma desconoció el principio de igualdad en tanto excluyó expresamente del pago del impuesto para preservar la seguridad democrática a las entidades enunciadas en los artículos 22,23,23-1 y 23-2 del Estatuto tributario[5], que no son contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, pero no incluyó dentro de esa enumeración taxativa a las entidades cooperativas cuando destinan sus excedentes en la forma prevista por la legislación cooperativa vigente, ni a las cajas de compensación y los fondos de empleados cuando no perciben ingresos por actividades industriales, comerciales y financieras, circunstancias en las que esas entidades, en su concepto, tampoco son contribuyentes de dicho impuesto de renta y complementarios de acuerdo con los artículos 19 numeral 4 y 19-2, respectivamente.
En este sentido el ciudadano estima necesario que se declare “que no están obligadas a pagar el impuesto al patrimonio todas las entidades no contribuyentes (del impuesto de renta y complemantarios) previstas en el estatuto tributario y normas concordantes y no solamente las enunciadas taxativamente en el artículo 7 del Decreto 1838 de 2002 ya que al someterlas al gravamen se estaría afectando a unas entidades no contribuyentes y que terminarían tributando como si tuvieran la calidad de contribuyentes”.
Frente a esta solicitud, que guarda por lo demás relación con la petición de constitucionalidad condicionada que hace otro de los intervinientes en relación con la calidad de contribuyentes que tienen algunas entidades en razón de las actividades que realizan, la Corte reitera las consideraciones efectuadas en el acápite inmediatamente anterior, en el sentido de que si bien el Legislador excepcional tomó como referencia para determinar los sujetos pasivos del impuesto para la seguridad democrática, la situación de los declarantes del impuesto de renta y complementarios, ello no significa que haya quedado atado al régimen aplicable a dicho impuesto en todos sus elementos. En este sentido el hecho de que se pueda predicar o no la calidad de contribuyente del impuesto de renta y complementarios de determinadas entidades, no implica que idéntico tratamiento deba darse a esas entidades respecto del impuesto para preservar la seguridad democrática. Lo contrario implicaría desconocer la potestad de configuración del legislador excepcional y la posibilidad que él tiene de examinar la situación de cada uno de los posibles sujetos pasivos de un tributo y de determinar si los obliga o no al pago del mismo. Potestad que mientras no vulnere los principios constitucionales a que ya se ha hecho alusión en esta providencia debe ser respetada.
La Corte advierte demás que el condicionamiento que solicita el interviniente parte de un entendimiento de las normas por el invocadas que, o bien no corresponde a la realidad -como acontece en el caso del numeral 4° del artículo 19 del Estatuto tributario-, o bien no toma en cuenta la necesaria concordancia entre los textos del estatuto tributario y entre estos y el artículo 2° del Decreto 1838 de 2002 -como acontece en el caso del artículo 19-2 del mismo estatuto-.
En efecto, respecto del numeral 4) del artículo 19 del Estatuto tributario es evidente que el interviniente deriva su afirmación sobre la posible vulneración del principio de igualdad, de un supuesto que no se desprende de la disposición aludida.
El numeral 4° del artículo 19 del Estatuto Tributario señala lo siguiente:
“Artículo 19. Contribuyentes del régimen tributario especial. Las entidades que se enumeran a continuación, se someten al impuesto sobre la renta y complementarios, conforme al régimen tributario especial contemplado en el Título VI del presente Libro[6].
(...)
4) Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos
de grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas,
instituciones auxiliares del cooperativismo y confederaciones cooperativas,
previstas en la legislación cooperativa. El beneficio neto o
excedente de estas entidades estará sujeto a impuesto cuando lo destinen, en
todo o en parte, en forma diferente a lo que establece la legislación
cooperativa vigente. El cálculo de
este beneficio neto o excedente se realizará de acuerdo a como lo establezca la
normatividad cooperativa[7]. (subrayas e itálicas fuera
de texto)
Para el interviniente las entidades cooperativas a que alude la norma solo son contribuyentes del régimen tributario especial cuando destinen el beneficio neto o excedente en todo o en parte, en forma diferente a lo que establece la legislación cooperativa vigente[8]. Por lo que considera que cuando dichas entidades destinan dicho excedente de la manera que señalan las normas cooperativas no son contribuyentes del impuesto de renta y complementarios. Es en ese supuesto que el interviniente estima que se comete una injusticia, por cuanto el Decreto 1838 de 2002 no se les da en ese caso a las cooperativas el mismo tratamiento que a los no contribuyentes a que se refieren los artículos 22,23,23-1 y 23-2 del Estatuto Tributario.
Para la Corte es claro sin embargo que lo que el numeral 4° del artículo 19 del Estatuto Tributario señala es que las entidades cooperativas se someten al impuesto sobre la renta y complementarios, conforme al régimen tributario especial contemplado en el Título VI del Libro I del Estatuto Tributario en cuanto destinen el beneficio neto o excedente de acuerdo a lo que establece la legislación cooperativa vigente. De no ser así quedan sometidos al régimen general del impuesto de renta y complementarios.
Es decir que las entidades cooperativas en cualquier circunstancia están sometidas al impuesto de renta y complementarios, solamente que si cumplen la normatividad cooperativa pueden beneficiarse del régimen especial establecido en los artículos 356 a 363 del Estatuto Tributario[9]. Cabe precisar que el hecho de que los artículos 358 y 359 de dicho estatuto establezcan la posibilidad, bajo las condiciones señaladas en dichos artículos, de obtener una exención para el beneficio neto de las entidades beneficiadas con el régimen especial que ellos regulan, no significa que dichas entidades no sean contribuyentes de dicho impuesto o que no estén obligadas a declarar[10].
En relación con el artículo 19-2 la situación es un tanto diferente, pues si bien el ciudadano parte de un entendimiento que se desprende del texto de la norma, no toma en cuenta la necesaria concordancia de la misma con otras disposiciones del estatuto tributario y sobre todo con el artículo 2° del Decreto 1838 de 2002.
El texto de la norma es el siguiente:
Artículo 19-2 Otros contribuyentes del impuesto sobre la renta.
Son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, las cajas de compensación familiar, los fondos de empleados y las asociaciones gremiales, con respecto a los ingresos generados en actividades industriales, comerciales y en actividades financieras distintas a la inversión de su patrimonio, diferentes a las relacionadas con salud, educación, recreación y desarrollo social.
Las entidades contempladas en este artículo
no están sometidas a renta presuntiva.
(subrayas fuera de texto)
De dicho artículo se desprende claramente que en los supuestos a que el interviniente alude, a saber, la inversión del patrimonio de las cajas de compensación y de los fondos de empleados en actividades de salud, educación, recreación y desarrollo social, ni unas ni otros están sometidos al impuesto de renta y complementarios, pues ello solamente sucede cuando las cajas o los fondos realizan actividades industriales, de mercadeo o financiaras distintas a la inversión de su patrimonio y diferentes a las relacionadas con salud, educación, recreación y desarrollo social.
Ahora bien, cabe recordar que de acuerdo con los artículos 591, 592, 593, 594, 594-1 y 594-2 del estatuto tributario quienes deben presentar declaración de renta y complementarios son todos los contribuyentes sometidos a dicho impuesto, con las excepciones que en ellos ese señalan[11].
En este sentido las entidades a que alude el interviniente al no estar sometidas a dicho impuesto en los supuestos que él invoca tampoco se encuentran obligadas a presentar declaración de renta y complementarios, con lo que igualmente quedan por fuera del listado de personas obligadas a pagar el impuesto que se crea con el Decreto 1838 de 2002.
El hecho de que el artículo 7° sub examine no las excluya expresamente como si lo hace con las entidades a que se refieren los artículos 22, 23, 23-1 y 23-2 del estatuto tributario, no les quita su calidad de entidades no sometidas al impuesto de renta y complementarios y por lo tanto de no declarantes del mismo, supuesto que a contrario sensu es el que exige el artículo 2° del Decreto 1838 de 2002 para que se considere a una persona natural o jurídica responsable del impuesto para preservar la seguridad democrática.
No cabe en consecuencia acceder a la solicitud de condicionar la constitucionalidad de la norma en el sentido solicitado por el interviniente, pues como se ha visto su petición parte de un entendimiento o bien erróneo o bien incompleto de las disposiciones que invoca como sustento de sus afirmaciones.
Cabe precisar de otra parte que el impuesto para preservar la seguridad democrática recae, como ya se ha señalado en este providencia, sobre el conjunto del patrimonio de las entidades que se consideran declarantes del impuesto de renta y complementarios, por lo que no resulta posible, como lo solicita otro de los intervinientes, que se desglosen componentes de dicho patrimonio afectados a determinadas actividades para que se aplique solamente sobre ellas la tarifa del impuesto que se crea con el Decreto 1838 de 2002. Y ello abstracción hecha de la dificultad para separar dentro de una entidad qué se destina a una u otra actividad.
La base gravable del impuesto para preservar la seguridad democrática está constituida por el patrimonio líquido poseído a 31 de agosto de 2002 por los sujetos pasivos, es decir los declarantes del impuesto de renta y complementarios y de dicha base gravable solamente pueden hacerse las exclusiones a que alude el artículo 5 del Decreto Sub examine.
No sobra recordar así mismo que el establecimiento en cada caso de quienes reúnen o no la calidad de declarantes del impuesto de renta y complementarios y en consecuencia si son o no sujetos pasivos del impuesto para preservar la seguridad democrática de acuerdo con el artículo 2 Ibidem, es un asunto de aplicación de la norma que debe ser definido ante las respectivas autoridades competentes.
Así las cosas la Corte declarará pura y simplemente la exequibilidad del artículo 7° del Decreto 1838 de 2002 y así lo señalará en la parte resolutiva de la sentencia.”
6. Así las cosas, por no existir ninguna duda en relación con la parte resolutiva de la Sentencia ni frente a ningún aparte de la motivación que pueda incidir en aquella, la Corte rechazará por improcedente la solicitud de aclaración presentada en relación con la Sentencia C-876 de 2002.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,
RESUELVE:
RECHÁZASE por improcedente la solicitud formulada por el ciudadano Mauricio Plazas Vega para que se aclare la sentencia C-876 del 16 de octubre de 2002.
Cópiese, notifíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General