Auto 068/06
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Superior jerárquico común
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Por factor territorial
ACCION DE TUTELA CONTRA LA ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER-Conocimiento por jueces del circuito o con categoría de tales/COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA-Aplicación/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional
Referencia: expediente ICC-972
Conflicto de Competencia entre el Juzgado 1º de Menores de Bucaramanga y el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Cúcuta
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil seis (2006).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere el siguiente
AUTO
ANTECEDENTES
1. El 22 de diciembre de 2005, el señor Víctor Julio Pedrozo Áviles, residente en el municipio de Floridablanca, Santander, interpuso acción de tutela contra la ESE Francisco de Paula Santander, ante los Juzgados Penales Municipales de Bucaramanga, por considerar vulnerado su derecho fundamental al mínimo vital, toda vez que fue desvinculado de la entidad accionada a finales de noviembre y aún no se le ha pagado ese mes de salario, puesto que se condiciona el pago del mismo a la cancelación de la desvinculación por liquidación.
2. El Juzgado 1º de Menores de Bucaramanga, mediante auto del 22 de diciembre de 2005, consideró que: toda vez que el domicilio del demandado está en Cúcuta y es allí donde se proveen los salarios reclamados por el actor, son los juzgados de circuito de Cúcuta los que deben conocer del asunto de la tutela.
3. Mediante providencia del 29 de diciembre de 2005, el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, consideró que el lugar de la presunta vulneración del derecho fundamental era Bucaramanga, puesto que es allí donde el actor sufre el menoscabo de su derecho fundamental. Por considerar que existía una colisión negativa de competencias, envió el expediente a la Corte Constitucional, para que la resolviera.
CONSIDERACIONES
1. En pronunciamientos anteriores, esta Corporación estableció que no está dentro de sus atribuciones resolver conflictos de competencia entre jueces de la misma jurisdicción que cuenten con un superior jerárquico común.[1]
Si bien no existe norma que lo disponga de manera expresa, los conflictos que se susciten en materia de tutela, deben ser resueltos por el superior jerárquico común de los jueces o tribunales entre los cuales se presente la colisión. Sólo en caso de no existir superior jerárquico común, la Corte Constitucional tiene la competencia para conocer de tal diferencia.[2]
2. En el presente conflicto de competencia el superior jerárquico común del Juzgado 1º de Menores de Bucaramanga y el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Cúcuta es la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, toda vez que pertenecen a diferentes distritos judiciales. Es ésta quien en principio debería conocer del presente conflicto[3].
3. A pesar de que la Corte ha reconocido reiteradamente que su competencia es residual y que cuando los jueces en conflicto tengan un superior jerárquico común que pueda conocer del conflicto no le corresponde a esta Corporación hacerlo, en virtud de los principios de celeridad y sumariedad en el procedimiento de tutela, y del derecho al acceso oportuno a la administración de justicia, la Corte ha llegado a asumir de manera directa el conocimiento de conflictos de competencia teniendo en cuenta el objetivo de garantizar la mejor protección de los derechos fundamentales. Ha dicho la Corporación:
“No puede olvidar esta Corte, y este ha sido su criterio, que la resolución de los conflictos de competencia debe atender dos principios básicos que orientan la protección de los derechos fundamentales, como objetivo primordial de la Constitución de 1991 y de la consagración de la acción de tutela. Estos principios son, en primer lugar, la eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.), para lo cual es necesario –las más de las veces- atender al postulado de prevalencia del derecho substancial sobre el procedimental; y en segundo lugar, la sumariedad, celeridad e informalidad del procedimiento de tutela (art. 86 C.P.), entendidos como condición necesaria para la protección real y oportuna de este tipo especial de derechos constitucionales.
La Corte no puede ser permisiva con la dilación de los términos ni con la renuencia de las autoridades a asumir de manera definitiva el conocimiento de las solicitudes de tutela. En este sentido, la Sala considera que remitir a la Corte Suprema las presentes diligencias para que ella resuelva el conflicto de competencia, agravaría aun más la situación de la peticionaria, quien por demás, no tiene por que sufrir la mora que aparejan los problemas de interpretación de las normas de competencia para conocer de la acción de tutela.”[4]
4. Dado el tiempo transcurrido desde la interposición de la tutela hasta la fecha en que esta Corporación conoce del conflicto de competencia, la Sala considera necesario entrar a resolver de manera directa la presente colisión.
(i) Corresponde a los jueces de circuito conocer de las acciones de tutela interpuestas contra las entidades nacionales descentralizadas por servicios, según lo dispuesto en el artículo 1º numeral 1º, inciso 2º, del Decreto 1382 de 2000. Según el Decreto 1750 del 26 de junio de 2003, artículo 2º, numeral 6º , la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander es una entidad nacional descentralizada por servicios.
En esa medida, en principio, tanto el Juzgado 1º de Menores de Bucaramanga, como el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, tendrían competencia, puesto que los juzgados de menores tienen categoría de jueces de circuito. Para determinar a qué juez corresponde el conocimiento definitivo de la tutela se entrará a estudiar el factor territorial.
(ii) La Sala observa que el lugar de la vulneración del derecho fundamental no es Cúcuta, así el domicilios de la entidad demandada se encuentre ahí[5], sino Floridablanca, puesto que allí se encuentra residiendo el accionante –según lo indicado en la acción de tutela[6]-.
Teniendo en cuenta que un factor determinante de la competencia en materia de tutela es el territorial, según el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[7] y el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000[8], el competente es el Juzgado 1º de Menores de Bucaramanga, toda vez que el municipio de Floridablanca pertenece al circuito de Bucaramanga.
DECISIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,
RESUELVE:
PRIMERO: REMITIR el expediente de tutela al Juzgado 1º de Menores de Bucaramanga para que se adelante la correspondiente actuación judicial.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
Salvamento de voto al Auto 068/06
Referencia: expediente ICC-972
Peticionario: VICTOR JULIO PEDROZO AVILES
Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC-226, considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito.
Fecha ut supra,
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado