Auto 064/07
CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE ENTRE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO-Aplicación Decreto 1382 de 2000
ACCION DE TUTELA-Decreto 1382 de 2000 no establece competencia sino reglas de simple reparto
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para resolver impugnación
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Prevalencia del derecho sustancial cuando no sea repartida reglamentariamente
ACCION DE TUTELA CONTRA LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE LA ADMINISTRACION JUDICIAL-Competencia de Tribunales y Consejos Seccionales de la Judicatura en primera instancia
ACCION DE TUTELA CONTRA LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE LA ADMINISTRACION JUDICIAL-Competencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para resolver impugnación de fallo de primera instancia
Referencia: expediente ICC-1063
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Acción de tutela de María Helena Mera Caviedes contra la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Pasto
Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil siete (2007)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, procede a definir el conflicto suscitado entre los despachos judiciales de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. El 10 de febrero de 2006, María Helena Mera Caviedes interpuso acción de tutela contra la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Pasto por considerar que se le violaron sus derechos al debido proceso, la igualdad, al trabajo y a la vida, pues se le declaró insubsistente sin mediar razón alguna, a pesar de encontrarse en un cargo de carrera en provisionalidad.
2. Por reparto, le correspondió conocer el caso al Juzgado Quinto Penal del Circuito Judicial de Pasto. El 13 de febrero de 2006, el Despacho resolvió que el proceso ha debido ser repartido a los Tribunales y a los Consejos Seccionales de la Judicatura, en virtud del Decreto 1382 de 2000, por considerar que en la acción de tutela “resultan implicadas autoridades del orden nacional.”
3. El 16 de febrero de 2006, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto resolvió avocar el conocimiento del proceso.
4. El 28 de febrero de 2006, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto resolvió negar la tutela, por considerar que la entidad acusada no había violado los derechos de la accionante, quien impugnó la decisión.
5. El 20 de abril de 2006, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió “declarar la nulidad de todo lo actuado en la presente acción de tutela, incluyendo el auto admisorio de la demanda, por los motivos expuestos”, y “remitir el expediente, por competencia, al reparto de los Juzgados Laborales del Circuito de Pasto conforme a lo anotado en la parte motiva de esta providencia.” A continuación se transcribe la parte motiva de la decisión,
“Sería del caso entrar a resolver sobre la impugnación del fallo de 28 de febrero de 2006 proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, dentro de la acción de tutela interpuesta por apoderado judicial de María Elena Mera Caviedes contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, si no se observara que la actuación se encuentra viciada de nulidad.
En efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1° numeral 1 inciso segundo del Decreto 1382 de 2000 a los jueces del Circuito o con categoría de tales, se les asigna en primera instancia, el reparto de las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental (subrayado fuera del texto).
Como en el sub examine la accionada es la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial – Distrito Pasto que es una autoridad pública del orden departamental, no tenía la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto competencia para pronunciarse y al haberlo hecho se incurrió en una causal de nulidad prevista en el numeral 2° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.
En consecuencia, no queda otro camino a la Sala que declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda de tutela y así se hará, ordenando remitir el expediente al reparto de los juzgados laborales del circuito de Pasto que de conformidad con el mencionado Decreto son competentes para conocer de la acción.”
6. El 12 de junio de 2006, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto, resolvió declararse incompetente para conocer y tramitar la acción de la referencia, por lo que planteó el conflicto negativo de competencia con la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y remitió el expediente a la Corte Constitucional para que lo dirima.
II. CONSIDERACIONES
1. En el presente caso se somete a consideración de esta Corporación un conflicto negativo de competencia, aparente, entre la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto, en razón a la aplicación del Decreto 1382 de 2000 dentro de un proceso de acción de tutela en contra de la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Pasto. Para la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la entidad demandada es del orden departamental, por lo que considera que el proceso ha debido ser repartido a los jueces del circuito para ser conocido en primera instancia. Para el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto la entidad acusada es del orden nacional, por lo que, de acuerdo al Decreto 1382 de 2000, debía ser repartida a los Tribunales o Consejos Seccionales. Así se manifestó un Juzgado cuando se le repartió el proceso y lo remitió al Tribunal Superior de Pasto, que falló en primera instancia, y así se manifiesta ahora que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sede de impugnación, vuelve a plantear la controversia.
2. Teniendo en cuenta que el Decreto 1382 de 2000 no establece cuál es el despacho judicial competente para conocer una acción de tutela, sino a cuál de todos los despachos judiciales potencialmente competentes les ha de ser ‘repartida’,[1] aun en el evento en que el proceso de acción de tutela de la referencia no hubiese sido repartido reglamentariamente, correspondería a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, resolver de fondo la impugnación al fallo de primera instancia, por cuanto un juez competente ya la resolvió en primera instancia. Como lo ha señalado la Sala Plena de la Corte Constitucional, “(…) cuando de un lado se encuentra la aplicación a posteriori de un procedimiento administrativo de reparto y, de otro lado, se encuentra el acceso a la justicia, la protección efectiva de los derechos fundamentales, la celeridad de la acción de tutela y la integridad del proceso judicial, la Constitución ordena que prevalezca el derecho sustancial (artículo 228 C.P.), es decir, que no se anule lo actuado por un juez competente que se pronunció de fondo sobre el amparo de los derechos fundamentales.”[2]
3. Bastan pues las anteriores consideraciones para afirmar que en el proceso de la referencia, la impugnación debe ser resuelta por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, la Corte Constitucional debe precisar que en este caso la acción de tutela fue repartida reglamentariamente. La acción de tutela dirigida contra una Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial, debe ser repartida a los Tribunales y Consejos Seccionales de la Judicatura, para ser decidida en primera instancia. Por ejemplo, en el Auto 114 de 2003 (MP Alfredo Beltrán Sierra, SV Jaime Araujo Rentería) la Corte Constitucional consideró que “(…) la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es un organismo de carácter nacional que, actúa en todo el territorio nacional para lo cual fueron creadas algunas seccionales que, en tal virtud, no son autoridades regionales sino, simplemente, existen para llevar a efecto una desconcentración en la prestación del servicio público.”[3] Por lo que estableció que de acuerdo al Decreto 1382 de 2000, las acciones de tutela dirigidas en contra de esta entidad deben ser repartidas, para ser conocidas en primera instancia, ‘a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura’.[4]
4. Así pues, fundándose en sus competencias constitucionales y legales,[5] teniendo en cuenta los principios de celeridad y eficiencia de la administración de justicia,[6] el respeto a los derechos fundamentales de María Helena Mera Caviedes[7] —quien presentó su acción de tutela hace más de un año—, la Corte Constitucional ordenará en el presente caso, de acuerdo a su jurisprudencia, dejar sin efecto el auto de 20 de abril de 2006 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso de acción de tutela de la referencia y remitir el expediente a dicho Despacho Judicial, para que resuelva la impugnación al fallo de primera instancia.[8]
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional
RESUELVE
Dejar sin efecto el auto de 20 de abril de 2006 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso de acción de tutela de María Helena Mera Caviedes contra la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Pasto, y remitir, por intermedio de Secretaría General, el expediente de la referencia a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para que ejerciendo sus competencias constitucionales y legales, resuelva la impugnación de la sentencia de primera instancia, dentro del proceso de acción de tutela de María Helena Mera Caviedes contra la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Pasto.
Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
Salvamento de voto al Auto 064/07
Referencia: expediente ICC-1063
Peticionario: Maria Helena Mera Caviedes
Tal como lo señalé en el salvamento de voto que presenté en el proceso ICC-226, considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para pronunciarse sobre los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas autoridades judiciales en materia de tutela, por las razones que allí expuse ampliamente, las cuales son igualmente aplicables a este caso y a ellas me remito.
Fecha ut supra,
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado