Auto Constitucional A 229/12
Corte Constitucional de Colombia

Auto Constitucional A 229/12

Fecha: 08-Oct-2012

Auto 229/12

CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA-Competencia del juez de primera instancia

CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA-Rechaza abrir incidente de desacato de sentencia T-591/2006 por falta de competencia

JUEZ-Competente hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia excepcional para asegurar el cumplimiento del fallo en asuntos de gran trascendencia social

Referencia: Incidente de desacato de la sentencia de tutela T-591 de 2006

Peticionaria: Fabiola Stella Bedoya Gaviria

Magistrado Ponente:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Bogotá DC, ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012).

El suscrito Magistrado Sustanciador, en el proceso de la referencia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO

1.- El 17 de septiembre de 2012, la peticionaria radicó un memorial dirigido a  los magistrados de esta Corporación, que identificó como “incidente de desacato”, en el que solicita “la intervención de la Honorable Corte Constitucional para que [se de cumplimiento a] la citada tutela y por ende la defensa de [sus] derechos constitucionales vulnerados sea una realidad”.

2.- Según lo dispone el Decreto 2591 de 1991[1], ante la inobservancia de una orden proferida en un fallo de tutela, el beneficiario puede solicitar su cumplimiento, a través del denominado trámite de cumplimiento y/o, de forma simultánea o sucesiva, adicionalmente, la imposición de una sanción, previo trámite de un incidente de desacato.

3.- Estas alternativas se encuentran previstas en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991[2], y su fundamento radica en la obligación del Estado de garantizar la efectividad de los fallos que satisfacen el goce pleno de los derechos fundamentales (CP art. 2)[3], como expresión del derecho de acceso a la administración de justicia o derecho a la tutela judicial efectiva (CP art. 229), el cual, conforme a la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, comprende, como mínimo, (i) el acceso efectivo al sistema judicial, (ii) el desarrollo de un proceso rodeado de todas las garantías judiciales en un plazo razonable, y (iii) la ejecución material del fallo[4].

De lo anterior se desprende que el incumplimiento de un fallo de tutela no sólo constituye una vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, sino una prolongación indebida en la violación de los derechos fundamentales cuya protección se dispuso mediante las órdenes impartidas en sede judicial.

4.- De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, por regla general, es el juez de primera instancia el encargado de la ejecución del fallo y, por ende, el competente para adoptar las medidas necesarias que permitan asegurar el restablecimiento de los derechos comprometidos. Al respecto se ha dicho que:

 “(…) el peso del cumplimiento de la orden de tutela recae en el Juzgado o Tribunal que se pronunció en primera instancia, el cual, se repite, mantendrá competencia hasta que se restablezca el derecho vulnerado porque la protección de los derechos fundamentales es la esencia de la tutela, luego el cumplimiento de la orden de protección es una obligación de hacer por parte del juez de tutela de primera instancia.”[5]

En idéntico sentido, en Auto 220A de 2002, se expuso que:

“(...) La colisión que se presenta en esta oportunidad tiene como origen la discusión de dos despachos judiciales tendiente a establecer, en cuál de ellos radica la competencia para tramitar y decidir las solicitudes de cumplimiento de las sentencias y los incidentes de desacato en materia de tutela.

Sobre el particular, existe jurisprudencia consolidada de esta Corporación la cual habrá de reiterarse en el presente caso.

En efecto, si bien en las sentencias C-243 de 1996 y T-078 de 1998 se sostuvo que “el juez de instancia que profiere una orden en un fallo de tutela, es el competente para conocer del incidente desacato, frente al incumplimiento de lo ordenado por él mismo.” providencias posteriores precisaron, que la ratio decidendi de esos pronunciamientos debía entenderse en el sentido que la competencia para decidir sobre el cumplimiento de una sentencia de tutela y el incidente de desacato, corresponde al juez que conoció del proceso en primera instancia, subregla, que ha sido reiterada en múltiples pronunciamientos de esta Corporación.

Las órdenes que se den en una sentencia de tutela son para obedecerlas y si ello no ocurre el actor puede solicitar al juez de primera instancia, con fundamento en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, que haga cumplir el fallo y adicionalmente el juez podrá sancionar por desacato a la autoridad pública o al particular renuente a acatarlo (art. 52 ídem), en el primer evento bastará demostrar objetivamente el incumplimiento de la providencia, mientras que en el segundo, es necesario probar la responsabilidad subjetiva del incumplido. 

Conforme lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional si bien puede coexistir al mismo tiempo el cumplimiento de la orden y el trámite del desacato, éstas son solicitudes con finalidades y presupuestos distintos que no se pueden confundir el uno (cumplimiento del fallo) con el otro (el trámite de desacato).

Por lo anterior, el juez de primera instancia mantiene su competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza a la garantía constitucional fundamental amparada (art. 27 ídem) por vía de tutela (...)”. 

Por consiguiente, es claro que en aquellos casos en los que la Corte Constitucional ha proferido una sentencia en sede de revisión, ésta deberá ser comunicada al juez de tutela de primera instancia[6], quien es el encargado de notificar a las partes, adoptar las medidas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento del fallo y tramitar los incidentes de desacato que se interpongan.

5.- No obstante, en casos excepcionales, esta Corporación ha establecido que puede asumir competencia para conocer del trámite de cumplimiento, cuando existe una justificación objetiva, razonable y suficiente, que se concreta, de manera específica, en alguna de las siguientes causales:

“(i) cuando ha habido manifiesto incumplimiento de las decisiones de tutela, sin que los jueces de primera instancia hayan podido adoptar las medidas que hagan efectiva la orden de protección, (ii) o dichas medidas han sido insuficientes o ineficaces[7], o (iii) cuando, en presencia de un estado de cosas inconstitucional, que afecta a un conjunto amplio de personas, se han emitido órdenes complejas, para cuya efectividad es necesario un permanente seguimiento y la adopción de nuevas determinaciones, de acuerdo con las circunstancias de una situación que se prolonga en el tiempo[8].”[9]

6.- En el caso bajo examen, se observa que la señora Fabiola Stella Bedoya Gaviria solicitó a la Corte que adelante directamente el trámite del incidente de desacato por el presunto incumplimiento de la Sentencia T-591 de 2006. Sin embargo, de acuerdo con la solicitud realizada y la descripción de las actuaciones surtidas[10], esta Sala evidencia que no se ha hecho uso de ninguna de las medidas previstas para hacer efectiva la orden de protección ante el juez de primera instancia, quien es el competente –entre otras– para iniciar el respectivo incidente de desacato, de acuerdo con las razones esgrimidas en esta providencia. Tampoco se advierte la presencia de alguna de las causales de excepción, que le permiten a esta Corporación tener competencia para conocer del trámite de cumplimiento.

En consecuencia, esta Sala advierte que el incidente de desacato propuesto frente a la sentencia T-591 de 2006 proferida por esta Corporación en sede de revisión, le compete a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien conoció de la acción de tutela de la referencia en primera instancia. De esta decisión se le informará a la peticionaria Fabiola Stella Bedoya Gaviria y, por economía procesal, se remitirá a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, para que proceda conforme con sus competencias en la materia.

En mérito de lo expuesto, esta Sala de Revisión,

RESUELVE

Primero: RECHAZAR por improcedente la solicitud de apertura de incidente de desacato de la Sentencia T-591 de 2006, promovido por la señora Fabiola Stella Bedoya Gaviria.

Segundo: INFORMAR a la señora Fabiola Stella Bedoya Gaviria, que el juez competente para conocer del incidente de desacato que quiere promover frente a la referida sentencia, es la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Tercero: ORDENAR la remisión del escrito de solicitud de apertura de incidente de desacato de la Sentencia T-591 de 2001 a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que proceda conforme con sus competencias en la materia.

Comuníquese y cúmplase.

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Magistrado

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO

Secretaria General

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