Auto 045/13
CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia exclusiva y excluyente para ejercer control abstracto de constitucionalidad y control concreto mediante revisión eventual de acciones de tutela
JURISDICCION CONSTITUCIONAL EN TUTELA-Integrada por todos los jueces de la República/CORTE CONSTITUCIONAL-Jueces de la República son jerárquicamente inferiores por cuanto este Tribunal actúa como órgano límite o de cierre de la jurisdicción constitucional
CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA-Competencia del juez de primera instancia/CORTE CONSTITUCIONAL-Conserva competencia preferente para intervenir en cumplimiento de sus providencias
ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE MOTIVACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DECLARAN INSUBSISTENCIA DE NOMBRAMIENTOS EN PROVISIONALIDAD EN CARGOS DE CARRERA-Solicitud informe de gestión al Consejo de Estado y SENA para cumplimiento de sentencia T-289/11
Referencia: cumplimiento de lo resuelto en la Sentencia T- 289 de 2011
Accionante: Yolanda Inés Vargas Galindo.
Entidad accionada: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección A y el Juez Veintitrés Administrativo del Circuito de Bogotá.
Magistrado Sustanciador:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil trece (2013)
La Sala Séptima de Revisión, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, procede a dictar el siguiente Auto:
CONSIDERACIONES
1.1. En sentencia T-289 del 14 de abril de 2011, la Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales de la tutelante al determinar que la falta de motivación de los actos de insubsistencia o retiro de empleados que ocupan cargos en provisionalidad involucra, por esa sola circunstancia, un vicio de nulidad por desconocimiento de normas superiores.
La parte resolutiva es del siguiente tenor literal:
“PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, el 19 de agosto de 2010, dentro de la acción de tutela instaurada contra el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito Sección Segunda y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, mediante la cual se negó el amparo a la accionante y en su lugar CONCEDER la tutela de los derechos al debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en primera instancia por el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito Sección Segunda, el 20 de junio de 2008, y en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, el 17 de junio de 2010.
TERCERO: En su lugar, DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. 01328 del 1° de noviembre de 2002, expedida por el Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, mediante el cual se ordenó desvincular a la accionante y a título de restablecimiento del derecho ORDENAR al Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- REINTEGRAR a la señora Yolanda Inés Vargas Galindo al cargo que se encontraba desempeñando al momento del retiro sin considerar que ha existido solución de continuidad, así como el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde la desvinculación hasta cuando sea efectivamente reintegrada, lo que deberá hacerse con las actualizaciones pertinentes y en atención a lo previsto en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.
CUARTO: El reintegro ordenado sólo será procedente si el cargo específicamente desempeñado por la demandante no ha sido provisto mediante el sistema de concurso de méritos. En tal evento, sólo habrá lugar al pago de salarios y prestaciones hasta el momento en el que se haya efectuado la vinculación efectiva del servidor público mediante el sistema de concurso.
QUINTO: LÍBRESE por Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.”
1.2. Posteriormente, mediante Auto 149 del 22 de junio de 2012, la Corte Constitucional resolvió la solicitud de aclaración de la sentencia antes transcrita, en lo siguientes términos:
“PRIMERO. ACLARAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia T-289 de 2011, en el entendido de que el reintegro de la accionante, la señora Yolanda Inés Vargas Galindo, procederá únicamente cuando el cargo no haya sido provisto mediante el sistema de concurso de méritos, o ante el surgimiento de cualquier otra situación administrativa en la cual no sea posible, por causas no imputables a la entidad, el reintegro.”
1.3. En escrito dirigido a esta Corporación, el apoderado de la accionante Yolanda Inés Vargas Galindo solicitó el cumplimiento de la sentencia T-289 de 2011, proferida por la Sala Séptima de Revisión.
1.4. Señala en el memorial la falta de materialización, por parte del SENA, de las órdenes dadas por la sentencia y su auto aclaratorio. Indica que como consecuencia de ello, promovió incidente de desacato ante el juez de tutela de primera instancia, “quien respaldó la posición de la entidad accionada, negando el mismo a través de providencia de fecha 1º. De noviembre de 2012 (sic)”.
1.5. En tal sentido, solicita a esta Corporación que se le “ordene expresamente al SENA que expida el acto administrativo de reintegro de mis representada, así como el reconocimiento y pago de las sumas de dinero de carácter laboral dejadas de percibir desde la fecha de su desvinculación, hasta que el reintegro se haga efectivo, en un cargo de la planta de persona de la entidad, de igual o superior jerarquía al que fue suprimido”.
1.6. El artículo 241 de la
Carta ha confiado a la
Corte
Constitucional “la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución”. En cumplimiento de ese objetivo, la norma citada le
asigna competencia exclusiva y excluyente para ejercer el control
abstracto de constitucionalidad de los actos reformatorios de la
Constitución y de las leyes en sentido formal y material -entre otras
competencias-, y para ejercer un control concreto mediante la
revisión eventual de las decisiones judiciales relacionadas con la
acción de tutela de los derechos fundamentales y de los directamente
conexos con ellos.
1.7. En lo que se refiere específicamente al mecanismo de amparo y
protección de los derechos fundamentales, es decir, a la acción de
tutela, ésta se ejerce y desarrolla a través de la jurisdicción
constitucional, la cual, por expresa disposición superior la integran
todos los jueces de la República (art. 86), quienes a su vez “son
jerárquicamente inferiores a la
Corte Constitucional”, por cuanto
dicho Tribunal actúa como órgano límite o de cierre de esa
jurisdicción, a través de la revisión de las decisiones judiciales que
por la vía del amparo se profieran; atribución que ejerce la
Corte en
forma libre y discrecional “con el fin de unificar la jurisprudencia
sobre la materia y de sentar bases sólidas sobre las que los demás
administradores de justicia se puedan inspirar al momento de
pronunciarse acerca de los derechos fundamentales dentro del
ordenamiento jurídico colombiano”[1]
En este sentido, las decisiones adoptadas por la Corte
Constitucional
en sede de revisión de tutela, son definitivas y hacen tránsito a cosa
juzgada, y por tanto, son de obligatorio cumplimiento para las partes[2].
1.8. Mediante el Auto 249 de 2006, esta Corporación
consideró que de
conformidad con lo prescrito en los artículos 37 y 52 del Decreto 2591
de 1991, la competencia para hacer cumplir los fallos de tutela,
incluso tratándose de sentencias de segunda instancia o de aquellas
proferidas por la Corte Constitucional en sede de revisión, radica,
prima facie, en cabeza de los jueces de primera instancia. Sin
embargo, la jurisprudencia ha precisado que en ciertas
circunstancias especiales, la Corte conserva la competencia
preferente, de forma tal que se encuentra habilitada para intervenir
en el cumplimiento de sus propias decisiones, “ora porque el juez a
quien le compete pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia
dictada por ella no adopta las medidas conducentes al mismo, ya porque el
juez de primera instancia ha ejercido su competencia y la
desobediencia persiste” (Subrayas fuera del texto original).
1.9. Conforme a lo anterior, esta Corporación considera necesario conocer en qué medida se han cumplido las órdenes impartidas mediante la sentencia de la referencia, para así, poder determinar con posterioridad si avoca o no el cumplimiento de la misma. En razón a ello, oficiará al Consejo de Estado, Sección Cuarta y al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- para que, en un término de diez (10) hábiles a partir de la notificación del presente auto, informen a este despacho qué gestiones han realizado para dar cumplimiento a lo ordenado en Sentencia T-289 de 2011.
RESUELVE:
PRIMERO.- OFICIAR al Consejo de Estado, Sección Cuarta para que, en un término de diez (10) días hábiles, a partir de la notificación del presente auto, informe a este despacho qué gestiones ha realizado para dar cumplimiento a lo ordenado en Sentencia T-289 de 2011, en lo relacionado con la señora Yolanda Inés Vargas Galindo.
SEGUNDO.- OFICIAR al Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- para que, en un término de diez (10) días hábiles, a partir de la notificación del presente auto, informe a este despacho qué gestiones ha realizado para dar cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia T-289 de 2011.
TERCERO.- ORDENAR copia del presente auto al peticionario de la solicitud de la referencia.
Comuníquese y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General