Auto 210/13
CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia para dirimir conflictos de competencia
CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia residual cuando autoridades judiciales carezcan de superior jerárquico común
ACCION DE TUTELA-Normas que determinan la competencia
ACCION DE TUTELA-Decreto 1382 de 2000 no establece competencia sino reglas de simple reparto
CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE TRIBUNAL SUPERIOR Y JUZGADO DE FAMILIA-Reiteración Auto 124/09
ACCION DE TUTELA CONTRA MINISTERIO DE JUSTICIA, DIRECCION GENERAL Y DIRECCION REGIONAL DEL INPEC Y JUZGADOS DE CONTROL DE GARANTIAS, PENALES DEL CIRCUITO, FAMILIA, EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD-Competencia de Tribunal Superior
Referencia: expediente ICC-1931
Conflicto de competencia entre el Tribunal Superior de Buga, Sala Penal, y el Juzgado Primero de Familia de Palmira.
Magistrada Ponente:
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2591 de 1991, profiere el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES
1. José Antonio Rubio Rodríguez, Luis Álvaro Hurtado Cifuentes, César Alexander Espitia Guachetá y Juan de Jesús Montes Valencia, presentaron acción de tutela contra el Ministerio de Justicia, la Dirección General del INPEC, la Dirección Regional Occidente de Cali del INPEC, y los juzgados de control de garantías, penales del circuito, familia, ejecución de penas y medidas de seguridad de Palmira, Valle, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad personal, al núcleo familiar, la intimidad y el debido proceso.
2. Los accionantes manifiestan que se encuentran recluidos en el Centro Carcelario EPAMSCAS de Palmira, y que en razón del hacinamiento que se presenta han soportado “toda clase de actos violatorios a los derechos humanos”. Explican, por ejemplo, que debido a la sobrepoblación se han esparcido brotes de tuberculosis en el penal, y que además las posibilidades de ejercer sus derechos a la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad son nulas, pues no hay suficientes espacios para mantener una vida privada ni practicar actividades educativas o deportivas. Por ello solicitan el amparo de sus derechos fundamentales, y que se ordene a las entidades demandadas “no enviar ni un solo detenido o condenado a este centro de reclusión".
3. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Superior de Buga, Sala Penal, el cual se declaró incompetente para conocer el asunto mediante auto del 27 de junio de 2013. El hecho de que el INPEC fuera un “establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Justicia, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente” le sirvió de base para proferir esa decisión. A su juicio, el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 dispone que la competencia corresponde a los jueces del circuito cuando se demandan ese tipo de establecimientos.
4. Realizado el nuevo reparto, correspondió al Juzgado Primero de Familia de Palmira el conocimiento de la acción de tutela. Mediante auto del 8 de agosto de 2013, dicho Juzgado señaló que un error en la aplicación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autoriza al juez de tutela a declararse incompetente, por lo que propuso conflicto negativo de competencia y ordenó la remisión del expediente a la Corte Constitucional, superior jerárquico común, para que dirimiera la colisión presentada.
II. CONSIDERACIONES
Competencia de la Corte Constitucional para dirimir conflictos de competencia
5. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela, corresponde al superior jerárquico común de las autoridades judiciales entre las cuales se presenta dicha discusión. Por esta razón, la competencia de la Sala Plena para conocer y dirimir esta clase de conflictos, debe ser interpretada de manera residual, puesto que sólo en los casos en que las autoridades judiciales involucradas en el conflicto carezcan de superior jerárquico común, el expediente deberá ser remitido a esta Corporación para que, como máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional, decida cuál autoridad debe conocer de la solicitud de amparo.[2]
Lo anterior no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que confieren al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la competencia para dirimir conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que los conflictos que se presenten entre dos autoridades judiciales, con ocasión de una acción de tutela, son siempre conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional, así los jueces involucrados pertenezcan a jurisdicciones distintas. Ello es así porque, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional.[3]
6. No obstante y en atención a los principios de celeridad, eficacia, acceso oportuno a la administración de justicia y el respeto por los derechos fundamentales, la Sala Plena ha considerado que puede conocer y resolver directamente los conflictos que se presenten entre autoridades judiciales que posean un superior jerárquico común.[4]
Normas que determinan la competencia en materia de tutela
7. Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las normas que determinan la competencia en materia de tutela son el artículo 86 de la Constitución,[5] que señala que ésta se puede interponer ante cualquier juez, y el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991,[6] que establece la competencia territorial y la propia de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación, la cual asigna a los jueces del circuito. Por su parte, el Decreto 1382 de 2000 establece las reglas para el reparto de la acción de tutela y no las que definen la competencia de los despachos judiciales,[7] pues por su inferioridad jerárquica frente a las anteriores disposiciones, no puede modificarlas. Precisamente, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado desestimó, mediante sentencia de julio 18 de 2002, la mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado acto administrativo, pues consideró que no era contrario al artículo 86 de la Constitución porque establecía normas de reparto y no de competencia.
8. Es por ello que la Corte Constitucional ha precisado que “la observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2 C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem)”.[8]
9. Con fundamento en lo anterior, esta Corte estableció, en el auto 124 de 2009, las siguientes reglas para la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela, las cuales son, simplemente, consecuencias naturales de la jurisprudencia constitucional tantas veces reiterada por esta Corporación:
“(i) Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, declararse incompetente y remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.
(ii) Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autoriza al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.
(iii) Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del factor de competencia territorial del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).
(iv) Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente. Por tanto, en el caso que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto. Lo anterior no obsta para que esta Corporación o el superior funcional al que sea enviado un supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las reglas de repartos contenidas en el mencionado acto administrativo, como sería el caso de la distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes”.
10. Por último, sostuvo la Corte que la anterior argumentación no desconocía la validez del Decreto 1382 de 2000, pues se reconoce que las normas de reparto del mencionado acto administrativo deben ser seguidas obligatoriamente por las oficinas de apoyo judicial a la hora de distribuir las acciones de tutela entre los distintos jueces, de modo que, de ninguna forma, el reparto de los procesos debe ser caprichoso o arbitrario.
A partir de las anteriores consideraciones, procede la Sala a decidir sobre el supuesto conflicto negativo de competencia planteado.
III. DEL CASO CONCRETO
Una vez establecida la competencia de la Sala para asumir el conocimiento del caso objeto de estudio, esta Corporación procede a darle solución.
11. De los antecedentes expuestos se observa que la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, en un primer momento, se declaró incompetente para conocer la acción de tutela de la referencia. Argumentó para ello que una de las partes accionadas era una autoridad pública del orden nacional descentralizada por servicios (el Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC), y por tanto su conocimiento correspondía a los juzgados del circuito, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1382 de 2000. Por su parte, el Juzgado Primero de Familia de Palmira señaló que con esa actuación se estaba desconociendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual señala que un error en la interpretación del Decreto 1382 de 2000 no autoriza al juez de tutela a declararse incompetente, por tratarse de normas de reparto.
12. Analizada la situación planteada por los despachos involucrados, se advierte que la discusión gira en torno a la aplicación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, lo cual no autoriza a los jueces de tutela a declararse incompetentes. En estos casos, el funcionario judicial a quien correspondió en primer lugar el conocimiento de la acción de tutela, debe tramitarla o decidir su impugnación, según sea el caso.
13. Adicionalmente, al margen de la naturaleza jurídica de una de las entidades demandadas, los asuntos examinados en este asunto no son de aquellos exceptuados de la aplicación de la regla sobre conocimiento inmediato y obligado de la acción de tutela, sentada por la Corte Constitucional en el auto 124 de 2009.[9] Ello, por cuanto no se observa una distribución caprichosa de la acción de tutela, o un desconocimiento de las disposiciones sobre competencia por parte de la oficina de apoyo judicial.
14. Por consiguiente, teniendo en cuenta los anteriores criterios y para que la acción de tutela no sufra más retardo, la Sala dejará sin efectos el auto del 27 de junio de 2013, proferido por el Tribunal Superior de Buga, Sala Penal. En consecuencia, se remitirá el expediente de la referencia a dicha autoridad judicial, para que de forma inmediata continúe el trámite de la primera instancia y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
IV. DECISIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,
RESUELVE:
Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 27 de junio de 2013 por el Tribunal Superior de Buga, Sala Penal, mediante el cual se declaró incompetente para conocer de la acción de tutela presentada por los señores José Antonio Rubio Rodríguez, Luis Álvaro Hurtado Cifuentes, César Alexander Espitia Guachetá y Juan de Jesús Montes Valencia.
Segundo.- REMITIR el expediente al Tribunal Superior de Buga, Sala Penal, para que de forma inmediata tramite la acción de tutela iniciada por los señores José Antonio Rubio Rodríguez, Luis Álvaro Hurtado Cifuentes, César Alexander Espitia Guachetá y Juan de Jesús Montes Valencia.
Tercero.- Por Secretaría General, COMUNICAR al Juzgado Primero de Familia de Palmira, Valle, la decisión adoptada en esta providencia.
Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General