Auto 044/14
SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Negar por cuanto no existió vulneración del debido proceso y se pretende reabrir debate jurídico
Referencia: solicitud de nulidad de la sentencia T-344 de 2013: acción de tutela presentada por José David Duitama Borda contra la Misión Diplomática de España en Colombia.
Solicitante: Señor Embajador de España en Colombia Nicolás Martín Cinto.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil catorce (2014)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a resolver la solicitud de nulidad presentada contra la sentencia T-344 de 2013, proferida por la Sala Primera de Revisión de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1. El ciudadano José David Duitama Borda presentó acción de tutela contra la Embajada de España en Colombia por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida digna, al trabajo, a la seguridad social y de petición, en virtud de una relación laboral que, al parecer, sostuvo con la Embajada entre el 21 de junio de 1978 hasta el 13 de enero de 2012.El actor considera que la Embajada de España incumplió diversos deberes que las normas laborales Colombianas le imponen a los empleadores, entre ellas, el pago oportuno de cesantías e intereses a las cesantías, y que además, tampoco le canceló una suma de dinero extralegal que pactaron las partes. Sostuvo además, que no se le contestó el derecho de petición que radicó el 30 de enero de 2012, en el cual solicitaba el reconocimiento de la existencia de la relación laboral y que se le informara el momento en que las prestaciones adeudadas serían reconocidas.
2. De esta acción de tutela conoció en primera instancia la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, que mediante sentencia del 24 de julio de 2012 tuteló el derecho fundamental de petición al actor y ordenó a la Embajada contestar la solicitud radicada el 30 enero de 2012. En segunda instancia la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura declaró la improcedencia de la acción por considerar que la Embajada de España en Colombia no tiene legitimación por pasiva para ser parte de procesos de tutela.
3. El proceso fue seleccionado para revisión y repartido a la Sala Primera. Mediante la sentencia T-344 de 2013,[1] la Sala declaró la improcedencia de la acción en relación con el presunto conflicto laboral, porque se consideró que no se cumplía el requisito de subsidiariedad de la acción, sin embargo, tuteló el derecho de petición del actor. Sobre el particular se sostuvo:
“3.3.2. […] desde la perspectiva del principio de inmunidad de jurisdicción restringida, especialmente desarrollado para el ámbito laboral, y la defensa de la soberanía del Estado colombiano “se considera que los organismo internacionales si están obligados a dar respuesta directa a las peticiones respetuosas presentadas por los ciudadanos en el territorio nacional” si se cumplen, en principio, los siguientes criterios:
(i) Cuando la respuesta a la petición no amenace la soberanía, independencia e igualdad de los Estados; y en el caso de los organismos y agencias internacionales, no ponga en riesgo la autonomía que necesitan para el cumplimiento de su mandato
(ii) Cuando de la respuesta a la petición dependa la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la seguridad social de quien tenga una relación de subordinación respecto de la misión diplomática o el organismo internacional
(iii) Cuando de la respuesta a la petición presentada dependa la protección de derechos laborales y prestacionales de connacionales y residentes permanentes del territorio nacional
3.4. En el caso concreto se tiene que señor José David Duitama Borda radicó petición respetuosa en las instalaciones de la Embajada de España, el 30 enero de 2012, solicitando al Embajador Nicolás Martín Cinto el reconocimiento y pago de varias acreencias laborales, que considera le son adeudadas por virtud del contrato laboral suscritos entre la partes, entre el 21 de junio de 1978 y el 13 de enero de 2012, en el cual el accionante se desempeñó como analista de mercado de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada.
3.4.1. En el escrito de contestación, el Embajador señaló que la solicitud del actor fue remitida a la Oficina Económica y Comercial de la misión, en la que el accionante prestaba sus servicios. En el escrito de impugnación del fallo de primera instancia, proferida por la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, que ordenó a la entidad contestar la solicitud, el representante de la misión manifestó: “en el derecho de petición se está intentando generar una confesión que es propia esa sí, de un asunto laboral, al versar la petición elevada sobre aspectos prestacionales, para lo cual el tutelante tiene otros mecanismos, y no obstante se basa en otro derecho –no laboral- como es el de petición para obtener un pronunciamiento de la Misión Diplomática.”
3.4.2. El escrito presentado por el actor ante la Embajada el 30 de enero de 2012 fue radicado como una petición de interés particular, por razón del contrato de trabajo que celebraron las partes y que se mantuvo por más de 30 años. A propósito de tal petición, en la sentencia fundacional que ha servido a la Sala como precedente para proteger el derecho fundamental de petición (T-667 de 2011),[2] se advirtió que los derechos fundamentales protegidos, en virtud de las respuestas que debe dar un organismo de derecho internacional, se refieren, en principio, al mínimo vital, trabajo y la seguridad social. No obstante, el derecho fundamental a amparar en el caso concreto es el derecho a acceder a la administración de justicia, teniendo en cuenta que el accionante considera que la Embajada ha incumplido sus deberes como empleador.
3.4.4. Conforme a los precedentes antes citados, es factible proteger el derecho fundamental de petición en este caso. Precisando que al contestar la solicitud la Embajada accionada debe tener presente que la misma debe ser de fondo, con lo cual ha querido significar esta Corporación que debe ser un pronunciamiento completo y detallado sobre todos los asuntos indicados en la petición.”
4. De conformidad con lo anterior, en el parte resolutiva de la sentencia la Sala Primera de Revisión ordenó:“(…)al Embajador de España en Colombia, señor Nicolás Martín Cinto, o a quien haga sus veces, que en el término de tres (3) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, responda de fondo la solicitud presentada por el señor José David Duitama Borda, el 30 de enero de 2012, en las instalaciones de la embajada.”
II. SOLICITUD DE NULIDAD
1. Mediante la Nota Diplomática No. 395/2013 del 28 de noviembre de 2013, el señor embajador de la Embajada de España en Colombia Nicolás Martín Cinto presentó solicitud de nulidad de la sentencia T-344 de 2013. El escrito de nulidad fue radicado el 29 de noviembre de 2013 en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, a través del Coordinador de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores[3] y remitido a la Secretaría de la Corte Constitucional, mediante oficio del 18 de diciembre de 2013.
2. En su escrito, plantea el señor Embajador de España que el auto de pruebas proferido en el trámite de revisión de la tutela el 19 de abril de 2013, presentada por el señor José David Duitama, no fue notificado en debida forma. Según su criterio, dicho auto debió comunicarse conforme lo establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, es decir a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y no por la Secretaría General de la Corporación.[4]
El señor Embajador señaló que el artículo XLI de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, aprobada en Colombia mediante la Ley 6ª de 1972, dispone que “todos los asuntos oficiales de que la misión esté encargada por el Estado acreditarte han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor por conducto de él o con el Ministerio que se haya convenido.”Dice que conforme al texto de la norma, todos los asuntos oficiales, entre ellos las notificaciones judiciales, como el auto del 19 de abril de 2013 expedido por la Sala Primera de Revisión, deben gestionarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Concluyó que la irregularidad en la notificación de la providencia señalada afectó el derecho al debido proceso de la Embajada, particularmente, porque “conllevó a que la Misión no fuera vinculada al trámite de revisión, y, pudiera ejercer su derecho de defensa.”
En la petición de nulidad, se solicita:
“(…) se declare la nulidad de todo el procedimiento correspondiente al trámite y decisión de la tutela identificada con el expediente No. T-3775126, incluyendo el mismo fallo, por la indebida notificación del auto del 19 de abril de 2013, a la Misión Diplomática de España, que como ya se evidenció de forma meridiana en los hechos de este escrito, vulneró la posibilidad de ejercer su debido proceso y el derecho de defensa propios de todas las partes en los procesos de tutela.”
3. Además, sostiene que la Corte Suprema de Justicia de Justicia defiende la postura de que las delegaciones y misiones diplomáticas gozan de inmunidad de jurisdicción incluso en materia laboral, razón por la cual no se pueden tramitar acciones judiciales contra estas, ni las delegaciones diplomáticas acreditadas en Colombia, incluyendo las acciones de tutela. Sobre este punto manifestó:
“Aunque en este caso el foro de discusión, como se ha venido sosteniendo, no versa sobre el ámbito laboral, sino sobre el derecho de petición, su protección a través de la tutela, y la presunta obligación que una misión diplomática tiene de dar respuesta al mismo, los anteriores argumentos dan cuenta de la improcedencia de vincular en este tipo de acciones a misiones diplomáticas por darse aplicación al principio de inmunidad de jurisdicción, porque dado su tratamiento jurídico a nivel internacional, no pueden ser sujetos pasivos dentro de una acción de tutela sobre el derecho de petición, pues como ya se dijo procede la excepción a la inmunidad de jurisdicción”.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Reiteración de jurisprudencia sobre la nulidad de las sentencias de la Corte Constitucional
1.1. De conformidad con el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991“contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno”.[5]Según esta misma disposición, las nulidades de los procesos ante la Corporación sólo podrán alegarse antes de proferido el fallo,[6] y “únicamente por violación al debido proceso.”Aun cuando esta disposición se refiere a la nulidad en los juicios de constitucionalidad, la Corte ha aceptado esta posibilidad para los procesos de tutela que se encuentren en sede de revisión,[7]y, realizando una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, ha admitido que aún después de proferido el fallo pueda invocarse su nulidad.[8]Así, con apoyo en la norma citada, la Corporación ha sostenido que existe la posibilidad de anular una sentencia de tutela, de oficio[9] o a petición de parte, en casos realmente excepcionales, a condición de que en ella se haya incurrido en una violación al debido proceso. Al respecto la Corte ha afirmado que una decisión de estas características está sometida:
“[a] la ocurrencia de situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y trascendental, en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar”.[10]
1.2. Lo anterior no significa que la opción de solicitar una nulidad, pueda llegar a convertirse en una nueva oportunidad para reabrir el debate o examinar controversias que ya fueron concluidas.[11] Por tanto, no toda inconformidad con la interpretación realizada por esta Corporación, con la valoración probatoria, o con los criterios argumentativos que apoyan la sentencia, constituye fundamento suficiente para declarar la nulidad de sus providencias.[12]
1.3. Así las cosas, excepcionalmente un fallo de tutela puede ser anulado si el solicitante cumple una serie de requisitos formales y materiales, los cuales fueron recogidos en el auto 060 de 2006:[13]
“3.2.2. Presupuestos formales de procedencia. La jurisprudencia constitucional determina las condiciones formales que deben concurrir para la admisibilidad de la solicitud de nulidad de las sentencias de revisión.[14] Estos requisitos son:
(i) La solicitud debe presentarse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del fallo adoptado por la Corte. Vencido este término, se entiende que toda circunstancia que acarrearía la nulidad del fallo queda saneada;[15]
(ii) En caso que el vicio se funde en situaciones acaecidas con anterioridad al momento de proferir el fallo, la solicitud de nulidad deberá solicitarse, de conformidad con lo señalado en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, antes de que la Sala de Revisión emita la sentencia correspondiente. En caso que las partes que intervinieron en el proceso constitucional no eleven petición en ese sentido dentro de la oportunidad prevista, pierden su legitimidad para invocar la nulidad posteriormente;[16]
3.2.3. Presupuestos materiales de procedencia. En igual sentido, la doctrina constitucional relativa a los requisitos de admisibilidad de las solicitudes de nulidad también ha establecido determinadas condiciones y limitaciones a los argumentos que se utilicen para fundar los cargos en contra de la sentencia respectiva, las cuales se resumen de la siguiente manera:
(i) El solicitante tiene la carga de demostrar, con base en argumentos serios y coherentes que la sentencia vulnera el derecho fundamental al debido proceso. Como se indicó, el incidente de nulidad no es una oportunidad para reabrir la discusión jurídica resuelta en el fallo, por lo que una censura al fallo sustentada en el inconformismo del peticionario ante lo decidido o en una crítica al estilo argumentativo o de redacción utilizado por la Sala de Revisión, carece de eficacia para obtener la anulación de la sentencia.
(ii) La solicitud de nulidad no puede utilizarse como alternativa para que la Sala Plena de la Corte Constitucional reabra el debate probatorio realizado por la Sala de Revisión que profirió el fallo respectivo. En consecuencia, el cargo que sustente la solicitud de nulidad no puede estar dirigido hacia ese fin.
(iii) La afectación del debido proceso por parte de la Sala de Revisión tiene naturaleza cualificada. Por tanto, “debe ser ostensible, probada, significativa y trascendental,es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos (Subrayas en el texto)”.[17] Con base en estas características, la jurisprudencia identifica algunos casos en que la vulneración reúne esas características, tales como:
- Cuando una Sala de Revisión cambia la jurisprudencia de la Corte. (…).[18]
- Cuando una decisión de la Corte es aprobada por una mayoría no calificada según los criterios que exige la ley.[19]
- Cuando existe incongruencia entre la parte motiva de una sentencia y la parte resolutiva de la misma, que hace anfibológica o ininteligible la decisión adoptada;[20] igualmente, en aquellos eventos donde la sentencia se contradice abiertamente, o cuando la decisión carece por completo de fundamentación.
- Cuando la parte resolutiva de una sentencia de tutela da órdenes a particulares que no fueron vinculados o informados del proceso.[21]
- Cuando la sentencia proferida por una Sala de Revisión desconoce la cosa juzgada constitucional, pues ello significa la extralimitación en el ejercicio de sus atribuciones.[22]”.[23]
(iv) Igualmente, la jurisprudencia también ha contemplado la configuración de una causal de nulidad de las sentencias de revisión cuando, de manera arbitraria, se dejan de analizar asuntos de relevancia constitucional que tienen efectos transcendentales para el sentido de la decisión.[24]”
1.4. Con fundamento en los requisitos señalados, la Sala Plena pasa a decidir sobre la nulidad presentada por el señor Embajador de la Embajada de España de Colombia Nicolás Martín Cinto contra la sentencia T-344 de 2013, fallo en el cual se ordenó a la Embajada contestar el derecho de petición radicado por el ciudadano José David Duitama Borda en las instalaciones de la misión el 30 de enero de 2012.
2. Análisis de los requisitos formales en el caso concreto
En el oficio No. A-020-2013 del 14 de enero de 2014 la Secretaría General de la Corte solicitó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca certificar la fecha en que fue notificada la sentencia T-344 de 2013 a la Embajada de España en Colombia. Así, mediante documento radicado en la Corporación el 28 de enero de 2014, la Sala contestó “a la honorable Embajada de España se le notificó el 26 de noviembre de 2013 la sentencia de la Corte Constitucional con radicado T-344 de 2013 de fecha 4 de junio de 2013, como consta en el oficio S-DIP-13-048058 de fecha 29 de noviembre de 2013 del Ministerio de Relaciones exteriores.” Ahora bien, como se afirmó en las consideraciones precedentes, las partes dentro del proceso de tutela cuentan con 3 días a partir de la notificación del fallo para solicitar la nulidad del mismo. En el caso concreto, el término empezó a correr el 27 de noviembre y finalizó el 29 de noviembre de 2013,la solicitud que aquí se estudia fue radicada el 29 de noviembre de 2013, por ello la Sala puede concluir que la nulidad de la referencia fue presentada dentro del término previsto para tal efecto.
3. Análisis de los requisitos materiales en el caso concreto
El señor Embajador de España en Colombia,[25]solicitó la nulidad de la sentencia T-344 de 2013, porque considera que la Sala Primera de Revisión incurrió en indebida notificación del auto de pruebas del 19 de abril de 2013 expedido en el trámite de revisión de la acción de tutela. A su juicio, no podía notificarse a la Embajada directamente, a través de la Secretaría General de la Corporación, sino que tal notificación debió realizarse por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con el artículo XLI de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Incluso planteó el señor Embajador que todos los asuntos oficiales debían ser notificados por ese medio, concluyendo en su escrito que la irregularidad en la notificación de la providencia señalada afectó el derecho al debido proceso de la Embajada, particularmente, porque “conllevó a que la Misión no fuera vinculada al trámite de revisión, y, pudiera ejercer su derecho de defensa.”
3.1.Al respecto, la Sala Plena de la Corporación considera que en desarrollo del proceso de revisión del proceso que terminó con la expedición de la providencia cuya nulidad se intenta, se respetó el derecho de defensa de las partes, y las actuaciones procesales se surtieron en atención a las formas propias del trámite de tutela.
3.1.1. La Embajada fue vinculada al trámite de la tutela por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. En sede de revisión se profirió el auto de 19 de abril de 2013que contenía una solicitud de pruebas para precisar algunos aspectos de la controversia.
Al respecto cabe precisar que, al ser vinculado al proceso, el señor Embajador de España, presentó la Nota Verbal No. 373 de 2012 para contestar la acción de tutela. En ese documento señaló: “habida cuenta que el Sr. Duitama Borda, prestaba sus servicios laborales en la Oficina Económica y Comercial en Colombia, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, y que se encuentra en domicilio distinto a esta sede, el mencionado oficio ha sido trasladado a la referida Oficina a fin de que elabore el escrito solicitado en auto del 10 de julio de 2012, relativo a la Acción de Tutela radicado Único(…)”.De la misma forma, la Embajada ejerció su derecho de defensa al impugnar el fallo de primera instancia en el que el juez de la causa ordenó contestar el derecho de petición elevado por el señor Duitama Borda.[26]En esa oportunidad el representante de la misión señaló que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca no respetó los postulados generales de tratamiento de las misiones diplomáticas vigentes en Colombia, especialmente, que desconoció la inmunidad de jurisdicción que gozan éstas en asuntos relativos a las peticiones dirigidas por ciudadanos del país receptor.
De lo anterior se puede concluir que la Embajada de España en Colombia contó con todas las oportunidades procesales para ejercer su derecho de defensa en el proceso correspondiente. Además cuando el proceso fue conocido por la Sala Primera de Revisión, el mismo representante de la misión intervino con escrito en el que afirmó estar en desacuerdo con la forma en que la Sala le notificó el auto de pruebas del 19 de abril de 2013, no siendo éste un argumento nuevo en el escrito de nulidad.
3.1.2. De la forma como según la Embajada deben notificarse los autos, cabe anotar que de una lectura armónica del artículo XLI[27] de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961,y las demás normas que la componen, se puede concluir que el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio que haga sus funciones en el país receptor, debe servir como canal de contacto de los asuntos oficiales de que la misión este encargada por el Estado acreditante. De ello dan cuenta, por ejemplo, los artículos X,[28] XIII,[29] XVII,[30] XXXIX,[31] de la Convención.
Pero en cuanto a la notificación de los procesos de tutela la Sala concluye, que de la lectura del texto de la norma no se colige la obligación de notificar, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, los procesos judiciales que se adelanten contra la Embajada.
Insiste el señor embajador en su escrito que del texto del artículo XLIde la Convención de Viena de 1961, que puede colegirse que incluso las notificaciones judiciales, por ser asuntos oficiales, debe gestionarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Al respecto cabe precisar que de ese instrumento, cuando se trata de procesos de tutela a los que la misión o delegación está vinculada, la forma de notificación se rige por el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,” el cual señala que “las providencias que se dicten se notificarán a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere más expedito y eficaz,”ello en concordancia con lo dispuesto por el Acuerdo 005 de 1992en el cual la Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó el reglamento interno de la Corporación, el cual dispone en el numeral l) del artículo 17 que las providencias de la Corporación las notifica la Secretaría General.
3.1.3. Finalmente, en el caso que ocupa a la Sala Plena, la Secretaría General de la Corporación certificó que el auto de pruebas del 19 de abril de 2013, proferido por la Sala Primera de Revisión, fue notificado al señor Embajador en las instalaciones de la Embajada, mediante el oficio OPTA 160 del 23 de abril de 2013.
3.2. Sobre el segundo argumento de nulidad, de acuerdo con el cual la Sala de Revisión no tiene competencia para pronunciarse en un proceso de tutela en el cual una de las partes de la controversia es una Embajada, por cuanto las misiones y delegaciones acreditadas en Colombia gozan de inmunidad de jurisdicción de conformidad con el artículo XXXI de la Convención de Viena de 1961 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia; la Sala debe reiterar que la postura que ha sostenido la Sala Plena de la Corporación en el auto 011 de 2014[32] y en las diferentes Salas de Revisión, es la de la inmunidad restringida en materia laboral.[33]
En el auto 011 de 2014, la Sala Plena de la Corporación decidió sobre la solicitud de nulidad presentada por el representante legal de la Embajada de la República Islámica de Irán contra la sentencia T-180 de 2012 proferida por la Sala Primera de Revisión en la cual se tutelaron los derechos fundamentales al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada de una mujer colombiana que prestó sus servicios para la Embajada, y fue despedida, a pesar de que el empleador conocía de su estado de embarazo. Uno de los argumentos esgrimidos para pretender la nulidad de la sentencia se hizo consistir en que la Corte Constitucional no tiene competencia para conocer de acciones de tutela que se presenten contra misiones o delegaciones acreditadas en el país, pues de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, aquellas gozan de inmunidad de jurisdicción en el país receptor. La Sala Plena reiteró que conforme a la jurisprudencia y por interpretación restrictiva de la Convención de Viena de 1961, las misiones y delegaciones tiene inmunidad de jurisdicción restringida en materia laboral. Como la Convención no dice expresamente que en esa materia las Misiones o Delegaciones Diplomáticas gocen de inmunidad y por el contrario dispone que las delegaciones están obligadas a aplicar las normas laborales vigentes en el país receptor, opto por tesis de la inmunidad restringida. La finalidad es la de proteger los derechos laborales de los ciudadanos colombianos que fungen como trabajadores particulares de las misiones y delegaciones acreditadas en Colombia. La Corte negó la solicitud de nulidad y estimo que la Sala Primera de Revisión tenía competencia para conocer de fondo el asunto planteado por la ciudadana colombiana contra la Embajada de la República Islámica de Irán.
3.2.1. A la luz de una interpretación constitucional de la Convención de Viena de 1961, las misiones y delegaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país tienen inmunidad restringida en materia laboral, es decir, pueden ser sujetos pasivos de acciones legales o judiciales en las que se discuta sobre derechos laborales de nacionales Colombianos que fungen como sus trabajadores particulares. Ahora bien, la Convención no hace referencia a la actuación de los miembros de las misiones como particulares, sino, como representantes del país acreditado en el país receptor, en tal sentido, la misión a la cual se encuentran vinculados los agentes diplomáticos está legitimada por pasiva para conocer de la acciones contra sus connacionales.
El precedente hito en la materia es el caso de Adelaida García de Borrisow contra la Embajada del Líbano.[34]La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia modificó la primera postura asumida frente al tema de la inmunidad de jurisdicción, según la cual la Corte Suprema rechazó de plano, por falta de competencia, varios procesos ordinarios laborales que llegaron para su conocimiento.[35]Sostuvo en ese caso la Corporación, que se debía interpretar que la inmunidad de jurisdicción civil de que gozan los agentes diplomáticos en virtud del artículo XXXI de la Convención de Viena de 1961, no incluye la inmunidad de jurisdicción laboral, porque no se contempla expresamente en ese instrumento. Se adoptó entonces la tesis de la inmunidad de jurisdicción restringida en materia laboral. Se dejó establecido que al no hacerse mención expresa en el texto de la Convención a los conflictos en materia laboral, es decir, al no señalar que las misiones y delegaciones gozan de inmunidad en la materia, se excluyó de la inmunidad los conflictos jurídicos surgidos en razón de los vínculos de naturaleza laboral entre los agentes diplomáticos y los nacionales que fungían como sus criados particulares.[36]
3.2.2. En la sentencia T-344 de 2013 la Sala Primera de Revisión sostuvo que la Convención de Viena de 1961 en materia laboral guardó silencio sobre la inmunidad de jurisdicción, y que la lectura restrictiva que debe servir como primer criterio de interpretación del tratado, permite entender que no existe inmunidad de jurisdicción laboral, como lo han sostenido diversas Salas de Revisión de la Corte Constitucional y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en varios pronunciamientos en la materia. Además, armonizó lo dicho con los artículos XXXI[37]y XXXIII[38]de la Convención, que señala que los jefes de misión están obligados a cumplir las normas sobre seguridad social del Estado receptor, en relación con todos los trabajadores que no estén exceptuados por el numeral 2° del mismo artículo, y que sean nacionales del Estado receptor o tengan su residencia permanente en él. Por lo tanto, la Sala reiteró que los trabajadores nacionales o ciudadanos residentes en el territorio, que presten sus servicios a misiones, delegaciones u organismo internacionales, cuentan con mecanismos de protección idóneos de sus derechos laborales, y esta posición se reafirmó partiendo de que uno de los propósitos de la Convención de Viena de 1961 consiste en no establecer privilegios e inmunidades para beneficiar a personas en concreto, sino facilitar el cumplimiento y la eficacia de las funciones diplomáticas, para lo cual se hace necesario, además, asegurar estabilidad y predictibilidad en la normatividad aplicable en caso de controversias.
3.2.3. La Sala Plena de la Corporación y las Salas de Revisión han reiterado que el proceso ordinario laboral ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia es el mecanismo eficaz de protección de los derechos laborales de los trabajadores colombianos o ciudadanos que tienen su residencia permanente en el país, cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por una misión, delegación u organismo de derecho internacional, en desarrollo de una relación laboral regida por las normas internas en la materia. Pero ha sostenido también que esto no significa que el proceso ordinario sea el único mecanismo de protección de derechos, pues como se afirmó y quedó consignado en la providencia controvertida, la tutela es un mecanismo subsidiario de protección de derechos fundamentales, que sin desplazar la vía ordinaria en todo los casos, debe operar para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
3.2.4. De forma tal que en la sentencia T-344 de 2013 la Sala Primera de Revisión reiteró los pronunciamiento a través del cual esta Corporación a fundamentado su competencia para conocer de acciones de tutela contra misiones o delegaciones acreditadas en Colombia, entre ellos el precedente contenido en el auto 011 de 2014[39] de la Sala Plena de esta Corporación en la cual, como se dijo, se resolvió la nulidad presentada por el representante legal de la Embajada de la República Islámica de Irán contra la sentencia T-180 de 2012, tras aducir el funcionario que la Sala Primera de Revisión no tenía competencia para conocer de fondo sobre la tutela presentada por una ciudadana colombiana contra esa Embajada por desconocimiento de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada; y se siguió la ratio de la sentencia T-667 de 2011 en materia de protección al derecho de petición, para resolver el caso del señor Duitama Borda contra la Embajada de España.[40]Por lo tanto, no comparte la Sala Plena de la Corporación el argumento del señor Embajador de España que sugiere que se violó el derecho al debido proceso de la Embajada por cuanto la Sala Primera de Revisión no tiene competencia para pronunciarse sobre el asunto puesto a su consideración por el ciudadano, por gozar de inmunidad de jurisdicción en los Estados receptores que en su derecho interno aplican las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.
3.2.5. Y tampoco resulta de recibo para que prospere la nulidad, el argumentar que todos los procesos judiciales y por lo tanto los autos que en ellos se profieran deben ser notificados o comunicados a las Misiones Diplomáticas, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme lo establece el artículo XIL de la Convención de Viena, porque como ya se precisó del texto de la norma no es factible extraer esa conclusión, y los procesos de tutela en Colombia se rigen por el procedimiento establecido en el Decreto 2591 de 1991 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.[41]
4. Conforme a las consideraciones expuestas, la Sala Plena concluye que la sentencia T-344 de 2013, proferida por la Sala Primera de Revisión, no incurrió en defecto alguno que conduzca a la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la Embajada de España. Los argumentos con base en los cuales la entidad presentó la solicitud de nulidad no son nuevos e hicieron parte de las razones analizadas en la sentencia controvertida, la indebida notificación del auto de pruebas que se dice debió hacerse por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la falta de competencia de la Corte Constitucional, para pronunciarse sobre un proceso de tutela contra una Embajada, debido a la inmunidad de jurisdicción. El señor Embajador pretende reabrir el debate sobre aspectos ya decididos en el fallo, situación que no es propia del trámite de nulidad. Por lo anterior, la Sala negará la solicitud elevada por el señor Embajador Nicolás Martín Cinto, actuando como representante de la Misión Diplomática de España en Colombia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-NEGAR la solicitud de nulidad presentada por el señor Nicolás Martín Cinto, actuando como Embajador de la Misión Diplomática de España en Colombia contra la sentencia T-344 de 2013, proferida por la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional.
Segundo.-Comuníquese el presente auto al solicitante, informándole que contra el no procede recurso alguno.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General