Auto 013/15
CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADO ADMINISTRATIVO ORAL DE CIRCUITO Y JUZGADO PENAL DE CIRCUITO-Competencia de la Corte Constitucional
CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia para dirimir conflictos de competencia/CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia residual cuando autoridades judiciales carezcan de superior jerárquico común
ACCION DE TUTELA-Normas que determinan la competencia
ACCION DE TUTELA-Decreto 1382 de 2000 no establece competencia sino reglas de simple reparto
ACCION DE TUTELA CONTRA CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA-Competencia de Juzgado Penal de circuito
Referencia: Expediente ICC-2073
Conflicto de competencias entre el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali - Valle del Cauca- y el Juzgado Penal del Circuito de Sevilla- Valle del Cauca-.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil quince (2015)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, resuelve lo pertinente respecto del conflicto de competencia de la referencia.
I. ANTECEDENTES
a) Orlando de Jesús Bedoya Muñoz, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca- Sala Administrativa-, por la presunta vulneración de su derecho fundamental de acceso a la justicia, señalando que la demanda ordinaria laboral que presentó en Sevilla- Valle del Cauca- y que fue repartida al Juzgado Laboral del Circuito de dicho municipio no fue tramitada, como consecuencia de una decisión adoptada por el demandado, mediante la cual concedió una licencia al juez titular de tal despacho, presuntamente, sin tener competencia para ello y sin nombrar un funcionario en reemplazo de aquél.
b) El 1º de octubre de 2014, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali-Valle del Cauca -, autoridad a quien se asignó la acción en una primera oportunidad, sostuvo que, de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, no le correspondía el conocimiento de la misma, por carecer de competencia territorial en el lugar de la presunta vulneración (Sevilla, Valle del Cauca). En ese sentido, remitió la acción de tutela a los Juzgados del Circuito de Sevilla para su respectivo reparto.
c) Habiéndose efectuado nuevamente el reparto, la acción de tutela le correspondió al Juzgado Penal del Circuito de Sevilla para su conocimiento. Mediante providencia del 8 de octubre de 2014, dicha autoridad judicial propuso un conflicto negativo de competencias al tiempo que lo remitió para su decisión a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Señaló que, de conformidad con jurisprudencia del alto Tribunal de la jurisdicción ordinaria, el juzgado que inicialmente alega la causal de incompetencia por el factor territorial, es quien debe conocer de la demanda de tutela en virtud de la competencia a prevención.
d) Mediante providencia del 27 de octubre de 2014, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia señaló que dicha Corporación no era competente para desatar el citado conflicto, como quiera que no era el superior jerárquico de las autoridades judiciales implicadas, motivo por el que remitió el expediente a esta Corte para su respectivo trámite.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
1. Competencia de esta Corporación para resolver conflictos de competencia
1.1. En múltiples oportunidades, esta Corporación ha destacado que su facultad para resolver los conflictos de competencia en materia de tutela es de naturaleza residual, como quiera que sólo opera cuando no existe superior funcional común entre las autoridades judiciales involucradas.
Dicha competencia se explica porque la Corte es el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, y porque los conflictos que se presentan con ocasión de las demandas de tutela, desde la órbita funcional, pertenecen a esta jurisdicción, aunque los jueces involucrados integren formalmente otra.
En este sentido, es necesario aclarar que dicha competencia no constituye una excepción a la regla contenida en los artículos 256 constitucional y 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que confieren a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la competencia para dirimir conflictos de competencia que se presenten entre distintas jurisdicciones. Esto, por cuanto, como fue expresado, los conflictos entre dos autoridades judiciales con motivo de una acción de tutela son siempre conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional, aún cuando los funcionarios involucrados hagan parte de jurisdicciones distintas.
1.2. Por otra parte, también se ha considerado que la residualidad de esta competencia debe armonizarse con el acceso a la administración de justicia de los accionantes y el respeto por sus derechos fundamentales. Por tal motivo, de presentarse un conflicto suscitado entre pluralidad de autoridades judiciales que tengan un superior jerárquico común y el mismo se encuentre en esta Corporación, la Corte es competente para desatarlos, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia procesal[1].
2. Reglas aplicables para resolver conflictos de competencia en materia constitucional.
2.1. La Constitución Política establece que todos los jueces son competentes para conocer de la acción de tutela, al disponer que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”.
2.1.1. Tanto el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,[2] como el artículo 1° el Decreto 1382 de 2000,[3] señalan que la competencia para conocer de una acción de tutela la tiene, a prevención,[4] cualquier funcionario judicial del lugar donde ocurra la violación o la amenaza al derecho fundamental, así como, el juez con jurisdicción donde se producen sus efectos (competencia territorial). Asimismo, la primera disposición establece que cuando se trata de acciones contra los medios de comunicación los llamados en competencia son los jueces del circuito (competencia funcional). En consecuencia, ambos factores, el territorial y el funcional, son el único fundamento jurídico apto para generar un conflicto de competencia[5].
2.2. En relación con la aplicación del Decreto 1382 de 2000[6], esta Corporación ha concluido que el mismo establece reglas de reparto de la acción de tutela, más no de fijación de competencia, pues ésta, se reitera, la tiene cualquier autoridad judicial, siempre que se atiendan los factores que fueron descritos previamente. De allí que las disposiciones que contiene el mencionado Decreto no son presupuesto para declarar la incompetencia en el conocimiento de un asunto[7] o para declarar la nulidad de lo actuado[8], pues se trata sólo de pautas de reparto que deben ser atendidas por las oficinas de apoyo judicial cuando distribuyen las demandas entre los diferentes despachos judiciales.
A partir de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha indicado que “ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente”, razón por la que de ser promovido por esta causa, el expediente debe ser remitido a quien primero fue repartido, a fin de que se tramite inmediatamente la acción de amparo o se decida la impugnación.[9] Sin embargo, lo dicho no impide que de observarse una distribución caprichosa por la oficina de apoyo judicial, quien deba resolver el conflicto suscitado aplique las reglas de reparto previstas en el Decreto 1382 de 2000.
2.3. En todo caso, se insiste que la permisión de este tipo de colisiones por una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto Reglamentario, quebranta la celeridad y eficacia propias de esta acción constitucional, lo que puede producir graves violaciones de derechos fundamentales, en razón a la urgencia de los asuntos que se debaten en este tipo de procesos. Precisamente, lo anterior constituye el fundamento material para exigir del juez de tutela mayor rigurosidad al momento de determinar su incompetencia, y un compromiso real frente al deber de tramitar esta acción en concordancia con los principios constitucionales de informalidad, sumariedad y celeridad.
3. Análisis del caso concreto
3.1. Inicialmente, esta Corporación advierte estar de acuerdo con la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia frente al criterio expresado en la providencia del 27 de octubre de 2014; en tanto, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 270 de 1996,[10] el estudio del conflicto actual no corresponde a dicho Tribunal, justamente por tratarse de un asunto en el que una de las autoridades no pertenece a la jurisdicción ordinaria, lo que implica que la Corte Suprema de Justicia no sea su superior jerárquico. En ese sentido y asumiendo la competencia residual de esta Corporación en casos como el examinado, la Sala advierte su competencia para decidir qué autoridad debe conocer de la solicitud de amparo.[11]
3.2. En el caso objeto de estudio, la Sala considera que sí existió un conflicto competencias entre el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali - Valle del Cauca- y el Juzgado Penal del Circuito de Sevilla- Valle del Cauca- con fundamento en el factor territorial descrito por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, como quiera que la discusión ha versado sobre el lugar de ocurrencia de la presunta vulneración o la extensión de sus efectos.
3.2.1. En ese sentido, la Sala evidencia que el sitio donde se generan los efectos de la presunta vulneración corresponde al municipio de Sevilla- Valle del Cauca-, como quiera que la irregularidad que endilga el actor al Consejo Seccional de la Judicatura demandado está relacionada con la licencia concedida al titular de un despacho judicial en dicho municipio y su falta de reemplazo, lo que, a su juicio, ha impedido el trámite de la demanda que presentó en tal juzgado. En efecto, si lo que pretende el accionante es que su derecho al acceso a la justicia sea protegido frente a una presunta anomalía ocurrida en el despacho en que se tramita su causa laboral y este juzgado se encuentra ubicado en Sevilla- Valle del Cauca- es apenas razonable concluir que la competencia territorial pertenece al juez de tutela ubicado en esta localidad, que además corresponde al domicilio del accionante.[12]
3.2.2. Hecha la anterior precisión y conforme con lo expuesto, la Sala Plena considera que el Juzgado Penal del Circuito de Sevilla- Valle del Cauca- es el llamado a conocer y decidir la presente acción constitucional.
3.3. Así las cosas, se dejará sin efectos el auto de fecha del 8 de octubre de 2014, proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Sevilla- Valle del Cauca- y, en consecuencia, se ordenará la remisión del citado asunto a dicho despacho judicial para que tramite y profiera decisión de fondo conforme a lo previsto en el Artículo 86 de la Constitución Política y el Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.
III. DECISIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: DEJAR SIN EFECTO el Auto del 8 de octubre de 2014, proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Sevilla- Valle del Cauca-.
Segundo: REMITIR el expediente al Juzgado Penal del Circuito de Sevilla- Valle del Cauca- para que, de forma inmediata, tramite y resuelva la acción de tutela presentada por Orlando de Jesús Bedoya Muñoz contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca- Sala Administrativa-.
Tercero: Por Secretaría General, COMUNICAR al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali - Valle del Cauca- y a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la decisión adoptada en esta providencia.
Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)