Auto 505/16
COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA DIRIMIR CONFLICTOS DE COMPETENCIA-Reiteración de Jurisprudencia
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Sólo se presenta por factor territorial y por acciones de tutela que se dirijan contra medios de comunicación
Referencia: Expediente ICC-2504
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo (2º) Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín y el Juzgado Quinto (5º) Civil del Circuito de Medellín.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2591 de 1991, y con base en las siguientes
CONSIDERACIONES
1. El ciudadano William Alberto Lopera Medina presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y al debido proceso que en su criterio han sido vulnerados por la Universidad de Pamplona, en el proceso de selección para el cargo de Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital San Lorenzo, del Municipio de Liborina (Antioquia).
Con la tutela, el actor pretende que se “declare la ilegalidad de lo actuado en el concurso abierto de méritos – Convocatoria E.S.E. Hospital San Lorenzo – Liborina (Antioquia) (…) hasta tanto se verifique que el procedimiento surtido se encuentra ajustado a Derecho y de ser procedente se retorne el trámite de selección siguiendo los parámetros Legales y Constitucionales para este tipo de concurso.”
2. El asunto fue repartido al Juzgado Segundo (2º) Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín, pero dicha autoridad mediante auto del catorce (14) de junio de los corrientes rechazó la acción de tutela y dispuso remitirla por competencia a los juzgados del circuito de la misma ciudad. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000[1], de acuerdo con el cual “[a] los jueces del circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental”.
3. Sometido a nuevo reparto, el asunto correspondió al Juzgado Quinto (5º) Civil del Circuito de Medellín. Ese despacho mediante auto del quince (15) de junio de dos mil dieciséis (2016) propuso conflicto negativo de competencias y remitió el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera la colisión.
Para ese juzgado, la competencia para conocer de la acción de tutela se encuentra radicada en el Juzgado al que le fue repartida inicialmente, de acuerdo a las reglas jurisprudenciales establecidas por la Corte Constitucional sobre el tema en particular.
4. La Sala Plena de esta Corporación, como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, es competente para resolver los conflictos de competencia que se susciten dentro de procesos de tutela cuando las autoridades judiciales involucradas carezcan de un superior jerárquico común.[2]
En ese orden de ideas, la supuesta colisión suscitada en el presente caso, entre el Juzgado Segundo (2º) Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín y el Juzgado Quinto (5º) Civil del Circuito de la misma ciudad, debió ser resuelta en los términos del segundo inciso del artículo 18 de la Ley 270 de 1996[3].
Sin embargo, desde los Autos 159A y 170A de 2003[4], la Corte Constitucional señaló que aún en el evento en que exista una corporación judicial que actúe como superior jerárquico común, la Corte debe dirimir directamente dichas controversias, en atención a que esto puede acarrear dilaciones que vulneran los derechos fundamentales.
En esas condiciones la Sala Plena procede a resolver el conflicto en cuestión, relativo a la aplicación de los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales (Art. 2º Superior) y de primacía de los derechos inalienables de las personas (Art. 5º ídem). En relación con la acción de tutela se protege materialmente el derecho constitucional al acceso a la administración de justicia (Art. 229 ídem), así como se observan los principios de informalidad, sumariedad y celeridad que deben informar el trámite de la acción de tutela (Art. 86 ídem y artículo 3º del Decreto 2591 de 1991).[5]
5. En relación con la definición del régimen de competencias, la Corte Constitucional ha sostenido y lo reitera en esta oportunidad, que los únicos conflictos existentes en tutela son los relacionados con el factor territorial y los que se presentan en acciones dirigidas contra medios de comunicación (Decreto 2591 de 1991, artículo 37), por lo que cualquier error en la interpretación o aplicación de las normas de reparto, contenidas en el Decreto 1382 de 2000, solo generan colisiones aparentes.[6]
6. En esta ocasión no se presenta entonces un conflicto de competencia, porque en relación con la aplicación de las normas contenidas en el Decreto 1382 de 2000, la Corte ha establecido que el mismo consagra reglas de reparto más no de fijación de competencias.[7] En este contexto, las disposiciones que hacen parte del mencionado decreto no son presupuesto para que una autoridad se aparte del conocimiento de un asunto. Por lo tanto, “en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto”.[8]
Así las cosas, teniendo en cuenta que en el presente caso se trata de una acción de tutela que fue repartida en un primer momento al Juzgado Segundo (2º) Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín, se dispondrá que corresponde a dicho despacho conocer el proceso de la referencia.
Por consiguiente y para que la acción de tutela no sufra más retardo, en contravía de los principios constitucionales de celeridad, informalidad y eficacia que inspiran el mecanismo[9], la Sala dejará sin efectos el auto de 14 de junio de 2016, proferido por el Juzgado Segundo (2º) Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín para que, de forma inmediata, continúe el trámite de la primera instancia y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado.
7. Finalmente, es preciso anotar, que aun cuando no se trata de un conflicto de competencia, eso no significa que la Oficina de Apoyo Judicial de Medellín haya actuado acertadamente al repartir el caso a un juzgado municipal. La Universidad de Pamplona es una institución estatal del orden Departamental[10] y por consiguiente, en aplicación del artículo 1.1 del Decreto 1382 de 2000, el asunto debía ser repartido a autoridades judiciales con categoría de circuito. Al respecto, entonces, cabe exhortar a la Oficina de Apoyo Judicial de esa ciudad para que en lo sucesivo se atenga a dicha normativa en el reparto de acciones de tutela y a la jurisprudencia que hasta el momento, ha producido esta Corte respecto del tema en particular[11].
Con base en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,
RESUELVE:
Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto de 14 de junio de 2016, proferido por el Juzgado Segundo (2º) Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín, mediante el cual rechazó la acción de tutela instaurada por William Alberto Lopera Medina contra la Universidad de Pamplona, y dispuso remitirla por competencia a los juzgados del circuito de la misma ciudad.
Segundo.- REMITIR el expediente al Juzgado Segundo (2º) Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín, para que de forma inmediata tramite en primera instancia la acción de tutela mencionada en el numeral anterior.
Tercero.- Por Secretaría General, COMUNICAR a las partes y al Juzgado Quinto (5º) Civil del Circuito de Medellín, la decisión adoptada en esta providencia.
Comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (E)
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Ausente con excusa
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General