Auto 146/16
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Reiteración auto A.124/09
ACCION DE TUTELA-Decreto 1382 de 2000 no establece competencia sino reglas de simple reparto
Referencia: expediente ICC-2378
Conflicto de competencia suscitado entre la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., trece (13) de abril de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2591 de 1991, y con base en las siguientes
CONSIDERACIONES
1. El señor Eusebio Macías Cabrera, Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Superintendencia de Notariado y Registro, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección del derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado por el Comité de Convivencia y Conciliación de la entidad en que labora.
Con la demanda de tutela, el accionante pretende que la entidad se pronuncie respecto a la petición formulada el 16 de septiembre de 2015, en la que denuncia presuntos actos de acoso laboral por parte de su nominador en el ejercicio del ius variandi.
2. El asunto fue repartido a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, pero dicha autoridad mediante auto del treinta (30) de noviembre de dos mil quince (2015) resolvió remitirlo por competencia a los juzgados de circuito de la misma ciudad. Al respecto, indicó que de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2º del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, el conocimiento de la acción de tutela corresponde a los jueces de esa categoría, teniendo en cuenta que “la entidad accionada pertenece al sector descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva”.
3. Sometido a nuevo reparto, el estudio de la acción de tutela se asignó al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena. En auto de dos (2) de diciembre de dos mil quince (2015), ese despacho propuso conflicto negativo de competencia, con apoyo de una de las decisiones emanadas por la Corte Constitucional sobre el tema en particular[1], según la cual (…) la observancia del mencionado acto administrativo (en referencia al Decreto 1382 de 2000) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto”. En consecuencia, “lo procedente es remitir el proceso al juez a quien se repartió en primer lugar, para que decida de forma inmediata, sobre el asunto sometido a su consideración.”
Conforme con lo anterior, el juzgado envió el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera la colisión.
4. La Sala Plena de esta Corporación, como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, es competente para resolver los conflictos de competencia que se susciten dentro de procesos de tutela cuando las autoridades judiciales involucradas carezcan de un superior jerárquico común.[2]
En ese orden de ideas, la supuesta colisión suscitada en el presente caso, entre la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la misma ciudad, debió ser resuelta en los términos del artículo 18 de la Ley 270 de 1996[3].
5. Sin embargo, desde los Autos 159A y 170A de 2003[4], la Corte Constitucional señaló que aún en el evento en que exista de una corporación judicial superior común, la Corte debe dirimir directamente dichas controversias, en atención a que esto puede acarrear dilaciones que vulneran los derechos fundamentales.
En esas condiciones, la Sala Plena da “aplicación a los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales (Art. 2º Superior) y de primacía de los derechos inalienables de las personas (Art. 5º ídem), protege materialmente el derecho constitucional al acceso a la administración de justicia (Art. 229 ídem), así como observa los principios de informalidad, sumariedad y celeridad que deben informar el trámite de la acción de tutela (Art. 86 ídem y artículo 3º del Decreto 2591 de 1991).”[5]
6. En relación con la definición del régimen de competencias, la Corte Constitucional ha sostenido que los únicos conflictos existentes en tutela son los relacionados con el factor territorial y los que se presentan en acciones dirigidas contra medios de comunicación (Decreto 2591 de 1991, art. 37), por lo que cualquier error en la interpretación o aplicación de las normas de reparto, contenidas en el Decreto 1382 de 2000, solo generan colisiones aparentes.[6]
7. En esta ocasión no se presenta entonces un conflicto de competencia, porque en relación con la aplicación de las normas contenidas en el Decreto 1382 de 2000, la Corte ha establecido que el mismo consagra reglas de reparto más no de fijación de competencias.[7] En este contexto, las disposiciones que hacen parte del mencionado decreto no son presupuesto para que una autoridad se aparte del conocimiento de un asunto. Por lo tanto, “en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto”.[8]
Así las cosas, teniendo en cuenta que en el presente asunto se trata de una acción de tutela que fue repartida en un primer momento a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, se dispondrá que corresponde a dicha Corporación conocer el proceso de la referencia.
Por consiguiente y para que la acción de tutela no sufra más retardo, en contravía de los principios constitucionales de celeridad, informalidad y eficacia que inspiran el mecanismo[9], la Sala dejará sin efectos el auto de treinta (30) de noviembre de dos mil quince (2015) proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena para que, de forma inmediata, continúe el trámite de la primera instancia y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado.
8. Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,
RESUELVE:
Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto de treinta (30) de noviembre de dos mil quince (2015) proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, mediante el cual se declaró incompetente para conocer la acción de tutela presentada por Eusebio Macías Cabrera contra la Superintendencia de Notariado y Registro.
Segundo.- REMITIR el expediente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, para que de forma inmediata tramite en primera instancia la acción de tutela mencionada en el numeral anterior.
Tercero.- Por Secretaría General, COMUNICAR a las partes y al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena la decisión adoptada en esta providencia.
Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Ausente con excusa
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General