Auto 337/16
COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA DIRIMIR CONFLICTOS DE COMPETENCIA-Reiteración de Jurisprudencia
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Se remite expediente a juez de primera instancia
Referencia: ICC-2426
Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior de Ibagué Sala Civil-Familia- y el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, y
CONSIDERANDO
1. La Sala Plena de esta Corporación, como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, es competente para resolver los conflictos de competencia que se susciten dentro de procesos de tutela cuando las autoridades judiciales involucradas carezcan de un superior jerárquico común[1], a menos que, no obstante que este exista, se trate de situaciones en las que se evidencie tardanza en la adopción de una decisión de fondo sobre derechos fundamentales, caso en el cual se impone que esta Corte dirima el asunto en aras de privilegiar la tutela judicial pronta y efectiva (art. 229 de la C.P.)
2. La señora Senaida Oteca Luna, a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Ministerio de Vivienda, en procura de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la vivienda digna y al trabajo, presuntamente vulnerado por esa entidad.
3. El 18 de marzo de 2016, la oficina judicial de Ibagué asignó el asunto a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de esa ciudad quien, por auto de 29 de marzo de esa misma anualidad, decidió declararse sin competencia pues, en su sentir, la entidad llamada a resolver las peticiones elevadas por la accionante era Fonvivienda y no dicho ministerio. Vistas así las cosas consideró que las pretensiones serian del resorte de una entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional[2], de manera que, según el Decreto 1382 de 2000, la competencia para conocer el asunto radicaría en los juzgados del circuito. En consecuencia, ordenó sortear el expediente entre dichos jueces.
4. El 30 de marzo de 2016, el asunto fue repartido al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué quien, a través de auto del 31 de marzo del corriente, se declaró sin competencia e invocó el conflicto negativo de competencia al considerar que, en principio, la actora dirigió el recurso de amparo a los jueces del circuito y, sin justificación aparente, la oficina de reparto asignó el caso al tribunal remitente. Sin embargo, agregó que no observó alguna causal por la cual dicho colegiado se haya abstenido de conocer el caso pues, bajo su consideración, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha sostenido que los únicos conflictos de competencia son los relacionados con el factor territorial, situación que no es objeto de controversia en esta oportunidad.
5. Tanto el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[3], como el artículo 1° el Decreto 1382 de 2000[4], señalan que la competencia para conocer de una acción de tutela la tiene, a prevención,[5] cualquier funcionario judicial del lugar donde ocurra la violación o la amenaza al derecho fundamental, o a elección del demandante, el juez con jurisdicción donde se producen sus efectos (competencia territorial)[6] y que “los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquellos que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de1991”[7] .
6. En relación con la definición del régimen de competencias, la Corte Constitucional ha sostenido que sólo existe una regla sobre el particular en materia de tutela y es la referente a las acciones de amparo dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación, cuyo conocimiento le corresponde a los jueces del circuito[8] (Decreto 2591 de 1991, art. 37).
7. En este orden de ideas, la Sala Plena de esta Corporación ha reiterado que la competencia se determina con base en la persona demandada en el escrito de tutela y no a partir del estudio de fondo del asunto[9]. Lo contrario supondría realizar un análisis sobre el responsable de la violación o amenaza de los derechos fundamentales al momento de la admisibilidad de la acción y ello solo es posible dentro de la sentencia.
Al respecto, en el Auto 003 de 2014[10], la Corte sostuvo: “[debe rechazarse] la conducta de aquellos jueces de la República que, en el estudio preliminar correspondiente a la admisión de la demanda, deciden determinar contra quiénes ha debido impetrarse la acción de tutela y se fundamentan en ello para declararse incompetentes con el argumento de que la modificación o inclusión de entidades demandadas altera la competencia. || De este modo, ha dispuesto la Corte que el juez a quien deben repartirse el expediente se determina según quién aparezca como demandado en el escrito de la demanda y no a partir del análisis de fondo de los hechos de la tutela pues tal estudio no procede en el trámite de admisión.”.
8. Por consiguiente, la Sala Plena procederá a resolver el presente conflicto de competencia, ordenando remitir el expediente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Ibagué para que, de forma inmediata, tramite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991. Así las cosas, en virtud de lo expuesto:
RESUELVE
PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 29 de marzo de 2016 proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Ibagué, dentro del expediente ICC-2426.
SEGUNDO.- REMITIR a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Ibagué el expediente ICC-2426, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar, dentro de la acción de tutela formulada por Senaida Oteca Luna contra el Ministerio de Vivienda.
TERCERO.- ORDENAR que, por Secretaría General, se comunique la decisión adoptada en esta providencia a las partes y al Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
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ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado |
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Magistrado |
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GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Magistrado |
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO Magistrada |
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JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Magistrado |
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Magistrado |
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ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado |
Ausente con permiso LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Magistrado |
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General