Auto 440/16
COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA DIRIMIR CONFLICTOS DE COMPETENCIA-Reiteración de Jurisprudencia
ACCION DE TUTELA CONTRA LA PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION-Competencia de jueces del circuito
Referencia: Expediente ICC-2465
Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior de Medellín, Sala Penal y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Medellín.
Magistrado Ponente:
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, y con base en las siguientes
I. CONSIDERACIONES
1. El doce (12) de mayo de dos mil dieciséis (2016), Esteban Gulfo Romero, a través de apoderado, en nombre propio y en representación de SINTRAINAGRO, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección del derecho fundamental al debido proceso que a su juicio fue vulnerado por la Superintendencia de Sociedades, Regional Bogotá, al decidir un recurso de reposición de manera desfavorable interpuesto contra el auto 400-0003940 del 10 de marzo de 2016, dentro del proceso liquidatorio de la Sociedad Manatí S.A.
El escrito de tutela está dirigido a los magistrados del Tribunal de Antioquia, teniendo en cuenta que (i) el señor Esteban Gulfo Romero actúa en nombre propio y en representación (Presidente) de los intereses de SINTRAINAGRO –Chigorodó, y (ii) la Sociedad Manatí S.A., la cual se encuentra en proceso liquidatorio en el que se profirió el Auto que se pretende atacar con la presente acción de tutela, tiene su domicilio en Medellín[1].
2. El asunto fue repartido al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Penal, pero dicha autoridad mediante auto del trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016) resolvió remitirlo a la oficina de apoyo judicial para que sea sometido a reparto entre los jueces del circuito adscritos a ese distrito judicial. Lo anterior aduciendo que la entidad demandada no pertenece al orden nacional sino al sector descentralizado por servicios, lo cual, atendiendo lo señalado por el artículo 1º, numeral 1, inciso 2 del Decreto 1382 de 2000[2] es a los jueces del circuito a quienes corresponde conocer de esta acción.
3. Realizado el nuevo reparto, le correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Medellín, despacho que mediante auto del dieciocho (18) de mayo de los corrientes, se declaró incompetente para tramitar la acción ya que al tenor del artículo 1º, numeral 2º, inciso 3 del Decreto 1382 de 2000[3] le corresponde a los Tribunales conocer de las acciones de tutela interpuestas contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, como sucede en el presente caso.
Teniendo en cuenta lo anterior, promueve conflicto negativo de competencias y remite el expediente a la Corte Constitucional para que dirima dicha colisión.
4. La Sala Plena de esta Corporación ha considerado, como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, que es competente para conocer y resolver los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades judiciales que carezcan de un superior jerárquico común[4], o que teniéndolo[5], sea necesario que la Corporación se pronuncie para no continuar dilatando el trámite de una demanda de tutela.
5. La Corte Constitucional, en varios de sus pronunciamientos, ha precisado que la jurisdicción constitucional está conformada por todos los jueces de tutela[6] y que el Decreto 1382 de 2000 establece las reglas de reparto de la acción de tutela y no de competencia. De tal modo, que se ha señalado que las disposiciones consagradas en dicho decreto no son presupuesto para que una autoridad se aparte del conocimiento de un asunto[7]. Así las cosas, “en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto”[8].
6. Frente a la definición del régimen de competencias por la naturaleza de las entidades demandadas, es decir, por la aplicación del factor funcional, se reitera que en materia de tutela sólo hay una regla sobre el particular y es la referente a las acciones de amparo dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación, cuyo conocimiento le corresponde a los jueces del circuito[9].
7. Conforme a estos lineamientos, la Sala Plena observa que en el presente caso no se presentó ni siquiera de forma aparente un conflicto negativo de competencias, toda vez que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Penal, tomó las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 para declararse incompetente y no realizar un pronunciamiento de fondo, con lo cual, aplica una regla de reparto que no desplaza su competencia y sí afecta los derechos fundamentales del actor.
II. DECISIÓN
En este caso no se observa que la acción de tutela se haya distribuido de forma caprichosa, pues no hubo una aplicación grosera o arbitraria de las reglas de reparto establecidas en el Decreto 1382 de 2000, sino, como se dijo, existió una discrepancia entre los operadores jurídicos acerca de la aplicación de las reglas contenidas en dicho Decreto.
Con base en los anteriores criterios, se dejará sin efectos el auto proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Penal, dentro del trámite de acción de tutela formulada por Esteban Gulfo Romero, a través de apoderado, en nombre propio y en representación de SINTRAINAGRO contra la Superintendencia de Sociedades, Regional Bogotá y se remitirá el expediente ICC-2465 al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Penal para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
RESUELVE
Primero.- Dejar sin efectoS el auto del trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016), proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Penal, mediante el cual decidió que no era competente para conocer de la acción de tutela presentada por Esteban Gulfo Romero, a través de apoderado, en nombre propio y en representación de SINTRAINAGRO contra la Superintendencia de Sociedades, Regional Bogotá.
Segundo.- REMITIR el expediente ICC-2465 al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Penal, para que de manera inmediata y sin dilaciones asuma el conocimiento de la acción de tutela de la referencia.
Tercero.- ORDENAR que, por Secretaría General, se comunique la decisión adoptada en esta providencia a las partes y al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Medellín.
Comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
Ausente con excusa
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrado Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado Magistrado (E)
ALBERTO ROJAS RÍOS LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General