Auto 592/17
CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Provocación innecesaria puede constituir dilación injustificada
Referencia: Expediente ICC- 3054
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Saldaña – Tolima y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Guamo - Tolima.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá, D. C., primero (1) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES
1. El 1 de agosto 2017, el señor José del Carmen Padilla Aragón presentó acción de tutela en contra de la Compañía Energética del Tolima S.A. ESP – ENERTOLIMA al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida la integridad personal y a la seguridad personal, dado que la empresa accionada no ha realizado los arreglos correspondientes a los seis (6) postes de luz que se encuentran dentro de su predio[1].
2. El 2 de agosto de 2017, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Saldaña - Tolima, instancia a la que correspondió el reparto del asunto, decidió rechazar el análisis del mismo por falta de competencia en virtud de lo previsto en el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000[2], pues consideró que “ENERTOLIMA S.A. ESP es una entidad descentralizada por servicios y conforme a las reglas administrativas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 (…) resulta claro que es un juez del circuito o con categoría de tal, el competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela”. En consecuencia, ordenó el envío del expediente al reparto de los jueces con categoría de circuito del municipio de El Guamo – Tolima[3].
3. El 8 de agosto de 2017, en uso de sus facultades de reparto, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Guamo – Tolima estimó que no era acertado el análisis realizado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Saldaña – Tolima, toda vez que “ENERTOLIMA S.A. es una entidad privada tal como se desprende de los estatutos de dicha compañía (…) [e]n atención a lo anterior, sin que ello implique una declaratoria de falta de competencia, sino el producto de una operación administrativa de reparto, por no existir oficina de apoyo, se ordenará devolver el presente expediente al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Saldaña – Tolima, conforme la distribución que el Decreto 1382 de 2000 estableció para el reparto de las acciones de tutela”[4].
4. El 10 de agosto de 2017, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Saldaña – Tolima manifestó que “debido a la posición manifestada por el Juzgado 2 Civil del Circuito del Guamo Tolima, se ordenará que el expediente se remita a la Honorable Corte Constitucional, para dirimir la presente controversia de reparto administrativo”[5].
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para dirimir los conflictos de competencia en materia de tutela (i) tanto en los casos en que no existe un superior jerárquico funcional común entre las autoridades involucradas, (ii) como en aquellos en los que pese a contar con tal autoridad, en virtud de los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, y del derecho al acceso oportuno a la administración de justicia, se avoca su conocimiento para garantizar la eficacia de la acción de tutela como mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales[6].
Cabe resaltar, que en principio, el asunto de la referencia debió ser resuelto por la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, según lo previsto en el inciso del artículo 18 de la Ley 270 de 1996[7], pues se trata de autoridades judiciales de diferente categoría (municipal y circuito) que pertenecen al mismo distrito judicial (Ibagué). Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.
2. Ahora bien, en diferentes oportunidades esta Corporación ha concluido que los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991 son las disposiciones que expresamente aluden a los factores que precisan la competencia en materia de tutela[8]. En este sentido, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, establece que solo existen dos factores de asignación de competencia, según los cuales le corresponde conocer el recurso de amparo (i) al juez del lugar (a) donde se vulneraron o amenazaron los derechos fundamentales invocados, o (b) donde se producen los efectos de tal vulneración o amenaza –factor territorial– y (ii) en el caso de las acciones de tutela que se interpongan contra los medios de comunicación, en primera instancia, a los jueces del circuito del lugar donde ocurrieron los hechos –factor territorial y subjetivo–.
3. Asimismo, la jurisprudencia ha establecido que la aplicación de las normas de reparto señaladas en el Decreto 1382 de 2000, no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente. En ese sentido, ha reiterado esta Corte que la prevalencia que revisten en estos casos los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.), así como la informalidad y celeridad que caracterizan el trámite de la acción de tutela (art. 86 C.P.), no pueden ser desconocidos, en la medida en que el mencionado decreto solo prevé reglas administrativas para el reparto[9].
Excepcionalmente y solo cuando se advierta una tergiversación manifiesta de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, esta Corporación asignará la competencia de acuerdo a las disposiciones del mencionado decreto, tal y como ocurre “cuando se asigna el conocimiento de una demanda de tutela contra una Alta Corte, a un funcionario judicial diferente a sus miembros”[10].
En consecuencia, “en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto”[11].
4. De otro lado, esta Corte ha precisado que las colisiones de competencia son controversias de tipo procesal en las cuales, dos o más jueces (i) se rehúsan a asumir el conocimiento de un asunto, de naturaleza constitucional, dada su incompetencia o contrario a ello, (ii) pretenden iniciar el trámite del mismo, al considerar que les asiste dicha competente. En el primer caso, se trata de un conflicto de competencia negativo y en el segundo uno de carácter positivo[12].
III. CASO CONCRETO
1. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:
i. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Saldaña – Tolima argumentó su incompetencia a partir de la interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, pese a que son disposiciones que no definen la competencia en materia de tutela. Por consiguiente, tal despacho judicial no podía apartarse del conocimiento de la presente acción de tutela, invocando para tal efecto las normas que hacen parte del mencionado decreto.
ii. En estricto sentido, no se configuró un conflicto de competencia, pues la única autoridad que en ejercicio de funciones judiciales rechazó el conocimiento del trámite de tutela fue el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Saldaña – Tolima, dado que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Guamo – Tolima actuó en uso de sus facultades administrativas de reparto, debido a la inexistencia de una oficina especial que tuviera a cargo dicha tarea en el Municipio.
iii. Al margen de cualquier consideración sobre la posibilidad de que el mencionado juzgado del circuito -en ese momento cumpliendo funciones de reparto- hubiere propuesto el conflicto de competencia, lo cierto es que fue remitido a este Tribunal por el juzgado municipal y debe entonces adoptarse una decisión que permita garantizar la celeridad del trámite de la acción de tutela.
iv. Reitera la Corte que, ante una inconformidad con el reparto es inadmisible proponer un conflicto de competencia, comoquiera que no es la vía procesal idónea ni pertinente para resolver la misma. Conforme a ello se concluye que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Saldaña – Tolima actuó en contravía de los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela. En consecuencia, el expediente deberá devolverse a la mencionada autoridad judicial, a fin de que asuma de manera inmediata y sin dilaciones el conocimiento de la acción de tutela de la referencia.
2. Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos los autos proferidos el 2 y 10 de agosto de 2017, por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Saldaña – Tolima dentro de la acción de tutela formulada por el señor José del Carmen Padilla Aragón contra de la Compañía Energética del Tolima S.A. ESP – ENERTOLIMA. En su lugar, la Sala remitirá el expediente ICC - 3054 a la mencionada autoridad judicial, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
IV. DECISIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTOS los autos proferidos el 2 y 10 de agosto de 2017, por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Saldaña – Tolima, mediante los cuales dicha autoridad judicial rechazó la competencia para conocer de la tutela interpuesta por el señor José del Carmen Padilla Aragón.
SEGUNDO.- REMITIR el ICC-3054 al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Saldaña – Tolima, para que asuma de manera inmediata y sin dilaciones el conocimiento de la acción de tutela de la referencia.
TERCERO.- ADVERTIR al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Saldaña – Tolima, para que en lo sucesivo se abstenga de proceder como lo hizo, en tanto ello se opone a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.
CUARTO.- Por Secretaría General, COMUNICAR al Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Guamo – Tolima y a las partes la decisión adoptada en esta providencia.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
ROCÍO LOAIZA MILIAN
Secretaria General (E)