Auto 152/17
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Reiteración auto A.124/09
DECRETO 1382 DE 2000-No establece competencia sino reglas de simple reparto
Referencia: Expediente ICC-2803
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Once de Familia de Oralidad de Bogotá y el Juzgado Octavo Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá.
Acción de tutela presentada por Luis Orlando García Sáenz contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES Y ACTOS PROCESALES
1. El 16 de febrero de 2017, el señor Luis Orlando García Sáenz presentó acción de tutela contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, al considerar vulnerado su derecho fundamental de petición, dado que para la fecha de presentación de la demanda de la referencia, la entidad accionada no había informado de una fecha cierta ni del monto que el actor recibiría de indemnización, debido a su calidad de víctima del desplazamiento forzado[1]. Esto, acorde con la petición elevada el 24 de enero del año que transcurre[2].
2. El 22 de febrero de 2017, el Juzgado Once de Familia de Oralidad de Bogotá, instancia a la que correspondió en un primer momento el reparto del asunto, decidió rechazar el análisis del mismo por falta de competencia en virtud de lo previsto en el numeral 1, artículo1 del Decreto 1382 de 2000[3] y en el decreto 4802 de 2011 “Por el cual se establece la estructura de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas”, pues si bien la entidad accionada es del orden nacional, no tiene la naturaleza jurídica de entidad descentralizada, sino que ejerce funciones bajo la forma de desconcentración. En consecuencia, manifestó que su reparto no corresponde a los juzgados con categoría de circuito o municipales de la jurisdicción ordinaria[4].
Conforme con lo anterior, remitió el expediente a la Oficina de Apoyo para un nuevo reparto[5].
3. El 24 de febrero de 2017, luego de haberse efectuado un nuevo reparto, el Juzgado Octavo Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá consideró que el Juzgado Once de Familia de Oralidad de Bogotá no podía abstenerse de tramitar la acción de tutela interpuesta por el señor García Sáenz, ya que la entidad accionada es una unidad administrativa especial con personería jurídica[6] y en los términos del artículo 38 de la Ley 489 de 1998[7], tal entidad pertenece al sector descentralizado por servicios.
Adicionalmente, señaló que la Corte Constitucional ha sostenido que la observancia de las reglas contenidas en el Decreto 1382 de 2000 “en manera alguna pueden servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en el contenidas son meramente de reparto”.
Así las cosas, propuso un conflicto negativo de competencia y ordenó la remisión del expediente a ésta Corporación[8].
II. CONSIDERACIONES
4. La Sala Plena de esta Corporación, como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia que se susciten dentro de procesos de tutela, cuando las autoridades judiciales involucradas carezcan de un superior jerárquico común, o cuando, aun teniéndolo, se pretenda garantizar la protección de los derechos fundamentales y así conservar los principios de informalidad, celeridad, eficacia, prevalencia de lo sustancial sobre las formas y acceso oportuno a la administración de justicia[9].
5. Cabe resaltar, que en el presente caso, las autoridades judiciales en disputa hacen parte de jurisdicciones distintas y, por lo mismo carecen de un superior jerárquico común. En consecuencia, la Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre el presunto conflicto de competencia.
6. Ahora bien, acorde con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, solo existen dos factores de asignación de competencia, según los cuales le corresponde conocer el recurso de amparo (i) al juez del lugar (a) donde se vulneraron o amenazaron los derechos fundamentales invocados, o (b) donde se producen los efectos de tal vulneración o amenaza –factor territorial– y (ii) en el caso de las acciones de tutela que se interpongan contra los medios de comunicación, en primera instancia, a los jueces del circuito del lugar donde ocurrieron los hechos –factor territorial y subjetivo–.
7. En ese orden de ideas, la jurisprudencia ha establecido que la aplicación de las normas de reparto señaladas en el Decreto 1382 de 2000, no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente. En ese sentido, ha reiterado esta Corte que la prevalencia que revisten en estos casos los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.), así como la informalidad y celeridad que caracterizan el trámite de la acción de tutela (art. 86 C.P.), no pueden ser desconocidos, en la medida en que el mencionado decreto solo prevé reglas administrativas para el reparto[10].
Excepcionalmente y solo cuando se advierta una tergiversación manifiesta de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, esta Corporación asignará la competencia de acuerdo a las disposiciones del mencionado decreto, tal y como ocurre “cuando se asigna el conocimiento de una demanda de tutela contra una Alta Corte, a un funcionario judicial diferente a sus miembros; o, necesariamente, siguiendo esa misma directriz, en los casos en que se reparta caprichosamente una acción de tutela contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional del que dictó el proveído”[11].
8. En el caso concreto, el Juzgado Once de Familia de Oralidad de Bogotá decidió declararse incompetente para conocer la demanda de tutela formulada contra la UARIV, fundando su decisión en el numeral 1, del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000. Por su parte, el Juzgado Octavo Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá propuso el conflicto negativo de competencia, al no compartir los argumentos expuestos por el juzgado de origen.
9. Conforme a lo señalado en precedencia, para la Sala no existe conflicto de competencia alguno, pues en el caso objeto de análisis el Juzgado Once de Familia de Oralidad de Bogotá basó su incompetencia en la interpretación de la reglas de reparto, pese a que son disposiciones que no definen la competencia en materia de tutela. Por consiguiente, ese despacho judicial no podía apartarse del conocimiento de la presente acción de tutela, invocando para tal efecto las normas que hacen parte del mencionado decreto.
Sobre el particular, este Tribunal manifestó “en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto”[12].
10. Así las cosas, el expediente deberá ser remitido al Juzgado Once de Familia de Oralidad de Bogotá, despacho judicial al que se le repartió en primer lugar la acción de la referencia, para que conozca de la tutela interpuesta por el señor Luis Orlando García Sáenz contra la Unidad para la atención y Reparación Integral de las Víctimas - UARIV. En vista de ello, la Sala Plena dejará sin efectos el auto proferido el 22 de febrero de 2017, por medio del cual dicha autoridad judicial decidió rechazar la competencia para conocer la presente acción de tutela y en su lugar, se ordenará al mencionado juzgado que asuma de manera inmediata y sin dilaciones el conocimiento de la misma.
Adicionalmente, la Sala prevendrá al mencionado Juzgado Once de Familia de Oralidad de Bogotá para que en lo sucesivo evite proceder como lo hizo, en tanto ello se opone a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.
III. DECISIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE
PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el veintidós (22) de febrero de 2017, por el Juzgado Once de Familia de Oralidad de Bogotá, mediante el que se declaró incompetente para conocer la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Orlando García Sáenz contra la Unidad para la atención y Reparación Integral de las Víctimas - UARIV.
SEGUNDO.- REMITIR el expediente contentivo del ICC 2803 al Juzgado Once de Familia de Oralidad de Bogotá, para que asuma de manera inmediata y sin dilaciones el conocimiento de la acción de tutela de la referencia.
TERCERO.- PREVENIR al Juzgado Once de Familia de Oralidad de Bogotá, para que en lo sucesivo se abstenga de evitar decisiones que sean contrarias a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.
CUARTO.- Por Secretaría General, COMUNICAR a las partes y al el Juzgado Octavo Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, la decisión adoptada en esta providencia.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
|
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Presidente |
|
ALEJANDRO LINARES CANTILLO Vicepresidente AQUILES ARRIETA GÓMEZ Magistrado (E) |
|
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Magistrada JOSÉ ANTONIO CEPEDA AMARÍS Magistrado (E) IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO Magistrado (E) ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO Magistrado |
|
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Magistrada Ausente con permiso |
|
ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado |
|
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General |