Auto 691/18
CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE DIFERENTES JURISDICCIONES Y LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Competencia de la Corte Constitucional
CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIONES-Debe comprobarse que dos autoridades judiciales de jurisdicciones diferentes reclaman para sí o niegan ser competentes para asumir el conocimiento del asunto correspondiente
CONFLICTO APARENTE DE JURISDICCION-Corte se inhibe y devuelve la actuación judicial al funcionario de conocimiento
Referencia: Expediente CJU-00009
Magistrado Sustanciador:
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES
1. El 28 de abril de 2016, la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación[1] en contra del señor Guillermo Gutiérrez Riveros y otro, en calidad de coautores de los delitos de homicidio en persona protegida y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas, en concurso heterogéneo.
Los hechos tuvieron ocurrencia el día 30 de julio de 2003, en el Municipio de San Diego, César, Corregimiento El Desastre, cuando resultó muerta una persona no identificada en desarrollo de un “supuesto” enfrentamiento con la Batería “C” del Batallón de Artillería No. 2 La Popa.
2. Según la Fiscalía, contrario al contenido de los informes presentados por los militares y atendiendo la prueba recaudada, el occiso era un campesino a quien se le dio muerte en un acto constitutivo de una “ejecución extrajudicial”, hechos que los procesados presentaron como una muerte en combate para dar “visos de legalidad con apariencias de verdad de lo acontecido” pese a que según la Fiscalía se trató de “…un ciudadano que es tachado falsamente de subversivo y que además está amparado por el derecho internacional humanitario…”[2].
3. En etapa de juzgamiento[3] le correspondió el asunto al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar que mediante auto del 9 de marzo de 2017 avocó conocimiento y fijó, en varias oportunidades, fecha para audiencia preparatoria[4] la cual se aplazó reiteradamente; la última de ellas el 4 de abril de 2018[5], en razón de la solicitud realizada por la abogada defensora del procesado Guillermo Gutiérrez Riveros quien por escrito pidió la “aplicación del mecanismo de tratamiento especial diferenciado para agentes del estado de la renuncia a la persecución penal”[6].
En el mencionado escrito la abogada solicitó la extinción de la acción penal en favor de su representado, destacando que, en caso de considerarse incompetente ese juzgado para resolver su pedimento, el mismo debía remitirse a la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, en adelante JEP.
Finalmente se indicó que “ en caso de que su señoría considere que no me asiste razón en mi petición, por las mismas razones de hecho y de derecho me permito impugnar la COMPETENCIA de la JURISDICCIÓN ORDINARIA por razones de carácter sobreviniente, como son la evidente modificación de la jurisdicción que se generó como consecuencia de la expedición del Acto Legislativo No. 1 de 2017, solicitando a su señoría se sirva disponer la remisión del asunto a la autoridad competente para resolver la impugnación propuesta”.
4. Por medio de auto del 6 de abril de 2018, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar decidió “declarar improcedente” la solicitud. Para ello de manera inicial destacó el contenido del artículo 45 de la Ley 1820 de 2016 y afirmó que “[e]n cuanto a los agentes del Estado, contempla la Ley 1820 del 2016, en su artículo 45, los mecanismos de tratamiento especial diferenciado aplicable a estos, así: la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, en aplicación al principio de favorabilidad, aplicará cualquiera de los mecanismos de resolución definitiva de la situación jurídica de los agentes del Estado…”[7].
Posteriormente y pese a advertir que la norma entrega la competencia para la aplicación de los mecanismos solicitados a la mencionada Sala, enlistó los requisitos que contempla la disposición y concluyó que la clase de delito por el cual se adelanta el proceso se encuentra excluida[8] la aplicación de un “mecanismo preferencial de la renuncia a la persecución penal y por consiguiente extinción de la acción penal”.
5. De otro lado, con relación a la solicitud realizada por la abogada y referida a la remisión del expediente a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, indicó el Juez lo siguiente: “esta judicatura continuará conociendo del proceso[…]pues no se avizora en el expediente concepto que –sic- verificación de requisitos expedido por el Doctor NESTOR RAUL CORREA HENAO, Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz […]de lo que se desprende no se ha acogido a dicha jurisdicción”.
6. Finalmente consideró la Juez que “vista la solicitud de impugnación presentada por la Defensora, respecto de la competencia de la jurisdicción ordinaria para continuar con el trámite del proceso, lo que entendemos hace referencia a una colisión de competencia entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción especial para la Paz, este Despacho ordena enviar el presente proceso a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que se sirva determinar a cual jurisdicción corresponde seguir conociendo del proceso…”.
7. Por medio de auto del 9 de agosto de 2018[9], la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se abstuvo de definir la competencia del asunto, por considerar que ello corresponde a la Corte Constitucional en aplicación de artículo 9 del Acto Legislativo 01 de 2017 y acorde con las consideraciones contenidas en la sentencia C-674 de 2014[10].
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-647 de 2017, decidió, entre otros asuntos, declarar inexequible el artículo transitorio 9 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017, norma que establecía que los conflictos de competencia entre cualquier jurisdicción y la JEP debían ser dirimidos por una Sala Incidental conformada por tres (3) magistrados de la Corte Constitucional, elegidos por esta, y tres (3) magistrados de las salas o secciones de la JEP no afectadas por el conflicto jurisdiccional.
2. La Sala Plena precisó que la inconstitucionalidad del mencionado precepto no significaba la ausencia de una instancia judicial para resolver sobre dichos conflictos, pues los mismos quedaban en cabeza de la Corte Constitucional, conforme con lo previsto en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[11].
De acuerdo con esa disposición, le corresponde a la Corte Constitucional dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. Asimismo, la sentencia en comento señaló que, si bien el ejercicio de esa atribución se había diferido hasta la conformación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial[12], en el caso particular de los conflictos en los que estuviera involucrada la JEP, la función de esta Corporación tiene aplicación inmediata. Lo anterior, en razón a que la Constitución no había previsto una asignación de competencia a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para resolver esta clase de conflictos. Sobre el particular, en la sentencia C-647 de 2017 expresó:
“En este orden de ideas, la Corte declarará la inconstitucionalidad del esquema especial de resolución de conflictos de competencias entre la Jurisdicción Especial para la Paz y las otras jurisdicciones, en el entendido de que estas controversias se sujetarán al régimen general establecido en la Constitución y la ley. Así las cosas se declarará la inexequibilidad del artículo transitorio 9º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017, de modo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015, la atribución allí consignada corresponde a la Corte Constitucional, la cual puede ser ejercida a partir de la expedición de esta sentencia. Si bien es cierto que este tribunal ha entendido que, de manera provisional los conflictos de jurisdicción deben ser resueltos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mientras entra en funcionamiento la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, esta conclusión se aplica respecto de atribuciones que habían sido asignadas por la Constitución Política a dicho organismo, y no, como ocurre en este caso, respecto de potestades que nunca le fueron conferidas”.
3. La Sala Plena considera importante destacar que las colisiones de competencia son controversias de tipo procesal en las cuales varios jueces (i) rehúsan asumir el conocimiento de un asunto dada su incompetencia; o, contrario a ello, (ii) pretenden iniciar el trámite correspondiente, al considerar que tienen plena competencia. En el primer caso, se trata de un conflicto de competencia negativo y en el segundo de carácter positivo[13].
4. En este orden de ideas, la Corte Constitucional mediante Auto 580 de 2018 aclaró que “el conflicto de competencia de jurisdicciones no puede provocarse autónomamente por las partes del respectivo proceso, sino que necesariamente debe comprobarse que dos autoridades judiciales, de jurisdicciones diferentes, reclaman para sí o niegan [su competencia]”[14]. Esta condición es un presupuesto esencial para activar la competencia de la Corte en la resolución de este tipo de controversias.
CASO CONCRETO
5. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:
i) No se configuró un conflicto de competencia entre jurisdicciones. La única autoridad que se ha pronunciado hasta el momento sobre la facultad que le asiste para conocer los hechos investigados en el proceso penal con radicado No. 2017-00034-00, ha sido el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar-Cesar.
ii) Ante la JEP no se ha remitido solicitud ni se ha propuesto el llamado del procesado a dicha jurisdicción.
iii) Dada la ausencia de pronunciamiento por parte de la JEP, en el presente caso, se impone la necesidad de proferir una decisión inhibitoria, pues reitérese el conflicto de competencia de jurisdicciones se origina en la manifestación de ambas jurisdicciones de no ser las llamadas a conocer del asunto, lo que no ocurre en esta oportunidad.
Tal inhibición garantiza que la Corte se limite a decidir los asuntos que corresponden al ámbito de su competencia.
6. Con fundamento en los anteriores criterios, la Sala Plena se declarará inhibida para pronunciarse sobre el presente asunto, quedándole a la abogada del Señor Guillermo Gutiérrez Riveros la posibilidad de elevar la solicitud de sometimiento ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, y en caso de que dicha jurisdicción considere que se trata de un asunto de su competencia, deberá trabar el conflicto y remitir las diligencias a esta Corte.
III. DECISIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero: Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre el inexistente conflicto de competencia entre jurisdicciones planteado por la defensa del señor Guillermo Gutiérrez Riveros dentro del proceso penal con radicado No. 2017-00034-00, acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
Segundo: REMITIR el expediente CJU-00009 y todos sus anexos al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar-Cesar para lo de su competencia.
Tercero: Por Secretaría General, COMUNICAR al señor Guillermo Gutiérrez Riveros y a su apoderada, así como al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar-Cesar la presente decisión.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General