Auto 220/18
CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó
Referencia: Expediente ICC- 3252
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Penal Municipal de Pasto con Funciones de Conocimiento y el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto.
Magistrado Sustanciador:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES
1. El 10 de noviembre de 2017, la señora Esnedi Margot Rosero Navarro presentó acción de tutela en contra de la E.S.E. Hospital José María Hernández al considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, a la igualdad y al trabajo, pues asegura que la entidad accionada dio por terminado su contrato de prestación de servicios sin cancelarle el último mes laborado[1].
2. El 14 de noviembre de 2017, el Juzgado Primero Penal Municipal de Pasto con Funciones de Conocimiento, instancia a la que correspondió el reparto del asunto, declaró su incompetencia al estimar que “de acuerdo con la regla de reparto contenida en el inciso segundo del numeral 1 del Decreto 1382 de 2000, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o autoridad pública adscritos al sector descentralizado por servicios del orden nacional como lo son las E.S.E. debe repartirse entre los juzgados con categoría del circuito” de manera que “se concluye que la acción incoada debió repartirse entre los jueces del circuito de Pasto o Mocoa”[2].
3. El 16 de noviembre de 2017, cumplido el reparto ordenado, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto estimó que no podría un juez declararse incompetente para conocer de un trámite de tutela invocando para el efecto las reglas de reparto previstas en el Decreto 1382 de 2000, toda vez que las únicas reglas de competencia en materia de tutela son las dispuestas en el artículo 86 Superior y las del Decreto 2591 de 1991. En consecuencia, ordenó la devolución inmediata del expediente al Juzgado Primero Penal Municipal de Pasto con Funciones de Conocimiento[3].
4. El 22 de noviembre de 2017, el Juzgado Primero Penal Municipal de Pasto con Funciones de Conocimiento insistió en sus argumentos y envió nuevamente el expediente al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto, a fin de que éste propusiera un conflicto negativo de competencia[4].
5. El 28 de noviembre de 2017, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto propuso un conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a la Corte Constitucional, para su estudio[5].
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. La Corte Constitucional es competente para dirimir los conflictos de competencia en materia de tutela tanto en los casos en que no existe un superior jerárquico común entre las autoridades involucradas, como en aquellos en los que a pesar de que lo posean, en virtud de los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, y del derecho al acceso oportuno a la administración de justicia, se avoca su conocimiento para garantizar la eficacia de la acción de tutela como mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales[6].
En principio, el presente conflicto debería ser resuelto por la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto conforme con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996[7]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.
2. Ahora bien, la Corte reitera que de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, así como los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos[8]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz[9] y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación a una acción de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” [10] en los términos establecidos en la jurisprudencia[11].
3. Asimismo, la jurisprudencia ha establecido que la aplicación de las normas de reparto señaladas en el Decreto 1382 de 2000[12], no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente. En ese sentido, ha reiterado esta Corte que la prevalencia que revisten en estos casos los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.), así como la informalidad y celeridad que caracterizan el trámite de la acción de tutela (art. 86 C.P.), no pueden ser desconocidos, en la medida en que el mencionado decreto solo prevé reglas administrativas para el reparto[13].
4. En este orden de ideas, es necesario recordar que de acuerdo con la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, las acciones de tutela deben ser resueltas en un término máximo de diez (10) días. Por tanto, si un juez constitucional de manera injustificada, no decide dentro de dicho término, puede incurrir en un “comportamiento negligente en sus funciones como servidor judicial calificado como grave”[14] acorde con lo dispuesto en el Código Único Disciplinario. Lo anterior, ya que la demora injustificada termina por vulnerar los derechos fundamentales de quienes impulsaron o pueden verse involucrados en la acción de tutela[15].
III. CASO CONCRETO
De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:
i. Se configuró un conflicto aparente de competencia, dado que el Juzgado Primero Penal Municipal de Pasto con Funciones de Conocimiento argumentó su incompetencia a partir de la interpretación de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, contenidas en el Decreto 1069 de 2015.
ii. El Juzgado Primero Penal Municipal de Pasto con Funciones de Conocimiento aplicó una regla de reparto que no desplaza su competencia y afecta la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección de los derechos fundamentales del accionante.
iii. La autoridad competente para resolver la acción de tutela instaurada por la señora Esnedi Margot Rosero Navarro contra la E.S.E. Hospital José María Hernández, es a quien primero se repartió la misma, esto es, al Juzgado Primero Penal Municipal de Pasto con Funciones de Conocimiento.
iv. La Sala Plena también advierte que la falta de rigor de los despachos involucrados en lo relacionado con el trámite del conflicto negativo de competencias, es un hecho que desvirtúa por completo la naturaleza célere del recurso de amparo y constituye una barrera para la garantía efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En efecto, ambas autoridades judiciales se empeñaron en una discusión innecesaria sobre cuál debería remitir el expediente a la Corte Constitucional para resolver el conflicto de competencias (aun cuando tenían un superior jerárquico común para resolver la controversia), desconociendo por completo que el tiempo transcurrido afectaba las garantías fundamentales del accionante.
En consecuencia, se advertirá al Juzgado Primero Penal Municipal de Pasto con Funciones de Conocimiento que, en lo sucesivo, observe con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto, y por tanto, resuelva las acciones de tutela que presenten los ciudadanos dentro de los términos establecidos para tal efecto en el Decreto 2591 de 1991.
Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos los autos proferidos el 14 y 22 de noviembre de 2017 por el Juzgado Primero Penal Municipal de Pasto con Funciones de Conocimiento, dentro de la acción de tutela formulada por la señora Esnedi Margot Rosero Navarro contra la E.S.E. Hospital José María Hernández y remitirá el expediente ICC - 3252 a la mencionada autoridad judicial, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
IV. DECISIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero. - DEJAR SIN EFECTOS los autos proferidos el 14 y 22 de noviembre de 2017 por el Juzgado Primero Penal Municipal de Pasto con Funciones de Conocimiento, dentro de la acción de tutela formulada por la señora Esnedi Margot Rosero Navarro contra la E.S.E. Hospital José María Hernández.
Segundo.- REMITIR al Juzgado Primero Penal Municipal de Pasto con Funciones de Conocimiento el expediente ICC-3252, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
Tercero.- ADVERTIR al Juzgado Primero Penal Municipal de Pasto con Funciones de Conocimiento que en lo sucesivo se abstenga de actuar como lo hizo, en tanto ello desconoce la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional.
Cuarto.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a la parte demandante y al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto la decisión adoptada en esta providencia.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General