Auto 226/18
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Factor territorial/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Por factor funcional
La Sala Plena precisó que en materia de restitución de tierras, acorde con el artículo 3° del Acuerdo N° PSAA 13-9866, la impugnación del trámite de tutela lo conocerían los Tribunales Superiores del Distrito Judicial que ejercieren funciones jurisdiccionales en la sede de cada uno de estos juzgados especializados.
Referencia: Expediente ICC- 3273
Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa – Sala Única de Decisión y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala Civil Especializada en Restitución y Formalización de Tierras.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES
1. El 25 de octubre de 2017, la señora Mariana del Carmen Lara interpuso acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y de petición, ya que desde el 19 de julio de 2017 presentó una solicitud de priorización de su núcleo familiar para el pago de una indemnización administrativa por desplazamiento forzado, que a la fecha de la interposición de la acción de tutela no ha sido contestada.
2. Por reparto le correspondió su conocimiento al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Mocoa, autoridad que en sentencia del 3 de noviembre de 2017 declaró una carencia actual de objeto por cuanto el derecho de petición fue contestado el 2 de noviembre de 2017 a través de la Personería Municipal de Mocoa, con lo cual ha cesado la supuesta vulneración. La anterior decisión fue impugnada por la accionante.
3. El conocimiento de la impugnación le correspondió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, Sala Única de Decisión, autoridad que mediante auto del 27 de noviembre de 2017 manifestó que no es superior jerárquico correspondiente del juzgado de primera instancia, por lo cual no le es posible desatar la impugnación. Lo anterior, con base en lo expuesto por la Corte Constitucional en Auto 528 de 2017[1] sobre superior jerárquico correspondiente y en que la Circular CSJNAC17-81 del 23 de octubre de 2017 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura de Nariño informó a los servidores judiciales de los distritos de Pasto y Mocoa que acatando lo decidido por la misma Corte se dejó sin efectos la Circular CSJNAC17-14 del 31 de marzo de 2017 que contenía reglas de reparto de impugnaciones de las acciones de tutela. De tal manera, dispuso remitir el expediente al Tribunal Especializado en Restitución de Tierras de Cali (reparto).
4. El 11 de diciembre de 2017, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, autoridad a quien correspondió conocer de la impugnación presentada, decidió suscitar un conflicto negativo de competencia por cuanto (i) el Acuerdo No. PSAA13-9866 del 13 de marzo de 2013 (por el cual se precisa que la especialidad de restitución de tierras hace parte de la jurisdicción ordinaria civil) expedido por el Consejo Superior de la Judicatura “es categórico al establecer que la segunda instancia de los mismos ‘corresponderá al Tribunal Superior que ejerza sus funciones jurisdiccionales en la sede del despacho que tramitó la primera instancia’”; y (ii) la Corte Constitucional en Auto 101 de 2013 confirmó el Acuerdo señalado y resolvió un conflicto de competencia con base en él.
Así las cosas, estimó que “el competente para conocer la impugnación es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, por ser la corporación que ejerce funciones jurisdiccionales en la sede del juzgado donde se tramitó la primera instancia del proceso arriba citado”. Conforme a lo anterior, dispuso el envío del expediente a la Corte Constitucional para que resuelva lo que en derecho corresponda.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. La Corte Constitucional es competente para dirimir los conflictos de competencia en materia de tutela, tanto en los casos en que no existe un superior funcional común entre las autoridades involucradas, como en aquellos en los que, existiendo, en virtud de los principios de celeridad y carácter sumario que rigen la acción de tutela, y del derecho al acceso oportuno a la administración de justicia, se avoca su conocimiento para garantizar la eficacia de la acción de tutela, como mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales[2].
En principio, el presente conflicto debería ser resuelto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia conforme con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 270 de 1996[3]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.
2. Ahora bien, la Corte reitera que de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, así como los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos[4]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz[5] y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” [6] en los términos establecidos en la jurisprudencia[7].
3. Así, respecto del factor funcional de competencia la Corte Constitucional también aclaró que el alcance de la expresión “superior jerárquico correspondiente” contenida en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 alude a aquella autoridad judicial que, de acuerdo con la jurisdicción a la que pertenece (ordinaria o de lo contencioso administrativo) y a su especialidad, funge como superior funcional del juez que resolvió en la primera instancia del trámite de tutela[8], sin que ello, de manera alguna, implique un desconocimiento del factor territorial.
Lo anterior, por cuanto el factor funcional solo puede entenderse en razón de la competencia a prevención, en la medida en que ésta solo se activa ante la posibilidad que tienen los accionantes de elegir entre las varias especialidades de jueces, aquel ante el cual desean promover el conocimiento de su asunto constitucional. Libertad que se encuentra sometida a las reglas de competencia fijadas por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 –factor territorial– y que debe garantizarse durante todo el trámite de tutela[9].
4. Cabe destacar que el factor territorial además de tener un contenido formal – mediante el cual legalmente se disponga su alcance a través por ejemplo de la organización de los diversos distritos judiciales – tiene un contenido material o sustantivo previsto de manera estricta en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, lo que limita su contenido formal al lugar donde se genere la vulneración de un derecho fundamental o donde se extiendan los efectos de la misma. Ello es así, entre otras razones, a fin de no perder de vista la celeridad con que debe tramitarse la acción de tutela toda vez que se encuentra en discusión la protección inmediata de derechos fundamentales y la importancia que puede tener, en algunos casos, la cercanía del accionante con el lugar en el que se tramita la acción de tutela a efectos, por ejemplo, de aportar o controvertir pruebas.
III. CASO CONCRETO
De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:
i. Se configuró un aparente conflicto negativo de competencia fundado en la interpretación del factor funcional previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, toda vez que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa – Sala Única de Decisión consideró que no tiene la calidad de superior jerárquico correspondiente del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa, decisión que generó una tensión con el factor territorial previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 al remitirlo al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, pues aun cuando el argumento no fue expresamente alegado por la mencionada autoridad judicial para desestimar su competencia, la Sala Plena considera pertinente su análisis.
ii. Conforme con lo expuesto, se resolverá, en primer lugar, lo atinente a la competencia por el factor territorial y posteriormente, lo referente al factor funcional.
La señora Mariana del Carmen Lara presentó acción de tutela ante los jueces de la ciudad de Mocoa en vista de que ahí no solo debía emitirse la respuesta a su petición, sino que también en esa ciudad esperaba recibir la notificación de esa respuesta, comoquiera que (i) fue ante la sede del Putumayo de la entidad accionada que radicó su solicitud y (ii) el único lugar de notificación que informó a la demandada se encuentra ubicado en la ciudad de Mocoa, es decir, que tanto la presunta vulneración alegada por la accionante como los efectos de esa supuesta vulneración se están generando en Mocoa. De ahí que, se pueda concluir con grado de certeza que los jueces de la ciudad de Cali carecen de factor territorial para decidir la acción de tutela de la referencia.
De otro lado, en lo que refiere a la competencia funcional la Corte Constitucional mediante Autos 102 y 103 de 2013 resolvió dos conflictos de competencia similares al que ocupa la atención de la Sala Plena y precisó que en materia de restitución de tierras, acorde con el artículo 3° del Acuerdo N° PSAA 13-9866[10], la impugnación del trámite de tutela lo conocerían los Tribunales Superiores del Distrito Judicial que ejercieren funciones jurisdiccionales en la sede de cada uno de estos juzgados especializados, es decir que, “debe entenderse en el sentido de que en aquellos casos en los que la supuesta vulneración o amenaza sea en un lugar distinto al de la sede del Distrito Judicial, la segunda instancia de las solicitudes de amparo constitucional deberá surtirse ante el Tribunal Superior con jurisdicción en la sede del despacho que tramitó la primera instancia”[11].
Lo anterior, dado que el trámite de segunda instancia dentro de los expedientes que contienen acciones de tutela se debe efectuar de manera célere, en tanto lo que está en discusión es la protección inmediata de derechos fundamentales. En ese orden de ideas, la definición de los distritos judiciales que efectuó el Consejo Superior de la Judicatura para determinar la competencia territorial de las Salas Civiles Especializadas en Restitución de Tierras de los Tribunales Superiores, puede en un momento determinado intrincar el cauce de un mecanismo constitucional que requiere prontitud en su resolución.
iii. Así las cosas, dado que el Acuerdo PSAA13-9866 de 2013 reconoce a la Sala Civil de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, ubicados en la sede del despacho que tramitó la primera instancia, la calidad de superior jerárquico funcional de los jueces de restitución de tierras, estableciendo con ello formalmente el factor territorial en ese tipo de asuntos, la Corte considera que con fundamento en la naturaleza constitucional de la acción de tutela como procedimiento preferente y sumario tendiente a procurar la protección inmediata de derechos fundamentales, cuyo desarrollo está sometido, consecuencialmente, a los principios de prevalencia del derecho sustancial, celeridad y eficacia, la competencia por factor territorial y funcional en este caso la tiene la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa para decidir la impugnación de la acción de tutela decidida en primera instancia por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa. El valor constitucional de la acción de tutela y su importancia para la materialización de los derechos fundamentales de las personas, dependen directamente de la eficacia temporal de ese instrumento y en consecuencia, de la capacidad de las autoridades judiciales que integran la jurisdicción constitucional, de decidir oportunamente las solicitudes. Esta providencia apunta en esa dirección.
Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 27 de noviembre de 2017, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa – Sala Única de Decisión, dentro de la acción de tutela formulada por la señora Mariana del Carmen Lara en contra de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV y, en consecuencia, remitirá el expediente ICC-3273 a tal autoridad judicial, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo, en sede de impugnación.
IV. DECISIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 27 de noviembre de 2017, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa – Sala Única de Decisión, dentro de la acción de tutela formulada por la señora Mariana del Carmen Lara en contra de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV.
Segundo.- REMITIR el expediente ICC- 3273 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa – Sala Única de Decisión, a fin de que tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar, en sede de impugnación.
Tercero.- Por la Secretaría General de la Corte Constitucional, COMUNICAR a las partes y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras la decisión adoptada en esta providencia.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento de voto
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Con salvamento de voto
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con aclaración de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
AL AUTO 226/18
Referencia: Expediente ICC 3273
Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos
En atención a la decisión adoptada por la Sala Plena mediante Auto del 18 de abril de 2018, referida al Expediente No. ICC 3273, me permito presentar Salvamento de Voto en los siguientes términos:
1. El artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 señala que una vez se presenta la impugnación contra la sentencia de primera instancia, el expediente debe remitirse “al superior jerárquico correspondiente”.
2. En un primer momento, la Sala Plena consideró que, en la medida en que la Jurisdicción Constitucional estaba integra por todos los jueces de la República, el juez competente para conocer de la segunda instancia de una acción de tutela era el superior del fallador de primera instancia, sin importar la jurisdicción o especialidad a la cual perteneciera. En este contexto se expidieron los autos 101 y 102 de 2013 en los que se concluyó que, de acuerdo con lo previsto por el artículo 3 del Acuerdo No. PSAA 13-9866[12], la segunda instancia de los procesos que conocieran los Jueces Especializados en Restitución de Tierras, debía surtirse ante el Tribunal de Distrito Judicial ubicado en la sede del despacho que hubiere conocido la primera instancia. En consecuencia, en dichos autos, resolvió que los expedientes que en primera instancia habían sido tramitados ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, se remitieran a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Villavicencio y no al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Especializada en Restitución de Tierras.
3. Esta pauta, sin embargo, se modificó a partir del mes de septiembre de 2017[13], época en la que la Sala Plena cambió su jurisprudencia en cuanto al factor funcional de que trata el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. A partir de tal momento ha señalado, de forma pacífica[14], que la expresión “superior jerárquico correspondiente” alude, de manera necesaria, a la especialidad de la autoridad judicial que funcionalmente tiene la calidad de superior jerárquico.
4. El auto del cual disiento retomó la postura de los autos 101 y 102 de 2013, a pesar de haber sido superada desde el mes de septiembre de 2017. Así las cosas, considero que en el caso sub judice debió acudirse a la normativa que regula la jurisdicción especializada en restitución de tierras, con el objeto de definir el superior jerárquico correspondiente del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Mocoa. De haberse hecho así, se habría concluido que el expediente debía remitirse a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Cali, en atención a que tenía la calidad de superior funcional del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa tal como se desprende del siguiente análisis:
4.1. El Artículo 79 de la Ley 1448 de 2011 regula la competencia en los procesos de restitución de tierras y establece que “Los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial Sala Civil, especializados en restitución de tierras, decidirán en única instancia los procesos de restitución de tierras, y los procesos de formalización de títulos de despojados y de quienes abandonaron en forma forzosa sus predios, en aquellos casos en que se reconozcan opositores dentro del proceso. Así mismo, conocerán de las consultas de las sentencias dictadas por los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de tierras” (negrillas propias).
4.2. El artículo 119 de la Ley 1448 de 2011 dispone que, gradualmente, y según las necesidades del servicio, “El Consejo Superior de la Judicatura, creará los cargos de Magistrados de los Tribunales Superiores y Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de tierras, de conformidad con el numeral 5 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996 y normas concordantes”.
4.3. En cumplimiento de este mandato, el Consejo Superior de la Judicatura expidió (i) el Acuerdo PSAA12-9268 de 2012, mediante el cual creó, entre otras, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y estableció que dicha sala tenía competencia territorial en la jurisdicción de los distritos judiciales de Armenia, Buga, Cali, Mocoa, Pasto y Popayán. (ii) Igualmente, expidió el Acuerdo PSAA15-10410 de 2015, en el que estableció el mapa de los distritos judiciales y se indicó que el Distrito Judicial Civil Especializados en Restitución de Tierras de Cali estaba conformado por los circuitos de Cali, Mocoa, Popayán, Pasto y Pereira.
5. Por lo anterior, a mi juicio el presente conflicto debía decidirse en el sentido de remitir el expediente a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y no al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa.
6. Adicionalmente, encuentro que en el Auto del cual me aparto, se propuso que el caso debía resolverse teniendo en cuenta, además, el factor territorial, pero dicho análisis es ajeno a una etapa procesal en la que ya existe una decisión de primera instancia.
Con el debido respeto,
Carlos Bernal Pulido
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALBERTO ROJAS RÍOS
AL AUTO 226/18
Referencia: |
Expediente No. ICC – 3273 |
La Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa y la Sala Especializada en Restitución y Formalización de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Con sumo respeto por la decisión mayoritaria, paso a exponer las razones por las cuales aclaro el voto emitido a favor de la determinación adoptada en el auto de la referencia.
El Constituyente de 1991 asignó la función de administrar justicia a diversas jurisdicciones, y, a cada una de estas, le otorgó una especialidad y un ámbito de competencia determinado. Así, de un análisis del texto Superior se evidencia la estructuración de cuatro jurisdicciones generales, a saber: (i) la ordinaria[15], (ii) la de lo contencioso administrativo[16], (iii) la constitucional[17] y (iv) la justicia disciplinaria[18]. Además de estas, se encuentran otras de carácter “especial” como: (i) la establecida para su ejercicio por los jueces de paz[19], (ii) la existente al interior de las comunidades indígenas[20], y (iii) la justicia penal militar[21].
En desarrollo de lo dispuesto por el Constituyente, el Legislador Estatutario otorgó a cada una de las jurisdicciones mencionadas una estructura orgánica y jerárquica especial con funciones diferenciadas y competencias concretas, a partir de las cuales delimitó expresamente tanto su campo de acción, como la manera en que ejercen su función de administrar justicia.
En lo relacionado con la jurisdicción constitucional, se evidencia que se optó por un sistema de control constitucional dual o mixto en el que se mantuvieron elementos difusos, al enaltecer la “función de todos los jueces, sin importar su especialidad por la jurisdicción a la cual [orgánicamente] pertenezcan, como guardianes de los derechos constitucionales fundamentales”[22] y encomendarles la resolución de las acciones de tutela; asimismo, se concentró gran parte de sus funciones en un único órgano central y de cierre, esto es, la Corte Constitucional.
En ese sentido, se tiene que si bien la Constitución creó un único órgano central de esta especial jurisdicción, también dispuso que todos los jueces a los que se les ha encomendado la resolución de acciones de amparo, “pertenecen en un sentido funcional a la jurisdicción constitucional y son órganos de la misma”[23]; cuestión que no debe ser entendida como una simple colaboración con la jurisdicción constitucional, sino que supone el establecimiento de una organización judicial autónoma, con su propia estructura jerárquica y funcional, y en la que todas las autoridades judiciales, indistintamente de la especialidad jurisdiccional dentro de la que orgánicamente fueron creadas, fungen como inferiores funcionales de la Corte Constitucional[24].
En esos términos, es claro que cuando una autoridad judicial resuelve una solicitud de amparo, lo hace desde un paradigma incomparable con el que rige su accionar ordinario, esto es, a partir de un análisis de la situación fáctica desde el derecho constitucional[25] y, asimismo, se encuentra sujeta a una estructura funcional diferente a la que orgánica y ordinariamente le compete; organización en virtud de la cual, atendiendo a la naturaleza del derecho constitucional, no existen especialidades que sea necesario diferenciar y únicamente se erige un sistema de jerarquías[26] en el que la máxima autoridad siempre es la Corte Constitucional.[27]
Ahora bien, recientemente la Sala Plena acogió una nueva postura en relación con la definición de los conflictos de competencia en trámites de tutela, según la cual la expresión “superior jerárquico correspondiente” contenida en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 implica que la impugnación de la sentencia debe ser repartida con respeto por la jerarquía funcional establecida al interior de cada jurisdicción[28].
En ese sentido, se concluyó que cuando el legislador estatutario usó el vocablo “correspondiente” hizo alusión a aquella autoridad judicial que “de acuerdo con la jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surtió la primera instancia, funcionalmente funge como superior jerárquico.” De ahí que la Sala Plena hubiera concluido que el enunciado “superior jerárquico correspondiente” debe ser interpretado a la luz de “la jerarquía orgánica y funcional del juez de primera instancia, que es la regulada en las leyes generales de los procesos; contrario sensu, si el Legislador hubiese considerado que todos los jueces de segunda instancia pertenecen a la jurisdicción constitucional, y en esa medida pueden conocer de cualquier asunto impugnado, no hubiera tenido la necesidad de precisar que se refería al juez ‘correspondiente’”.
Como lo expresé en el salvamento de voto a los Autos 486 y 496 de 2017 (expedientes ICC-2988 e ICC-3003), discrepo de esta interpretación mayoritaria, por cuanto estimo que, como se venía sosteniendo hasta hace poco, el hecho de que todos los jueces que resuelven acciones de tutela, lo hagan como miembros de la jurisdicción constitucional, quiere decir que los jueces harían parte, al menos, de dos jurisdicciones, que desde el punto de vista teórico procesal corresponden concretamente a competencias especializadas, bajo el concepto univoco de la jurisdicción. De un lado a la que originalmente pertenecen y, de otro lado, a la Constitucional.
Sobre el particular, considero necesario destacar que la Sala Plena adoptó tan solo una de las interpretaciones que era posible derivar del vocablo “correspondiente” y desconoció que éste también puede ser dotado de otro contenido, tal y como lo había hecho esta Corte durante más de 20 años y en virtud del cual se había reconocido que, en materia de tutela, únicamente debe verificarse la jerarquía de la autoridad cuya decisión es objeto de impugnación, esto es, que se trate de una de nivel (i) municipal, (ii) circuito, (iii) distrito o (iv) alta corte[29].
De esta manera, se han traído al ámbito de la competencia de un juez de tutela, normas específicas de cada tipo de procedimiento ordinario y se ha desconocido de esa manera la especialidad de la jurisdicción constitucional. Así, se omite que esta Corporación en numerosas ocasiones ha expresado que la especialidad orgánica de cada jurisdicción no debe ser considerada relevante para efectos de determinar la competencia funcional en materia de tutela.[30]
Por lo tanto, tratándose de impugnaciones de fallos de tutela, una autoridad judicial mal puede rehusar el conocimiento de un asunto con base en factores funcionales que no fueron contemplados por el Constituyente ni por el Legislador Estatutario, estos son, los factores territorial[31] y subjetivo[32] establecidos en el Decreto 2591 de 1991, habida cuenta de que la jurisdicción constitucional goza de una organización funcional autónoma, tal como esta Corte lo subrayó en el Auto 141 de 2017:
“[E]l único criterio que determina la competencia del juez de segunda instancia es la jerarquía, sin hacer distinción con fundamento en el factor funcional pues, como la ha venido sosteniendo esta Corporación [sic], frente a la definición del régimen de competencias por el factor funcional, se observa que el único criterio en materia de acciones de tutela, es aquel relacionado con las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación”. (Negrilla fuera del texto original)
En la misma dirección, en el Auto 297 de 2016 se precisó que la estructura orgánica, funcional y jerárquica interna de las distintas jurisdicciones no constituye un argumento válido para que una autoridad judicial se declare incompetente para resolver una acción de tutela[33], de suerte que, al momento de establecer cuál autoridad judicial funge como superior funcional de otra dentro de la jurisdicción constitucional, basta con identificar la circunscripción territorial en que cada juez u órgano colegiado puede ejercer sus competencias, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 11 de la Ley 270 de 1996[34].
Así las cosas, insisto en que, dada la especial configuración de la jurisdicción constitucional, ni la especialidad ni la jurisdicción a la que orgánicamente pertenezcan los jueces resultarían relevantes para determinar la competencia para tramitar solicitudes de amparo[35], por lo cual, en un adecuado entendimiento, las “altas cortes” son superiores funcionales de los “tribunales”, y estos, a su vez, son superiores funcionales de todos los jueces de categoría “circuito”, quienes, a su turno, son superiores respecto del conjunto de jueces de categoría “municipal”.
Como lo señalé en una oportunidad anterior, considero que existe un altísimo riesgo de que la nueva posición de la Sala Plena traiga consigo numerosos problemas que, eventualmente, será menester enfrentar, al paso que se congestionará de trabajo a muchas autoridades judiciales, mientras que otras serán eximidas de la resolución de asuntos constitucionales –específicamente, de impugnaciones–.
Es así como se muestra evidente que las autoridades judiciales “especiales” como los jueces (i) penales de ejecución de penas y medidas de seguridad, (ii) penales especializados, (iii) penales para adolescentes y (iv) civiles especializados en restitución de tierras, entre otros[36], se verán exentos de la carga constitucional de resolver impugnaciones en cuanto dentro de la estructura jurisdiccional en la que fueron ideados no actúan como superior funcional de ninguna autoridad judicial. Esta cuestión terminará por recargar a los demás juzgados del circuito y promover así la congestión judicial dentro de un trámite que debe ser resuelto con la mayor celeridad posible como lo es la acción de tutela.
Adicional a lo anterior, es mi deber poner de presente que, al arribar a una conclusión contraria a la sostenida de vieja data por esta Corporación, la actual Sala Plena cambió el precedente que pacífica y uniformemente había sido proferido sobre el tema. Es decir, sin otorgar la rigurosa justificación que corresponde en estos eventos[37], alteró la línea jurisprudencial que estaba empezando a ser integrada y asimilada por las distintas autoridades administrativas y judiciales del país, como lo demuestra la expedición de la Circular CSJNAC17-14 del 31 de marzo de 2017 proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño.
Estimo que lo pertinente en estos casos es acatar el precedente que la Corte había venido sentando, conforme al cual: (i) se da primacía al principio de celeridad de la acción de tutela, permitiendo la resolución más ágil de las controversias, al habilitarse la posibilidad de que sean repartidas a las autoridades judiciales con menos carga; (ii) se evita crear nuevas reglas de competencia que no fueron expresamente ideadas por el Constituyente, ni el Legislador Estatutario y que terminan por limitar y dificultar el efectivo acceso a la administración de justicia de los ciudadanos; y (iii) se reconoce que todos los jueces que resuelven acciones de tutela lo hacen en su condición de jueces de la jurisdicción constitucional[38], por lo que, mientras ostenten dicha la calidad, no hay lugar a distinciones respecto de la especialidad o la jurisdicción de la que orgánicamente hagan parte. Ningún juez debería argüir ausencia de competencia o de jurisdicción constitucional.
Empero, a pesar de mi criterio divergente, me acojo a la decisión de la mayoría con el ánimo de no prolongar indefinidamente la discusión sobre el particular, pues ello podría postergar el pronunciamiento de fondo en relación con el amparo constitucional reclamado en esta ocasión, en oposición a la naturaleza breve, sumaria y expedita de este mecanismo excepcional de protección de los derechos fundamentales.
Fecha ut supra,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
AL AUTO 226/18
Referencia: Expediente ICC-3273
Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior de Mocoa – Sala Única de Decisión y el Tribunal Superior de Cali – Sala Civil – Especializada en Restitución de Tierras.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
La suscrita magistrada se apartó de la decisión de la Sala Plena, respecto de la resolución del Incidente de Conflicto de Competencia de la referencia, en tanto esta Corporación decidió apartarse de un precedente recientemente adoptado en lo que atañe al “superior jerárquico correspondiente” como elemento esencial del factor funcional que determina la asignación de competencia en materia de tutela.
Con el debido respeto por la mayoría, considero necesario salvar mi voto por cuanto recientemente la Sala Plena acogió una nueva postura en relación a la asignación de competencia en materia de tutela, según la cual la expresión “superior jerárquico correspondiente” contenida en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, implica que la impugnación de la sentencia debe ser asumida por aquel que de acuerdo con la jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surtió la primera instancia, funcionalmente funge como superior jerárquico.
Dicho de otra manera, al referirse al superior “correspondiente”, la norma define la jerarquía orgánica y funcional del juez de primera instancia, que es la regulada en las leyes generales de los procesos; contrario sensu, si el Legislador hubiese considerado que todos los jueces de segunda instancia pertenecen a la jurisdicción constitucional, y en esa medida pueden conocer de cualquier asunto impugnado, no hubiera tenido la necesidad de precisar que se refería al juez “correspondiente”. Esta posición fue acogida por la Sala Plena de la Corte, desde el mes de septiembre de 2017, a partir de los Autos 486[39] y 496[40] de 2017 y reiterada en otros como 521, 628, 674, 701, 711, 722 de 2017 y 004, 034, 040, 056, 090, 093, 104, 262 de 2018, entre muchos más[41].
Ahora bien, por regla general, el trámite de la acción de tutela se rige por el Decreto 2591 de 1991 y, en lo no previsto allí, por las disposiciones del procedimiento civil con ocasión de la remisión expresa consagrada en el artículo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015[42].
Sin embargo, haciendo uso de la precitada remisión normativa (procedimiento civil) se encuentra que únicamente se encuentran determinadas las competencias específicas de las salas civiles y de familia de los Tribunales Superiores[43] en donde no se halla consagrado ser el superior jerárquico correspondiente de los jueces civiles especializados en restitución de tierras. No obstante, la Ley 1448 de 2011 artículo 79, establece que los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, conocerán de las consultas de las sentencias dictadas por los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de tierras. Aunado a esto, indica la misma normativa, que los Juzgados Civiles del Circuito especializados en ciertos procesos, fungen como jueces de instrucción y deben enviar el proceso hasta antes del fallo, para lo de su competencia, al Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente. Por tanto, el legislador no asignó competencia superior general sobre los Juzgados Civiles del Circuito Especializados en Restitución de Tierras a cualquier Sala que haga parte de un Tribunal Superior de Distrito Judicial, sino específicamente a aquella creada con la especialidad de restitución de tierras, de tal manera que, teniendo en cuenta que la jurisdicción constitucional es universal y hace remisión a las normas especiales de asignación de competencias de cada especialidad, no puede permitirse una transgresión de dichas normas.
Ahora bien, el Consejo Superior de la Judicatura, en aras de aclarar y especificar de manera más concreta las normas especiales referentes a la jurisdicción especializada en tierras, profirió varios Acuerdos en donde: (i) creó los circuitos judiciales civiles especializados en restitución de tierras[44]; (ii) creó en el territorio nacional unos despachos de Magistrados en Salas Civiles, especializados en restitución de tierras[45]; (iii) precisó que la especialidad de restitución de tierras hace parte de la jurisdicción ordinaria civil, que “la segunda instancia en los procesos que conocen los Jueces Civiles de Circuito especializados en restitución de tierras corresponderá al Tribunal Superior que ejerza sus funciones jurisdiccionales en la Sede del despacho que tramitó la primera instancia” y que las acciones de tutela y hábeas corpus que sean tramitados por los jueces especializados en restitución de tierras, será conocidos en segunda instancia por el “Tribunal Superior que ejerza sus funciones jurisdiccionales en la Sede del despacho que tramitó la primera instancia”[46]; y (iv) finalmente, estableció el mapa de los despachos civiles especializados en restitución de tierras en donde demarcó cada Distrito Civil Especializado en Restitución de Tierras y los circuitos por los que están conformados[47].
Así las cosas, por mandato del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y a partir del alcance que esta Corporación le ha otorgado a dicha disposición, el conocimiento de la impugnación contra sentencias de tutela debe ser asumido por la autoridad judicial que, a partir de la especialidad y la función jurisdiccional, constituya el superior jerárquico del a quo.
Con base en lo anterior, estimo que lo conveniente es respetar y acatar el precedente fijado por la Corte Constitucional en cuanto al factor funcional determinante para el conocimiento de la impugnación contra una sentencia de tutela, y en el asunto de la referencia considero que el recurso debió asumirlo y fallarlo el superior jerárquico correspondiente del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Mocoa, es decir, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, teniendo en cuenta que dentro de esta especial jurisdicción (restitución de tierras), Mocoa hace parte del distrito judicial de Cali.
Fecha ut supra,
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
AL AUTO 226/18
Referencia: Expediente ICC-3273
Asunto: Conflicto de competencia suscitado entre la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa y la Sala Especializada en Restitución y Formalización de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.
Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
Con el respeto acostumbrado por las decisiones que toma esta Corporación, haré explícitas las consideraciones que me llevaron a aclarar el voto en el asunto de la referencia.
1. En esta oportunidad le correspondió a la Sala Plena resolver el conflicto de competencia suscitado entre la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa y la Sala Especializada en Restitución y Formalización de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.
En atención a lo resuelto, se hace necesario considerar que el legislador otorgó a cada una de las jurisdicciones – ordinaria, de lo contencioso administrativo, constitucional y disciplinaria así como las especiales- una estructura orgánica y jerarquía específica y, a su vez, diferenciada.
2. La Corte, respecto de la estructura jurisdiccional constitucional, en principio, interpretó que estaba integrada por todos los jueces de la República de Colombia, pues el juez competente para conocer de la segunda instancia de un amparo constitucional era el inmediatamente superior del fallador en primera instancia de la siguiente manera:
“sin importar su especialidad por la jurisdicción a la cual pertenezcan, como guardianes de los derechos constitucionales fundamentales (art. 86 de la C.P.). Por lo tanto, todos los jueces pertenecen en un sentido funcional a la jurisdicción constitucional y son órganos de la misma.”[48]
3. No obstante, recientemente esta Corporación varió su postura[49] respecto de la aplicación del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991en el sentido de entender que la expresión “superior jerárquico correspondiente”, debe interpretarse como la autoridad judicial que funge en calidad de superior del a quo, bajo un criterio orgánico, es decir, que pertenecen a la misma jurisdicción, además de observarse su especialidad.
Dicho en otras palabras, el superior “correspondiente”, se determina de acuerdo con la jerarquía orgánica y funcional del juez de primera instancia la cual se encuentra regulada en las leyes generales de los procesos; dado que, si el legislador primario hubiese considerado que todos los jueces de segunda instancia pertenecen a la jurisdicción constitucional, en ese sentido, podrían conocer de cualquier asunto impugnado, sin haber tenido la necesidad de precisar que se refería al juez “correspondiente.”[50]
Me aparto de la decisión objeto de estudio, toda vez que no tomó en cuenta la competencia superior sobre los Juzgados Civiles del Circuito Especializados en Restitución de Tierras[51]; pues de haberlo hecho así, se habría concluido que el expediente debía ser remitido a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Cali, que tiene la calidad de superior funcional de los Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa.
A esta conclusión se llega al tener en cuenta que, por un lado, el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011 si bien no determina la competencia específica de segunda instancia en este tipo de procesos, sí dispone que los Tribunales Superiores del Distrito Judicial Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras son competentes para conocer en única instancia de los asuntos de la materia y las consultas de las sentencias dictadas por Jueces Civiles del Circuito, Especializados en Restitución de Tierras.
De otro lado, en desarrollo de la anterior norma, el artículo 6 del Acuerdo PSAA12-9268 de 2012 del Consejo Superior de la Judicatura dispuso la creación de, entre otras, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali determinando su competencia territorial de la siguiente manera:
Cada una de las Salas Civiles, especializadas en restitución de tierras, tendrá la competencia territorial en la jurisdicción de los siguientes Distritos Judiciales:
DISTRITO JUDICIAL |
SEDE |
Número de Distritos que cubre |
COBERTURA |
Número de magistrados |
CALI |
CALI |
1 |
Armenia |
3 |
2 |
Buga |
|||
3 |
Cali |
|||
4 |
Mocoa |
|||
5 |
Pasto |
|||
6 |
Popayán |
En suma; en el auto del cual me aparto se concluyó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa es el superior jerárquico correspondiente del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Mocoa, en virtud de una norma general que regula la competencia de los tribunales omitiendo que existen normas específicas en cuanto a la jurisdicción especializada en restitución de tierras las que, a mi juicio, debían determinar la decisión.
En consecuencia, considero que la decisión debió atender a una interpretación sistemática de la Ley 1448 de 2011 y su correspondiente desarrollo por el Consejo Superior de la Judicatura.
Fecha ut supra,
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado