Auto 415/18
FACTOR TERRITORIAL-Competencia a prevención del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Se remite el expediente al despacho judicial que en primer lugar conoció el asunto
Referencia: Expediente ICC-3351
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Décimo Penal Municipal Mixto con Funciones de Control de Garantías de Ibagué y el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Turbaco – Bolívar.
Magistrado Sustanciador:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá, D. C., cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES
1. El 8 de marzo de 2018, el señor Miguel Alexis Saavedra Arias presentó acción de tutela en contra de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Turbaco al considerar vulnerado su derecho fundamental de petición[1], toda vez que la entidad demandada a la fecha de presentación de la acción de la referencia no había emitido respuesta alguna sobre la petición enviada el 1 de febrero de 2018 a su correo electrónico institucional[2] y remitida en físico desde la ciudad de Ibagué, lugar de su residencia, el 5 de febrero de 2018[3].
2. El 8 de marzo de 2018, el Juzgado Décimo Penal Municipal Mixto con Funciones de Control de Garantías de Ibagué, instancia a la que correspondió el reparto del asunto, decidió declarar su incompetencia y remitir la acción de tutela a los juzgados promiscuos municipales de Turbaco - Bolívar, al estimar que en virtud del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[4] el derecho fundamental de petición del accionante se vulneró en el municipio de Turbo, debido a que ahí se encuentra ubica la dependencia demandada[5].
3. El 21 de marzo de 2018, luego de haberse realizado el reparto ordenado, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Turbaco – Bolívar decidió proponer un conflicto negativo de competencia al estimar que el juez de Ibagué es la autoridad competente para resolver la tutela “toda vez que se encuentra radicado en la misma ciudad del accionante, esto es, Ibagué – Tolima”[6]. En consecuencia, remitió el expediente de la referencia a la Corte Constitucional.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[7]. Asimismo, que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[8], y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevén la autoridad encargada de asumir el trámite, o, en aquellos casos en los que a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[9].
En principio, el presente conflicto debería ser resuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conforme con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 270 de 1996[10]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.
2. Ahora bien, la Corte reitera que de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio del título transitorio de la misma[11], así como los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos[12]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz; y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”[13] en los términos establecidos en la jurisprudencia[14].
En este sentido, la competencia “a prevención”, consagrada en los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (antes artículo 1 del Decreto 1382 de 2000), significa que existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor en relación a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover. En consecuencia, cuando exista una divergencia entre los criterios que definen el alcance del factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante.
3. De otro lado, esta Corporación también ha insistido en señalar que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo, sin más, al lugar de residencia de la parte accionante[15], o al lugar donde tenga su sede el ente que, presuntamente, viola los derechos fundamentales[16]. En otra dirección, la competencia por el factor territorial corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la vulneración que se busca proteger o del lugar donde se producen los efectos de tal vulneración, el cual puede o no coincidir con el domicilio de las partes.
III. CASO CONCRETO
De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:
i. Se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial, pues de una parte, el Juzgado Décimo Penal Municipal Mixto con Funciones de Control de Garantías de Ibagué rechazó la competencia para conocer la tutela de la referencia al considerar que el lugar en el que ocurrió la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por el accionantes es el municipio de Turbaco – Bolívar, dado que allí se encuentra ubicada la entidad accionada. Por su parte, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Turbaco – Bolívar propuso el conflicto de competencia, al estimar que el lugar de domicilio del accionante, la ciudad de Ibagué, fue el escogido para interponer la acción de tutela y en virtud de ello, el juez de tutela de esa ciudad es competente.
ii. Tanto el Juzgado Décimo Penal Municipal Mixto con Funciones de Control de Garantías de Ibagué como el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Turbaco – Bolívar tienen competencia territorial para decidir la acción de la referencia. Así, en la ciudad de Ibagué, se generan los efectos de la presunta vulneración del derecho de petición del accionante, dado que ahí debía enviarse la respuesta que emitiera la Secretaría de Tránsito y Transporte de Turbaco, acorde con lo informado en el mismo escrito de petición, mientras que en Turbaco – Bolívar se generó la presunta vulneración, dado que desde allí tenía que enviarse la contestación a la correspondiente dirección del accionante.
iii. En vista de que el accionante escogió entre uno de los jueces competentes según el factor territorial -competencia a prevención- debe respetarse su elección. Por consiguiente, el Juzgado Décimo Penal Municipal Mixto con Funciones de Control de Garantías de Ibagué es la autoridad competente para tramitar la acción de tutela interpuesta por Miguel Alexis Saavedra Arias contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Turbaco.
Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 8 de marzo de 2018 por el Juzgado Décimo Penal Municipal Mixto con Funciones de Control de Garantías de Ibagué, dentro de la acción de tutela formulada por el señor Miguel Alexis Saavedra Arias contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Turbaco.
En consecuencia, la Sala remitirá el expediente ICC-3351 al Juzgado Décimo Penal Municipal Mixto con Funciones de Control de Garantías de Ibagué, para que, de manera inmediata tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
IV. DECISIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 8 de marzo de 2018 por el Juzgado Décimo Penal Municipal Mixto con Funciones de Control de Garantías de Ibagué, dentro de la acción de tutela formulada por el señor Miguel Alexis Saavedra Arias contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Turbaco.
Segundo.- REMITIR el expediente ICC- 3351 al Juzgado Décimo Penal Municipal Mixto con Funciones de Control de Garantías de Ibagué, para que, de manera inmediata tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
Tercero.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a la parte demandante y al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Turbaco – Bolívar la decisión adoptada en esta providencia.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Ausente con permiso
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Ausente con permiso
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General