Auto Constitucional A 478/18
Corte Constitucional de Colombia

Auto Constitucional A 478/18

Fecha: 01-Ago-2018

Auto 478/18

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Por factor funcional

Referencia: Expediente ICC-3378

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santander de Quilichao, Cauca y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santander de Quilichao, Cauca.

Magistrada Ponente:

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Bogotá, D. C., primero (1º) de agosto de dos mil dieciocho (2018).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

AUTO

I. ANTECEDENTES

1. El 22 de marzo de 2018 la señora Flor María Erazo, como agente oficiosa de los señores Emiro José Gómez Padilla y Alfonso Enrique Barros Atehortua, interpuso acción de tutela contra el Cabildo Indígena La Laguna – Siberia del Corregimiento de Siberia, Municipio de Caldono, Cauca, al considerar que fueron vulnerados los derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso, al juez natural y a la dignidad humana de sus agenciados, ya que fueron juzgados y condenados a cuarenta (40) años de prisión por dicho cabildo por el supuesto delito de atraco contra una de sus autoridades sin tener en cuenta que ellos no pertenecen a ninguna comunidad indígena, son oriundos de Barranquilla, Atlántico, lugar de su residencia.

2. El 16 de abril de 2018 el Juzgado Promiscuo Municipal de Caldono, Cauca, profirió sentencia en la que accedió a las pretensiones de la acción de tutela, dejó sin efectos la sentencia condenatoria en audiencia pública del Cabildo Indígena de la Laguna – Siberia, ordenó la libertad inmediata de los agenciados y compulsó copia del expediente a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia. La anterior decisión fue impugnada por la parte accionada.

3. Por reparto, el conocimiento de la impugnación le correspondió al Juzgado Primero Civil del Circuito de Santander de Quilichao, Cauca, autoridad que en auto del 9 de mayo de 2018 decidió rechazar la impugnación interpuesta por la parte accionada y ordenó la remisión del expediente al Juzgado Penal del Circuito de Santander de Quilichao, Cauca – Oficina de reparto para su conocimiento. Lo anterior con base en que “del estudio de la [acción de tutela] se establece que se trata de una tutela contra una sentencia penal, producida por la jurisdicción indígena, por lo que de conformidad con el Art. 32 del Decreto 2591 este juzgado no sería competente para conocer de la impugnación teniendo en cuenta que, respecto a asuntos penales no es el superior jerárquico”.

4. Realizado el nuevo reparto, le correspondió conocer de la impugnación al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santander de Quilichao, Cauca, autoridad judicial que en auto del 9 de mayo de 2018 dispuso la remisión inmediata de la acción de tutela a la Corte Constitucional para que decidiera a quien compete la resolución del recurso planteado por cuanto considera que como regla de reparto de las acciones de tutela no se encuentra la materia sobre la cual versen las providencias atacadas, de tal manera que ésta no puede ser un criterio válido para determinar cuál autoridad debe fungir como superior funcional.

II. CONSIDERACIONES

1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[1]. Asimismo, que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[2] y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevén la autoridad encargada de asumir el trámite, o en aquellos casos en los que a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[3]

En principio, el presente conflicto de competencia debería ser resuelto por la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán[4]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio[5].

2. Ahora bien, la Corte reitera que de conformidad con los artículos 86 superior y 8° transitorio del título transitorio de la Constitución Política, así como los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos[6]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz[7] y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación a un fallo de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”[8] en los términos establecidos en la jurisprudencia[9].

3. Por otra parte, el inciso primero del artículo 86 de la Constitución establece que el fallo de la acción de tutela puede “(…) impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión”. De otro lado, para definir la competencia de la segunda instancia en tutela, el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, dijo lo siguiente:

“Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente.

El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.”

4. En un primer momento, esta Corporación consideró que tales disposiciones normativas se referían a cualquier autoridad judicial jerárquicamente superior al juez que en primera instancia profirió la sentencia de tutela, sin tener en cuenta la jurisdicción a la cual pertenecía (ordinaria, contenciosa administrativa o disciplinaria) ni su especialidad (civil, familia, penal, laboral, etc.), en la medida en que todos los jueces, desde un punto de vista material, forman parte de la jurisdicción constitucional. En consecuencia, la discrepancia surgida entre dos autoridades judiciales de igual jerarquía no constituía un conflicto de competencia, en razón a que ambas corporaciones, para efectos de trámite de la tutela, tenían la calidad de jueces constitucionales[10].

5. Recientemente, esta Corte varió su postura respecto de la aplicación del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en el sentido de entender que la expresión “superior jerárquico correspondiente”, debe interpretarse como la autoridad judicial que funge en calidad de superior del a quo, bajo un criterio orgánico, es decir, que pertenecen a la misma jurisdicción, además de observarse su especialidad. En particular, se señaló que:

“La intención del constituyente primario y del Legislador extraordinario respecto de la aplicación de las reglas de conocimiento de la impugnación, fue la de la asignación del asunto al ‘superior jerárquico correspondiente’, esto es, aquel que de acuerdo con la jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surtió la primera instancia, funcionalmente funge como superior jerárquico. Dicho en otros términos, al referirse al superior ‘correspondiente’, la norma define la jerarquía orgánica y funcional del juez de primera instancia, que es la regulada en las leyes generales de los procesos; contrario sensu, si el Legislador hubiese considerado que todos los jueces de segunda instancia pertenecen a la jurisdicción constitucional, y en esa medida pueden conocer de cualquier asunto impugnado, no hubiera tenido la necesidad de precisar que se refería al juez ‘correspondiente’[11].

6. En este sentido, esta Sala considera que, en materia de acciones de amparo constitucional, el trámite de impugnación de un fallo de tutela proferido en primera instancia por un juez promiscuo municipal, es competencia de los jueces civiles, de familia, penales o promiscuos del circuito tal como se desprende de los artículos 36 de la Ley 906 de 2004[12] y 33 y 34 de la Ley 1564 de 2012[13].

No obstante lo anterior, se aclara que la materia sobre la cual versen las providencias dictadas por un juez promiscuo en el marco de acciones de tutela como la de la referencia, no constituye un criterio válido para determinar cuál autoridad funge como su superior funcional[14], de tal manera que no es dado a un juez la posibilidad de despojarse del conocimiento de un recurso de impugnación contra una sentencia de tutela con base en la materia de la misma pues ésta no tiene que ver con la especialidad del juzgado de primera instancia, sino con el fondo del asunto.

III. CASO CONCRETO

1. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

(i) Se configuró un conflicto de competencia dado que tanto el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santander de Quilichao, Cauca, como el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santander de Quilichao, Cauca, son superiores jerárquicos del Juzgado Promiscuo Municipal de Caldono, Cauca, de acuerdo con los artículos 36 de la Ley 906 de 2004 y 33 y 34 de la Ley 1564 de 2012.

(ii) El Juzgado Primero Civil del Circuito de Santander de Quilichao, Cauca, utilizó un argumento como lo es la materia sobre la cual versa la acción de tutela para despojarse del conocimiento de un recurso de impugnación propuesto contra una sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Caldono, Cauca, afectando la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección a los derechos fundamentales de las partes.

(ii) El Juzgado Primero Civil del Circuito de Santander de Quilichao, Cauca fue a quien primero se repartió el recurso de alzada y, como se dijo, es superior jerárquico del Juzgado Promiscuo Municipal de Caldono, Cauca, en asuntos ordinarios de su competencia. Por lo tanto es a éste a quien le corresponde tramitar la impugnación presentada.

2. Con base en los anteriores criterios, la Sala Plena dejará sin efectos el auto del 9 de mayo de 2018 proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santander de Quilichao, Cauca y ordenará que se le remita el expediente para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar respecto de la impugnación presentada por la parte accionada dentro de la acción de tutela instaurada por la señora Flor María Erazo, como agente oficiosa de los señores Emiro José Gómez Padilla y Alfonso Enrique Barros Atehortua contra el Cabildo Indígena La Laguna – Siberia del Corregimiento de Siberia, Municipio de Caldono, Cauca.

IV. DECISIÓN

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

RESUELVE

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 9 de mayo de 2018 proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santander de Quilichao, Cauca, dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por la señora Flor María Erazo, como agente oficiosa de los señores Emiro José Gómez Padilla y Alfonso Enrique Barros Atehortua contra el Cabildo Indígena La Laguna – Siberia del Corregimiento de Siberia, Municipio de Caldono, Cauca.

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3378 que contiene la acción de tutela presentada por la señora Flor María Erazo, como agente oficiosa de los señores Emiro José Gómez Padilla y Alfonso Enrique Barros Atehortua al Juzgado Primero Civil del Circuito de Santander de Quilichao, Cauca para que, de manera inmediata, desate la impugnación presentada.

Tercero.- Por la Secretaría General de la Corte Constitucional, COMUNICAR a las partes y al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santander de Quilichao, Cauca, la decisión adoptada en esta providencia.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Presidente

Ausente con permiso

CARLOS BERNAL PULIDO                           DIANA FAJARDO RIVERA

             Magistrado                                                      Magistrada

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ       ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado                                                              Magistrado

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO            CRISTINA PARDO SCHLESINGER

   Magistrada                                                            Magistrada

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS  ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado                                        Magistrado

                                                                  Con aclaración de voto

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General


ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO

ALBERTO ROJAS RÍOS

AL AUTO 478/18

Referencia:

Expediente No. ICC – 3378

El Juzgado Primero Civil del Circuito de Santander de Quilichao y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santander de Quilichao (Cauca).

Magistrado Ponente:

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Con sumo respeto por la decisión mayoritaria, paso a exponer las razones por las cuales aclaro el voto emitido a favor de la determinación adoptada en el auto de la referencia.

El Constituyente de 1991 asignó la función de administrar justicia a diversas jurisdicciones, y, a cada una de estas, le otorgó una especialidad y un ámbito de competencia determinado. Así, de un análisis del texto Superior se evidencia la estructuración de cuatro jurisdicciones generales, a saber: (i) la ordinaria[15], (ii) la de lo contencioso administrativo[16], (iii) la constitucional[17] y (iv) la justicia disciplinaria[18]. Además de estas, se encuentran otras de carácter “especial” como: (i) la establecida para su ejercicio por los jueces de paz[19], (ii) la existente al interior de las comunidades indígenas[20], y (iii) la justicia penal militar[21].

En desarrollo de lo dispuesto por el Constituyente, el Legislador Estatutario otorgó a cada una de las jurisdicciones mencionadas una estructura orgánica y jerárquica especial con funciones diferenciadas y competencias concretas, a partir de las cuales delimitó expresamente tanto su campo de acción, como la manera en que ejercen su función de administrar justicia.

En lo relacionado con la jurisdicción constitucional, se evidencia que se optó por un sistema de control constitucional dual o mixto en el que se mantuvieron elementos difusos, al enaltecer la “función de todos los jueces, sin importar su especialidad por la jurisdicción a la cual [orgánicamente] pertenezcan, como guardianes de los derechos constitucionales fundamentales[22] y encomendarles la resolución de las acciones de tutela; asimismo, se concentró gran parte de sus funciones en un único órgano central y de cierre, esto es, la Corte Constitucional.

En ese sentido, se tiene que si bien la Constitución creó un único órgano central de esta especial jurisdicción, también dispuso que todos los jueces a los que se les ha encomendado la resolución de acciones de amparo, “pertenecen en un sentido funcional a la jurisdicción constitucional y son órganos de la misma[23]; cuestión que no debe ser entendida como una simple colaboración con la jurisdicción constitucional, sino que supone el establecimiento de una organización judicial autónoma, con su propia estructura jerárquica y funcional, y en la que todas las autoridades judiciales, indistintamente de la especialidad jurisdiccional dentro de la que orgánicamente fueron creadas, fungen como inferiores funcionales de la Corte Constitucional[24].

En esos términos, es claro que cuando una autoridad judicial resuelve una solicitud de amparo, lo hace desde un paradigma incomparable con el que rige su accionar ordinario, esto es, a partir de un análisis de la situación fáctica desde el derecho constitucional[25] y, asimismo, se encuentra sujeta a una estructura funcional diferente a la que orgánica y ordinariamente le compete; organización en virtud de la cual, atendiendo a la naturaleza del derecho constitucional, no existen especialidades que sea necesario diferenciar y únicamente se erige un sistema de jerarquías[26] en el que la máxima autoridad siempre es la Corte Constitucional.[27]

Ahora bien, recientemente la Sala Plena acogió una nueva postura en relación con la definición de los conflictos de competencia en trámites de tutela, según la cual la expresión “superior jerárquico correspondiente” contenida en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 implica que la impugnación de la sentencia debe ser repartida con respeto por la jerarquía funcional establecida al interior de cada jurisdicción[28].

En ese sentido, se concluyó que cuando el legislador estatutario usó el vocablo “correspondiente” hizo alusión a aquella autoridad judicial que “de acuerdo con la jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surtió la primera instancia, funcionalmente funge como superior jerárquico.” De ahí que la Sala Plena hubiera concluido que el enunciado “superior jerárquico correspondiente” debe ser interpretado a la luz de “la jerarquía orgánica y funcional del juez de primera instancia, que es la regulada en las leyes generales de los procesos; contrario sensu, si el Legislador hubiese considerado que todos los jueces de segunda instancia pertenecen a la jurisdicción constitucional, y en esa medida pueden conocer de cualquier asunto impugnado, no hubiera tenido la necesidad de precisar que se refería al juez ‘correspondiente’”.

Como lo expresé en el salvamento de voto a los Autos 486 y 496 de 2017 (expedientes ICC-2988 e ICC-3003), discrepo de esta interpretación mayoritaria, por cuanto estimo que, como se venía sosteniendo hasta hace poco, el hecho de que todos los jueces que resuelven acciones de tutela, lo hagan como miembros de la jurisdicción constitucional, quiere decir que los jueces harían parte, al menos, de dos jurisdicciones, que desde el punto de vista teórico procesal corresponden concretamente a competencias especializadas, bajo el concepto univoco de la jurisdicción. De un lado a la que originalmente pertenecen y, de otro lado, a la Constitucional.

Sobre el particular, considero necesario destacar que la Sala Plena adoptó tan solo una de las interpretaciones que era posible derivar del vocablo “correspondiente” y desconoció que éste también puede ser dotado de otro contenido, tal y como lo había hecho esta Corte durante más de 20 años y en virtud del cual se había reconocido que, en materia de tutela, únicamente debe verificarse la jerarquía de la autoridad cuya decisión es objeto de impugnación, esto es, que se trate de una de nivel (i) municipal, (ii) circuito, (iii) distrito o (iv) alta corte[29].

De esta manera, se han traído al ámbito de la competencia de un juez de tutela, normas específicas de cada tipo de procedimiento ordinario y se ha desconocido de esa manera la especialidad de la jurisdicción constitucional. Así, se omite que esta Corporación en numerosas ocasiones ha expresado que la especialidad orgánica de cada jurisdicción no debe ser considerada relevante para efectos de determinar la competencia funcional en materia de tutela.[30]

Por lo tanto, tratándose de impugnaciones de fallos de tutela, una autoridad judicial mal puede rehusar el conocimiento de un asunto con base en factores funcionales que no fueron contemplados por el Constituyente ni por el Legislador Estatutario, estos son, los factores territorial[31] y subjetivo[32] establecidos en el Decreto 2591 de 1991, habida cuenta de que la jurisdicción constitucional goza de una organización funcional autónoma, tal como esta Corte lo subrayó en el Auto 141 de 2017:

“[E]l único criterio que determina la competencia del juez de segunda instancia es la jerarquía, sin hacer distinción con fundamento en el factor funcional pues, como la ha venido sosteniendo esta Corporación [sic], frente a la definición del régimen de competencias por el factor funcional, se observa que el único criterio en materia de acciones de tutela, es aquel relacionado con las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación”. (Negrilla fuera del texto original)

En la misma dirección, en el Auto 297 de 2016 se precisó que la estructura orgánica, funcional y jerárquica interna de las distintas jurisdicciones no constituye un argumento válido para que una autoridad judicial se declare incompetente para resolver una acción de tutela[33], de suerte que, al momento de establecer cuál autoridad judicial funge como superior funcional de otra dentro de la jurisdicción constitucional, basta con identificar la circunscripción territorial en que cada juez u órgano colegiado puede ejercer sus competencias, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 11 de la Ley 270 de 1996[34].

Así las cosas, insisto en que, dada la especial configuración de la jurisdicción constitucional, ni la especialidad ni la jurisdicción a la que orgánicamente pertenezcan los jueces resultarían relevantes para determinar la competencia para tramitar solicitudes de amparo[35], por lo cual, en un adecuado entendimiento, las “altas cortes” son superiores funcionales de los “tribunales”, y estos, a su vez, son superiores funcionales de todos los jueces de categoría “circuito”, quienes, a su turno, son superiores respecto del conjunto de jueces de categoría “municipal”.

Como lo señalé en una oportunidad anterior, considero que existe un altísimo riesgo de que la nueva posición de la Sala Plena traiga consigo numerosos problemas que, eventualmente, será menester enfrentar, al paso que se congestionará de trabajo a muchas autoridades judiciales, mientras que otras serán eximidas de la resolución de asuntos constitucionales –específicamente, de impugnaciones–.

Es así como se muestra evidente que las autoridades judiciales “especiales” como los jueces (i) penales de ejecución de penas y medidas de seguridad, (ii) penales especializados, (iii) penales para adolescentes y (iv) civiles especializados en restitución de tierras, entre otros[36], se verán exentos de la carga constitucional de resolver impugnaciones en cuanto dentro de la estructura jurisdiccional en la que fueron ideados no actúan como superior funcional de ninguna autoridad judicial. Esta cuestión terminará por recargar a los demás juzgados del circuito y promover así la congestión judicial dentro de un trámite que debe ser resuelto con la mayor celeridad posible como lo es la acción de tutela.

Adicional a lo anterior, es mi deber poner de presente que, al arribar a una conclusión contraria a la sostenida de vieja data por esta Corporación, la actual Sala Plena cambió el precedente que pacífica y uniformemente había sido proferido sobre el tema. Es decir, sin otorgar la rigurosa justificación que corresponde en estos eventos[37], alteró la línea jurisprudencial que estaba empezando a ser integrada y asimilada por las distintas autoridades administrativas y judiciales del país, como lo demuestra la expedición de la Circular CSJNAC17-14 del 31 de marzo de 2017 proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño.

Estimo que lo pertinente en estos casos es acatar el precedente que la Corte había venido sentando, conforme al cual: (i) se da primacía al principio de celeridad de la acción de tutela, permitiendo la resolución más ágil de las controversias, al habilitarse la posibilidad de que sean repartidas a las autoridades judiciales con menos carga; (ii) se evita crear nuevas reglas de competencia que no fueron expresamente ideadas por el Constituyente, ni el Legislador Estatutario y que terminan por limitar y dificultar el efectivo acceso a la administración de justicia de los ciudadanos; y (iii) se reconoce que todos los jueces que resuelven acciones de tutela lo hacen en su condición de jueces de la jurisdicción constitucional[38], por lo que, mientras ostenten dicha la calidad, no hay lugar a distinciones respecto de la especialidad o la jurisdicción de la que orgánicamente hagan parte. Ningún juez debería argüir ausencia de competencia o de jurisdicción constitucional.

Empero, a pesar de mi criterio divergente, me acojo a la decisión de la mayoría con el ánimo de no prolongar indefinidamente la discusión sobre el particular, pues ello podría postergar el pronunciamiento de fondo en relación con el amparo constitucional reclamado en esta ocasión, en oposición a la naturaleza breve, sumaria y expedita de este mecanismo excepcional de protección de los derechos fundamentales.

Fecha ut supra,

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

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