Auto 565/18
FACTOR TERRITORIAL-Competencia a prevención del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Se remite el expediente al despacho judicial que en primer lugar conoció el asunto
Referencia: Expediente ICC-3411
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar y el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Santa Marta.
Magistrado Sustanciador:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá, D. C., cinco (5) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES
1. El 22 de mayo de 2018, ante el reparto de los jueces de Valledupar, la señora Karen Darine Castro Bru interpuso acción de tutela contra la Universidad del Magdalena al considerar vulnerado su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada durante el embarazo y la lactancia, toda vez que la entidad demandada dio por terminada la orden de servicios que cumplía en la ciudad de Velledupar[1], dentro del marco del contrato de aportes No. 20-146-2017 suscrito entre la Universidad del Magdalena y el ICBF Regional Cesar, pese a haber informado su estado de gravidez[2].
2. El 24 de mayo de 2018, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar, instancia a la que correspondió el reparto del asunto, decidió declarar su incompetencia acorde con lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[3] dado que “la entidad accionada es la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA cuyo lugar de notificación es Santa Marta, Magdalena, quienes presuntamente vulneraron derechos fundamentales a la accionante y por ende dicha transgresión ocurrió en la ciudad de SANTA MARTA y son los jueces municipales de la mencionada ciudad los competentes para tramitar esta acción de tutela”[4].
3. El 6 de junio de 2018, luego de haberse realizado el reparto ordenado, el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales del Distrito Judicial de Santa Marta señaló que en atención al factor territorial regulado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 le corresponde al juez donde ocurrió la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, sin que ello implique necesariamente que ese lugar corresponde a la ubicación de la sede del ente que viola de manera presunta tales derechos. En consecuencia, decidió abstenerse de emitir un pronunciamiento dentro de la tutela de la referencia y proponer un conflicto negativo de competencia[5].
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[6]. Asimismo, que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[7], y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite, o, en aquellos casos en los que a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[8].
En principio, el presente conflicto debería ser resuelto por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia conforme con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996[9]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.
2. Ahora bien, la Corte reitera que de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio del título transitorio de la misma[10], así como los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos[11]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz; y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”[12] en los términos establecidos en la jurisprudencia[13].
La competencia “a prevención”, consagrada en los artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (antes artículo 1 del Decreto 1382 de 2000), significa que existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor en relación a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover. En consecuencia, cuando exista una divergencia entre los criterios que definen el alcance del factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante.
3. De otro lado, esta Corporación también ha insistido en señalar que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo, sin más, al lugar de residencia de la parte accionante[14], o al lugar donde tenga su sede el ente que, presuntamente, viola los derechos fundamentales[15]. En otra dirección, la competencia por el factor territorial corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la vulneración que se busca proteger o del lugar donde se producen los efectos de tal vulneración, el cual puede o no coincidir con el domicilio de las partes.
III. CASO CONCRETO
De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:
i. Se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial, pues de una parte, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar rechazó la competencia para conocer la acción de tutela de la referencia al considerar que el lugar en el que ocurrió la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por la accionante corresponde a la ciudad de Santa Marta, dado que allí se encuentra ubicada la sede de entidad accionada. De otro lado, el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales del Distrito Judicial de Santa Marta propuso el conflicto de competencia, al estimar que la sede del ente que viola de manera presunta los derechos fundamentales alegados por la accionante no puede considerarse como el lugar en el que se genera tal vulneración o se extienden sus efectos.
ii. Tanto el Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar como el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales del Distrito Judicial de Santa Marta tienen competencia territorial para decidir la acción de la referencia. Así, en la ciudad de Valledupar, se generan los efectos de la presunta vulneración del derecho a la estabilidad laboral de la accionante, dado que ahí ejercía sus labores y en ese lugar esperaba le fuera reconocida su licencia de maternidad, mientras que en la ciudad de Santa Marta se generó la presunta vulneración, toda vez que desde allí la Universidad del Magdalena, en calidad de empleador[16], decidió dar por terminada su vinculación laboral con la demandante, sin tener en cuenta su estado de embarazo.
iii. En vista de que el accionante escogió entre uno de los jueces competentes según el factor territorial -competencia a prevención- debe respetarse su elección. Por consiguiente, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar es la autoridad competente para tramitar la acción de tutela interpuesta por Karen Darine Castro Bru contra la Universidad del Magdalena.
Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 24 de mayo de 2018 por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar, dentro de la acción de tutela formulada por Karen Darine Castro Bru contra la Universidad del Magdalena.
En consecuencia, la Sala remitirá el expediente ICC-3411 al Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar, para que, de manera inmediata tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
IV. DECISIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 24 de mayo de 2018 por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar, dentro de la acción de tutela formulada por Karen Darine Castro Bru contra la Universidad del Magdalena.
Segundo.- REMITIR el expediente ICC- 3411 al Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar, para que, de manera inmediata tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
Tercero.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a la parte demandante y al Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales del Distrito Judicial de Santa Marta la decisión adoptada en esta providencia.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General