Auto 571/18
FACTOR TERRITORIAL-Competencia a prevención del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Se remite el expediente al despacho judicial que en primer lugar conoció el asunto
Referencia: Expediente ICC-3420
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Tercero Civil Municipal de Armenia – Quindío y el Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Itagüí.
Magistrado Sustanciador:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá, D. C., cinco (5) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES
1. El 13 de junio de 2018, Luis Alfredo Torres Salas, en representación[1] de la empresa ENECON S.A.S. instauró acción de tutela en contra de Telefónica Movistar Colombia y el Consorcio Alianza YDN el EDEN al considerar vulnerado el derecho fundamental de petición de su representado, toda vez que Telefónica Movistar Colombia a la fecha de radicación de la presente demanda de amparo no había contestado la solicitud elevada el pasado 20 de abril de 2018[2], mediante la cual le pidió contestar la reclamación del señor Francisco Antonio Jiménez Quintero[3].
2. El 13 de junio de 2018, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Armenia - Quindío, instancia a la que correspondió el reparto del asunto, decidió declarar su incompetencia acorde con lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[4] dado que “el representante legal de la accionante vive en el municipio de Itagüí de Departamento de Antioquia, lugar donde también se encuentra radicado el domicilio de la entidad que representa… ”. En consecuencia, ordenó la remisión del asunto al Juez Civil Municipal reparto del municipio de Itagüí[5].
3. El 19 de junio de 2018, luego de haberse realizado el reparto ordenado, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Itagüí declaró su falta de competencia para conocer del asunto “toda vez que el accionante consideró que la presunta vulneración que dio origen al trámite de tutela tuvo lugar en la ciudad de Armenia Quindio”[6].
Conforme con lo anterior, propuso un conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a la Corte Constitucional para que lo dirima.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[7]. Asimismo, que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[8], y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite, o, en aquellos casos en los que a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[9].
En principio, el presente conflicto debería ser resuelto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia conforme con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 270 de 1996[10]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.
2. Ahora bien, la Corte reitera que de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio del título transitorio de la misma[11], así como los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos[12]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz; y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”[13] en los términos establecidos en la jurisprudencia[14].
En este sentido, la competencia “a prevención”, consagrada en los artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (antes artículo 1 del Decreto 1382 de 2000), significa que existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor en relación a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover. En consecuencia, cuando exista una divergencia entre los criterios que definen el alcance del factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante.
3. De otro lado, esta Corporación también ha insistido en señalar que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo, sin más, al lugar de residencia de la parte accionante[15], o al lugar donde tenga su sede el ente que, presuntamente, viola los derechos fundamentales[16]. En otra dirección, la competencia por el factor territorial corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la vulneración que se busca proteger o del lugar donde se producen los efectos de tal vulneración, el cual puede o no coincidir con el domicilio de las partes.
III. CASO CONCRETO
De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:
i. Se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial, pues de una parte, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Armenia - Quindío rechazó la competencia para conocer la tutela de la referencia al considerar que en Itagüí se encuentra el domicilio tanto del representante legal como de la empresa accionante. De otro lado, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Itagüí propuso el conflicto de competencia, al estimar que el lugar donde se generó la vulneración alegada por el accionante corresponde a la ciudad de Armenia - Quindío.
ii. Tanto el Juzgado Tercero Civil Municipal de Armenia - Quindío como el Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Itagüí tienen competencia territorial para decidir la acción de la referencia. Así, en la ciudad de Armenia - Quindío, se generó la presunta vulneración del derecho de petición del accionante, dado que desde allí debía emitirse la contestación a la petición elevada el 20 de abril de 2018 a la correspondiente dirección de la empresa demandante; mientras que en el municipio de Itagüí se extienden los efectos de tal vulneración, pues a ese lugar tenía que enviarse la respuesta de la entidad demandada, acorde con lo informado en el mismo escrito de petición[17].
iii. En vista de que el accionante escogió entre uno de los jueces competentes según el factor territorial -competencia a prevención- debe respetarse su elección. Por consiguiente, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Armenia - Quindío es la autoridad competente para tramitar la acción de tutela interpuesta por el representante legal de la empresa ENECON S.A.S. contra Telefónica Movistar Colombia y el Consorcio Alianza YDN el EDEN.
Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 13 de junio de 2018 por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Armenia - Quindío, dentro de la acción de tutela formulada por el representante legal de la empresa ENECON S.A.S. contra Telefónica Movistar Colombia y el Consorcio Alianza YDN el EDEN. En consecuencia, la Sala remitirá el expediente ICC-3420 al Juzgado Tercero Civil Municipal de Armenia - Quindío, para que, de manera inmediata tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
IV. DECISIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 13 de junio de 2018 por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Armenia - Quindío, dentro de la acción de tutela formulada por el representante legal de la empresa ENECON S.A.S. contra Telefónica Movistar Colombia y el Consorcio Alianza YDN el EDEN
Segundo.- REMITIR el expediente ICC- 3420 al Juzgado Tercero Civil Municipal de Armenia - Quindío, para que, de manera inmediata tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
Tercero.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a la parte demandante y al Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Itagüí la decisión adoptada en esta providencia.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General