Auto 572/18
CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó
JURISDICCION CONSTITUCIONAL-No corresponde a quienes la ejercen determinar a priori contra quienes se dirige la acción de tutela
Referencia: Expediente ICC-3422
Conflicto de competencia suscitado entre la Sala de Casación Civil y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., cinco (5) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto en el literal e) del artículo 5° del Reglamento Interno de la Corporación, profiere el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES Y ACTOS PROCESALES
1. El 26 de junio de 2018, el señor Javier Elías Arias Idárraga formuló acción de tutela[1] en contra del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Risaralda y de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. En su solicitud de amparo, el accionante señaló que promueve una acción popular contra el referido juzgado en razón de su omisión de aplicar los artículos 5 y 84 de la Ley 472 de 1998. “Empero, para el Tribunal Superior Sala Civil Familia Pereira Rda (sic) y para la H. Corte Suprema de Justicia Sala Casación Civil es normal y digo normal, pues nunca amparan mis tutelas”[2].
2. El actor presentó personalmente el amparo constitucional ante la Oficina Judicial de la ciudad de Pereira, entidad que la remitió por correspondencia a la Corte Suprema de Justicia y fue recibida el 29 de junio de 2018 en la Secretaría General de dicha Corporación. Posteriormente, el asunto fue sometido a reparto y asignado a una de las Magistradas que componen la Sala de Casación Laboral el 5 de julio de 2018[3].
3. Mediante auto de 6 de julio de 2018, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la acción de tutela de la referencia. Al respecto, advirtió que el actor, “si bien dirige su inconformidad contra la Sala Civil de esta Corporación, lo cierto es que omite indicar de forma clara y concisa la actuación que dicha autoridad desplegó al interior de la acción popular aquí censurada, lo cual impide avocar el conocimiento del asunto”[4]. Por tanto, otorgó el término de tres días para que el interesado subsanara las deficiencias del escrito de amparo.
4. Por medio de correo electrónico del 15 de julio de 2018, el accionante señaló lo siguiente: “manifiesto por favor q si no fui claro con las pretensiones contra la CSJ SCC (sic), pido entonces devuelva mi tutela ante la CSJ SCC (sic), a fin q mi acción no quede sin darsele tramite (sic) (…) manifiesto q la H Corte Constitucional, ha consignado q… ningún Jue (sic) de la República podrá rehusar el conocimiento de una A (sic) de tutela”[5].
5. A través de auto de 17 de julio de 2018, el Presidente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia “asumió la ponencia” del asunto ante la ausencia justificada de la Magistrada Sustanciadora. Igualmente, ordenó remitir el expediente a la Secretaría de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que allí se llevara a cabo el respectivo reparto.
Fundamentó dicha decisión en lo previsto en el numeral 5 del artículo 1° del Decreto 1983 de 2017, según el cual “[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada”.
Así mismo, indicó que el accionante, mediante comunicación remitida el 15 de julio del presente año, se había pronunciado respecto del auto inadmisorio y había solicitado que “se [devolviera] su tutela a ante la CSJ SCC”[6]. Por consiguiente, dispuso el envío de las diligencias “al respectivo superior funcional de la autoridad judicial accionada, esto es, la Sala de Casación Civil de esta Corporación”[7].
6. Remitido el expediente a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dicha autoridad judicial, a través de auto de 6 de agosto de 2018, planteó un conflicto de competencia negativo ante la Corte Constitucional.
El Magistrado Sustanciador sostuvo que, “[e]n el escrito con el cual se dio inicio a esta salvaguarda, su promotor indicó que estaba dirigida, entre otros, contra la Sala de Casación Civil de esta Corporación y al subsanar el libelo insistió en ese señalamiento”[8]. Igualmente, estimó que dicha determinación del interesado “no es susceptible de variarse por la autoridad que conozca de la correspondiente demanda y, mucho menos, por vía de interpretación”[9].
Así las cosas, dado que el peticionario no modificó su postura respecto de la vinculación de la Sala de Casación Civil como accionada, consideró que no podía asumir el conocimiento del asunto y, por ende, lo remitió a esta Corporación para su solución.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[10]. Así mismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[11] y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite, o en aquellos eventos en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[12].
2. En el presente asunto, el conflicto negativo de competencia debió ser resuelto, por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en razón de su competencia residual para resolver conflictos de competencia dentro de la jurisdicción ordinaria[13]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Corte Constitucional asumirá su estudio.
3. Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que, de conformidad con los artículos 86 Superior y 8° transitorio del Título Transitorio[14] de la Constitución, los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991[15] y el artículo 53 de la Ley 1922 de 2018, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:
(i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde: (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos[16];
(ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de: (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial[17]; y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz[18]; y
(iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que tengan la condición de “superior jerárquico correspondiente”[19] en los términos establecidos en la jurisprudencia[20].
4. Igualmente, la Corte ha aclarado que los artículos 2.2.3.1.2.1. al 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015 (anteriormente Decreto 1382 de 2000)[21] regulan el procedimiento de reparto y en ningún caso definen la competencia de los despachos judiciales. Así pues, esta Corporación ha establecido que la observancia de dicho acto administrativo no puede servir como fundamento para que los jueces o corporaciones se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas contenidas en el mismo son meramente de reparto[22].
5. Así las cosas, es preciso destacar que las mencionadas disposiciones, aunque fueron modificadas por el Decreto 1983 de 2017, conservan la naturaleza de reglas de reparto y, por tanto, solo fijan pautas para realizar el reparto de las acciones de tutela. En esa medida, se insiste, no definen reglas de competencia en materia de amparo constitucional y por lo tanto, con base en las mismas no se pueden suscitar conflictos de tal naturaleza.
En razón de ello, el parágrafo segundo del artículo 1° del Decreto 1983 de 2017, dispone que “las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”. En consecuencia, es prohibido que los jueces promuevan conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela, con base en la inobservancia de las reglas de reparto.
6. Por otra parte, ha dispuesto la Corte que el juez a quien debe repartirse el expediente se determina según quién aparezca como demandado en el escrito de tutela y, de ningún modo, a partir del análisis de fondo de los hechos narrados debido a que tal estudio no procede en el trámite de admisión. En efecto, no es aceptable para la autoridad judicial llevar a cabo un juicio a priori sobre quien es el responsable de la violación o amenaza del derecho fundamental ya que ello pertenece al fondo del asunto y es, precisamente, el objeto de estudio de la sentencia[23].
7. Por último, la Sala considera necesario formular algunas consideraciones respecto de la excepcionalidad[24] de la facultad de solicitar la corrección del escrito de tutela, prevista en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991[25].
Al respecto, esta Corporación ha destacado que la solicitud de información al accionante —que no es propiamente una inadmisión— solo puede versar sobre “el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela”. En tal sentido, “[c]ualquier elemento adicional, necesario para resolver la solicitud, debe ser deducido por el juez. Tal consideración encuentra soporte en los principios de informalidad y oficiosidad que regulan la acción de tutela. En virtud de este último, el juez tiene el deber de asumir un papel activo en la conducción del proceso, de un parte, para interpretar la solicitud de amparo y, de otra, para indagar por los elementos necesarios para adoptar una decisión de fondo respecto de la garantía de los derechos fundamentales alegados”[26].
III. CASO CONCRETO
1. Con fundamento en lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:
i. Se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tomó las reglas de reparto contenidas en el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015[27] (anteriormente artículo 1° del Decreto 1382 de 2000) para abstenerse de asumir el conocimiento del asunto y emitir un pronunciamiento de fondo.
Al respecto, es necesario anotar que dicha autoridad judicial usó indebidamente la facultad prevista en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, pues la solicitud de información efectuada mediante el auto del 6 de julio de 2018 no estaba encaminada a indagar por los hechos o razones que originaron la acción de tutela, sino a determinar los motivos por los cuales figuraba como accionada la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia[28].
De este modo, pese a que la solicitud de amparo resultaba clara en sus fundamentos, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desconoció el carácter excepcional de la atribución otorgada por el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 y utilizó esta facultad con el propósito de desprenderse del conocimiento de la acción de tutela, a partir de la alteración de las autoridades públicas señaladas como demandadas por el actor.
Por consiguiente, la autoridad judicial previamente referida debió admitir inmediatamente la acción de tutela, en la medida en que existía claridad acerca de los hechos que fundamentaban la solicitud.
ii. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia aplicó una regla de reparto que no desplaza su competencia y afecta la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección a los derechos fundamentales del accionante.
iii. La autoridad competente para resolver la acción de tutela instaurada por Javier Elías Arias Idárraga, es aquella a la que se repartió en primer término la solicitud, esto es, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
2. Con fundamento en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 17 de julio de 2018 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso de tutela promovido por Javier Elías Arias Idárraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Risaralda y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
En consecuencia, la Corte Constitucional ordenará la remisión del expediente ICC-3422, que contiene la referida acción de tutela, a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para que, de manera inmediata, tramite y decida el amparo solicitado.
3. Finalmente, se advertirá a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que, en lo sucesivo, debe observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto, con el fin de evitar conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que debe adoptar como juez constitucional. Así mismo, debe abstenerse de usar indebidamente las facultades otorgadas en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991.
IV. DECISIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el auto del 17 de julio de 2018, proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se declaró sin competencia para conocer de la acción de tutela formulada por Javier Elías Arias Idárraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Risaralda y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-3422 a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.
TERCERO. ADVERTIR a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que, en lo sucesivo, debe observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto, con el fin de evitar conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que debe adoptar como juez constitucional. Así mismo, debe abstenerse de usar indebidamente las facultades otorgadas en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR al accionante, y a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia la decisión adoptada en esta providencia.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General