Auto 018/19
FACTOR TERRITORIAL-Competencia a prevención del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Se remite el expediente al despacho judicial que en primer lugar conoció el asunto
Referencia: Expediente ICC-3539
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Doce Penal con Función de Conocimiento de Bogotá y el Juzgado Veintisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto en el literal e) del artículo 5° del Reglamento Interno de la Corporación, profiere el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES Y ACTOS PROCESALES
1. El señor Luis Fernando Acevedo Galeano formuló acción de tutela contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Medellín, en procura de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual considera vulnerado por la parte accionada debido a la imposición de un comparendo de tránsito.
Valga aclarar que la dirección de notificaciones suministrada por el actor, tanto en el escrito de tutela[1] como en la petición que presentó ante la Secretaría de Tránsito y Transporte de Medellín[2], corresponde a la ciudad de Bogotá D.C.
2. Repartido el asunto al Juzgado Doce Penal con Función de Conocimiento de Bogotá D.C., dicha autoridad judicial, a través de auto del 13 de noviembre de 2018, ordenó remitir el expediente a la Oficina de Reparto de los Juzgados Penales Municipales de Medellín.
El fallador consideró que carecía de competencia por el factor territorial para tramitar la acción de tutela, toda vez que la presunta violación o amenaza que motivó la presentación del amparo ocurrió en la ciudad de Medellín[3].
3. Efectuado nuevamente el reparto, el conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Veintisiete Penal con Función de Control de Garantías de Medellín el cual, a través de auto del 23 de noviembre de 2018, declaró su falta de competencia para decidir la solicitud de amparo y suscitó el conflicto de competencia negativo.
Fundamentó tal decisión en que los efectos de la supuesta vulneración se producen en Bogotá D.C., toda vez que el actor alega que la orden de comparendo no fue notificada en debida forma y dicho trámite debía surtirse en esa localidad. En este sentido, en virtud de la competencia a prevención, si el tutelante decidió presentar la acción constitucional ante los jueces de esa ciudad, se debe respetar su elección.
En consecuencia, ordenó remitir el expediente de la referencia a la Corte Constitucional[4].
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[5]. Así mismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[6] y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevén la autoridad encargada de asumir el trámite, o en aquellos eventos en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[7].
2. En principio, el presente conflicto negativo de competencia debió ser resuelto, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dado que las autoridades judiciales involucradas: (i) pertenecen a la jurisdicción ordinaria; (ii) tienen la misma especialidad jurisdiccional; y (iii) forman parte de distritos judiciales diferentes[8]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.
3. Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que, de conformidad con los artículos 86 Superior y 8° transitorio del Título Transitorio[9] de la Constitución y de los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991[10], existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:
(i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde: (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos[11];
(ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de: (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial[12]; y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz[13]; y
(iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que tengan la condición de “superior jerárquico correspondiente”[14] en los términos establecidos en la jurisprudencia[15].
4. Al respecto, este Tribunal ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, pues en virtud del criterio “a prevención” consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[16], se ha interpretado que existe un interés del Legislador estatutario en proteger la libertad del actor en relación con la posibilidad de elegir el juez para resolver la acción de tutela que desea promover, dentro de aquellos que sean competentes[17].
5. Por otro lado, esta Corporación también ha insistido en que la competencia por el factor territorial no puede determinarse únicamente a partir del lugar de residencia de la parte accionante[18], o al sitio donde tenga su sede el ente que, presuntamente, viola los derechos fundamentales[19]. En contraste, la competencia por dicho factor corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la vulneración que se busca proteger o del lugar donde se producen los efectos de dicha violación, autoridad judicial que no necesariamente debe coincidir con el domicilio de las partes.
III. CASO CONCRETO
1. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:
i. Se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial, toda vez que, por una parte, el Juzgado Doce Penal con Función de Conocimiento de Bogotá rechazó la competencia para conocer de la acción de tutela de la referencia, por considerar que el asunto correspondía a los jueces penales de Medellín, dado que, en su criterio, en dicha localidad ocurrió la presunta vulneración alegada por el actor.
Por otra parte, el Juzgado Veintisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín estimó que el recurso de amparo debió ser tramitado y resuelto por el Juzgado Doce Penal con Función de Conocimiento de Bogotá, pues la voluntad del accionante fue la de presentar la acción de tutela en esa ciudad que, a su vez, es el lugar al cual se extienden los efectos de la supuesta vulneración de sus garantías fundamentales.
ii. Tanto el Juzgado Doce Penal con Función de Conocimiento de Bogotá como el Juzgado Veintisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín tienen competencia territorial para decidir la acción de tutela de la referencia. Así, el lugar en donde ocurre la presunta vulneración o amenaza a los derechos fundamentales del actor es la ciudad de Medellín, por cuanto las decisiones administrativas que el tutelante pretende discutir mediante el amparo fueron tomadas en dicha localidad, que además coincide con la sede de la entidad demandada.
No obstante, la dirección en la cual el accionante recibió la respuesta a la solicitud presentada en contra de la orden de comparendo, cuya anulación pretende mediante el trámite constitucional, se encuentra en la ciudad de Bogotá D.C, en donde además aquel reside. Por tal motivo, esta localidad es el lugar donde se producen los efectos de la alegada vulneración de derechos fundamentales.
iii. En virtud de la competencia “a prevención” establecida por la ley para el factor territorial, debe respetarse la elección del actor. Por consiguiente, el Juzgado Doce Penal con Función de Conocimiento de Bogotá es la autoridad competente para tramitar y resolver la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Fernando Acevedo Galeano contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Medellín.
2. Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 13 de noviembre de 2018 por el Juzgado Doce Penal con Función de Conocimiento de Bogotá, dentro del proceso de tutela promovido por el señor Luis Fernando Acevedo Galeano contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Medellín.
En consecuencia, la Sala remitirá el expediente ICC-3539, que contiene la referida acción de tutela, al Juzgado Doce Penal con Función de Conocimiento de Bogotá para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.
3. Finalmente, la Sala advertirá al Juzgado Veintisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018[20].
IV. DECISIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 13 de noviembre de 2018 por el Juzgado Doce Penal con Función de Conocimiento de Bogotá, dentro del proceso de tutela promovido por el señor Luis Fernando Acevedo Galeano contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Medellín.
SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-3539, al Juzgado Doce Penal con Función de Conocimiento de Bogotá para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.
TERCERO. ADVERTIR al Juzgado Veintisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.
CUARTO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR al accionante y al Juzgado Veintisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín la decisión adoptada en esta providencia.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General