Auto 554/19

Referencia: Expediente D-12973

Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) de la Ley 1930 de 2018, “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia”

Demandante:

Francisco Javier Lara Sabogal

Magistrado sustanciador:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Bogotá DC, nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

El suscrito Magistrado Sustanciador, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular de aquellas que le concede los artículos 12 y 13 del Decreto 2067 de 1991, y 66 a 72 del Acuerdo 02 de 2015, profiere el presente auto, previa formulación de los siguientes

CONSIDERANDOS

1.- El día 19 de octubre de 2018, el ciudadano Francisco Javier Lara Sabogal presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) de la Ley 1930 de 2018, “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia”. La norma en cita, en la que se resalta y subraya el aparte acusado, dispone que:

“LEY 1930 DE 2018

27 de julio

Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia

(…)

Artículo 10. De las actividades agropecuarias y mineras. Los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energía y sus entidades adscritas o vinculadas y las entidades territoriales, en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales, y bajo las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, concurrirán para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias de alto impacto y pequeños mineros tradicionales que se venían desarrollando con anterioridad al 16 de junio de 2011 previa definición y que se encuentren al interior del área de páramo delimitada, con el fin de garantizar la conservación de los páramos y el suministro de servicios ecosistémicos.

En el marco de estas acciones se deberá brindar a las comunidades el tiempo y los medios para que estas puedan adaptarse a la nueva situación, para lo cual se deberán tener en cuenta los resultados de la. caracterización de los habitantes del páramo para lograr una transición gradual y diferenciada por tipo de actor.

Podrá permitirse la continuación de las actividades agropecuarias de bajo impacto que se vienen desarrollando en las zonas de páramo delimitados, haciendo uso de las buenas prácticas que cumplen con los estándares ambientales y en defensa de los páramos.

Las actividades agrícolas de bajo impacto y ambientalmente sostenibles se deberán ceñir a los lineamientos que para el efecto establezca el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Parágrafo. A efectos de dar cumplimiento a estas disposiciones se deberán involucrar los actores públicos y privados que se estimen pertinentes.”

2.- En Auto del 13 de noviembre de 2018, el Magistrado Sustanciador dispuso admitir la demanda, ordenó su fijación en lista, decretó la práctica de varias pruebas y, simultáneamente, corrió traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia. En todo caso, en desarrollo de lo señalado en el artículo 63 del Acuerdo 02 de 2015[1], las notificaciones y comunicaciones de rigor quedaron sujetas al recaudo de los elementos de juicio que fueron decretados[2].

3.- Una vez se obtuvo el acopio de las pruebas ordenadas, previo auto de requerimiento del 14 de diciembre de 2018, y en virtud de lo dispuesto en el auto admisorio, se prosiguió con las notificaciones y comunicaciones propias del juicio abstracto de constitucionalidad, en relación con las autoridades que participaron en la expedición de la norma, los ciudadanos en general, la Vista Fiscal y los expertos invitados a conceptualizar[3], para lo cual se profirió un nuevo auto el día 15 de febrero de 2019. En relación con estos últimos, se dispuso a oficiar la demanda (i) al Ministerio del Interior; (ii) al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; (iii) al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; (iv) al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; (v) al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER); (vi) a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA); (vii) al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt; (viii) a la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales (ASOCARS); (ix) a la Asociación de Municipios del Páramo de Santurbán (ASOMUSANTURBAN); (x) al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DEJUSTICIA); (xi) al Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia (GIDCA); (xii) a la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); (xiii) a la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC); (xiv) a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI); (xv) a la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN); (xvi) a la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO); (xvii) a la Federación Colombiana de Municipios; y (xviii) a las Facultades de Derecho de las Universidades Externado, Sergio Arboleda, Sabana, Eafit de Medellín, del Valle y Nariño.

4.- Al examinar el texto de la demanda, se advierte que la acusación se enfoca en la infracción de los artículos 79, 333 y 334 de la Constitución Política, al considerar que resulta inconstitucional que, en los ecosistemas de páramo, como espacios bióticos frágiles, se permita las actividades agrícolas, así sean de bajo impacto, por las consecuencias negativas que ello puede acarrear en las coberturas vegetales y en los cambios geomorfológicos y fisicoquímicos en el suelo y subsuelo, pues ello –a juicio del actor– vulnera (i) los derechos al medio ambiente sano[4] y al agua[5]; (ii) el principio de no regresión en materia ambiental, al comparar el precepto acusado con el régimen jurídico anterior en la materia[6]; y (iii) el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, en lo que corresponde a la conservación de las áreas de especial importancia ecológica[7].

5.- En escrito del 7 de marzo de 2019, el Representante a la Cámara de Representantes y líder campesino por Boyacá, Cesar Augusto Pachón Achury, solicita que “(…) en el marco del trámite de constitucionalidad de la referencia[,] el cual aborda la discusión en torno a la actividad agropecuaria en páramos, se convoque una Audiencia Pública (…) [para que] este complejo tema pueda tener un debate amplio, democrático y participativo (…)”[8]. Al revisar otras intervenciones que se encuentran en el expediente de este proceso, se advierte una petición en el mismo sentido por parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo[9], de la ciudadana Sammy Andrea Sánchez Garavito[10], de un número representativo de campesinos que viven en los páramos (en especial del Cocuy y El Almorzadero)[11], de los Congresistas Iván Cepeda, Feliciano Valencia, Luciano Grisales, Fabián Díaz y Angélica Lozano[12], y del Ministerio de Agricultura[13].

6.- Las audiencias públicas constituyen un instrumento idóneo y eficaz para ilustrar a esta Corporación sobre todas aquellas cuestiones que puedan tener incidencia en los juicios de constitucionalidad, en un contexto participativo y democrático. En este caso, su realización podría suministrar a este Tribunal insumos y elementos de juicio relevantes para la valoración de la norma impugnada.

7.- Los artículos 12 y 13 del Decreto 2067 de 1991, así como el literal p) del del artículo 5 del Acuerdo 02 de 2015 de esta Corporación, establecen el régimen de las mencionadas audiencias, determinando lo siguiente: (i) la realización de la misma es decidida por la Sala Plena, a solicitud de cualquier magistrado; (ii) pueden participar en ella el accionante, quien haya expedido la norma acusada, quienes hayan intervenido en su elaboración, el Procurador General de la Nación, los intervinientes en el proceso y los expertos en la materia que hayan sido invitados; y, finalmente, (iii) la organización y conducción de la audiencia está a cargo del magistrado sustanciador.

8.- En sesión del día 24 de julio de 2019, esta Corporación decidió autorizar la realización de la audiencia, señalando que “la organización, fijación de la fecha, lugar y hora se realizará por el Magistrado Sustanciador”, de acuerdo con “la presentación previa de una propuesta que será aprobada por la Sala Plena”.

9.- Una vez revisadas las fechas disponibles y ajustado el cronograma de trabajo de la Sala Plena, se acordó fijar como fecha para celebrar la audiencia el día 6 de noviembre de 2019 en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia, ubicada en el Palacio de Justicia.

10.- Con ocasión de los temas a tratar, la audiencia se someterá a las pautas que se indican a continuación:

10.1.- Temáticas:

10.2.- Invitados a participar y asignación de temas:

Como criterios de selección de los participantes se tuvieron en cuenta los siguientes: (i) las participaciones obligatorias previstas en la normatividad vigente para las audiencias públicas; (ii) la pluralidad en la conformación de los paneles; y (iii) el conocimiento y la experticia de los intervinientes en las temáticas propuestas.

10.3. Metodología

Conforme a los núcleos expuestos, la audiencia se dividirá en cuatro partes, en la cual se abordarán los temas propuestos. Para el efecto, se seguirá la siguiente metodología: (i) primero, los participantes abordarán de manera individual y sucesiva la problemática propuesta; y (ii) segundo, se permitirá a los magistrados de la Corte Constitucional formular preguntas relacionadas con las temáticas abordadas y las presentaciones que hayan sido realizadas.

10.4. Agenda

De conformidad con lo expuesto, previa aprobación de la Sala Plena, el suscrito Magistrado Sustanciador

RESUELVE

PRIMERO.- Disponer que, por Secretaría General, se CITE A AUDIENCIA PÚBLICA el día 6 de noviembre de 2019, a las 8:00 am, en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia, ubicada en el Palacio de Justicia, a las personas relacionadas en el numeral 10.2 de este auto. En la citación se indicará que cada uno de los expositores podrá presentar por escrito el resumen de su intervención y de las respuestas a los interrogantes formulados en el numeral 10.1 de esta providencia, ya sea el día de la audiencia o, en la Secretaría General, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. 

SEGUNDO.- INFORMAR a cada uno de los invitados que, conforme a las temáticas, la asignación de materias y la agenda dispuesta en los numerales 10.1, 10.2 y 10.4 de este auto, en su participación (i) deberán referirse a los temas específicos del núcleo temático al que han sido invitados; (ii) tendrán que cumplir con el término dispuesto para cada intervención; (iii) deberán estar presentes durante todo el tiempo asignado al eje correspondiente; y (iv) deberán responder las preguntas que los magistrados realicen en la audiencia.

TERCERO.- INFORMAR a cada uno de los invitados que, sin perjuicio de los escritos a los que refiere el numeral primero, se realizará una grabación de la audiencia que hará parte del expediente y podrá ser citada en la Sentencia que se profiera por esta Corporación.

CUARTO.- ORDENAR que, por Secretaría General, se remita a cada uno de los intervinientes una copia del presente auto, en el que se incluyen las temáticas a desarrollar, la asignación de temas, la metodología y la agenda.

QUINTO.- DEJAR A DISPOSICIÓN el expediente del proceso D-12973 para su consulta y reproducción.

SEXTO.- PUBLICAR esta providencia en la página Web de la Corte y disponer lo pertinente por la jefatura de prensa y el jefe de sistemas de esta Corporación para su transmisión por streaming.

SÉPTIMO.- DISPONER que se informe a la ciudadanía sobre la realización de la audiencia, mediante invitación pública en la página Web de la Corte. La asistencia requerirá la previa inscripción en el micrositio habilitado por esta Corporación, en los días y fechas que se señalen para el efecto, advirtiendo de que, debido a las restricciones de espacio, los cupos son limitados.

OCTAVO.- SOLICITAR al Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que, en el término de cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación del presente auto, informe al despacho del magistrado sustanciador, cuál es el censo actual de habitantes tradicionales de los páramos, en virtud de lo dispuesto en parágrafo 2 del artículo 12 de la Ley 1930 de 2018. En caso de que el mismo se encuentre en trámite, es preciso que se identifique el estado de dicha actuación, el plazo previsto para su culminación y las estadísticas oficiales que por el momento existen sobre la materia.

NOVENO.- ACLARAR que se mantiene la suspensión de términos dispuesta en el Auto 403 de 2019, hasta tanto no se celebre la audiencia y se venza el plazo adicional de cinco (5) días hábiles para que los invitados hagan entrega del resumen de sus intervenciones en la Secretaría General de la Corte. Para el efecto, como se dispuso en la providencia en cita, se deberá proferir un auto de trámite por el Magistrado Sustanciador, en el que se señale la fecha exacta en la que se levantará la suspensión.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase,

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado Sustanciador