Auto 579/19
Referencia: Expediente ICC-3752
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 15 de Familia en Oralidad de Medellín (Antioquia) y el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Rionegro (Antioquia).
Magistrado sustanciador:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral e) del artículo 5º del Reglamento Interno, profiere el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES
1. El 3 de septiembre de 2019, en Medellín y por medio de apoderado judicial, el señor Javier Ricardo García Pérez presentó acción de tutela contra el Comando Aéreo de Combate No. 5 de las Fuerzas Militares ubicado en Rionegro, al estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la honra y al buen nombre. Lo anterior, por cuanto, en su criterio, la sanción impuesta que le fue impuesta por el demandado en el año 2014, con sujeción a la Ley 836 de 2003, carece en la actualidad de sustento jurídico y debe ser reconsiderada, pues dicha norma fue derogada con la expedición de la Ley 1862 de 2017[1].
2. Por reparto, el conocimiento del amparo correspondió al Juzgado 15 de Familia en Oralidad de Medellín el cual, en providencia del 4 de septiembre de 2019[2], manifestó que no era competente para conocer del asunto, según lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. Concretamente, sostuvo que la tutela debía ser tramitada por el juez con competencia en el lugar donde ocurrió la vulneración o amenaza, que para el caso concreto es Rionegro al encontrarse allí la sede del comando accionado. En consecuencia, ordenó remitir el expediente al Juzgado del Circuito del citado municipio.
3. Como resultado de lo anterior, la acción de tutela fue repartida al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Rionegro, el cual, en auto del 11 de septiembre de 2019[3], se declaró incompetente para conocer sobre la cuestión y ordenó el envío del expediente a esta Corporación. En concreto, expuso que, de acuerdo con la interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 de este Tribunal[4], el amparo puede ser tramitado por los jueces con competencia en el lugar donde ocurre la vulneración o amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o donde se produzcan sus efectos. Así pues, indicó que, al ser Medellín la elección del demandante por encontrarse allí su domicilio, el estudio del asunto corresponde al Juzgado 15 de Familia en Oralidad de la citada entidad territorial.
II. CONSIDERACIONES
1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas para el efecto en la Ley 270 de 1996[5]. Asimismo, este Tribunal ha explicado que su competencia para conocer y dirimir dicha clase de controversias es residual y, en consecuencia, sólo opera: (i) en los casos en que las normas de la referida Ley Estatutaria de Administración de Justicia no establezcan la autoridad encargada de asumir el trámite[6], o (ii) en los eventos en los que se requiera aplicar los principios de celeridad y eficacia que rigen el proceso de tutela[7] con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[8].
2. En este orden de ideas, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 270 de 1996[9], el presente conflicto de competencia, en principio, debería ser resuelto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues involucra a autoridades judiciales de diferentes distritos[10]. Sin embargo, en aplicación de los mencionados principios de celeridad y eficacia, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en su calidad de órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional, asumirá su estudio para evitar que se dilate más el trámite del proceso de tutela.
3. Ahora bien, este Tribunal ha explicado que existen únicamente tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:
(i) El factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde: (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos (artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991)[11];
(ii) El factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de: (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado en primera instancia a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial (artículo 37 del Decreto 2591 de 1991)[12], y (b) los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal Especial para la Paz (artículo 8° transitorio del título transitorio de la Constitución)[13]; y
(iii) El factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de un fallo de tutela, y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”[14] en los términos establecidos en la jurisprudencia constitucional (artículo 32 del Decreto 2591 de 1991)[15].
4. Al respecto, este Tribunal ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, pues en virtud del criterio “a prevención” consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[16], se ha interpretado que existe un interés del legislador estatutario en proteger la libertad del actor en relación con la posibilidad de elegir el juez competente para resolver la acción de tutela que desea promover[17].
5. De otro lado, esta Corporación también ha señalado que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo sin más al lugar de residencia de la parte accionante[18] o al lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente vulnera los derechos fundamentales[19]. En efecto, esta Corte ha expresado que la competencia por el factor territorial corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la persona o del lugar donde se producen los efectos de la misma, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes.
6. En esta línea argumentativa, esta Sala ha precisado que “la competencia por el factor territorial no se modifica ni puede extenderse hasta el domicilio del apoderado judicial de la parte accionante, pues tal factor de competencia en materia de tutela está previsto en función del titular de la acción. En consecuencia, acudir al amparo constitucional a través de un apoderado judicial o de quien invoca su condición de agente oficioso no altera la titularidad de la misma y en ese sentido, no modifica las reglas de competencia”[20].
III. CASO CONCRETO
1. En la presente oportunidad, de conformidad con lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional constata que:
(i) Se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en diferentes interpretaciones del factor territorial. En efecto, como se sintetizó en los antecedentes de esta providencia, las autoridades judiciales involucradas presentaron una serie de argumentos relacionados con los lugares donde ocurrió la vulneración de los derechos invocados y donde se producen sus efectos.
(ii) Los jueces de Rionegro son competentes para conocer de la acción de tutela presentada por el señor Javier Ricardo García Pérez, toda vez que en dicha entidad territorial es donde se origina la presunta vulneración, pues allí se encuentra la autoridad que impuso la sanción cuestionada y que debe presuntamente ser reconsiderada.
(iii) No hay prueba de que la supuesta vulneración de los derechos de Javier Ricardo García Pérez o sus efectos se presenten en Medellín. En concreto, si bien el Juez Promiscuo de Familia de Rionegro señaló que en dicha ciudad se encuentra la residencia del accionante, lo cierto es que de los elementos de juicio obrantes en el plenario lo único que se advierte es que allí es el lugar de domicilio su abogado, lo cual, como se indicó líneas atrás, no incide en la determinación de la competencia por el factor territorial.
(iv) La elección del demandante debe respetarse únicamente cuando escoge un juez con competencia, lo cual no ocurrió en esta oportunidad. En consecuencia, se procederá a remitirle el expediente al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Rionegro para que proceda como en derecho corresponda, en su calidad de autoridad judicial con competencia para conocer de la acción de tutela presentada por Javier Ricardo García Pérez.
2. Así las cosas, la Sala dejará sin efectos el auto del 11 de septiembre de 2019, proferido por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Rionegro, y le remitirá el expediente ICC-3752 para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar en relación con la acción de tutela interpuesta por el señor Javier Ricardo García Pérez contra el Comando Aéreo de Combate No. 5 de las Fuerzas Militares.
3. Adicionalmente, esta Corporación le advertirá al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Rionegro (autoridad que remitió el expediente de la referencia a este Tribunal), que los conflictos de competencia en materia de tutela tienen que ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual en futuros casos deberá observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018[21].
IV. DECISIÓN
Con base en las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE
PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 11 de septiembre de 2019, proferido por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Rionegro, dentro del proceso de tutela de la referencia.
SEGUNDO.- REMITIR al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Rionegro el expediente ICC-3752 para que tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar en relación con la acción de tutela interpuesta por el señor Javier Ricardo García Pérez contra el Comando Aéreo de Combate No. 5 de las Fuerzas Militares.
TERCERO.- ADVERTIR al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Rionegro, que los conflictos de competencia en materia de tutela tienen que ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual en futuros casos deberá observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.
CUARTO.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR al accionante y al Juzgado 15 de Familia en Oralidad de Medellín la decisión adoptada en esta providencia.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
En comisión
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General