Auto 592/19
Referencia: Expediente ICC-3764
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Tuluá (Valle del Cauca) y el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali (Valle del Cauca).
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., cinco (5) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto en el literal e) del artículo 5° del Reglamento Interno de la Corporación, profiere el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES Y ACTOS PROCESALES
1. El señor Ferley Gutiérrez Mejía, por medio de apoderado judicial, formuló acción de tutela contra REFINANCIA SAS[1], en procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, habeas data, intimidad personal y familiar, “autodeterminación informática” y buen nombre, los cuales considera vulnerados por la accionada debido a su negativa de retirar varios reportes negativos que figuran en sus bases de datos.
Valga aclarar que la dirección de notificaciones suministrada por el actor en el escrito de tutela[2] corresponde a la ciudad de Cali. Por su parte, el apoderado indicó que recibiría notificaciones en una dirección ubicada en Tuluá[3].
2. Repartido el asunto, su conocimiento fue asignado al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Tuluá. Dicho fallador, a través de auto de 7 de noviembre de 2018, declaró su falta de competencia para conocer del asunto, en razón del factor territorial, por considerar que los efectos de la presunta vulneración se extienden a la ciudad de Cali, porque en dicha ciudad tiene su domicilio el actor “[f]actor que no se altera por el hecho de tener el apoderado del actor su domicilio en el Municipio de Tuluá, habida cuenta no ser titular y menos afectado sustancial de derechos, es decir, parte”[4] Por consiguiente, ordenó remitir el expediente para su reparto entre los jueces municipales de Cali.
3. Efectuado nuevamente el reparto, el expediente correspondió al Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali, el cual, por medio de auto de 14 de noviembre de 2018, ordenó devolver el expediente al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Tuluá.
Sostuvo que “el factor determinante para asignar competencia es el lugar de residencia del demandante y donde se están viendo afectados sus derechos, que en el presente asunto, es en el Municipio de Tuluá, Valle del Cauca”[5] comoquiera que esta localidad corresponde al domicilio del apoderado del actor, quien por voluntad propia decidió interponer la acción de tutela en dicho lugar. Además, resaltó que la dirección de notificaciones indicada por el apoderado del accionante corresponde al municipio de Tuluá. De igual manera, propuso, de antemano, conflicto negativo de competencia en caso de que no se acogieran sus argumentos.
Devuelto el expediente al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Tuluá, esta autoridad judicial mediante auto de 21 de noviembre de 2018, reiteró los argumentos que propuso cuando se pronunció por primera vez y aceptó el conflicto negativo de competencia propuesto. En consecuencia, remitió el expediente a la Corte Constitucional[6].
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[7] y ha interpretado que su competencia para dirimir esta clase de controversias es de carácter residual[8]. En consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevén la autoridad encargada de asumir el trámite, o en los eventos en que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela[9].
2. El presente conflicto negativo de competencia debió ser resuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dado que las autoridades judiciales involucradas: (i) forman parte de la jurisdicción ordinaria; (ii) tienen la misma especialidad jurisdiccional; y (iii) pertenecen a distintos distritos judiciales[10]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.
3. Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que, de conformidad con los artículos 86 Superior y 8° transitorio del Título Transitorio[11] de la Constitución, los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991[12], existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:
(i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde: (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos[13];
(ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de: (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial[14]; y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz[15]; y
(iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que tengan la condición de “superior jerárquico correspondiente” en los términos establecidos en la jurisprudencia[16].
4. Al respecto, este Tribunal ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, pues en virtud del criterio “a prevención” consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[17], se ha interpretado que existe un interés del Legislador estatutario en proteger la libertad del actor en relación con la posibilidad de elegir el juez para resolver la acción de tutela que desea promover, dentro de aquellos que sean competentes[18].
5. Por otro lado, esta Corporación también ha insistido en que la competencia por el factor territorial no puede determinarse únicamente a partir del lugar de residencia de la parte accionante[19] o de su apoderado, o al sitio donde tenga su sede el ente que, presuntamente, viola los derechos fundamentales[20]. En contraste, la competencia por dicho factor corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la vulneración que se busca proteger o del lugar donde se producen los efectos de dicha violación, autoridad judicial que no necesariamente debe coincidir con el domicilio de las partes.
III. CASO CONCRETO
1. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:
i. Se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial. En efecto, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Tuluá declaró su falta de competencia, por considerar que los efectos de la presunta vulneración se proyectan en la ciudad de Cali, dado que en esta ciudad reside el accionante. Por tanto, corresponde a los jueces de ese lugar conocer la acción de tutela de la referencia.
A su turno, el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali estimó que el conocimiento de la solicitud de amparo corresponde a la primera autoridad judicial a la cual se le repartió el expediente. Al respecto, sostuvo que el factor que determina la competencia es la residencia del demandante. No obstante, consideró que los jueces de Tuluá son los competentes para resolver la acción de tutela, por cuanto en dicho municipio está domiciliado el apoderado del actor.
ii. El Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali es la autoridad competente, por el factor territorial, para decidir la acción de tutela de la referencia. En efecto, en Cali se producen los efectos de la presunta vulneración o amenaza a los derechos fundamentales del actor, pues es en dicha ciudad donde aquel afronta las consecuencias desfavorables de la negativa de la entidad accionada respecto del retiro de los reportes solicitados.
En contraste, los jueces de Tuluá carecen de competencia por el factor territorial para tramitar la acción de tutela, toda vez que en dicho municipio no ocurrió la presunta vulneración ni se proyectan allí los efectos de la misma.
iii. Por consiguiente, el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali es la autoridad competente para tramitar y resolver la acción de tutela interpuesta por el apoderado judicial del señor Ferley Gutiérrez Mejía contra REFINANCIA SAS.
2. Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 14 de noviembre de 2019 por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali dentro del proceso de tutela promovido por el apoderado judicial del señor Ferley Gutiérrez Mejía.
En consecuencia, la Sala remitirá el expediente ICC-3764, que contiene la referida acción de tutela, al Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.
4. Finalmente, la Sala advertirá al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Tuluá que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018[21].
IV. DECISIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el auto del 14 de noviembre de 2018, proferido por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali (Valle del Cauca), dentro de la acción de tutela interpuesta por el apoderado judicial del señor Ferley Gutiérrez Mejía contra REFINANCIA SAS.
SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-3764, al Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali (Valle del Cauca) para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.
TERCERO. ADVERTIR al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Tuluá que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.
CUARTO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR al accionante y al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Tuluá la decisión adoptada en esta providencia.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General