Auto 078/19
CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Inexistencia por inobservancia de los principios que informan el trámite de la acción de tutela
IMPEDIMENTO POR JUEZ DE TUTELA-Juzgamiento de sus propias actuaciones
La Corte Constitucional ha manifestado que si los jueces “se consideran inmersos en una causal de impedimento para decidir el debate constitucional, deberían seguir el trámite dispuesto para el efecto por el Código de Procedimiento Civil, y no plantear un […] conflicto negativo de competencia”.
Referencia: Expediente ICC-3553
Controversia suscitada entre el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasugá y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá
Magistrada sustanciadora:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES
1. El 8 de noviembre de 2018, el señor Nelson Marino Rozo Campos presentó acción de tutela contra el Juzgado Promiscuo Municipal de San Bernardo (Cundinamarca), por considerar que dicha autoridad judicial vulneró su derecho fundamental al debido proceso[1]. De acuerdo con el señor Rozo Campos, el referido juzgado perdió competencia para conocer de un proceso posesorio en el que él actúa como demandado, al haber presuntamente vencido el término para dictar sentencia, de conformidad con el artículo 121 del Código General del Proceso.
2. Por reparto[2], el conocimiento de la acción de tutela le correspondió al Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasugá que mediante providencia del 9 de noviembre de 2018, avocó conocimiento del asunto, reconoció personería al apoderado del accionante, vinculó al trámite a la demandante del proceso posesorio y corrió traslado de la acción de tutela para garantizar el derecho a la contradicción y defensa de las partes[3].
3. Posteriormente, el 21 de noviembre de 2018, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasugá manifestó estar incurso en una causal de impedimento, dado que “participó en el proceso [posesorio] al resolver una solicitud de recusación e impedimento y al desatar el recurso de apelación respecto de las excepciones previas formuladas”. En consecuencia, resolvió dejar sin efecto la providencia del 9 de noviembre de 2018, declarar su impedimento y remitir el expediente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá, “sin perjuicio de lo que éste disponga”[4].
4. El 23 de noviembre de 2018, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá consideró que el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad no podía apartarse del conocimiento de la acción de tutela bajo argumentos distintos al factor territorial o funcional. En consecuencia, decidió proponer conflicto negativo de competencia y remitir el expediente a esta Corporación para que lo dirima[5].
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[6]. Asimismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[7]. En consecuencia, la Corte ha establecido, según las reglas compiladas en el Auto 550 de 2018[8], que su competencia solo se activa en aquellos casos en que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevea cuál es la autoridad encargada de asumir el trámite; o cuando, a pesar de encontrarse prevista, deben aplicarse los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[9].
En el presente asunto, el conflicto de competencia debió ser resuelto por la Sala Mixta del Tribunal Superior de Cundinamarca, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996, pues las autoridades judiciales en disputa pertenecen al mismo distrito (Cundinamarca) y ostentan la misma categoría (Circuito)[10]. No obstante, en aplicación de los mencionados principios de celeridad y eficacia, este Tribunal, en su calidad de órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional, asumirá su estudio para evitar que se dilate más el trámite del proceso de tutela.
2. La Corte reitera que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se producen sus efectos, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes[11]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz[12]; y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” en los términos establecidos en la jurisprudencia[13].
3. En ese orden de ideas, esta Corporación ha sostenido que no resulta de recibo que un juez constitucional se declare incompetente para conocer una acción de tutela bajo el argumento de que, eventualmente, su objetividad se puede ver comprometida, toda vez que dicha manifestación debe resolverse en otra etapa procesal, con la presentación del correspondiente impedimento, el cual de ser aceptado implicará su separación del conocimiento del asunto[14]. En consecuencia, la Corte Constitucional ha manifestado que si los jueces “se consideran inmersos en una causal de impedimento para decidir el debate constitucional, deberían seguir el trámite dispuesto para el efecto por el Código de Procedimiento Civil, y no plantear un […] conflicto negativo de competencia”[15].
III. CASO CONCRETO
De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:
i. No se configuró un conflicto de competencia, dado que el Juez Primero Civil del Circuito de Fusagasugá no declaró su falta de competencia para conocer la acción de tutela formulada por Nelson Marino Rozo Campos contra el Juzgado Promiscuo Municipal de San Bernardo (Cundinamarca).
ii. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasugá consideró que se encontraba inmerso en una causal de impedimento para tramitar la referida acción de tutela y, en consecuencia, siguió el trámite dispuesto para el efecto en el ordenamiento jurídico.[16] En efecto, en cumplimiento de dicho trámite, esta autoridad judicial manifestó su impedimento al funcionario judicial que le seguía en turno, es decir, al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá.
iii. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá se encontraba en la obligación de resolver la manifestación de impedimento formulada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad. No obstante, en lugar de tomar una decisión al respecto, este juzgado optó por formular un conflicto negativo de competencia ante la Corte Constitucional.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena dejará sin efectos el auto del 23 de noviembre de 2018 proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá, en el marco del trámite de la acción de tutela formulada por Nelson Marino Rozo Campos contra el Juzgado Promiscuo Municipal de San Bernardo (Cundinamarca). En consecuencia, se remitirá el expediente ICC-3553 a la autoridad judicial mencionada, para que, de manera inmediata, tramite y adopte una decisión respecto de la manifestación de impedimento formulada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasugá.
Así mismo, advertirá al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018[17].
IV. DECISIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional
RESUELVE
Primero. DEJAR SIN EFECTOS el auto del 23 de noviembre de 2018 proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá, dentro del trámite de la acción de tutela formulada por el señor Nelson Marino Rozo Campos contra el Juzgado Promiscuo Municipal de San Bernardo (Cundinamarca).
Segundo. REMITIR el expediente ICC-3553 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá para que, de manera inmediata, tramite y adopte una decisión respecto de la manifestación de impedimento formulada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasugá.
Tercero. ADVERTIR al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá que siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.
Cuarto. Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a la parte accionante y al Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasugá la decisión adoptada en esta providencia.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
Ausente en comisión
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Ausente en comisión
DIANA FAJARDO RIVERA
Presidenta (E)
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Ausente con excusa
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General